Amnistía Internacional Sp

1. Israel y Territorio Palestino Ocupado: Israel debe liberar de inmediato al agricultor palestino y defensor de la tierra Ghassan Najjar

   En respuesta a la detención del agricultor palestino y defensor de la tierra Ghassan Najjar por el ejército israelí el 27 de octubre, durante una incursión practicada antes del amanecer en el pueblo de Burín —al sur de Nablús, en el norte de la Cisjordania ocupada—, Erika Guevara Rosas, directora general de Investigación, Incidencia, Política y Campañas de Amnistía Internacional, ha declarado:“Las autoridades israelíes deben liberar de inmediato a Ghassan Najjar, detenido únicamente por ejercer su activismo pacífico para proteger la cosecha de la aceituna en Burín. Agentes de los servicios de inteligencia israelíes habían amenazado de forma expresa con detener a Ghassan Najjar, cofundador de la Cooperativa Agrícola de Tierras y Cultivos de Burín, si no abandonaba su activismo, que abarca la organización comunitaria, el fomento de la ayuda mutua entre agricultores a través de la cooperativa, la celebración anual de un Festival de Cometas en la localidad y la dirección de numerosas iniciativas culturales. Ghassan Najjar venía sufriendo amenazas reiteradas desde el inicio de la cosecha de la aceituna, que se hicieron más frecuentes durante la semana previa a su detención.”  “La detención de Ghassan Najjar ilustra la devastadora doble amenaza que afrontan los agricultores palestinos y los defensores de la tierra: las restricciones militares israelíes y la violencia de colonos respaldada por el Estado les impiden acceder a sus tierras y recoger sus aceitunas, mientras las autoridades israelíes intensifican su campaña de represión contra quienes intentan proteger lo que queda de sus tierras mediante detenciones arbitrarias, amenazas e intimidación.”“Un interrogador militar informó al abogado de Ghassan Najjar de que era probable que se le impusiera la detención administrativa, una táctica que las autoridades israelíes emplean de forma sistemática para castigar y perseguir a personas palestinas, manteniéndolas recluidas por tiempo indefinido, sin cargos ni juicio, sobre la base de pruebas secretas a las que no es posible acceder. En octubre de 2026, las autoridades israelíes mantenían a 3.101 personas palestinas en detención administrativa. Ghassan Najjar ya había pasado casi una década en prisiones israelíes, la mayor parte del tiempo en detención administrativa. Lo detuvieron por primera vez con apenas 15 años.”“Al igual que el defensor palestino de los derechos humanos Ayman Bani Owda y muchísimas otras personas palestinas, Ghassan Najjar sufre el hostigamiento de un sistema judicial discriminatorio que ha desempeñado un papel fundamental en la legitimación y el mantenimiento del sistema israelí de apartheid y de su ocupación ilegal. Los Estados con influencia sobre Israel deben valerse de ella para presionar a las autoridades israelíes a fin de que pongan en libertad a todas las personas palestinas detenidas arbitrariamente, entre ellas Ghassan Najjar, y abandonen de una vez por todas el recurso a la detención administrativa.” Información complementariaBurín es una localidad palestina situada al sur de Nablús, en la Cisjordania ocupada. Desde hace más de dos décadas, sufre frecuentes ataques de colonos israelíes y reiteradas incursiones militares de las fuerzas israelíes, lo que afecta de forma considerable a la vida cotidiana y a los medios de subsistencia de sus habitantes. Entre estos incidentes, figuran ataques contra la población palestina residente y sus bienes, daños a terrenos agrícolas y restricciones al acceso de los agricultores a sus tierras, sobre todo durante la cosecha de la aceituna.Además de su labor en la Cooperativa Agrícola de Tierras y Cultivos de Burín, Ghassan Najjar —de 36 años— es coordinador de la red Sumud, que presta apoyo a agricultores y pastores, también durante la cosecha de la aceituna. Actualmente permanece recluido en el centro de detención militar de Huwara.

2. El gobernador Newsom allana el camino hacia la abolición de la pena de muerte en California

   En respuesta al anuncio que ha hecho hoy el gobernador de California, Gavin Newsom, en el que afirma que concederá el indulto y conmutará las condenas a muerte en todos los casos de California en que tiene potestad para hacerlo, y que recomendará a la Corte Suprema de California que revise los demás casos, Nadia Daar, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Estados Unidos, ha declarado:“Éste es un día que se recordará en la historia de California y del que se hablará en todo el mundo durante años. Atendiendo a los llamamientos de Clemency California, Amnistía Internacional y más de 40 organizaciones internacionales, el gobernador Newsom ha anunciado un paso decisivo y contundente para abandonar el uso de la pena de muerte, máximo exponente de pena cruel, inhumana y degradante.”“La moratoria sobre la aplicación de la pena de muerte que decretó el gobernador Newsom al asumir el cargo hace casi ocho años supuso un paso importante, pero tenía carácter temporal. Ahora, al dejar el cargo, ha dado un nuevo paso para corregir la injusticia de la pena de muerte, ha afianzado su oposición a esta pena y ha sentado las bases para que otras personas en California consigan que el estado avance hacia la abolición total.”“California lleva dos décadas sin ejecuciones y, sin embargo, sigue siendo el estado del país con más personas condenadas a muerte: más de 550. La decisión del gobernador Newsom convierte esa prolongada pausa en un avance significativo y duradero contra un sistema intrínsecamente cruel, discriminatorio e irreversible, incompatible con los derechos humanos.”“La pena de muerte debe abolirse en todo lugar. La jornada de hoy supone un momento importante para los derechos humanos en California y en todo el país, pero no es la línea de meta. El mundo está mirando, y esta decisión demuestra que es posible avanzar y que Estados Unidos —parte del reducido grupo de 17 países que aún llevan a cabo ejecuciones— puede dejar la pena de muerte atrás.” Información adicionalSegún la Constitución de California, el gobernador puede conceder el indulto o conmutar la pena directamente a quienes tienen una sola condena (alrededor del 40% de las personas condenadas a muerte en el estado). En el caso de las personas con varias condenas por delitos graves, el gobernador no puede conceder el indulto salvo que así lo apruebe formalmente la mayoría de los magistrados de la Corte Suprema de California.Al terminar 2025, 113 países habían abolido la pena de muerte para todos los delitos y 145 la habían abolido en la legislación o en la práctica. Año tras año, Estados Unidos se mantiene entre los países que más recurren a la pena de muerte. Según el informe anual más reciente de Amnistía Internacional, tan solo 17 países llevaron a cabo ejecuciones en 2025. A la vez, las ejecuciones en Estados Unidos alcanzaron en 2025 su nivel más alto desde 2009.En 2025, Estados Unidos llevó a cabo 47 ejecuciones en 11 estados, alcanzando la cifra total más alta en un año desde 2009. Florida fue el principal motor de ese aumento, con 19 ejecuciones. Carolina del Sur, Texas y Alabama lo siguieron, con cinco ejecuciones en cada estado. Otros estados que han recurrido a la pena de muerte han sido Tennessee (3), Arizona (2), Indiana (2), Mississippi (2), Oklahoma (2), Missouri (1) y Luisiana (1). Estados Unidos fue uno de los cinco primeros países ejecutores de 2025.  Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, independientemente de las circunstancias del delito, de la culpabilidad o la inocencia de la persona y del método de ejecución.

3. Hong Kong: La cruel sentencia contra Joshua Wong, un sombrío recordatorio del desprecio de la ciudad por los derechos humanos

   En respuesta a la condena de 10 años de prisión dictada contra el activista hongkonés Joshua Wong por “connivencia con fuerzas extranjeras”, Sarah Brooks, directora regional adjunta de Amnistía Internacional, ha declarado:“La persecución a la que las autoridades de Hong Kong han sometido a Joshua Wong continúa con esta última condena por motivos de seguridad nacional que, de forma cruel —y quizá deliberada—, se ha dictado tan sólo unos meses antes de que Wong pudiera optar a la libertad por su condena anterior”.“La valentía de Joshua Wong al decir las verdades al poder es algo que merece alabanza; sin embargo, en Hong Kong, esa conducta lo convierte, por el contrario, en un delincuente. La condena dictada hoy es un sombrío recordatorio más de cómo la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong se ha convertido en una herramienta para castigar la disidencia, en lugar de proteger realmente la seguridad nacional.”“La comunidad internacional no debe aceptar como la nueva normalidad de Hong Kong la criminalización constante del activismo legítimo. Los gobiernos deben seguir presionando para que se protejan los derechos humanos y se ponga en libertad a las personas encarceladas exclusivamente por ejercer sus derechos.”“Amnistía Internacional reitera su llamamiento a las autoridades hongkonesas para que anulen las condenas dictadas contra Joshua Wong por motivos de seguridad nacional y deroguen toda la legislación que viole las obligaciones internacionales contraídas por Hong Kong en materia de derechos humanos.”Información complementariaJoshua Wong ha sido condenado hoy a 10 años de prisión tras declararse culpable, en virtud de la Ley de Seguridad Nacional impuesta por Pekín a Hong Kong, de conspiración para actuar en connivencia con fuerzas extranjeras.La segunda condena de Nathan Wong por motivos de seguridad nacional se ha basado en la acusación de conspirar con el activista autoexiliado Nathan Law y “otras personas desconocidas” entre julio y noviembre de 2020 para solicitar a países u organizaciones extranjeros que impusieran sanciones y bloqueos o emprendieran otras actividades hostiles contra Hong Kong o China.Este destacado activista había sido condenado en 2024, en el procesamiento colectivo más grande en virtud de la Ley de Seguridad Nacional hasta la fecha, a cuatro años y ocho meses por “conspiración para cometer actos subversivos”. Fue una de las 45 figuras de la oposición encarceladas a causa de su participación en “primarias” no oficiales en 2020, por cargos que personas expertas de la ONU consideraron que estaban relacionados con actividades protegidas en virtud del derecho internacional de los derechos humanos.Esta condena previa se cumpliría en enero de 2027.La situación de los derechos humanos en Hong Kong se ha deteriorado drásticamente desde 2020, y más de 300 personas han sido detenidas por infringir la Ley de Seguridad Nacional o una ley de “sedición” de la época colonial. Además, la iniciativa legislativa sobre el artículo 23 aprobada en 2024 por las autoridades locales ha agravado aún más la represión y silenciado las voces de la oposición en la ciudad.

4. Amnistía Internacional denuncia nuevos casos de tortura y malos tratos por parte de militares a migrantes en Ceuta a pesar del anuncio de Defensa de investigar estas violaciones de derechos humanos

   Madrid/Ceuta.- Amnistía Internacional ha llevado a cabo una nueva investigación sobre terreno, en Ceuta, en la que documenta cómo las torturas y los malos tratos por parte de militares contra personas migrantes en la ciudad han continuado en las últimas semanas, a pesar de los anuncios del Ministerio de Defensa de abrir una investigación sobre lo sucedido, tras las informaciones publicadas por AI y algunos medios de comunicación, como eldiario.es, entre otros.La organización ha documentado palizas y agresiones frecuentes con puñetazos, patadas, golpes con porras e incluso uso de taser por parte de militares, generalmente regulares, a personas que se encontraban indefensas durmiendo en la calle, ocurridas después del 30 de septiembre (cuando publicó su primera investigación sobre estos hechos), y que han provocado fracturas de extremidades y también de órbitas, contusiones o poli contusiones, heridas erosivas, hematomas en la zona lumbar o brechas en la cabeza compatibles con golpes de porra -en zonas muy vulnerables en las que resulta peligroso golpear, entre otros. Estas agresiones ocurren de noche, en lugares donde duermen las personas migrantes, que son despertados a golpes.Amnistía Internacional también ha documentado otras violaciones de derechos humanos anteriores al 30 de septiembre, entre las que se incluyen algunas de las más graves torturas y humillaciones llevadas a cabo por militares. Lamenta, además, desconocer la respuesta de las autoridades hasta el momento ante un crimen de derecho internacional como la tortura pero que, en todo caso, de haberse dado, no ha impedido la comisión de nuevos actos de violencia contra personas migrantes en Ceuta.Por último, también ha recabado algunos testimonios sobre malos tratos por parte de miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil que también deben ser investigados.“Tras el anuncio del Ministerio de Defensa de la apertura de una investigación, era de esperar que cesaran los malos tratos, pero no ha sido así: son persistentes, y muestran la impunidad con la que los perpetradores de violaciones de derechos humanos han actuado y, en algunas ocasiones, siguen actuando”.“El personal militar involucrado en hechos de violencia no parece haber sido apartado de sus puestos, tal y como señalan algunos testimonios recabados por Amnistía Internacional, que reconocen a sus agresores y han contado cómo los amenazan para impedir que cuenten o denuncien las torturas sufridas”, señala Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España. “Hemos hablado con personas migrantes que no logran dormir en toda la noche por miedo a que los militares les despierten a porrazos, puñetazos y patadas”, añade.La organización ha vuelto a documentar, gráfica y audiovisualmente, accediendo a partes médicos y testimonios, cuerpos magullados de migrantes con lesiones que parecen compatibles con golpes de defensas rígidas -porras reglamentarias usadas por militares-, patadas a migrantes tendidos en el suelo, fracturas en extremidades (sobre todo piernas) y traumatismos en la cabeza que presentan heridas con puntos, que los migrantes refieren han sido causadas por agresiones de soldados durante el mes de octubre.Sobre las tres de la madrugada del 24 de octubre, R*. padre de tres hijos, se despertó cuando dormía en la carretera de Sidi Embarek por el contacto directo de un arma taser en el pecho. Le dieron varias descargas que le dejaron tan aturdido que, al levantarse para escapar no se dio cuenta de que llevaba todavía mantas encima, se tropezó y se cayó de bruces. Todavía con marcas del golpe en la cara, explicó a Amnistía Internacional, asustado: "Me mareé, vomité y me desvanecí, pero nadie me llevó al hospital. Cuando volví a despertar me fui andando, pero no conté lo que había pasado por miedo a preocupar a mi familia".El tunecino M., de 40 años, se encontraba a las siete de la mañana durmiendo en playa Benítez con otros tres chicos marroquíes cuando llegaron cuatro soldados y le dieron puñetazos en la cara, hasta hacerle un moratón que le ha quitado durante dos semanas la visión de un ojo. Contó a Amnistía Internacional que era la segunda vez que sufría abusos por parte de los militares. "La primera vez, cuando les vi venir, mis compañeros me dijeron que huyera, pero yo pensaba que no tenía nada que ocultar, así que me quedé. Un soldado rajó mi tienda y me robaron el móvil, la documentación, 50 euros, el tabaco y los teléfonos"."Los militares me llevaron a un callejón sin salida y cuando se cercioraron de que nadie miraba me empezaron a pegar con porras, me daban patadas, puñetazos, y me rociaron con espray pimienta en los ojos y en la cara", recuerda H., de 27 años, que fue agredido el 5 de octubre por un grupo de seis u ocho militares en los alrededores del supermercado Mercadona. Recibió varios de esos golpes cuando estaba ya tirado en el suelo, donde le dejaron los militares después de la paliza siendo atendido por miembros de una organización no gubernamental y trasladado al hospital. “Desde entonces siento temor y procuro no estar cerca de ellos”, asegura, con miedo.Menores golpeados: bofetadas por respuestasAunque las cifras podrían ser mayores, se estima que todavía, más de tres meses después de la entrada masiva de decenas de miles de personas desde Marruecos, siguen durmiendo al menos 500 menores migrantes no acompañados en las calles de Ceuta. Aunque, según datos del gobierno de la ciudad de Ceuta 3.626 menores han sido ya registrados por las autoridades y sacados de la calles, cientos de menores continúan esperando un recurso de emergencia donde ser atendidos, en total desprotección, sin acceso a una alimentación adecuada, y expuestos a la violencia, tanto de miembros de las fuerzas militares y de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como de particulares. Varios de los menores con los que se ha entrevistado la organización relatan abusos por parte de los militares, como porrazos, mientras duermen en la calle; también robos y rotura de móviles y otras pertenencias, incluida su propia documentación, así como amenazas de agresión, y humillaciones.Z., de 17 años, fue agredido dos veces por parte de personal militar, el 18 y el 23 de octubre. Durante la primera agresión dormía entre coches en la zona de Los Rosales cuando aparecieron los militares por detrás, y le dieron en la cabeza con la porra. Salió corriendo y cuando se quiso dar cuenta estaba lleno de sangre. Consiguió llegar al hospital y le pusieron diez puntos en la cabeza, que le acababan de quitar cuando le entrevistó la organización. Durante la segunda agresión recibió golpes de porra en las piernas, mientras intentaba escapar de los militares, que le dijeron en dariya que se "fuera de aquí". “Ahora cuando los militares me ven cojeando pasan de mí”, explica, aunque se esconde para hablar con AI.Todos los menores entrevistados temen que les roben sus escasas pertenencias. "El móvil es la única forma que tengo de hablar con mi madre, pero cuando les pregunté por qué me lo rompían dijeron que me callara o me rompían a mí también", lamenta M., de 15 años, que relata que a comienzos de septiembre los militares le dieron un rodillazo en la boca y le intentaron partir la pierna golpeándola en sentido contrario al movimiento de la articulación.Los hermanos saharauis A. y H., de 17 y 16 años, también estaban durmiendo en la calle a principios de octubre, cuando llegó al lugar un grupo de unos 8 soldados. A. cuenta cómo le despertaron a patadas, lo cegaron con linternas y cuando les preguntó que por qué les pegaban la respuesta fueron varios bofetones en la cara, como se muestra en el vídeo publicado por eldiario.es. Tras esos bofetones, y pese a haberse alejado tal y como le ordenaban, recibió más golpes de porra. A. es una de las personas migrantes que indica reconocer a su agresor y relata cómo éste volvió a visitarle para amenazarle: “Me dijo: ‘¿Te acuerdas de mí? Te voy a pegar otra vez’. Sin saber todavía que existía le hablé de un vídeo grabado sobre su agresión y parece que (al militar) le entró algo de miedo”, indica.Torturas previas al 30 de septiembre: “Nunca podré olvidar lo que me hicieron”Además de 18 casos recientes de violación de derechos humanos a personas migrantes por parte de miltares, la organización ha documentado diez casos más, cuatro de ellos a menores, de torturas y trato cruel, inhumano o degradante, anteriores al anuncio de una investigación por parte del Ministerio de Defensa. De todos ellos, cuatro son casos muy graves que siguen un patrón similar al que la organización documentó en su primera visita a Ceuta, y que consiste en un secuestro y traslado en vehículo militar a zonas apartadas, la imposición de bridas para inmovilizar sus manos y tratos inhumanos que pueden constituir tortura.M. es un joven de 20 años, que se ganaba la vida haciendo de mimo en las calles. Estaba por la zona de los Rosales cuando unos militares le subieron en un vehículo militar y le condujeron, durante aproximadamente quince minutos, a un lugar, cree, cercano a la zona del CETI. Allí, después de llamar a más efectivos, y rodeado de entre 16 y 17 soldados que se reían de él, le llevaron detrás de uno de los vehículos militares y le obligaron a quitarse toda la ropa, incluido los calzoncillos. Su cara seguía pintada de mimo cuando uno de ellos cogió un teléfono para grabarle y le ordenó que bailara. Como estaba en pánico y no podía hacerlo, empezaron a pegarle. Tras temer por su vida, bailó unos minutos, hasta que vio que su cuerpo no respondía más. Insistieron, le pegaron de nuevo y uno de ellos sacó un arma, la cargó y apuntándole con ella le espetó: "como no bailes te voy a enterrar aquí mismo". "Desde ese día no duermo, apenas salgo a la calle, y cuando lo hago tengo la sensación de que los militares me miran. Aquí me conoce todo el mundo por hacer de mimo. Aunque he denunciado, lo que me han hecho nunca lo voy a poder olvidar", relata.A. fue llevado a un bosque, después de haber sido aprehendido en la zona de las naves. Junto con O., el caso que Amnistía Internacional denunció en la anterior investigación, fueron amordazados y maniatados, y transportados en el maletero de un coche militar. Al bajar, los amarraron a un árbol y les pegaron una brutal paliza con porras y puñetazos. Cuando los soltaron, todavía con bridas en los brazos, “no sabía si aquello era un sueño o la realidad. Me quedaba inconsciente y volvía a despertar”, relata. Tuvo que esperar hasta que amaneciera para poder saber cómo volver al centro y acudir al hospital. A. es uno de los pocos que se ha atrevido a denunciar su caso ante los tribunales: “Tengo esperanza en que la justicia española tome cartas sobre el asunto”, asegura, a pesar de que teme por su salud mental: “No consigo dormir hasta que está amaneciendo y en ese pequeño espacio de tiempo en que logro dormir me levanto sobresaltado, gritando. Tengo miedo de volver a Marruecos porque no sé si me voy a volver loco”.B. compraba tabaco cuando vio aparecer a cuatro soldados, después llegaron más. Lo llevaron a unas escaleras apartadas de playa Benítez, vigiladas por un soldado a cada lado y ahí, maniatado con bridas, le empezaron a pegar: puñetazos en el ojo, patadas en las costillas, golpes en la cabeza con una carcasa de móvil metálica, pinchazos en la nuca con una navaja sin llegar a cortar la piel. Sacaron una pistola, la cargaron y le apuntaron en la cabeza, "te voy a pegar un tiro en la cabeza, te voy a enterrar y nadie va a saber dónde estás". Otro soldado le amenazó con que le iban a violar. También le apagaron cigarros en la piel.N., de 22 años, iba con su primo hacia la zona Loma Colmenar para dormir, sobre las 22 horas del 11 de septiembre, cuando llegaron varios militares. Intentaron engañarles diciéndoles que les iban a ayudar pero, como no lo creyó, intentó huir y, al hacerlo, quedó suspendido de un puente de unos cuatro metros de altura. Un militar le golpeó los nudillos hasta que cayó del puente y se rompió un tobillo. Desde arriba, los militares se reían mientras le hacían fotos. Una persona le llevó al hospital en moto, tuvo que esperar en la calle durante tres horas hasta ser atendido, gritando y llorando por el dolor. Tras recibir asistencia de urgencia, le echaron sin darle muletas y sin medicación para el dolor; solo una enfermera, por propia iniciativa, le proporcionó tres analgésicos.Malos tratos por parte de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del EstadoLa organización también ha documentado en esta nueva investigación siete casos de malos tratos por parte de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, algunos en el marco de operativos policiales para desalojar a migrantes de zonas donde duermen. Desde persecuciones con porrazos que provocan caídas desde muros de gran altura y rotura de móviles en la cabeza a, sobre todo, tratos degradantes a la hora de ir a denunciar o pedir filiación para poder entrar en un centro, en el caso de los menores.Uno de los ejemplos es el caso de R. La organización lo encontró durmiendo en la calle con las dos piernas dañadas (una vendada y otra escayolada) y comiendo algunas viandas que algún vecino le había llevado, roto de dolor. Dormía en esa misma zona el pasado 24 de octubre cuando se despertó al ver la porra levantada de un policía a punto de pegarle. Para esquivar los porrazos saltó de un muro que era más alto de lo esperado. Al caer sintió que se había roto algo porque el dolor era insoportable. "Me pusieron contra la pared. Me decían que me pusiera de pie, pero yo decía que no podía, y me quedé tirado durante una hora más o menos". Al fin, le llevaron al hospital y allí le atendieron.Criminalización de las organizaciones de ayuda a personas migrantesAmnistía Internacional ha investigado también la actuación policial bajo orden judicial que tuvo lugar el pasado 22 de octubre en la sede de la organización no gubernamental No Name Kitchen (NNK) y se ha entrevistado con varios de sus miembros presentes en la misma y accedido a documentación pertinente. La organización ya denunció con anterioridad el hostigamiento contra NNK, a través de detenciones de activistas, la circulación de fotografías de los documentos de identidad de sus activistas por grupos de WhatsApp y redes sociales, y la atribución falsa de haber proporcionado espray pimienta a personas migrantes o el hecho ocurrido el 12 de septiembre, cuando su sede en Ceuta permaneció bloqueada por un vehículo militar, lo que dificultó el reparto de comida.Amnistía Internacional considera que el registro de la sede de No Name Kitchen y el procedimiento penal por cargos de organización criminal no contiene, hasta ahora, bases sólidas de acusación y supone una escalada en el intento de acallar a quienes ayudan y proporcionan ayuda humanitaria a personas migrantes.Para la organización resulta especialmente preocupante el posicionamiento adoptado por la Fiscalía en este caso, solicitando prisión provisional para dos activistas, que no forman parte de NNK. Una actuación de la Fiscalía de Ceuta que contrasta radicalmente con la falta de proactividad en la investigación de alegaciones de torturas y malos tratos por parte de personal militar."En los últimos años hemos denunciado cómo en Europa se ha amenazado, difamado, intimidado, hostigado y castigado en los tribunales a personas que han prestado ayuda a población refugiada y migrante, simplemente por el hecho de ayudar a quienes lo necesitaban. Estamos empezando a ver, en Ceuta, una tendencia similar, y nos preocupa. Ya habíamos mostrado nuestra inquietud por el hecho de que miembros de las fuerzas de seguridad obstaculizaban, en algunos casos, la acción de ONGs al intentar repartir compresas y otros productos de higiene a las mujeres, como contó una activista de Brigadas de Apoyo Mutuo a AI. Miembros de otras organizaciones locales como Luna Blanca también fueron objeto de insultos y acoso, por particulares, por su labor humanitaria que consistía principalmente en proporcionar comida caliente a las personas migrantes”.“Lo único que hacen estas organizaciones en Ceuta es proporcionar alimentos, atención médica y acompañamiento a personas muy vulnerables, la mayoría de las cuales están viviendo en la calle. Criminalizarles es impedir que trabajen y dejar aún más desamparados a quienes ya se encuentran en una situación precaria", declara Esteban Beltrán.Peticiones de Amnistía InternacionalPor un lado, la organización considera que se debe ordenar a las fuerzas armadas y las fuerzas y cuerpos de seguridad el cese inmediato de todo ataque u hostigamiento contra personas migrantes, incluyendo palizas, humillaciones y vejaciones, así como las iniciativas de perfilamiento racial.Además, en opinión de Amnistía Internacional, por sus características y medios de ejecución, tanto los malos tratos físicos como la humillación o ataques a la dignidad de las personas migrantes en Ceuta por parte de miembros de las fuerzas militares españolas pueden ser consideradas crímenes de derecho internacional derivándose un deber directo de investigación por parte de las autoridades competentes.La organización se ha dirigido por carta a la Presidencia del Gobierno y al Ministerio de Defensa, pidiendo órdenes expresas para el cese de la violencia contra migrantes en Ceuta, y solicitando información acerca de la investigación anunciada por el Ministerio de Defensa, pero no ha obtenido respuesta hasta el momento. Tampoco conoce la organización las diligencias de oficio llevadas a cabo por parte de Fiscalía y juzgados de Ceuta sobre las violaciones de derechos humanos denunciadas por Amnistía Internacional y algunos medios de comunicación, como exigen los estándares internacionales. Por ello, insiste en que es fundamental que se lleve a cabo una investigación de manera pronta, imparcial, independiente y exhaustiva sobre las alegaciones de abusos contra personas migrantes, incluyendo los que pueden constituir actos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, apartando, de forma cautelar, a los militares implicados en agresiones a migrantes, y determinando, de forma imparcial, las responsabilidades penales y disciplinarias correspondientes.Tampoco se ha informado a la organización sobre la adopción de medidas que garanticen que las víctimas puedan ejercer su derecho de acceso a la justicia y, en su caso, a una eventual reparación, teniendo en cuenta su situación de extrema vulnerabilidad.En este sentido Amnistía Internacional ha recordado a la Fiscalía de Ceuta la obligación de cumplir con la Observación General número 3 de la Convención Contra la Tortura que incide especialmente en la necesaria protección a las víctimas que buscan justicia y que “debe protegerlas en todo momento, así como a sus familias y testigos de la intimidación y las represalias antes, durante y después de las actuaciones judiciales, administrativas o de otra índole…”.Por ello AI, entre otras medidas, ha reclamado a la Fiscalía instar a la concesión de autorizaciones temporales de residencia a las personas que interpongan denuncias por la violencia sufrida por parte de militares, así como a quienes puedan ser presentadas al procedimiento como testigos y se encuentren en situación administrativa irregular.Por último, y a la luz de los procedimientos judiciales abiertos a organizaciones como No Name Kitchen, AI considera que se debe cerrar la investigación por organización criminal, e insiste en que se debe garantizar que periodistas, personal de organizaciones humanitarias y activistas de derechos humanos puedan ejercer su labor en Ceuta sin ser objeto de agresiones, amenazas ni obstáculos.Más informaciónEn este enlace podrás encontrar vídeos con los testimonios de los que se habla en el comunicado, así como algún caso más no mencionado en el mismo. También encontrarás imágenes en bruto de los golpes documentados. Esta denuncia es solo una parte de las investigaciones que está llevando a cabo Amnistía Internacional en Ceuta, que mantiene preocupaciones sobre las condiciones de acogida, especialmente de los y las menores migrantes, así como los procedimientos de triaje, protección internacional, devolución y retorno de personas extranjeras, y sobre la falta de cumplimiento de las obligaciones asumidas por España en materia de derecho de asilo, tutela judicial efectiva y principio de no devolución de personas a un país donde corran riesgos de sufrir vulneraciones de derechos humanosEn total, desde el 30 de julio, Amnistía Internacional ha documentado 50 casos de torturas, malos tratos y trato cruel, inhumano o degradante por parte de militares, en la mayoría de los casos, pero también de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado como Policía Nacional o Guardia Civil. Amnistía Internacional ha visitado dos veces Ceuta para recabar información sobre violaciones de derechos humanos: entre el 10 y el 15 de septiembre y el 23 y 26 de octubre.Queremos agradecer la labor de organizaciones sobre terreno, como No Name Kitchen y Border Resistance y su colaboración con Amnistía Internacional, y los valientes testimonios de personas migrantes maltratadas.*Nombres anonimizados para proteger la identidad de las personas.

5. EEUU: Las elecciones deben ser un punto de inflexión en materia de derechos humanos

   En respuesta a las elecciones de cargos federales, estatales y locales en todo Estados Unidos, Nadia Daar, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Estados Unidos, ha declarado: “El pueblo estadounidense ha escogido su próxima lista de representantes designados por elección en todos los niveles del gobierno, y sus elecciones resuenan alto y claro. Los cargos elegidos, desde representantes comunitarios hasta legisladores federales, tienen ahora una pesada carga, ya que muchas vidas y medios de sustento, tanto dentro como fuera de Estados Unidos, dependen de su disposición a defender y proteger los derechos humanos, los principios democráticos y el Estado de derecho. Eso incluye luchar contra las prácticas autoritarias del gobierno de Trump, contra la corrupción y el poder empresarial descontrolado, y por los derechos de todas las personas”.“Frente a un gobierno entregado a aplicar una agenda generalizada de supremacismo blanco y a diezmar el sistema de derechos humanos en sí mismo, el deber del Congreso de controlar los abusos del poder ejecutivo y rechazar la impunidad para los responsables de esos abusos es ahora más trascendental que nunca.” “Los legisladores y legisladoras tienen ante sí un enorme trabajo; deben emprender urgentemente acciones para combatir los ataques contra toda una gama de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Pero para hacerlo —para revertir el curso del gobierno respecto a los derechos humanos y hacer rendir cuentas a las autoridades— tienen a su disposición una multitud de herramientas, como las investigaciones y la legislación, así como la retirada o la restauración de financiación. Igual que el mundo observó los resultados de las elecciones, ahora observará lo que los y las dirigentes elegidos hacen con los poderes y responsabilidades que se les han otorgado: deben trabajar hacia un futuro en el que la gente pueda vivir libremente y con sus necesidades satisfechas.”“Es hora de cambiar el enfoque de gobierno en Estados Unidos. Todos los cargos recién elegidos deben optar por la rendición de cuentas por encima de la impunidad, la igualdad por encima de la discriminación, y el espectro completo de los derechos humanos por encima del ejercicio arbitrario e ilegítimo del poder.”

6. Perú: Archivar la investigación sobre esterilizaciones forzadas perpetúa la impunidad

   Amnistía Internacional condena la decisión del Ministerio Público de Perú de archivar la investigación por la esterilización forzada de 4172 mujeres peruanas, cometidas durante la década de 1990. Esta disposición se produce en aplicación de la Ley 32107, aprobada en 2024, que permite la prescripción de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos antes del 1 de julio de 2002.“Archivar una investigación que la propia Fiscalía reconoce que involucra crímenes de lesa humanidad es una afrenta contra las víctimas que llevan casi 30 años esperando justicia. El Estado peruano no puede utilizar una ley contraria al derecho internacional para cerrar el camino a la verdad, la justicia y la reparación. Esta decisión debe revertirse y la Ley 32107 debe ser derogada, para impedir que siga siendo utilizada como una herramienta de impunidad”, declaró Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.Durante la década de los noventa, al menos 200 mil personas, en su mayoría mujeres indígenas y campesinas, fueron esterilizadas, muchas de ellas sin su consentimiento pleno e informado, mediante engaños, amenazas, presiones y otras formas de coerción. Esto ocurrió en el marco del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, una política estatal de control demográfico dirigida a personas que vivían en condiciones de pobreza en Perú.  Amnistía Internacional considera que la comisión generalizada de esterilizaciones forzadas durante los años noventa en el Perú constituye crímenes de lesa humanidad y, por lo tanto, son imprescriptibles, de acuerdo con las normas y compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano.  “Durante décadas, las víctimas han enfrentado obstáculos, dilaciones y decisiones que les han negado justicia. Las esterilizaciones forzadas vulneraron sus derechos a la integridad personal, la salud, la autonomía reproductiva y la vida privada y, en algunos casos, provocaron su muerte. El Estado peruano debe poner a las víctimas en el centro y garantizar que todas las personas responsables rindan cuentas. Es indignante que, bajo una ley que promueve la impunidad, se busque negar el derecho de las víctimas a verdad, justicia y reparación”, señaló Jennie Dador Tozzini, directora de Amnistía Internacional Perú.En marzo de 2026, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado peruano responsable por la esterilización forzada y muerte de Celia Ramos Durand, ocurrida en 1997, así como por la falta de debida diligencia y la demora injustificada en la investigación. La Corte, que reconoció que se trató de una política discriminatoria, ordenó medidas de reparación, garantías de no repetición y reconocimiento público de responsabilidad internacional del Estado.  Este hecho marcó un acto de justicia para la familia de Celia Ramos, y de manera simbólica para miles de víctimas.Este nuevo intento de archivar el caso, luego de más de veinte años de haberse iniciado la primera investigación fiscal, deja un claro mensaje de impunidad y contraviene las obligaciones internacionales asumidas por del Estado peruano de investigar, juzgar y sancionar estas graves violaciones de derechos humanos.“Cada año de espera profundiza el daño causado y reafirma una impunidad que el Estado peruano tiene la obligación de combatir. Todavía hay oportunidad de revertir esta decisión. Las organizaciones de la sociedad civil buscaremos todos los caminos para garantizar que las autoridades cumplan con su deber de escuchar a las víctimas y garantizar su derecho a acceder a justicia”, agregó Jennie Dador Tozzini.Amnistía Internacional insta al Estado peruano a revertir el archivamiento de la investigación y derogar la Ley 32107 y cualquier otra norma contraria al derecho internacional de los derechos humanos.  Además, garantizar la continuidad de la investigación asegurando que las víctimas y sus familias accedan a verdad, justicia, reparación integral y garantías efectivas de no repetición.  Las magistradas y magistrados deben asegurarse de que ninguna ley nacional pase por encima de los derechos humanos protegidos por la Constitución y los tratados internacionales ratificados por el Estado peruano. La sociedad peruana tiene derecho a conocer toda la verdad sobre estos crímenes, y las víctimas a acceder a justicia.  

7. Francia/Líbano: La apertura de una investigación por crímenes de guerra durante un mortífero ataque israelí, un paso fundamental hacia la justicia, la verdad y la reparación

   En respuesta a la noticia de que, tras una denuncia presentada por el artista y cineasta francolibanés Ali Cherri y la Federación Internacional de los Derechos Humanos, la Unidad de Crímenes de Guerra francesa ha abierto una investigación judicial sobre un mortífero ataque lanzado por Israel en noviembre de 2024 contra un edificio civil en el centro de Beirut, Heba Morayef, directora regional de Amnistía Internacional, ha declarado:  “La apertura de esta investigación judicial por parte de la Unidad de Crímenes de Guerra francesa es un paso fundamental, que debía haberse dado hace mucho tiempo, para hacer una mella en el muro de impunidad generalizada de que gozan las fuerzas israelíes por los crímenes de guerra cometidos en Líbano.” “Para las víctimas y sus familias, este caso ofrece una vía fundamental y poco habitual para lograr, mediante un tribunal europeo, verdad, justicia y una rendición de cuentas largamente demorada.” “La investigación llevada a cabo por Amnistía Internacional sobre este ataque concluyó que no se había dado ningún aviso previo efectivo y que no se habían hallado pruebas de que existiera un objetivo militar en las cercanías, por lo que el ataque debe ser investigado como un crimen de guerra. Desde octubre de 2023, Amnistía Internacional ha documentado reiterados ataques ilegítimos por parte de las fuerzas israelíes en Líbano, pero a las víctimas se les sigue negando la justicia, la verdad o la reparación.” “Mientras las operaciones militares israelíes en el sur de Líbano continúan y la población civil sigue soportando el coste del desplazamiento y la destrucción de bienes civiles, los Estados deben utilizar todas las vías legales disponibles, incluida la jurisdicción extraterritorial, para garantizar que todos los sospechosos de ser penalmente responsables comparezcan ante la justicia en juicios justos y que la impunidad no prevalezca.” Información complementariaLa denuncia civil fue presentada el 1 de abril de 2026 ante la Unidad de Crímenes de Guerra francesa por el cineasta francolibanés Ali Cherri y la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) tras el ataque lanzado el 26 de noviembre de 2024 contra el edificio de Cherri en el barrio de Nouweiri, Beirut.En el ataque murieron siete civiles, entre ellos los padres de Ali Cherri (Nadira Hayek, de 78 años, y Mahmoud Naim Cherri, de 88) y la trabajadora doméstica que vivía con ellos, Birki Negesa. La investigación llevada a cabo por Amnistía Internacional en febrero de 2025 determinó que, a las 17:30 del 26 de noviembre de 2024 —10 horas y media antes de que entrara en vigor un alto el fuego—, un ataque aéreo israelí alcanzó un edificio de apartamentos de 12 plantas en el barrio de Nouweiri, Beirut, mató al menos a siete civiles, todos ellos residentes del edificio, provocó que tres plantas del edificio se derrumbaran y dañó seriamente una cuarta. La organización concluyó que no se había dado ningún aviso previo efectivo, y que no se habían hallado objetivos militares en las cercanías, lo que proporcionaba motivos razonables para concluir que el ataque había violado el derecho internacional humanitario y debía ser investigado como un crimen de guerra. Ali Cherri pudo presentar la denuncia ante la Unidad de Crímenes de Guerra francesa gracias a su doble nacionalidad francolibanesa. Dada la existencia de esa base jurisdiccional, los jueces de instrucción designados investigarán por tanto el bombardeo del apartamento de Ali Cherri en Beirut como cargos de “dirigir intencionadamente un ataque contra un objetivo civil, en un acto constitutivo de crimen de guerra”, según el expediente judicial. Desde octubre de 2023, la cifra de muertes por ataques israelíes contra Líbano ha alcanzado los 8.956, con 30.664 personas heridas, según cifras facilitadas por el Ministerio de Salud Pública libanés, a 30 de octubre de 2026.

8. Ucrania: El aumento de los ataques selectivos de Rusia contra infraestructuras energéticas y de calefacción “está creando una situación mortífera para la población civil”

   Amnistía Internacional ha advertido hoy de que el aumento de los ataques selectivos de Rusia contra infraestructuras energéticas y de calefacción amenaza con provocar una nueva catástrofe humanitaria para la población civil antes de la llegada del invierno.El número de víctimas mortales civiles durante la invasión ilegal de Ucrania en gran escala por parte de Rusia ha aumentado considerablemente en los últimos meses, y se prevé que octubre de 2026 sea uno de los periodos más mortíferos para la población civil de los últimos años.Habida cuenta de los ataques militares rusos perpetrados antes de los inviernos anteriores, existen pruebas abrumadoras de que los ataques deliberados contra las infraestructuras energéticas y de calefacción, cuyo propósito es causar sufrimiento a la población civil, provocarán daños inmensos. La Corte Penal Internacional (CPI) ha dictado acta de acusación formal contra el teniente general ruso Sergei Ivanovich Kobylash y el almirante Viktor Nikolayevich Sokolov por crímenes de guerra, por dirigir presuntamente ataques contra la infraestructura eléctrica de Ucrania.“La Federación Rusa está llevando a cabo una vez más una campaña en gran escala contra la infraestructura energética y de calefacción de Ucrania ante la llegada de un invierno gélido, incluidos ataques contra zonas alejadas de las líneas del frente”, ha declarado Scott Edwards, director del Programa de Respuesta a las Crisis de Amnistía Internacional.“Estos ataques contra infraestructuras esenciales están creando una situación mortífera para la población civil, que sufre directamente sus consecuencias. Se trata de una campaña ilegal, llevada a cabo con un flagrante desprecio por las leyes de la guerra, y que parece estar concebida para crear unas condiciones de vida insoportables para la población civil ucraniana”.“Sean cuales sean los motivos que se esconden tras el plan del Kremlin para hacer insoportable la vida de la población civil, se trata de una actuación criminal que no puede tolerarse. Los dirigentes mundiales que buscan poner fin a este conflicto deben utilizar de inmediato toda su capacidad de influencia para reducir al mínimo cualquier posible daño a la población civil, antes de que la llegada del invierno dé paso a otra catástrofe humanitaria deliberada”.El 26 de octubre, la Comisión Internacional de Investigación sobre Ucrania informó de que Rusia había cometido crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Ucrania al atacar deliberadamente infraestructuras energéticas, dejando a millones de personas sin electricidad ni calefacción en medio de temperaturas glaciales.Amnistía Internacional ha documentado con anterioridad cómo los ataques generalizados de Rusia contra infraestructuras energéticas de Ucrania pueden constituir crímenes de guerra, haciendo hincapié en que sus consecuencias ponen en peligro de muerte a la población civil.Víctimas civiles y cortes de electricidad generalizadosLa Misión de Observación de los Derechos Humanos en Ucrania, de la ONU, constató que, en septiembre de 2026, al menos 328 civiles murieron y 2.105 resultaron heridos como consecuencia de los ataques rusos, lo que supone un aumento del 85% con respecto a septiembre de 2025. Se registraron víctimas en 22 de las 24 regiones de Ucrania. La Misión también calificó la primera mitad de octubre de 2026 como uno de los periodos más mortíferos para la población civil de los últimos años.Según informes, los días 13 y 14 de octubre los ataques alcanzaron varias instalaciones energéticas, incluidas las tres principales centrales eléctricas de Kiev, y dejaron temporalmente sin electricidad a aproximadamente 600.000 personas. El 17 de octubre, nuevos ataques rusos causaron presuntamente la muerte de al menos ocho personas, heridas a otras 60 e interrumpieron el suministro eléctrico a más de un millón de personas en nueve regiones.Tanto el Ministerio de Defensa ruso como el presidente Vladimir Putin han realizado declaraciones públicas en las que anuncian ataques deliberados contra las infraestructuras energéticas de Ucrania. Los ataques anteriores contra las infraestructuras energéticas y de calefacción de Ucrania provocaron un sufrimiento generalizado entre la población civil, ampliamente documentado y conocido por los responsables de la planificación militar y estratégica de Rusia.Durante el invierno de 2025-2026, las fuerzas armadas rusas llevaron a cabo al menos 423 ataques contra infraestructuras eléctricas y 74 ataques contra instalaciones de calefacción, según datos de la ONU. Estos ataques provocaron cortes rotatorios del suministro eléctrico que afectaron a millones de personas e interrumpieron el suministro de calefacción a cientos de miles de personas, cuando las temperaturas descendieron por debajo de los –20 °C. La consiguiente falta de electricidad, agua y calefacción perturbó el funcionamiento de los servicios sanitarios y educativos y afectó de manera desproporcionada a las personas mayores, las personas con discapacidad, las mujeres y las familias con hijos e hijas.En virtud del derecho internacional humanitario, las instalaciones de suministro eléctrico y calefacción son bienes de carácter civil, salvo durante el tiempo y en la medida en que reúnan los estrictos requisitos para ser consideradas objetivos militares. Incluso cuando una instalación constituye un objetivo militar, las fuerzas atacantes deben respetar los principios de distinción, proporcionalidad y precaución. Dirigir intencionadamente ataques contra bienes de carácter civil, lanzar ataques indiscriminados o llevar a cabo ataques de los que quepa prever que causarán daños excesivos a la población civil en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista puede constituir crímenes de guerra.Garantizar la rendición de cuentas por estos crímenes requiere mecanismos de justicia internacional sólidos e independientes, capaces de investigar y enjuiciar a las personas responsables, incluidos los cargos de más alto nivel.Mientras tanto, el gobierno estadounidense está llevando a cabo actualmente una campaña para desmantelar la labor de la Corte Penal Internacional. Amnistía Internacional ha instado a todos los Estados pertinentes a adoptar las medidas oportunas para hacer frente a este ataque y a proteger activamente a la Corte y al sistema de justicia internacional en su conjunto. El presidente Vladimir Putin es objeto de una orden de detención de la CPI por presuntos crímenes de guerra, y Amnistía Internacional ha pedido que todas las partes que estén en condiciones de hacerlo lo detengan y lo entreguen a la CPI.Peticiones a las autoridades rusasAmnistía Internacional insta a las fuerzas rusas a que pongan fin a sus ataques sistemáticos contra las infraestructuras energéticas de Ucrania. Las autoridades rusas también deben poner fin de inmediato a otras violaciones del derecho internacional humanitario, incluidos los ataques contra otras infraestructuras civiles en Ucrania, como edificios residenciales, hospitales y escuelas, así como a la campaña de ataques contra personas que no participan en los combates.Todas las partes en el conflicto deben respetar los principios de distinción, proporcionalidad y precaución, y proteger a la población civil y los bienes de carácter civil. Los Estados que apoyan los mecanismos de rendición de cuentas deben proporcionar la pericia y los recursos necesarios para que se investiguen de manera efectiva las denuncias de violaciones de derechos humanos, se preserven las pruebas y se identifique a las personas sospechosas de ser responsables, incluidos los mandos y altos cargos que puedan tener responsabilidad en ellas. Todos los Estados deben actuar urgentemente para proteger el funcionamiento de la CPI y ejecutar las órdenes de detención siempre que estén en condiciones de hacerlo.

9. Rusia: El cierre de Novaya Gazeta supone una pérdida terrible para una libertad de prensa asediada

   Ante el anuncio de que Novaya Gazeta, uno de los últimos periódicos independientes de Rusia, pondrá fin a su actividad el 9 de noviembre, Denis Krivosheev, director adjunto de Amnistía Internacional para Europa y Asia Central, ha manifestado:“El cierre de Novaya Gazeta es una pérdida terrible para todas las personas que recurren al periodismo de investigación independiente para descubrir la verdad en Rusia. Este periódico de larga y reputada trayectoria lleva años sufriendo presiones crecientes del Estado, incluidos procesamientos, registros y ataques a miembros de la plantilla. Han matado a sus periodistas por hacer su trabajo. Su sitio web ha sido bloqueado y su registro oficial cancelado, y el mes pasado fue calificado de “agente extranjero”.“El golpe definitivo ha sido un aviso de desalojo que exige que a redacción desocupar sus instalaciones, sumado al hecho de no poder recibir donaciones por Internet. Aunque estas medidas han sido adoptadas por actores no estatales, no cabe duda de la intervención de las autoridades. Su campaña depredadora, ejercida durante décadas, ha causado la aniquilación casi total de los medios de comunicación libres en Rusia y, ahora, de su representante más conocido y reputado.“Las autoridades rusas deben poner fin de inmediato a su persecución de los medios de comunicación independientes, entre ellos Novaya Gazeta, y abolir la legislación que reprime la libertad de expresión e impone la censura. Los periodistas deben poder trabajar sin miedo al hostigamiento, el procesamiento o la violencia.”Información complementariaEl 30 de octubre, Novaya Gazeta anunció que pondría fin a su actividad el 9 de noviembre con el cierre de su oficina en Moscú, donde la plantilla llevaba 29 años trabajando, después de que sus arrendadores dijeran a la sala de redacción que desocupara las instalaciones. La declaración editorial decía que el periódico había sido privado de los medios necesarios para funcionar, incluido el acceso a su sistema de donaciones, debido a la falta de disposición de las entidades financieras a darle servicio desde que todos los miembros de su equipo editorial fueron calificados de “agentes extranjeros” el 4 de septiembre de 2026.Tras la invasión en gran escala de Ucrania emprendida por Rusia en febrero de 2022, las autoridades bloquearon los recursos en línea de Novaya Gazeta y despojaron al periódico de su registro oficial. El 9 de abril de 2026, agentes del Comité de Investigación registraron la redacción durante 13 horas en relación con una causa penal que implicaba presunto “acceso ilegal a información digital” y “uso ilegal de datos personales”. El periodista de investigación Oleg Roldugin fue arrestado en relación con la causa y más tarde sometido a arresto domiciliario. El 15 de octubre, los agentes registraron el domicilio del redactor jefe Sergei Sokolov.

10. Pakistán: La sentencia condenatoria por cargos de terrorismo de un abogado y una abogada de derechos humanos evidencia el fracaso del sistema de justicia paquistaní

    Según ha declarado Yasmine Ahmed, directora general de Impacto Regional en Derechos Humanos Senior de Amnistía Internacional en reacción a la sentencia condenatoria y la pena de 10 años de prisión dictadas hoy por el Tribunal Antiterrorista de Islamabad contra Imaan Mazari-Hazir y Hadi Ali Chattha:“Estas condenas evidencian el fracaso del sistema de justicia de Pakistán. No solo se juzgaba a Imaan y Hadi, sino que también se ponía a prueba la capacidad del poder judicial para respetar los principios de la justicia y el derecho a un juicio justo. Y no ha estado a la altura en absoluto. Está claro que estos cargos de “terrorismo” se están utilizando para castigar a Imaan y Hadi por su labor de defensa de los derechos humanos”.“A Imaan y Hadi se les ha denegado sistemáticamente el derecho a un juicio público y justo. En un primer momento, se les impidió asistir al juicio en persona. Posteriormente, las vistas se trasladaron al recinto penitenciario donde permanecían recluidos y, durante las sesiones, se les mantuvo tras una estructura similar a una jaula.“Imaan y Hadi son objeto de persecución únicamente por negarse a abandonar su valiente labor de defensa de los derechos humanos y por ejercer sus derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica. La instrumentalización de la legislación antiterrorista para perseguir la disidencia se ha convertido en una práctica habitual en Pakistán. Esta injusticia no puede continuar: instamos a las autoridades a que pongan en libertad de inmediato a Imaan y Hadi y retiren todos los cargos que pesan contra ellos”.Información complementariaImaan Mazari-Hazir y Hadi Ali Chattha son abogados de derechos humanos que representan a activistas y comunidades marginadas que son víctimas de desapariciones forzadas, de acusaciones injustas por parte del Estado y de la aplicación de la legislación paquistaní sobre la blasfemia. El 24 de enero de 2026 fueron condenados a penas de entre 10 y 17 años de prisión en virtud de la Ley de Prevención de Delitos Electrónicos, por publicar en redes sociales mensajes en los que criticaban al ejército y expresaban su solidaridad con activistas baluchis y pastunes. El 17 de septiembre, el Tribunal Supremo de Pakistán suspendió sus condenas y les concedió la libertad bajo fianza. Sin embargo, ese mismo día volvieron a ser detenidos en virtud de cargos relacionados con la legislación antiterrorista, antes de que pudieran quedar en libertad. Se les acusó de corear “consignas contra el gobierno” y de presuntos “bloqueos de carreteras” durante una protesta pacífica de activistas baluchis celebrada en marzo de 2025. Sus solicitudes de libertad bajo fianza en relación con este caso siguen pendientes. No obstante, se inició un proceso judicial independiente en virtud de la Ley Antiterrorista en relación con un caso sobre la presunta retirada de barreras de seguridad durante un partido de críquet celebrado en 2024.Organizaciones de la sociedad civil, profesionales de la abogacía y organizaciones internacionales han expresado su preocupación por la independencia del poder judicial de Pakistán, especialmente a raíz de las recientes enmiendas constitucionales vigesimosexta y vigesimoséptima. Hace un año, dos magistrados del Tribunal Supremo y un juez de un tribunal superior dimitieron en señal de protesta tras la aprobación de la vigesimoséptima enmienda. Ayer, un juez del Tribunal Superior de Lahore presentó su dimisión alegando injerencias del poder ejecutivo en las funciones judiciales.

11. La COP31 debe amplificar el poder de la gente, no la voz de los grupos de presión del petróleo

    La crisis climática es también una crisis de derechos humanos, que se cobra vidas y trastoca por completo la existencia de innumerables comunidades en todo el mundo.Sin embargo, mientras quienes se lucran con la expansión de los combustibles fósiles conservan un acceso y una influencia privilegiados en las negociaciones mundiales sobre el clima, las personas que sufren sus consecuencias más graves, como los pueblos indígenas o quienes viven en comunidades vulnerables al cambio climático, siguen en gran medida al margen de la toma de decisiones.Como directoras de Amnistía Internacional en Brasil, Turquía y Australia, países con un papel destacado en la COP30 y la COP31, hemos comprobado que una acción climática eficaz depende de que las personas puedan expresarse, organizarse, protestar y participar.El año pasado, en Belém, los representantes de grupos de presión de los combustibles fósiles superaron en número a todas las delegaciones nacionales salvo la de Brasil, lo que puso de manifiesto el desequilibrio de poder en las negociaciones climáticas. La COP31 debe hacer frente a la captura corporativa y ampliar la participación pública. En cambio, han surgido graves motivos de preocupación sobre si la sociedad civil podrá hablar con libertad y seguridad en Turquía.Las restricciones de derechos potencian el colapso climáticoNo obstante, los derechos humanos necesarios para afrontar esta crisis y exigir justicia se ven cada vez más socavados.Las prácticas autoritarias potencian el colapso climático al restringir las protestas, silenciar a defensores y defensoras y sustraer al escrutinio público los intereses de la industria de los combustibles fósiles. Los ataques contra las mujeres, las personas LGBTI+ o los miembros de otras comunidades marginadas dividen a las sociedades, debilitan la acción colectiva y desvían la atención pública mientras continúa la expansión de los combustibles fósiles. Por eso, la ofensiva contra el espacio cívico en Turquía, país anfitrión de la COP31, debe alarmar a todos los gobiernos que se preparan para asistir a la cumbre.En septiembre, las autoridades turcas pusieron en marcha una operación en todo el país contra organizaciones LGBTI+, activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos. Se allanaron viviendas, locales y oficinas, hubo personas detenidas y encarceladas, y se restringieron las cuentas en redes sociales de activistas, periodistas y grupos de derechos humanos, incluida la de Amnistía Internacional Turquía.Estas medidas forman parte de una represión que dura ya una década y que ha debilitado la independencia judicial, ha hecho caso omiso de sentencias internacionales y ha restringido la libertad de reunión pacífica, de asociación y de expresión. Sea quien sea el objetivo, el efecto es el mismo: se silencia la disidencia y se propaga el miedo.Para que la COP31 tenga éxito, Turquía debe poner fin a su campaña de represión contra los derechos humanos.Señales preocupantes de Turquía, país coanfitriónEn este contexto, el acuerdo entre Turquía y la ONU para acoger la COP31 resulta alarmante. El artículo 11.11 exige a quienes participen que respeten las leyes y los reglamentos de Turquía y se abstengan de injerirse en sus “asuntos internos”. El artículo 11.12 vuelve a incluir una cláusula sobre la renuncia a la inmunidad que se había omitido en el acuerdo de Brasil para la COP30.Las autoridades turcas ya invocan nociones vagas como la “moral pública” y el “perjuicio para la familia” para abrir investigaciones contra personas y restringir la libertad de expresión. Por consiguiente, el acuerdo podría tener un efecto disuasorio sobre activistas, defensores y defensoras, y periodistas.¿Podrían calificarse de injerencia en los “asuntos internos” las críticas a las políticas de Turquía sobre los combustibles fósiles, a su trato a los defensores y defensoras ambientales o a su represión de las organizaciones LGBTI+? Nadie que asista a una conferencia de la ONU sobre el clima debería tener que preguntárselo.Turquía y la ONU deben garantizar públicamente que quienes participen puedan expresarse, organizarse, informar y protestar de forma pacífica sin discriminación, intimidación, vigilancia, detención ni represalias. Los gobiernos deben denunciar las deficiencias del acuerdo antes de llegar a Antalya.Brasil aportó avances, aunque no la perfecciónLa COP31 debe tomar como punto de partida el enfoque adoptado por Brasil. El acuerdo de país anfitrión que Brasil firmó para la COP recogía el compromiso de celebrar una conferencia inclusiva y no discriminatoria, mientras que su presidencia adoptó un tono más abierto y participativo. La COP30 registró una participación récord de los pueblos indígenas, pero el acceso no garantizó la influencia: muchas decisiones clave se siguieron gestando a puerta cerrada.En última instancia, los compromisos asumidos en Belém dependen de las decisiones políticas que se tomen en el ámbito nacional, y los resultados de las elecciones de octubre en Brasil apuntan a un poder legislativo que podría estar menos dispuesto a cumplirlos. Esta situación podría aumentar el riesgo para los derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades quilombolas y tradicionales.Cuando se debilitan las protecciones en el ámbito nacional, los espacios internacionales resultan aún más esenciales para que las poblaciones afectadas alcen la voz y exijan cuentas a los responsables de la toma de decisiones. La COP31 debe garantizar la libertad de expresión y de reunión pacífica fuera de la “Zona Azul” (el recinto bajo protección de la ONU) y ampliar el acceso de la sociedad civil a las negociaciones.Los defensores y defensoras ambientales impulsan el cambioComo ha documentado Amnistía Internacional, las comunidades que se oponen a la expansión de los combustibles fósiles y construyen alternativas más justas sufren acoso, vigilancia, criminalización, desinformación, violencia y restricciones a la protesta pacífica. Entre ellas: Los pueblos de las Primeras Naciones de Australia que se oponen a las prospecciones de petróleo y gas en alta mar, los pescadores artesanales de la bahía brasileña de Guanabara que luchan por la justicia ambiental y los activistas que defienden el bosque turco de Akbelen frente a la expansión de la minería del carbón.Estas comunidades son titulares de derechos, depositarias de conocimientos y agentes políticos que protegen territorios y forjan respuestas climáticas eficaces. Los gobiernos deben protegerlas y garantizar que participen de manera significativa en la toma de decisiones.Descubre más historias de defensores y defensoras de los derechos ambientales en todo el mundo que luchan por las personas y el planeta: https://www.amnesty.org/es/documents/act30/1437/2026/es/La COP31 debe hacer frente al poder de la industria de los combustibles fósilesCon el fin de proteger los derechos humanos, los gobiernos deben aprovechar la COP31 para impulsar tres prioridades urgentes.En primer lugar, deben poner fin a la expansión de los combustibles fósiles y acelerar una transición completa, rápida, justa, financiada y conforme con los derechos humanos para abandonarlos. Los Estados con mayor responsabilidad deben ir más lejos y más rápido: eliminar los subsidios a los combustibles fósiles y reorientar los recursos públicos hacia energías renovables respetuosas con los derechos humanos.En segundo lugar, deben garantizar que la transición proteja los derechos y no deje a nadie atrás, entre otras cosas poniendo en funcionamiento el Mecanismo de Transición Justa y dotándolo de financiación y de un sistema de rendición de cuentas.Y, en tercer lugar, deben aumentar la financiación climática pública y basada en subvenciones para la mitigación, la adaptación y las pérdidas y daños, sin endeudar aún más a los países de ingresos más bajos.La COP31 no logrará estos resultados sin los conocimientos y la pericia de las comunidades en primera línea.Brasil debe defender los avances en materia de participación logrados en la COP30. Turquía debe dar marcha atrás en su represión y proteger el espacio cívico. Australia, en calidad de país que preside las negociaciones, debe lograr un resultado ambicioso y centrado en los derechos humanos, y hacer frente al mismo tiempo a las restricciones a la protesta climática pacífica en su propio territorio.La crisis climática no puede resolverse a puerta cerrada. Las puertas deben permanecer abiertas y la población ha de poder influir en lo que ocurre dentro.Consulta nuestras recomendaciones sobre la acción climática en la COP31: https://www.amnesty.org/es/documents/ior40/1465/2026/es/

12. Unión Europea: La reforma de Frontex agrava el riesgo de que la UE sea cómplice de violaciones de derechos

    En respuesta a la reforma propuesta por la Comisión Europea del Reglamento sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas (Reglamento Frontex), que amplía enormemente el presupuesto, las facultades, el personal y el mandato de la agencia, sin ampliar de forma proporcional sus salvaguardias de derechos humanos y sus obligaciones en materia de transparencia, Eve Geddie, directora de la Oficina de Amnistía Internacional ante las Instituciones Europeas, ha declarado:“Los cambios propuestos por la Comisión Europea al mandato de Frontex priorizan una vez más la ampliación de las facultades de la agencia para deportar, controlar las fronteras y actuar más allá de la UE sin ampliar al mismo tiempo sus obligaciones en materia de derechos humanos”.“Esta reforma incluye otorgar a Frontex nuevos poderes para llevar a cabo devoluciones forzosas entre países no pertenecientes a la UE, lo que allana el camino a un papel más amplio en los ‘centros de retorno’ en terceros países. La reforma agrava el riesgo de que la UE sea cómplice de violaciones de derechos humanos, y pone trabas adicionales a la transparencia y la rendición de cuentas. Debe ser rechazada de plano.”“Una y otra vez, vemos a la Comisión Europea redoblar la Fortaleza Europa: aumento de la seguridad fronteriza, la vigilancia y las deportaciones sin cuestionar siquiera los crecientes poderes de una agencia que ha facilitado que haya gente que se vea atrapada en abusos contra los derechos humanos.”“El mandato de Frontex exige explícitamente respeto, protección y promoción de los derechos humanos. Sin embargo, en lugar de corregir las deficiencias estructurales y las políticas equivocadas que propician abusos y violaciones de derechos contra personas en las fronteras europeas, la decisión adoptada hoy intensificará aún más este enfoque fallido en los países que no pertenecen a la UE.”“Mientras la población de toda Europa protesta por el acceso a la vivienda y por la falta de financiación para la educación y los servicios públicos, la Comisión Europea sigue presentando el control de la migración como el problema existencial del continente, y dedicando recursos desproporcionados a deportaciones y control de fronteras. Hace ya mucho que se necesita una reevaluación fundamental de las prioridades.”Información complementariaEl 27 de octubre, la Comisión Europea presentó dos propuestas: por un lado, una reforma del Reglamento de la Guardia Europea de Fronteras y Costas que incrementó el número de agentes de Frontex hasta los 30.000 y otorga a la agencia un papel más importante en las devoluciones y la “respuesta a la crisis”, y por otro, un reglamento para digitalizar los procedimientos de devolución, readmisión y reintegración.Amnistía Internacional lleva mucho tiempo siguiendo el trabajo de Frontex, y fue miembro de su Foro Consultivo sobre Derechos Fundamentales desde su creación en 2012 hasta final de 2022. En Frontex se han introducido una serie de reformas que han ampliado rápidamente sus poderes, su presupuesto y su capacidad operativa desde su creación en 2004, y que han aumentado su presupuesto hasta más de mil millones de euros anuales para 2026.Amnistía Internacional ha planteado su preocupación por el papel de Frontex en actividades de vigilancia marítima y aérea en el Mediterráneo durante interceptaciones ilegales de personas refugiadas y migrantes por parte de la Guardia Costera libia.Amnistía Internacional también ha cuestionado en numerosas ocasiones la continuación de las operaciones de Frontex en países de la UE que adoptan prácticas que son incompatibles con la legislación europea sobre asilo y migración, y ha instado a esta agencia de la UE a actuar con rapidez en casos de informes de violaciones o presuntas violaciones de derechos fundamentales, y a iniciar procedimientos, de acuerdo con las disposiciones del artículo 46 del actual Reglamento de Frontex, con el fin de suspender o terminar sus operaciones en esos casos.

13. Países Bajos: La retirada de Eurovisión debe impulsar a la Unión Europea de Radiodifusión a suspender a Israel

    En respuesta al anuncio realizado ayer por la organización pública de radiodifusión neerlandesa (NPO) de que no participará en el Festival de la Canción de Eurovisión en 2027 si Israel sigue participando, Steve Cockburn, director de Amnistía Internacional para Europa, ha declarado:“El organismo de radiodifusión neerlandés es el último hasta la fecha que ha decidido no participar en el Festival de la Canción de Eurovisión 2027 como protesta por la participación de Israel. Al hacerlo, transmite un claro mensaje de que no debe proporcionarse un escenario en el que blanquear el genocidio, la limpieza étnica y el apartheid contra la población palestina. También pone de manifiesto la cobarde negativa de la Unión Europea de Radiodifusión a suspender la participación de Israel en el Festival”.“La participación de Israel en Eurovisión brinda al país una plataforma desde la que intentar normalizar y desviar la atención de su genocidio en curso en la Franja de Gaza ocupada y sus medidas aceleradas de anexión y limpieza étnica en la Cisjordania ocupada”.“Amnistía pide a la Unión Europea de Radiodifusión y a sus miembros y asociados que suspendan la participación de Israel en el Festival de la Canción de Eurovisión. No debe proporcionarse un escenario desde el que blanquear el genocidio”.Información complementariaTras consultar con los operadores de radiodifusión, la NPO, que supervisa la radiodifusión pública en Países Bajos, concluyó que no había apoyo suficiente a la participación en el Festival de la Canción de Eurovisión 2027, citando como motivo de su decisión de abandonar el festival las “sensibilidades” existentes en torno a la participación de Israel en el certamen.

14. Francia: El Parlamento debe rechazar el regresivo proyecto de ley “Los alborotadores pagan”

    El proyecto de ley presentado en Francia para obligar a manifestantes a sufragar los daños a la propiedad causados por los actos de violencia en las protestas callejeras, aunque no hayan intervenido directamente en ellos, tendrá un efecto disuasorio sobre el ejercicio de la libertad de reunión pacífica y debe ser rechazado por el poder legislativo; así lo ha manifestado Amnistía Internacional antes del debate que tendrá lugar durante dos días en el Senado.De aprobarse, la ley comúnmente llamada “los alborotadores pagan” haría responsables a personas concretas de actos que no han cometido personalmente, si se demostrara que participaron “a sabiendas” en una reunión en la que hubo actos de violencia, robo, destrucción y daños a la propiedad. Un manifestante podría tener que pagar hasta 10.000 euros; además, podría ver embargadas sus prestaciones sociales si no abonara la indemnización, medida que pondría en mayor riesgo de pobreza a familias ya marginadas. También se podría pedir responsabilidad civil a padres y madres por actos que sus hijos o hijas no cometieron.“Este proyecto de ley, que sucede a una serie de reformas jurídicas para restringir el derecho de protesta en Francia, amenaza con disuadir aún más a la ciudadanía de salir a la calle para ejercer sus derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica”, ha dicho Nathalie Godard, directora del Departamento de Acción de Amnistía Internacional Francia.“Exigir a manifestantes que respondan de actos cometidos por otras personas y que paguen por ellos supone un riesgo de castigo arbitrario y es contrario a las obligaciones internacionales de Francia. De aprobarse, esta ley supondría un grave retroceso; el poder legislativo debe rechazarla rotundamente.”Según el derecho internacional, a quienes participan en una manifestación sólo se les puede exigir que respondan de sus propios actos, y esa exigencia de responsabilidades debe basarse en pruebas de culpabilidad individual.Según la legislación francesa actual, las prestaciones familiares de seguridad social y ayudas a la vivienda están generalmente protegidas del embargo por reclamación de deudas. El proyecto de ley incluye excepciones adicionales a esta protección y permite embargar tales prestaciones y ayudas para reclamar indemnizaciones. Los daños causados por menores entrarían dentro de esas excepciones, lo que supondría una reducción de la ayuda económica a las familias para cubrir sus gastos y necesidades básicas. Además, el proyecto de ley contempla la posibilidad de embargar los pagos de la Renta de Solidaridad Activa (Revenu de Solidarité Active), dirigida a proporcionar unos ingresos mínimos a personas que de otro modo tendrían unos ingresos ínfimos o nulos.“Embargar prestaciones familiares, ayudas a la vivienda o la renta de solidaridad activa podría tener consecuencias catastróficas para algunas de las personas más vulnerables, ya que afectaría a su capacidad de acceder a un nivel de vida adecuado para ellas y sus familias”, ha afirmado Natalie Goddard.El proyecto de ley presentado, además, amplía el ámbito de aplicación de la pena de expulsión del territorio francés para incluir a las “personas de nacionalidad extranjera” que sean declaradas culpables de ciertos delitos graves cometidos durante reuniones públicas, como ataques a la integridad física de terceras personas, daños graves a la propiedad —incluidos incendios provocados— y robos con agravantes o saqueos.Amnistía Internacional pide al Parlamento que garantice que la pena de expulsión del territorio francés no da lugar en ningún caso a una violación del principio de no devolución (non-refoulement), que es absoluto y prohíbe expulsar a cualquier persona, al margen de su condición, a un lugar donde correría peligro real de persecución o de violaciones de derechos humanos.“La legislación existente ya contempla la pena de expulsión del territorio francés. Por eso nos preocupa profundamente que esta reforma pueda introducir un discurso xenófobo en el debate legislativo y fomentar la utilización de las personas refugiadas, migrantes, solicitantes de asilo y de grupos minoritarios como chivos expiatorios”, ha dicho Nathalie Godard. Información complementariaEl proyecto de ley se someterá a debate en el Senado francés los días 27 y 28 de octubre.El gobierno francés anunció el verano de 2026 el proyecto de ley presentado con el título “Indemnización por daños derivados de actos violentos o daños materiales en espacios públicos, y cobro de indemnizaciones”, tras los episodios de violencia y daños a la propiedad ocurridos durante la final de la Liga de Campeones de la UEFA en mayo de 2026. Las autoridades francesas incluyeron este proyecto de ley en el orden del día del Parlamento e iniciaron un procedimiento acelerado para su tramitación en el contexto de las protestas en curso en Francia, que comenzaron el 31 de agosto de 2026 en los territorios de ultramar y el 18 de septiembre en la Francia continental.

15. Rusia: Defensora exiliada enfrenta a cargos de “extremismo” por su trabajo para la ONG galardonada con el Nobel de la Paz

    Ante la noticia de que una fiscalía de Moscú va a iniciar actuaciones penales por cargos de “extremismo” contra la defensora de los derechos de personas reclusas Anna Karetnikova, del Centro de Derechos Humanos Memorial, actualmente en el exilio, Marie Struthers, directora de Amnistía Internacional para Europa Oriental y Asia Central, ha manifestado:“Amnistía Internacional lleva tiempo advirtiendo del peligro de que la legislación imprecisa y excesivamente amplia contra el extremismo se utilice para criminalizar el trabajo legítimo en defensa de los derechos humanos. Hoy, ese temor se ha materializado en la causa penal contra Anna Karetnikova; es la primera vez que se utilizan cargos semejantes contra una persona sólo por su labor de derechos humanos.”“Aunque Anna Karetnikova vive en el exilio y sólo puede ser juzgada in absentia, la amenaza de enjuiciamiento transmite un mensaje intimidatorio cuya intención es silenciar a defensores y defensoras de los derechos humanos dentro y fuera de Rusia, impedir que documenten violaciones de derechos y disuadirlos de alzar la voz en favor de las víctimas de estos abusos. Criminalizar el trabajo de derechos humanos de una destacada ONG que ha sido galardonada con el Nobel de la Paz es una medida nociva y vergonzosa que expone aún más los verdaderos motivos de las autoridades rusas.”“Las autoridades rusas deben retirar estos cargos contra Anna Karetnikova, archivar su causa y renunciar al abuso de una legislación absurdamente amplia e imprecisa sobre el “extremismo” contra quienes las critican, ya sean defensores y defensoras de los derechos humanos, miembros de la oposición política, personas LGBTI o grupos religiosos disidentes. La legislación represiva de Rusia debe ponerse en consonancia con las obligaciones internacionales del país en materia de derechos humanos.”Información complementariaEl 26 de octubre de 2026, la fiscalía interdistrital de Lefortovo en Moscú anunció que había reunido material suficiente para iniciar actuaciones penales contra Anna Karetnikova por “participación en actividades de una organización extremista” (artículo 282.2.2 del Código Penal) y “eludir las responsabilidades de un agente extranjero” (artículo 330.1.2).Aunque la fiscalía no mencionaba directamente a la “organización extremista” en cuestión, Anna Karetnikova ha trabajado o colaborado desde 2002 con el Centro de Derechos Humanos Memorial, el grupo de defensa de los derechos humanos más antiguo de Rusia. Cuatro años después de recibir el Premio Nobel de la Paz en 2022, Memorial fue arbitrariamente calificada de “extremista” por las autoridades rusas en abril de 2026.De 2008 a 2016, Karetnikova formó parte de la Comisión Pública de Supervisión de Moscú, organismo público independiente que da seguimiento a los centros de detención. Más tarde fue analista principal del Servicio Penitenciario Federal, hasta que en enero de 2023 fue despedida de su cargo y se marchó de Rusia. En abril de 2025 fue arbitrariamente calificada de “agente extranjero” por el Ministerio de Justicia.

16. Cuba: A dos años de su nombramiento como presos de conciencia, Félix Navarro, Sayli Navarro y Roberto Pérez Fonseca deben ser liberados

    El 23 de octubre de 2024, Amnistía Internacional declaró presos de conciencia a Félix Navarro, Sayli Navarro, y Roberto Pérez Fonseca al considerar que habían sido privados de libertad únicamente por ejercer pacíficamente sus derechos humanos. Dos años después continúan injustamente encarcelados, en un contexto en el que persisten las detenciones por motivos políticos y la represión de las voces críticas en Cuba.Ante esta situación, Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, declaró: “Dos años después de su designación como presos de conciencia, Félix Navarro, Sayli Navarro y Roberto Pérez Fonseca siguen privados injustamente de su libertad. Son dos años más separados de sus familias, sometidos a las duras condiciones del sistema penitenciario cubano y castigados solamente por ejercer sus derechos humanos. Las autoridades cubanas deben liberarlos inmediata e incondicionalmente. No deben pasar ni un día más entre rejas.”Félix Navarro es un disidente político, fundador del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel. Fue condenado a nueve años de prisión y su actual encarcelamiento es la tercera ocasión en que ha sido privado de libertad por motivos políticos.Sayli Navarro es activista y miembro del movimiento Damas de Blanco. Fue condenada a ocho años de prisión después de ser detenida arbitrariamente en el contexto de la represión posterior a las protestas de julio de 2021.Roberto Pérez Fonseca es activista y defensor de derechos humanos. Fue condenado a diez años de prisión por su participación pacífica en las protestas del 11 de julio de 2021. Entre los hechos utilizados para condenarle se encontraba haber sido filmado mientras rompía una imagen de Fidel Castro durante las protestas.“Félix, Sayli y Roberto representan a muchas otras personas en Cuba que han sido encarceladas por protestar, disentir o defender derechos humanos. Las condenas impuestas contra ellos muestran cómo las autoridades continúan abusando del sistema penal para silenciar voces críticas. Expresar una opinión, participar en una protesta o exigir derechos no debe convertirse en una sentencia de años de cárcel”, señaló Ana Piquer.La información recibida por Amnistía Internacional durante 2026 muestra que la injusticia de su encarcelamiento se ve agravada por las condiciones en las que permanecen privados de libertad.La situación de Félix Navarro continúa siendo especialmente grave, ya que permanece en régimen de aislamiento prolongado y con acceso muy limitado al aire libre. En enero de 2026 fue sometido a una prueba médica tras presentar posibles síntomas de tuberculosis y ni él ni su familia recibieron oportunamente información sobre los resultados, generando serias preocupaciones sobre su salud y el acceso adecuado a atención médica.Sayli Navarro continúa recluida en condiciones que ponen en riesgo su salud e integridad física; permanece en un penal que ha carecido de acceso regular a agua potable. Las autoridades también le han negado reiteradamente beneficios penitenciarios utilizando criterios de “reeducación”.Roberto Pérez Fonseca padece enfermedades crónicas graves cuyo deterioro durante su privación de libertad genera especial preocupación.  Ha padecido reclusión en celda de castigo, inadecuada atención médica y dificultades de comunicación con su familia. Amnistía Internacional ha denunciado en 2026 obstáculos y demoras en los procedimientos legales disponibles para personas que, debido a diagnósticos graves, podrían acceder a la excarcelación por razones de salud.“Es profundamente alarmante que, además de estar encarceladas injustamente, estas personas continúen expuestas a condiciones que pueden comprometer su salud, integridad y dignidad. El Estado cubano es responsable de proteger a todas las personas bajo su custodia y debe garantizar inmediatamente atención médica adecuada, contacto con sus familias y condiciones de detención compatibles con el respeto de los derechos humanos mientras sigan privadas de libertad”, afirmó Ana Piquer.Amnistía Internacional continúa exigiendo la liberación inmediata e incondicional de todas las personas presas de conciencia en Cuba y el fin de las detenciones por ejercer derechos humanos.“Las autoridades cubanas deben poner fin al uso del encarcelamiento, el hostigamiento y la intimidación como herramientas para silenciar el disenso. Félix, Sayli y Roberto deben recuperar su libertad, pero nuestra exigencia no termina con ellos: ninguna persona debe estar en una prisión cubana por expresar pacíficamente lo que piensa, protestar o defender derechos humanos”, concluyó Ana Piquer.

17. Israel y Territorio Palestino Ocupado: Las elecciones no deben desviar la atención de los crímenes de derecho internacional de Israel

    Ante las elecciones parlamentarias que se celebran en Israel el 27 de octubre, Erika Guevara Rosas, directora general de Investigación, Incidencia, Política y Campañas de Amnistía Internacional, ha declarado:“Mientras gran parte de la atención del mundo se centra en las inminentes elecciones parlamentarias de Israel, la población palestina —que lleva decenios sufriendo crímenes y violaciones de derechos sistemáticas a manos de los sucesivos gobiernos israelíes— tiene pocos motivos para esperar que los resultados se traduzcan en cambios positivos en materia de derechos humanos.“En los últimos meses, las candidaturas electorales han explotado descaradamente el sentimiento antipalestino o incluso han amenazado con intensificar las violaciones de derechos humanos y los crímenes de derecho internacional en un intento de obtener rédito político. Las candidaturas han utilizado una retórica deshumanizadora contra la población palestina, han prometido seguir afianzando las medidas de anexión ilegal de Israel en la Cisjordania ocupada, y han amenazado con seguir devastando la Franja de Gaza ocupada. Candidatos de todo el espectro político también han presionado por la descalificación de Sami Abu Shehadeh, ciudadano palestino de Israel y presidente del partido Tajammou’ (Balad), y han exhibido un desprecio absoluto por el derecho a la libertad de asociación, expresión y reunión.“En toda la Cisjordania ocupada, incluido el territorio de Jerusalén Oriental anexionado ilegalmente, Israel sigue desplazando sin piedad a familias y llevando a cabo demoliciones de viviendas mientras las restricciones militares a los agricultores palestinos y los crecientes ataques de colonos impulsados por el Estado han transformado la cosecha de la aceituna en una temporada de horror.“En la Franja de Gaza ocupada, donde el genocidio de Israel continúa imparable, un año después del denominado alto el fuego los homicidios de civiles palestinos continúan y la expansión de las zonas de acceso restringido y el retraso indefinido de la reconstrucción han dejado a la población de Gaza atrapada en un estado de desplazamiento y desesperación prolongados. El cierre de los pasos fronterizos a los suministros comerciales también está obligando a la población civil a esperar en filas interminables para conseguir alimentos y pan, mientras las restricciones a la entrada de aceite lubricante amenazan con dificultar aún más la actividad de un sector sanitario ya devastado.“La persistente impunidad por decenios de crímenes atroces asociados al cruel sistema de apartheid de Israel y su brutal ocupación ilícita, perpetuadas por los sucesivos gobiernos israelíes —con independencia de su orientación política—, no ha hecho sino impulsar la comisión de más crímenes contra la población palestina y ha alentado a Israel a cometer violaciones graves de derechos humanos más allá del Territorio Palestino Ocupado (TPO).“Israel ha llevado a cabo ataques letales en Líbano que han causado la muerte de miles de personas, ha destruido deliberadamente viviendas e infraestructuras civiles, ha devastado medios de vida mediante la imposición de restricciones o negando a los agricultores el acceso a sus cultivos y tierras agrícolas, y ha seguido desplazando por la fuerza a decenas de miles de civiles de decenas de localidades en la frontera entre Líbano e Israel en el sur de Líbano. En Siria, Israel también ha llevado a cabo la destrucción ilícita de bienes civiles y sigue realizando mortíferos ataques militares.“Millones de personas, incluida la población palestina del Territorio Palestino Ocupado, así como civiles de Líbano y Siria, sufren las consecuencias de las políticas y acciones israelíes, pero no tienen voz ni voto en las elecciones que afectarán a sus vidas. Los Estados con influencia sobre Israel deben hacer uso de las medidas diplomáticas y económicas a su disposición para garantizar la protección de sus derechos.“Deben aumentar la presión sobre el gobierno que resulte elegido para que detenga el genocidio de Israel en Gaza, desmantele su sistema de apartheid, ponga fin a la limpieza étnica de comunidades de Cisjordania y ponga fin a su ocupación ilícita del Territorio Palestino Ocupado. Además, deben presionar a Israel para que ponga fin a los ataques ilícitos y cumpla sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario en toda la región, retire sus tropas del sur de Líbano y permita el retorno de la población libanesa desplazada a sus ciudades y pueblos.“Los Estados pueden y deben actuar ahora para que Israel rinda cuentas y ponga fin a su implacable ataque a los derechos humanos en la región. Esto incluye suspender el Acuerdo de Asociación de la Unión Europea e Israel, imponer un embargo de armas a Israel y poner fin a toda cooperación que pueda contribuir a mantener la ocupación ilícita de territorio palestino por Israel.”Información complementariaLas elecciones parlamentarias de Israel se celebrarán el 27 de octubre de 2026. Millones de personas bajo el control directo de Israel —incluidas las que residen en el territorio de Jerusalén Oriental anexionado ilegalmente, el resto de Cisjordania y la Franja de Gaza— no tienen derecho a votar, mientras que sí habrá mesas electorales en los asentamientos ilegales israelíes.

18. Sudán: La población civil de El Fasher sufre homicidios ilícitos, detenciones y torturas un año después de la captura de la ciudad por las RSF. Nuevos testimonios

    “La población civil de El Fasher, en Darfur Septentrional (Sudán), sigue sufriendo detenciones, torturas y un acceso limitado a la ayuda humanitaria un año después de que las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) capturasen la ciudad y cometieran actos de brutalidad contra la población civil”, ha declarado hoy Amnistía Internacional.En un nuevo testimonio, residentes que han huido recientemente de la ciudad contaron a Amnistía Internacional que las escuelas se habían convertido en centros de detención, que se controlaban estrictamente sus movimientos y que eran frecuentes los homicidios ilícitos.Según cifras recabadas por organizaciones humanitarias que trabajan en El Fasher, actualmente viven en la ciudad menos de 70.000 personas, cuando antes de la guerra había más de un millón de habitantes. El acceso humanitario sigue siendo limitado y el personal de ayuda humanitaria y otras personas civiles de la ciudad están sometidos a vigilancia o control constantes. El riesgo de sufrir una detención arbitraria, tanto para la población civil como para el personal de ayuda humanitaria, sigue siendo muy alto.“Las afirmaciones de las RSF de que El Fasher es segura para que regrese la población civil después de las terribles masacres de hace un año no podrían estar más alejadas de la verdad”, declaró Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.“Una atmósfera de miedo generalizado se cierne hoy sobre El Fasher. Hombres y mujeres viven bajo la vigilancia constante de las RSF y con la amenaza permanente de ser víctimas de detención, tortura y homicidio”.“Un año después de la caída de El Fasher en manos de las RSF, la comunidad internacional no ha tomado las medidas necesarias para abordar la desesperada situación que vive la población civil mientras el conflicto hace estragos. Apenas se han rendido cuentas por los abusos cometidos en Darfur Septentrional. Los pasos para alcanzar un alto el fuego han sido tibios y Amnistía Internacional no conoce ninguna iniciativa diplomática destinada a establecer una fuerza internacional que proteja de forma significativa a la población civil”.“Lo más importante es que Emiratos Árabes Unidos ha seguido apoyando a las RSF, mientras los gobiernos que tienen la influencia necesaria se han abstenido en su mayor parte de señalar y denunciar su papel o de pedirle responsabilidades”.“Sin un alto el fuego, la rendición de cuentas y una fuerza de protección, la población civil seguirá sufriendo en El Fasher y en todo Sudán. Las Fuerzas Armadas de Sudán se oponen sistemáticamente a la ampliación del embargo de armas y a un alto el fuego, pues continúan creyendo que sigue siendo posible una ‘solución’ militar al conflicto, dejando a un lado el sufrimiento del pueblo sudanés”.En agosto y septiembre de 2026, Amnistía Internacional entrevistó a 25 civiles —19 residentes y seis miembros del personal de ayuda humanitaria— sobre la situación en El Fasher. De las personas que residían en la ciudad, 15 salieron de ella entre julio y agosto de 2026 y otra seguía allí; las tres restantes habían huido con anterioridad.El 9 de octubre, Amnistía Internacional escribió a las RSF en relación con las conclusiones. En el momento de la publicación, no se había recibido respuesta.En julio de 2026, Amnistía Internacional publicó un importante informe que documentaba cómo las RSF cometieron crímenes de lesa humanidad y limpieza étnica durante su campaña para capturar El Fasher, donde determinados grupos étnicos, como el zaghawa, fueron objeto de abusos. Amnistía Internacional sigue documentando abusos flagrantes cometidos por ambas partes en el conflicto en Sudán, en los estados de El Obeid y Kordofán del Norte, así como en los de Kordofán del Sur y Nilo Azul.Detenciones, torturas y homicidios ilícitos en prisionesDe las 19 personas residentes entrevistadas, 17 estuvieron detenidas a manos de las RSF. La mayoría fueron detenidas arbitrariamente durante la captura de la ciudad por las RSF; otras lo fueron cuando regresaron para recuperar sus pertenencias de su casa o buscar a familiares en paradero desconocido. Todas ellas permanecieron cautivas durante meses. Varias señalaron que era más probable que fueran detenidos y sufrieran abusos miembros de grupos étnicos concretos, como el zaghawa y el masalit.La mayoría de los hombres fueron recluidos en centros de detención o prisiones, donde fueron testigos de homicidios ilícitos, sufrieron tortura y otros malos tratos, y recibieron cantidades mínimas de comida o agua. Todos recuperaron la libertad únicamente cuando su familia pagó el rescate o al fugarse.Modathir*, zaghawa de 29 años, estuvo detenido en la prisión de Shala, donde lo sometieron a palizas frecuentes y presenció homicidios ilícitos. Contó a Amnistía Internacional: “La tortura es permanente en cualquier detención [de las RSF]. Ejecutaban a quienes trataban de mirarlos [...] Si duermes mucho, no les gusta y te ejecutarán. Preguntan: ‘¿Quieres descansar? Nosotros te daremos un descanso definitivo’”. En julio de 2026, Modathir se fugó huyendo de casa en casa para ponerse a salvo.Mamoun*, zaghawa de 33 años, estuvo también recluido en la prisión de Shala hasta julio de 2026. Dijo que vio a las RSF disparar a los presos y la muerte de un enfermo de diabetes a quien las RSF se negaron a ayudar. A Mamoun le pegaban con frecuencia y dijo: “Sacan a la gente [de la celda] al azar, te acusan de estar con las Fuerzas Conjuntas o el ejército [...] Y te pegan hasta que te desmayas [...] A veces me pegaban cuatro veces al día [...] Solo depende de su estado de ánimo”. Mamoun fue excarcelado después de que su familia pagase un rescate.El pago de un rescate no siempre era garantía de libertad. Musa*, zaghawa de 23 años, dijo que él y su padre fueron detenidos en el Hospital Infantil de El Fasher en octubre de 2025. Salieron en libertad más de un mes después, tras pagar un rescate. Sin embargo, Musa dijo que, en lugar de dejarles salir de la ciudad, las RSF los llevó a una casa protegida por las RSF donde los retuvieron hasta alrededor de mayo de 2026, cuando lograron huir.Musa y su padre tuvieron que trabajar para las RSF en labores como la recogida de cadáveres y a veces los obligaban a decir ante una cámara que la ciudad era habitable, animando a la gente a regresar. Dijo: “Nos hacían desfilar por la ciudad y nos ordenaban que dijésemos [que] El Fasher es buena y segura”.Escuelas como centros de detenciónLas mujeres, los niños y niñas, y algunos hombres de más edad o heridos eran recluidos en escuelas convertidas de hecho en centros de detención en las que, según describieron, había altas tasas de desnutrición, incluso entre sus propios hijos e hijas.Amnistía Internacional entrevistó a nueve personas a quienes las RSF recluyó en escuelas. Tenían un acceso muy limitado a comida y tratamiento médico; algunas mujeres dijeron que sus criaturas sufrieron desnutrición durante su detención allí. Todas estas personas habían sido puestas en libertad o logrado huir en julio o agosto de 2026.Haram*, mujer zaghawa de 45 años, y sus criaturas de corta edad estuvieron detenidas en una escuela del barrio de Daraja Oula. Dijo a Amnistía Internacional: “[Las RSF] insultaban a la gente [...] Pegaban a las personas zaghawas, [las RSFA] elegían y pegaban [a la gente] al azar. Nos llamaban mujeres falangayaat [insulto que indica esclavitud o servidumbre]”.Hadia*, mujer gimir de 30 años a cuyo esposo habían disparado las RSF durante su captura de El Fasher, fue detenida en una escuela con sus hijos, junto con centenares de mujeres y niños y niñas más. Las RSF les daban muy poca comida y agua.Hadia estaba demasiado desnutrida como para poder alimentar a su hijo menor, de 18 meses, con suficiente leche materna. Cuando finalmente huyó y llegó a Tawila en agosto de 2026, sus tres hijos fueron diagnosticados de desnutrición; uno fue hospitalizado. Hadia contó a Amnistía Internacional: “Mis hijos estaban muy delgados y débiles”.Aloya*, mujer zaghawa de 54 años, pasó varios meses detenida en una escuela. Tenía miedo de que se descubriera su identidad zaghawa por lo que nunca habló el idioma mientras estuvo allí. Contó: “Morían cuatro o cinco personas cada día [...] la mayoría por falta de comida”.Hatim*, hombre berti de 38 años con una herida grave de metralla en la mandíbula, fue detenido por las RSF cuando volvió a El Fasher para recuperar sus pertenencias personales de su cada la primavera de 2026. Lo llevaron a una escuela donde estuvo recluido alrededor de cuatro meses junto con unas 300 personas más, la mayoría mujeres. Contó a Amnistía Internacional: “No podías moverte con libertad, tenías que quedarte allí [....] [Las RSF] me pegaron dos veces que traté de huir [...] incluso en mis heridas”. Hatim logró fugarse en su tercer intento.Amnistía Internacional analizó imágenes de satélite de centros de detención en escuelas entre octubre de 2025 y septiembre de 2026. Aunque varios lugares habían mostrado signos de actividad humana en meses anteriores, en septiembre de 2026 había poca actividad diaria, lo que indicaba que estos centros de detención podrían haber cerrado. La prisión de Shala y el centro de detención de Mina al Bari, otro lugar donde se detuvo a residentes, mostraban aún signos significativos de actividad humana.“Todo el mundo está aterrorizado”: La vigilancia de las RSF y el acceso humanitario limitadoResidentes de El Fasher dijeron a Amnistía Internacional que aunque en septiembre de 2026 había un pequeño número de organizaciones humanitarias trabajando de nuevo en la ciudad, las RSF vigilaban de cerca sus movimientos e impedía a las personas residentes hablar libremente con ellas.Una persona que había regresado a El Fasher en junio de 2026 dijo a Amnistía Internacional: “La ciudad de El Fasher que conocía ya no existe, es una ciudad totalmente destruida. La infraestructura pública, las escuelas, las instituciones oficiales, los hospitales, todo está destruido [...] Parecía que todo el mundo está vigilado muy de cerca, no dan al personal de ayuda humanitaria ningún espacio privado para hablar [...] Todo el mundo está aterrorizado”.Otra persona residente dijo: “No hay un bloqueo total del acceso [humanitario], pero [...] cuando las organizaciones llevan a cabo actividades, [las RSF] vigilarán su realización [...] No hay fotos ni entrevistas ni interacciones de ninguna clase”.El personal de ayuda humanitaria expresó preocupación por la desnutrición, sobre todo en una temporada de malas cosechas. Según evaluaciones oficiales, es muy probable que Darfur Septentrional, incluida El Fasher, sufra en los próximos meses una hambruna de nivel 5, el más alto de la Clasificación Integrada en Fases de la Seguridad Alimentaria.Trabajo forzosoTanto hombres como mujeres fueron sometidos a trabajos forzosos como recoger cadáveres y escombros de las calles de El Fasher o cocinar y limpiar para las RSF sin recibir ninguna remuneración.Misbah*, hombre zaghawa de 32 años, fue detenido por las RSF en octubre de 2025. Lo llevaron a una casa del barrio de Daraja Oula, donde lo obligaron a cocinar y limpiar para oficiales de las RSF. Estaba atado y le daban muy poca comida. Contó que le pegaban todos los días y dijo: “Nunca pensé que iba a sobrevivir”.Las RSF deben liberar inmediatamente a todas las personas detenidas de forma arbitraria y poner fin a la tortura y los homicidios ilícitos en detención y en otros lugares. Asimismo, deben poner fin al uso de trabajos forzosos, prohibido por el derecho internacional.Amnistía Internacional pide de nuevo un alto el fuego inmediato en Sudán, así como el despliegue urgente de una fuerza internacional para proteger a la población civil. Asimismo, todos los países deben dejar de proporcionar armas y munición a todas las partes en el conflicto de Sudán. En concreto, todos los países deben poner fin a la transferencia de armas a Emiratos Árabes Unidos hasta que este país deje de suministrar armas a las RSF en violación del embargo de la ONU sobre Darfur. Además, el Consejo de Seguridad de la ONU debe ampliar el actual embargo de armas sobre Darfur al resto del país.Nota para periodistas: *Se han utilizado nombres ficticios.

19. Los Estados deben actuar mientras la violencia de los colonos respaldados por Israel se intensifica al inicio de la cosecha palestina de aceituna

    En respuesta a los últimos actos de violencia ejercida durante el fin de semana por colonos israelíes respaldados por Israel en la Cisjordania ocupada, de la que fueron víctimas también una delegación diplomática europea y una reportera gráfica del Washington Post, Heba Morayef, directora regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, ha declarado:“Una vez más, el sistema israelí de apartheid está convirtiendo la cosecha de aceituna en una temporada de horror para las familias palestinas de toda la Cisjordania ocupada. Los ataques contra agricultores lanzados por colonos respaldados por Israel, que dañan, destruyen y roban cosechas, unidos a las restricciones de acceso a los olivares impuestas por el ejército israelí, están causando un sufrimiento inmenso y enormes pérdidas económicas a la población palestina”.“La serie de ataques lanzados por colonos durante el fin de semana contra residentes palestinos de Khirbet Abu Falah y Taybeh en la zona de Ramala, de los que también fueron víctimas una reportera gráfica del Washington Post y una delegación diplomática europea, ofrece una visión de la realidad de agresión implacable contra la población palestina. Los intentos de altos cargos israelíes y personas candidatas a las elecciones de todo el espectro político de presentar esta brutalidad promovida por el Estado como la obra de unas pocas personas son una distorsión flagrante de la realidad.”“Amnistía Internacional lleva mucho tiempo haciendo sonar las alarmas sobre el aumento exponencial de la violencia de los colonos respaldada por Israel contra la población palestina, una violencia que tiene como objeto, mediante la difusión del terror, realizar una limpieza étnica de dicha población palestina y expulsarla de la Cisjordania ocupada. Esta intensificación de la violencia ha sido alimentada por la persistente actitud de la comunidad internacional de no emprender acciones significativas contra el sistema mismo que permite la opresión continuada de la población palestina. Estos ataques deben recibir una enérgica respuesta de los Estados que afirman oponerse a la anexión israelí de territorio palestino, a su continua expansión de los asentamientos y a la violencia de los colonos respaldada por Israel.”“Los Estados deben reconocer que los ataques de los colonos no son actos aislados, sino una política central del Estado israelí, y deben tomar medidas concretas para cumplir las obligaciones que han contraído en virtud del derecho internacional y evitar ser cómplices de las violaciones de derechos y crímenes cometidos por Israel contra la población palestina. Para ello deben detener toda actividad comercial, de inversión y de cooperación que contribuya a mantener la ocupación ilegal, el apartheid y la campaña de limpieza étnica en curso.”“Asimismo, deben imponer sanciones específicas contra los funcionarios israelíes implicados de forma creíble en violaciones graves del derecho internacional y apoyar las iniciativas de justicia internacional y rendición de cuentas. Ocultarse tras una retórica hueca no es sólo cobardía: además permite nuevos abusos. Para la población palestina, sigue siendo mortal.” Información complementariaEl 16 de octubre, decenas de colonos israelíes enmascarados atacaron a agricultores palestinos que cosechaban aceitunas cerca del pueblo de Abu Falah, al noreste de Ramala. Durante el ataque, según los informes, los colonos arrojaron piedras, utilizaron hondas, prendieron fuego a olivos y agredieron a personas palestinas. La reportera gráfica estadounidense Heidi Levine, que informaba sobre la cosecha de aceituna para The Washington Post, fue arrojada al suelo y pateada repetidamente a pesar de que llevaba equipo de protección que la identificaba claramente como miembro de la prensa. Además, le robaron su equipo fotográfico y su teléfono, y tuvo que ser hospitalizada con lesiones múltiples. El 19 de octubre, la policía israelí dijo que había detenido a 10 sospechosos como parte de una investigación sobre los hechos.Al día siguiente, colonos israelíes enmascarados atacaron a un grupo que incluía a diplomáticos de Bélgica, Francia y Polonia, un alcalde francés, representantes católicos y residentes palestinos cerca del pueblo de Taybeh, también al noreste de Ramala. Según los informes, también resultó dañado un vehículo diplomático belga, y varios miembros de la delegación fueron agredidos.El informe publicado en 2026 por Amnistía Internacional sobre la Cisjordania ocupada documentó la manera en que, desde finales de 2022, las autoridades israelíes han intensificado una campaña de limpieza étnica dirigida y promovida por el Estado, en la que han aterrorizado y desplazado forzosamente a miles de palestinos y palestinas de comunidades beduinas y de pastoreo en el Área C de Cisjordania para alterar de forma permanente su demografía. En la búsqueda de su objetivo de anexión formal, han acelerado la expansión de los asentamientos, han intensificado las restricciones a la circulación, han aumentado exponencialmente la financiación y el apoyo logístico, jurídico y político a los asentamientos y los puestos de avanzada, han distribuido armas a los colonos y han alentado, facilitado y tolerado abiertamente los ataques lanzados por colonos como herramienta deliberada de desplazamiento.Desde octubre de 2023, las comunidades palestinas de la Cisjordania ocupada se han enfrentado a un fuerte aumento de los ataques lanzados por colonos para obligarlas a desplazarse mediante agresiones físicas, amenazas y acoso contra personas, destrucción de bienes, incendios, robo de cosechas, restricciones al acceso a las tierras agrícolas y de pasto, y robo y daños contra el ganado.Amnistía Internacional pide a los Estados que suspendan todas las formas de cooperación que contribuyan a mantener la ocupación ilegal por parte de Israel, prohíban el comercio con asentamientos israelíes, impongan sanciones específicas a funcionarios israelíes directamente implicados en la campaña israelí de limpieza étnica y en los graves crímenes de derecho internacional cometidos contra la población palestina en Cisjordania y la Franja de Gaza, impongan un embargo integral de armas y material de seguridad a Israel, y apoyen a los mecanismos internacionales de rendición de cuentas, incluidas las investigaciones en curso de la Corte Penal Internacional. 

20. Más de 420 organizaciones y personalidades del mundo del periodismo y la cultura se suman a la movilización contra el auge del racismo tras lo sucedido en Ceuta

    Madrid.- Los discursos criminalizadores contra personas migrantes y refugiadas, y las organizaciones que les atienden, así como las posiciones de rechazo contra la acogida de niños y niñas migrantes no acompañados se han incrementado en el Estado español durante los meses que han transcurrido desde la entrada masiva de personas en Ceuta el pasado 30 de julio. Algunas autoridades utilizan un lenguaje criminalizador, deshumanizante y degradante, incluso belicista, para hablar de la entrada irregular que tuvo lugar en la ciudad fronteriza hace casi tres meses, y pueden estar contribuyendo así a incitar al odio y a la violencia contra estas personas, e infundir miedo y rechazo entre la población. Ante esta situación, más de 280 organizaciones, como Amnistía Internacional, No Name Kitchen, Red Acoge, CEAR, Oxfam, Novact, Iridia, Sur Acoge, Asociación Exmenas, Plataforma de Infancia o la Federación de Sindicatos de Periodistas, y más de 140 periodistas, personalidades del mundo de la cultura, la academia y juristas han firmado un manifiesto para reclamar humanidad, derechos y dignidad frente al racismo, el odio y las violaciones de derechos en Ceuta. Los y las firmantes, entre las que se encuentran periodistas como Olga Rodríguez, Rosa María Artal, Javier Gallego, Sarah Babiker Moreno, Soraya Aybar Laafou, Patricia Simón o Gumersindo Lafuente, así como actores como Juan Diego Botto, Carolina Yuste, Miguel Ríos, Tristán Ulloa y Carlos Bardem, exigen que se garanticen vías legales y seguras accesibles y condiciones de vida dignas; protegiendo de manera efectiva a la infancia y poniendo fin a la violencia y al hostigamiento.Asimismo, entre el 22 y el 8 de noviembre colectivos y organizaciones antirracistas, de migración y refugio, feministas y de defensa de los derechos humanos llevarán a cabo acciones de movilización en distintas localidades del Estado español para situar "la humanidad por encima del miedo", y recordar que "todas las vidas valen por igual, también en las fronteras", y que las personas migrantes también "construyen vínculos, trabajan, cuidan, aman, buscan oportunidades y proyectan sus vidas". Se han convocado actos de protesta en ciudades como Madrid, Granada, Vigo, A Coruña, Algeciras, Murcia, Logroño, Jerez, Mallorca, Badajoz, Bilbao, Huesca y ValenciaLas entidades y personalidades señalan en el manifiesto que “Ceuta es el espejo del fracaso de las políticas migratorias europeas, con su apuesta por la externalización de fronteras a países que también vulneran los derechos humanos. Es imprescindible un enfoque de derechos a la hora de abordar la movilidad humana, siendo necesario que se abran y mantengan vías legales, seguras y accesibles”.Asimismo, reclaman “una sociedad que sitúe la humanidad por encima del miedo, donde todas las vidas valgan por igual, también en las fronteras”. Los Estados tienen la obligación de garantizar los derechos de todas las personas. Ninguna persona puede ser golpeada, humillada, perseguida o sometida a un trato degradante, como se ha observado en Ceuta. Nadie debería tener miedo de caminar por una calle, comprar comida, acudir a un hospital, pedir ayuda o desplazarse por ser migrante. Por último, destacan que “es esencial atender a quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, como las niñas, niños, y mujeres con hijos e hijas a su cargo o en situación de calle, personas LGBTIQ+ y las personas solicitantes de asilo. Porque cuando el racismo se intensifica por motivos de género, edad, pobreza, condición migratoria, identidad u orientación sexual, las violencias se multiplican”.Las entidades y personalidades demandan a las administraciones a todos los niveles del Estado e Instituciones implicadas que asuman sus responsabilidades, y, en concreto reclaman que:Impulsen vías legales y seguras accesibles;Garanticen condiciones de vida dignas; Protejan de manera efectiva a la infancia; Aseguren el acceso al asilo y el respeto del principio de no devolución; Cesen las prácticas de violencia y hostigamiento;Prevengan y persigan la violencia de género, incluida la violencia sexual hacia mujeres y niñas;Garanticen que ninguna persona que haya denunciado tortura, malos tratos u otros abusos sea expulsada o que se obstaculice su acceso a la justicia; Protejan la labor de quienes prestan asistencia, acompañan, documentan e informan;Investiguen todas las denuncias de migrantes, organizaciones y periodistas; Actúen frente al racismo, la xenofobia y los discursos de odio.  Más información: Organizaciones firmantesPeriodistas, Artistas, Académicas y Juristas firmantes