Amnistía Internacional Sp

1. Global: Los gobiernos presentes en Bonn deben cumplir sus compromisos climáticos para proteger los derechos humanos

   Los Estados que asistan a las reuniones sobre el clima de junio, que se celebrarán la próxima semana en Bonn (Alemania), deberán aprovechar sus debates para transformar los compromisos climáticos en un programa de acciones concretas, viables y centradas en los derechos, de cara a la trigésimo primera reunión de la Conferencia de las Partes (COP31) de noviembre, según ha declarado hoy Amnistía Internacional. Lo que ocurra en Bonn importa, ya que configurará las negociaciones, las prioridades y el nivel de ambición que los gobiernos llevarán a la COP31 de Antalya (Turquía) a finales de este año. Estas reuniones ofrecerán a los gobiernos una importante oportunidad para demostrar que están dispuestos a que los compromisos climáticos asumidos en la resolución recientemente adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) en relación con la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia del año pasado sobre el cambio climático se traduzcan en acciones ancladas en los derechos humanos, la equidad y la justicia. “Los gobiernos deben adoptar ahora medidas urgentes para cumplir sus obligaciones legales de proteger a la humanidad y contribuir a que los grupos afectados se recuperen de los daños causados por el cambio climático. Una acción climática que ignora los derechos humanos no sólo es injusta, sino también menos eficaz”, ha dicho Ann Harrison, asesora de política sobre cambio climático de Amnistía Internacional.“Si los gobiernos quieren resultados tangibles en Antalya, en Bonn deben demostrar que se toman en serio el paso de las palabras a los hechos”, ha añadido.En sus recomendaciones, publicadas en vísperas de la reunión, Amnistía insta a los gobiernos a comprometerse con una eliminación completa, rápida, justa y financiada de los combustibles fósiles mediante una transición justa, a incrementar la financiación climática basada en subvenciones, a garantizar la plena reparación por pérdidas y daños relacionados con el cambio climático, así como a proteger el espacio de la sociedad civil y reforzar la participación de los pueblos indígenas, los defensores y defensoras de los derechos ambientales y las comunidades afectadas en la toma de decisiones sobre el clima. Se necesita actuar con urgenciaAmnistía Internacional pide a todas las partes en los tratados sobre el clima que aprovechen los logros de la reciente conferencia de Santa Marta para avanzar hacia una transición equitativa de abandono de los combustibles fósiles que no deje a nadie atrás, en particular, poniendo fin a las subvenciones a los combustibles fósiles y protegiendo a las personas con ingresos más bajos.Es importante que el Mecanismo de Transición Justa acordado en la COP30 sea eficaz y que su implementación cuente con financiación suficiente, de modo que se prioricen los derechos humanos, la participación significativa de la sociedad civil y los grupos afectados, y el consentimiento libre, previo e informado de las poblaciones indígenas.La organización también reclama avances significativos en materia de financiación de la acción climática. Según datos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), las necesidades de los países de bajos ingresos en materia de mitigación y adaptación se calculan entre cinco y seis billones de dólares estadounidenses para 2030, si bien la meta de financiación de 300.000 millones de dólares anuales para 2035 acordada en la COP29 está muy por debajo de las necesidades reales. El déficit de financiación de las medidas de adaptación es particularmente elevado.“El hecho de que algunos países hayan insistido para que se eliminen las referencias a la financiación climática en la reciente resolución de la Asamblea General de la ONU no significa que hayan desaparecido las obligaciones de garantizarla. Sabemos que el dinero está ahí y que su adjudicación es una cuestión de índole política. Es fundamental que los que más contaminan asuman los costes de los daños que están causando”, ha afirmado Ann Harrison.“Un incremento de la financiación climática, principalmente en forma de subvenciones, es un factor decisivo para garantizar la protección de los derechos de todas las personas en todo el mundo, tanto ahora como en el futuro. Esto permitirá una vida digna en un planeta capaz de sostener tanto a las personas como a los ecosistemas esenciales de los que formamos parte y de los que dependemos”.Amnistía Internacional también insta a los gobiernos a adoptar un enfoque basado en la justicia reparadora y a reforzar el apoyo al Fondo de Respuesta a las Pérdidas y los Daños, en particular garantizando que funcione de manera plenamente compatible con los derechos humanos y esté respaldado por una estrategia ambiciosa de movilización de recursos. Acceso e inclusiónEn Bonn, la gran pregunta es si las conversaciones serán abiertas y accesibles a quienes más sufren las consecuencias del cambio climático. En sus recomendaciones, Amnistía incide en que las comunidades en primera línea, los pueblos indígenas, los defensores y defensoras de los derechos ambientales y los grupos marginados deben poder participar de manera significativa en las negociaciones sobre el clima. La organización también ha expresado su preocupación por la obtención de visados para algunas personas participantes en las reuniones de Bonn y ha pedido a todos los países anfitriones que faciliten un procedimiento de visados específico para la CMNUCC. Amnistía Internacional insta también a Alemania, así como a Turquía y Australia —países que acogen de forma conjunta la COP31— a garantizar que todas las personas participantes puedan expresarse libremente y manifestarse pacíficamente sin restricciones injustificadas ni temor a represalias.“Bonn debe contribuir a desplazar el centro del debate sobre el clima hacia la justicia. Los gobiernos deben llegar dispuestos a avanzar hacia una transición justa que deje atrás los combustibles fósiles, y esto requiere financiación climática suficiente, reparación por pérdidas y daños y protección del espacio de la sociedad civil. Cualquier concesión respecto a estos objetivos supondrá una derrota más para las personas que ya están pagando el precio de la inacción climática”, ha concluido Ann Harrison.Información complementariaLas reuniones sobre el clima de junio tendrán lugar en Bonn del 8 al 18 de junio de 2026. Se trata de encuentros preparatorios cruciales, previos a la COP31 que se celebrará en Antalya (Turquía) del 9 al 20 de noviembre de 2026. Previamente a la conferencia, Amnistía Internacional ha publicado el documento Recomendaciones a las partes en la CMNUCC sobre una acción climática compatible con los derechos humanos en 2026. Durante estos encuentros de Bonn, habrá representantes de Amnistía disponibles para realizar entrevistas y declaraciones especializadas. Contacto: press@amnesty.org

2. Hungría: La retirada de los cargos presentados contra los organizadores de las marchas del Orgullo de Budapest y Pécs da testimonio del poder de la solidaridad

   La valentía de los organizadores del Orgullo —con el apoyo de cientos de miles de participantes— han llevado a la fiscalía a retirar los cargos que pesaban contra ellos, han declarado Amnistía Internacional y otras tres organizaciones.Ahora corresponde al nuevo Parlamento modificar la Ley de Reunión de Hungría y derogar las disposiciones de la Ley Fundamental que imponen restricciones severas.En marzo de 2025, el Parlamento húngaro aprobó reformas legislativas que suscitaron oposición y resistencia públicas generalizadas. Estas medidas tenían por objeto prohibir las manifestaciones que reclamaban la igualdad de derechos para las minorías sexuales y de género, incluidas las marchas del Orgullo en Budapest y Pécs.Tras la infame declaración que el entonces primer ministro pronunció en febrero de 2025, las organizaciones de derechos humanos expresaron su apoyo a los organizadores del Orgullo y comenzaron a colaborar para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la libertad de reunión.Como consecuencia de las concentraciones celebradas y de las apelaciones de las decisiones administrativas ilícitas que prohibían dichas reuniones, las cuatro ONG de derechos humanos lograron llevar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos las decisiones adoptadas por la policía y las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo de Hungría.Además, publicaron una guía conjunta sobre las cuestiones jurídicas más relevantes para ayudar a las personas participantes en el Orgullo a comprender cómo podían ejercer pacíficamente su derecho de reunión pese al contexto restrictivo existente. Abogados y abogadas de estas organizaciones formaron a los organizadores y el voluntariado del Orgullo y reclutaron y prepararon a observadores y observadoras de derechos humanos para que, en caso necesario, pudieran prestar ayuda a organizadores y participantes durante ambas marchas.Desde el primer momento, Géza Buzás-Hábel, organizador del Orgullo de Pécs, dejó claro que, pese a la prohibición, tenía la intención de celebrar el evento como una reunión pública. Su valentía, determinación y compromiso de principios han dado ejemplo a todas las personas que valoran la libertad.La decisión de la fiscalía de retirar los cargos es producto del esfuerzo de quienes consideran que la libertad de reunión constituye un derecho fundamental y se negaron a que las medidas arbitrarias del gobierno anterior privaran a la ciudadanía de ese derecho.El hecho de que el Orgullo de Budapest —y esperemos que también el de Pécs— pueda celebrarse libremente es una victoria colectiva de todas las personas que alzaron la voz en relación con este caso.Aunque la decisión de la fiscalía de retirar los cargos contra el alcalde de Budapest, Gergely Karácsony, y Géza Buzás-Hábel reviste una gran importancia, no marca el fin de un período caracterizado por la vulneración sistemática de los derechos humanos. Es preciso modificar la Ley de Reunión. Deben derogarse las disposiciones discriminatorias que vulneran el derecho de la Unión Europea y eliminarse las restricciones impuestas por el gobierno anterior con el propósito específico de desalentar la participación en los actos del Orgullo.También son necesarias reformas constitucionales más amplias para garantizar que las personas LGBTI puedan disfrutar realmente de igualdad de derechos en Hungría. Una primera medida importante sería la aplicación inmediata de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea relativa a la ley húngara de propaganda anti-LGBTQI aprobada en 2021.Esperamos participar en la 31ª marcha del Orgullo de Budapest, el 27 de junio, y en la 6ª marcha del Orgullo de Pécs, el 12 de septiembre, y verlos allí.

3. China: La despiadada prohibición de que las Madres de Tiananmen visiten el cementerio indica una escalada de la represión

   En respuesta a los informes de que las autoridades chinas han prohibido que las madres de las personas que murieron en la atroz represión de la plaza de Tiananmen de 1989, cuyo aniversario se cumple esta semana, visiten las tumbas de sus seres queridos, la directora regional adjunta de Amnistía Internacional, Sarah Brooks, ha declarado:“Prohibir a los familiares de las personas que murieron en la represión de Tiananmen que visiten las tumbas de sus seres queridos es un acto despiadado por parte de las autoridades chinas.“A las Madres de Tiananmen nunca se les había prohibido antes visitar el cementerio en el aniversario del 4 de junio, y este año la represión de la conmemoración de Tiananmen parece estar intensificándose, lo cual resulta muy preocupante y refleja la profunda inseguridad que producen en el gobierno las exigencias de rendición de cuentas de la población.”“Durante años, las autoridades han intentado borrar de la memoria colectiva de la población los sangrientos sucesos del 4 de junio de 1989, pero esta última prohibición es un intento de acabar hasta con los recuerdos personales de las familias de las víctimas.”“Esto sugiere un enfoque cada vez más duro y carente de compasión. Continuar negando la verdad sobre la represión de Tiananmen es algo horrible, pero negar a los familiares la posibilidad de llorar a sus muertos muestra un nivel de crueldad que va más allá.”“Las autoridades chinas deben responder por las graves violaciones de derechos humanos perpetradas el 4 de junio de 1989, y a las familias debe permitírseles recordar a quienes murieron hace 37 años simplemente por ejercer su derecho a protestar”.Información complementariaEl 2 de junio, el grupo Madres de Tiananmen comunicó que, según les había notificado el Departamento de Seguridad Pública de Pekín, el 4 de junio de este año —fecha del 37 aniversario de la barbarie de Tiananmen— no se les permitirá acudir al Cementerio de Wan’an de Pekín para homenajear a sus seres queridos ni celebrar sus tradicionales actividades conmemorativas. Las Madres de Tiananmen dijeron también que era la primera vez que las autoridades les habían prohibido visitar las tumbas de sus seres queridos en 30 años.El 4 de junio de 1989, tropas chinas abrieron fuego contra trabajadores, trabajadoras y estudiantes que protestaban pacíficamente en favor de reformas políticas en la plaza de Tiananmen de Pekín y en sus alrededores, y mataron a cientos —posiblemente miles— de personas. En la posterior campaña de represión fueron detenidas decenas de miles de personas más en toda China.En los 36 años transcurridos desde la represión, en China se ha censurado férreamente todo debate sobre el incidente, pues las autoridades han intentado activamente borrarlo de la historia. Está prohibida la conmemoración o la mera mención pública de la represión de Tiananmen.El grupo Madres de Tiananmen está compuesto por familiares de manifestantes que murieron durante la represión de 1989. Durante más de tres décadas, cada 4 de junio el grupo ha acudido al Cementerio de Wan’an escoltado por la policía para llorar a sus seres queridos muertos y leer textos y discursos fúnebres en su memoria.El grupo ha pedido reiteradamente al gobierno chino que dé a conocer la verdad sobre la represión de Tiananmen y ha exigido que sus responsables rindan cuentas. Las personas miembros del grupo han sido sometidas frecuentemente a vigilancia y otras restricciones, especialmente los días previos al de junio, fecha del aniversario.

4. La injusta sentencia a un año de prisión impuesta al activista Ahmed Douma ilustra la continuada crisis de detenciones arbitrarias en Egipto

   En respuesta a la noticia de que el activista y escritor egipcio Ahmed Douma ha sido declarado culpable y condenado a un año de prisión tras un juicio injusto, Mahmoud Shalaby, investigador regional de Amnistía Internacional, ha declarado:“El nuevo encarcelamiento injusto tras un juicio sin garantías de Ahmed Douma constituye una agresión devastadora contra el derecho a la libertad de expresión.  El uso como arma del sistema de justicia penal contra Ahmed Douma y otras personas que ejercen el activismo pone de manifiesto la implacable campaña del gobierno del presidente Abdel Fatah al Sisi para aplastar la disidencia pacífica y restringir el espacio de la sociedad civil”.  “Tras haber pasado ya un decenio detenido arbitrariamente en condiciones crueles e inhumanas, Ahmed Douma vuelve a ser castigado bajo el pretexto de cargos falsos de difundir ‘noticias falsas’, exclusivamente por publicar un artículo y un texto en las redes sociales en el que criticaba las condiciones de reclusión. Su nueva detención ilustra el uso indebido continuado que las autoridades egipcias hacen del sistema de justicia penal para castigar y disuadir la disidencia pacífica, destruyendo las vidas de miles de personas y sus familias.”“Ahmed Douma ha sido atacado únicamente por ejercer pacíficamente sus derechos humanos. Las autoridades egipcias deben ponerlo en libertad inmediata e incondicional, anular esta condena de motivación política y poner fin a su persistente uso indebido del sistema de justicia penal contra él.”“El juicio de Ahmed Douma se vio enturbiado por graves violaciones procesales. El tribunal rechazó las solicitudes de la defensa de que examinara las condiciones de reclusión sobre las que Ahmed Douma había escrito y escuchara testimonios de expertos y testigos de la defensa. El juicio se celebró a puerta cerrada, el público no pudo acceder.”“Esta condena pone de manifiesto la vacua realidad de los indultos presidenciales que Ahmed Douma y otras personas recibieron en 2023, y muestra que las personas activistas liberadas de reclusiones injustas prolongadas no están a salvo de volver a ser detenidas.”Información complementariaAhmed Douma es un destacado poeta, escritor y activista egipcio que desempeñó un papel destacado en la revolución del 25 de enero de 2011. Pasó casi 10 años en prisión tras un juicio de motivación política antes de ser puesto en libertad por un indulto presidencial en agosto de 2023. Desde su liberación, las autoridades han seguido utilizando indebidamente el sistema de justicia penal para atacarlo: entre otras cosas, ha sido objeto de siete investigaciones diferentes de la Fiscalía Suprema de la Seguridad del Estado, una prohibición arbitraria de viajar y restricciones a la matriculación en estudios de posgrado.Su última declaración de culpabilidad y condena a un año de prisión se derivan de un artículo publicado el 25 de marzo de 2026 en Al Araby Al Jadeed sobre el impacto del encarcelamiento injusto en la estabilidad del Estado, y de una publicación en redes sociales en la que criticaba las condiciones de reclusión. Desde el 6 de abril permanece encarcelado en espera de juicio en la prisión 10 de Ramadán en condiciones restrictivas, que incluyen menos visitas de las que permite la normativa penitenciaria egipcia y una exposición continua a luz intensa en su celda. Sus denuncias sobre el bombardeo de iluminación constante en su celda, formuladas durante una vista online ante el juez en la sala de revisión de la prisión preventiva del Tribunal de Delitos Menores de Badr, nunca se investigaron

5. Bélgica: Amnistía Internacional se suma a la denuncia contra FedEx por tránsito ilegal de armas a Israel

   Amnistía Internacional ha añadido hoy su nombre a la denuncia presentada contra FedEx Bélgica por presunto tránsito ilegal de armas, incluidas partes de los aviones de combate F-35 que Israel ha utilizado ampliamente en su genocidio en curso contra la población palestina de la Franja de Gaza ocupada.La organización de derechos humanos se ha sumado a una coalición de organizaciones de la sociedad civil, entre las que figuran Vredesactie, Ligue des droits humains y Coordination nationale d’action pour la paix et la démocratie, que presentó una denuncia penal contra FedEx Bélgica ante la Fiscalía de Lieja, en la región belga de Valonia. La empresa es la filial belga del gigante de transporte estadounidense.En virtud de la legislación vigente en Valonia (región federal con poder legislativo), FedEx Bélgica estaba obligada a solicitar una licencia de tránsito a las autoridades locales para el envío, y no lo hizo. La transferencia de esas armas sin esta licencia es delito en virtud de la legislación belga.“Los aviones de combate F-35 son los más avanzados de su clase en la Fuerza Aérea Israelí y han causado muerte y destrucción generalizadas, arrasando generaciones enteras de palestinos y palestinas y reduciendo a escombros la mayor parte de la Franja de Gaza. El genocidio que está cometiendo Israel requiere un reabastecimiento constante de armas, y todos los Estados, incluido Bélgica, tienen el deber de prevenir y castigar el genocidio y no contribuir a la ocupación ilegal de territorio palestino, lo que exige que pongan fin de inmediato a cualquier transferencia o tránsito de armas susceptibles de emplearse para cometer crímenes de derecho internacional”, ha manifestado Carine Thibaut, directora de Amnistía Internacional Bélgica (habla francesa).En octubre de 2024, un cargamento sujeto al Reglamento sobre Tráfico Internacional de Armas de Estados Unidos fue transportado por FedEx desde la base de la Fuerza Aérea en Hill (Utah) hasta la base aérea militar de Nevatim en Israel, según la información disponible en el sitio web de FedEx.En junio de 2025, las declaraciones realizadas por FedEx indicaban que “ciertas rutas de vuelo de FedEx se han modificado con poca antelación por motivos operativos” debido al cierre del espacio aéreo israelí durante la “Guerra de los 12 días” entre Irán e Israel. Como consecuencia, “determinadas mercancías sujetas al Reglamento sobre Tráfico Internacional de Armas podrían haber pasado por Lieja accidentalmente”.El envío se descargó en el aeropuerto de Lieja y se transportó por carretera hasta el aeropuerto de Colonia (Alemania) para continuar hacia Israel.Violaciones del derecho internacionalDesde entonces ha habido más informes en medios de comunicación sobre el presunto tránsito ilegal de mercancías en el aeropuerto de Lieja, lo que indica que no se hacen cumplir las leyes locales.“Nos preocupa el patrón que se está manifestando, según el cual las autoridades de Bélgica y Valonia no están adoptando mecanismos para regular eficazmente el tránsito de armas. Con esta denuncia esperamos evitar que continúe el tránsito ilícito de armas a través de Bélgica hacia Israel y garantizar rendición de cuentas. Es inaceptable que multinacionales como FedEx incumplan las normas cuando les conviene. No están por encima de la ley”, ha dicho Carine Thibaut.El derecho internacional prohíbe a todos los Estados la transferencia de armas a cualquiera de las partes enfrentadas en un conflicto armado si existe un riesgo claro de que esa transferencia contribuya a la comisión de violaciones graves del derecho internacional humanitario. En su opinión consultiva de julio de 2024, la Corte Internacional de Justicia concluía que los Estados tienen la obligación de no contribuir al mantenimiento de la ocupación ilegal de territorio palestino por Israel.Los Estados que continúan transfiriendo armas a Israel actúan en contravención de sus obligaciones con arreglo a los Convenios de Ginebra y al Tratado sobre el Comercio de Armas (para los que lo han ratificado).La investigación de Amnistía Internacional también refleja que Lockheed Martin Corporation (Lockheed Martin) continúa suministrando F-16 y dando servicio a la creciente flota de aviones de combate F-35 ampliamente utilizados en el bombardeo de la Franja de Gaza ocupada.Las empresas que fabrican y exportan armas también tienen la obligación de respetar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, entre otras cosas ejerciendo una mayor diligencia debida en materia de derechos humanos en todas sus cadenas de valor para garantizar que las armas exportadas no se utilizan para cometer abusos graves que pueden constituir crímenes de derecho internacional.“Esta causa tiene lugar en un momento de intensificación de la presión sobre gobiernos y empresas de la UE para que pasen de condenar los hechos a emprender acciones esenciales para poner fin al genocidio en curso de Israel contra la población palestina en la Franja de Gaza ocupada, su ocupación ilegal de todo el Territorio Palestino Ocupado y su cruel sistema de apartheid contra todas las personas palestinas cuyos derechos controla. La dignidad humana no es una mercancía. Estados, empresas y otros muchos deben poner fin a su adicción letal a las ganancias y beneficios económicos a cualquier precio”, ha dicho Carine Thibaut.Información complementariaEn 2024, las autoridades de Valonia suspendieron las licencias de exportación de pólvora a Israel, citando la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de 26 de enero de 2024, que establecía un riesgo plausible de genocidio contra la población palestina en Gaza. Además, las autoridades aludieron al empeoramiento de la situación humanitaria en Gaza y posteriormente prohibieron el tránsito de armas a Israel a través de los aeropuertos de Lieja y Charleroi.La Fiscalía Federal también ha abierto una causa, que es objeto de una investigación judicial.Amnistía Internacional se puso en contacto con FedEx Bélgica para recabar sus comentarios y obtuvo la siguiente declaración de un portavoz de la empresa: “FedEx tiene el compromiso de acatar las leyes y normas aplicables. No hacemos envíos internacionales de armas y municiones, y tenemos estrictos procedimientos de control para evitar tales envíos.”Amnistía Internacional hace un llamamiento a todos los Estados para que impongan un embargo de armas integral a Israel, que incluya todas las armas y componentes, materiales y tecnología susceptibles de permitir que Israel continúe su genocidio de la población palestina en Gaza, así como su ocupación ilegal y su sistema de apartheid, incluidos materiales de vigilancia y control policial. 

6. España: Protestar contra el genocidio en Gaza puede suponer elevadas multas bajo la Ley del deporte y la Ley Mordaza, detenciones y procesos penales, así como sufrir los efectos del gas pimienta

   En España, mostrar una bandera palestina en un partido de baloncesto, sentarse en una carretera durante una etapa de la Vuelta Ciclista o participar en una protesta en el contexto de una prueba deportiva puede acabar en una multa de miles de euros. En algunos casos, incluso de decenas de miles. El mero hecho de protestar también puede derivar en una detención, en un proceso penal o en una carga policial con porras y gas pimienta.El ejemplo más reciente ha sido la actuación policial durante la celebración en Alcobendas (Madrid) de la Copa del Mundo de Escalada, del 28 al 31 de mayo, en el contexto de las protestas contra la participación del equipo de Israel. Un equipo de observación desplegado por Amnistía Internacional constató cómo agentes de la Policía Nacional identificaron y amenazaron con sanciones bajo la Ley contra la Intolerancia y Racismo en el deporte, a activistas que proferían consignas en solidaridad con Palestina. Asimismo, impidieron el uso de paraguas de protección frente al sol por mostrar los colores de la bandera palestina. Algunos asistentes al evento increparon e incluso llegaron a agredir a activistas propalestinos, consistiendo la respuesta policial en identificar a las propias personas agredidas. La falta de protección policial frente a agresiones contra activistas y manifestantes propalestinos es una cuestión sobre la que Amnistía Internacional ya había recibido anteriormente varias denuncias.  También recientemente, el pasado sábado 23 de mayo, activistas de la Flotilla Global Summud que habían sido interceptados en aguas internacionales por Israel y que denunciaron abusos durante su detención en Israel, cuando llegaron al aeropuerto de Bilbao sufrieron violencia policial de forma injustificada. Agentes de la Ertzaintza emplearon un uso excesivo de la fuerza mediante golpes reiterados con porras a personas que ya habían sido derribadas y estaban en el suelo.La organización advierte de que no se trata de hechos aislados, sino del reflejo de un problema estructural que se arrastra desde hace más de una década. Las restricciones a la libertad de expresión, de manifestación y de reunión pacífica siguen vigentes en España a través de una triple legislación restrictiva: la Ley de Seguridad Ciudadana —la conocida como “ley mordaza”—, algunos artículos del Código Penal, y en los últimos años se han agravado con un fenómeno nuevo: la aplicación de la ley contra la violencia en el deporte para sancionar protestas pacíficas, especialmente en el contexto de las movilizaciones en solidaridad con la población palestina.Sanciones por protestar en eventos deportivosDesde octubre de 2023, portar una bandera palestina ha sido suficiente para ser expulsado de estadios o recintos deportivos e incluso sancionado. Lo que comenzó como decisiones puntuales se ha convertido en una práctica más amplia, en la que una norma diseñada para prevenir la violencia, el racismo o la xenofobia en el deporte se utiliza para limitar expresiones políticas pacíficas.El caso más significativo se produjo durante la Vuelta Ciclista a España de 2025. A lo largo de distintas etapas, activistas y ciudadanos se movilizaron para protestar contra la participación del equipo Israel–Premier Tech y para denunciar el genocidio en Gaza. Algunas personas desplegaron pancartas, otras se sentaron en la carretera y algunas intentaron detener momentáneamente el paso de la carrera.La respuesta de las autoridades fue contundente. Al menos 30 personas fueron detenidas y 108 enfrentan expedientes sancionadores, de los cuales 91 se basan en la ley contra la violencia en el deporte. Las sanciones ya impuestas ilustran el alcance punitivo de esta respuesta: 27 multas de 300 euros en Ponferrada; 5 multas de 3.000 euros, y una de 60.000 euros en Pontevedra.La aplicación de esta ley no se ha limitado al ciclismo. En Valencia, cinco activistas fueron sancionados por protestas vinculadas a partidos de baloncesto contra equipos israelíes, con multas que oscilan de los 1.500€ a 5.000€ por la aplicación de la Ley contra la Intolerancia en el deporte, en un contexto en el que una concentración pacífica terminó con cargas policiales, uso de gas y detenciones. Una de estas activistas también fue sancionada con 600€ por la Ley Mordaza, por la infracción de desobediencia.Muchas de estas sanciones responden a conductas como invadir la calzada o interrumpir el desarrollo de la prueba. Sin embargo, según el derecho internacional de los derechos humanos, este tipo de acciones no constituyen violencia por sí mismas y pueden formar parte del ejercicio legítimo del derecho a la protesta.Detenciones y procesos penales por acciones de protestaLas consecuencias no se han limitado al ámbito administrativo. En distintas etapas de la Vuelta, varias personas fueron detenidas y posteriormente investigadas por delitos como desórdenes públicos o atentado contra la autoridad.En Valladolid, cuatro activistas enfrentan un procedimiento penal por haber invadido el recorrido de la prueba ciclista. La Fiscalía atribuye a estos cuatro activistas el delito de desórdenes públicos, para los que pide pena de prisión de 1 año y 9 meses, y añade en el caso de dos de ellos el delito de resistencia a la autoridad, aumentando la pena a más de 2 años de prisión.En Figueres, una persona fue arrestada por cortar la carretera. En Bilbao hubo tres detenciones y varias personas investigadas. En Asturias, doce personas fueron detenidas en una sola jornada. En Galicia, diez activistas fueron arrestados. En Madrid, las protestas llegaron a provocar la suspensión de la etapa final, con nuevas detenciones.Este patrón se repite fuera del ámbito deportivo. En la Universidad de Sevilla, el 11 de junio de 2024 estudiantes que participaron en un encierro pacífico para exigir la ruptura de vínculos académicos con instituciones israelíes fueron desalojados por la policía y uno de ellos está a la espera de juicio, enfrentando una petición de dos años de prisión.Más recientemente, la Delegación de Gobierno de Madrid sancionó con multas de 700€ por la Ley Mordaza a doce personas que realizaron una perfomance a las puertas de la Feria de Armas en Madrid en mayo de 2025, para visibilizar el rechazo a la industria militar.También en Madrid, durante una protesta ante la embajada de Egipto en julio de 2025, varias personas fueron detenidas tras una intervención policial que incluyó empujones y golpes contra manifestantes, algunos de ellos de edad avanzada.Para Amnistía Internacional, estos casos evidencian un patrón preocupante: acciones de desobediencia civil no violenta están siendo tratadas como infracciones graves o incluso como delitos, cuando solo son el ejercicio de derechos humanos por parte de sus protagonistas.Uso excesivo de la fuerza: gas pimienta, porras y balas foamA la respuesta sancionadora se suma el uso excesivo de la fuerza por parte de los miembros de la policía. Durante la última etapa de la Vuelta en Madrid, en septiembre de 2025, observadores de Amnistía Internacional documentaron actuaciones que consideran incompatibles con los estándares internacionales.Se registraron golpes con porras contra manifestantes y periodistas, impactos en la espalda y la cabeza y el uso de spray pimienta para dispersar concentraciones pacíficas.En Becerril de la Sierra, agentes de la Guardia Civil golpearon y rociaron con gas lacrimógeno a activistas que participaban en una acción de desobediencia civil pacífica, lo que derivó en investigaciones penales contra ocho personas por delitos de desórdenes públicos y atentado contra la autoridad. Uno de los activistas fue detenido sufriendo violencia policial.El uso de gas pimienta se ha repetido en otros contextos. En Barcelona, un grupo numeroso de personas llevaron a cabo una sentada pacífica para impedir el paso del autobús que llevaba al equipo de baloncesto israelí Hapoel Jerusalem hasa el lugar del partido, el 15 de octubre de 2025. Mientras estaban sentadas en el suelo, estas personas fueron rociadas a poca distancia y sin previo aviso con espray irritante.Los periodistas tampoco han quedado al margen. En Barcelona, también el 15 de octubre, un fotoperiodista recibió el impacto de un proyectil de foam en el brazo. Estaba identificado y en ese momento y lugar no estaban teniendo lugar ni altercados ni disturbios.El movimiento en solidaridad con Palestina ha denunciado también infiltraciones policiales sin autorización ni supervisión judiciales. La policía habría accedido a domicilios, a comunicaciones privadas y al ámbito familiar de militantes de este movimiento. Todo ello, como ha reconocido el propio Ministerio del Interior, en el marco de operaciones no autorizadas judicialmente, desconociéndose bajo qué tipo de supervisión se llevaban a cabo esas operaciones.Para la organización, este tipo de actuaciones tiene un efecto claro: disuadir la protesta.Recomendaciones de Amnistía InternacionalLa organización pide a la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte que acciones como la interrupción temporal de una prueba deportiva o la exhibición de símbolos políticos en un estadio, al formar parte del derecho a la protesta cuando son pacíficas, no deben recibir sanciones de acuerdo a la Ley del Deporte.En este mismo sentido reclama a las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno que eviten imponer sanciones con base en la Ley contra la intolerancia y racismo en el deporte por acciones de protesta no violenta, y que incorporen en la tramitación de expedientes sancionadores criterios basados en estándares internacionales.En relación con las fuerzas de seguridad, Amnistía Internacional pide al Ministerio del Interior, a la Consejería de Seguridad del Gobierno Vasco y al Departamento de Interior de la Generalitat que garanticen que el uso de la fuerza se ajuste a los principios de necesidad y proporcionalidad, revisando y haciendo públicos los protocolos de uso de armamento menos letal y a que se investigue cualquier posible abuso, evitando cargas y uso de porras o gas pimienta contra manifestantes pacíficos y periodistas. Amnistía internacional está recogiendo firmas reclamando al gobierno de España que regule el uso y comercio de equipos policiales.Por último, la organización insta al Gobierno y al Parlamento a retomar la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana y del Código Penal, y a adoptar medidas específicas para evitar que los eventos deportivos se conviertan en nuevos escenarios de restricción del derecho a la protesta en España.

7. Justicia internacional: Las autoridades españolas y argentinas deben ofrecer justicia a las víctimas venezolanas de crímenes de lesa humanidad

   Como resultado de la lucha de las víctimas venezolanas por obtener justicia bajo la jurisdicción universal en Argentina, manifestada mediante la presentación de denuncias ante los tribunales argentinos, y en respuesta a información pública sobre una solicitud de extradición de autoridades argentinas a autoridades españolas, Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, declaró hoy:"Los crímenes de lesa humanidad, como los cometidos en Venezuela, deben remover la conciencia de toda la comunidad internacional y conducir a acciones tangibles para proteger a las víctimas frente a violaciones de derechos humanos y crímenes bajo el derecho internacional, tanto pasados como futuros. Se han abierto vías para la justicia internacional que son sostenidas por valientes víctimas, incluyendo la investigación de la Fiscalía en la Corte Penal Internacional —la primera de su tipo para una situación en las Américas—, y casos de jurisdicción universal.Desde 2023, hemos seguido de cerca el caso presentado por las familias supervivientes de víctimas de ejecuciones extrajudiciales ante los tribunales argentinos y apoyamos la jurisdicción de los tribunales locales. Las noticias de que este caso y las investigaciones penales que derivan del mismo están avanzando, y que se haya presentado formalmente una solicitud de extradición ante las autoridades españolas, son pasos bienvenidos. Hacemos un llamamiento a las autoridades españolas a que cooperen de forma ágil y plena con esta solicitud, y cualquier posible solicitud futura, con el fin de contribuir a la justicia y la rendición de cuentas por los crímenes cometidos en Venezuela.Las víctimas, las comunidades, y sus representantes afrontan riesgos continuos en Venezuela. Su seguridad y derechos, incluyendo, de manera crucial, su derecho a la verdad, la justicia, las reparaciones y las garantías de no repetición, deben ser una prioridad fundamental para las autoridades venezolanas de ahora en adelante. Amnistía Internacional pide el desmantelamiento inmediato de la política estatal de represión, incluyendo la liberación incondicional de todas las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos y la reforma integral del sistema de justicia."Las investigaciones de Amnistía Internacional sobre la jurisdicción universal subrayan que los Estados de todo el mundo tienen tanto la autoridad como la responsabilidad de actuar contra los crímenes bajo el derecho internacional, lo que da peso a los esfuerzos actuales por la justicia en Venezuela.

8. Nicaragua: Muerte de Brooklyn Rivera bajo custodia estatal debe ser investigada con prontitud y de manera efectiva e independiente

   Ante el anuncio de la muerte de Brooklyn Rivera, líder indígena miskitu y preso de conciencia, Ana Piquer, Directora para las Américas de Amnistía Internacional, señaló: “Brooklyn Rivera no debió morir bajo custodia del Estado nicaragüense. Su muerte se produjo tras el empeoramiento de su estado de salud mientras se encontraba en detención arbitraria. Durante este tiempo, las autoridades lo mantuvieron sin paradero confirmado, sin acceso a su familia ni a defensa de confianza y sin supervisión independiente que verificara su situación. Amnistía Internacional advirtió reiteradamente que esas circunstancias ponían en riesgo su integridad personal y su vida. Hoy, esas advertencias se han materializado en una muerte que el Estado debe explicar. Este grave hecho no puede quedar en el silencio ni en la impunidad.  Bajo los estándares internacionales de derechos humanos, todas muertes bajo la custodia del estado tienen que ser investigada porque pueden constituir muertes ilícitas y, por lo tanto, una violación del derecho a la vida. Hacemos un llamado urgente a los gobiernos de la región y a los mecanismos internacionales de protección a exigir rendición de cuentas al Estado nicaragüense y realizar una investigación con prontitud, y de manera efectiva, exhaustiva, independiente, imparcial y transparente que esclarezca las circunstancias de esta muerte potencialmente ilícita. Hoy más que nunca, también deben intensificar sus acciones en favor de las personas que continúan en prisión por motivos políticos bajo condiciones similares a las que estuvo sometido Rivera. Sus vidas están bajo un enorme peligro. Las autoridades nicaragüenses tienen la obligación de proporcionar a la familia de Brooklyn Rivera acceso inmediato y sin restricciones a toda la información relacionada con su detención, las condiciones en las que permaneció privado de su libertad, y las circunstancias de su muerte. Asimismo, deben garantizar la entrega digna de sus restos para que pueda recibir sepultura conforme a sus deseos, respetando su identidad como líder indígena miskitu y las tradiciones de su pueblo. Cualquier demora, ocultamiento de información o represalia contra su familia agravaría la responsabilidad estatal sobre este hecho. La familia de Brooklyn Rivera tiene derecho a la verdad.” 

9. Rusia: Las escuelas se han convertido en “fábricas de sumisión” mediante el adoctrinamiento estatal y la vigilancia de niños y niñas

   Las autoridades rusas niegan a los niños y niñas el derecho a una educación de calidad utilizando clases y libros de texto cargados de propaganda para adoctrinarlos y justificar la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, al tiempo que reprimen la libertad de expresión, el pensamiento independiente y el acceso a la información; así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional.En su nuevo informe “Only Official Sources”: Indoctrination in the Russian Educational System, Amnistía documenta cómo se somete a los niños y niñas de toda Rusia y la Ucrania ocupada por Rusia a la ideología del Estado a través de un programa de estudios controlado por el poder central. Asimismo detalla cómo profesoras y profesores reciben instrucciones de vigilar a sus estudiantes online, recopilar archivos con información sobre las opiniones que expresan e informar de las opiniones disidentes sobre asuntos políticos y sociales a las autoridades.“Los centros escolares rusos han dejado de ser templos del saber para convertirse en fábricas de sumisión. El Estado ruso es quien determina lo que niños y niñas deben aprender de Rusia, sus vecinos y el resto del mundo. Aunque utilizar las escuelas para hacer propaganda política no es exclusivo de Rusia, la intensidad y la dimensión de las iniciativas del Kremlin para colocar el adoctrinamiento en el centro del sistema educativo las convierten en sistémicas”, ha manifestado Marie Struthers, directora de Amnistía Internacional para Europa Oriental y Asia Central.“Los libros de texto rusos presentan una visión única de la historia que justifica cualquier decisión tomada en Moscú para usar la fuerza contra sus vecinos. Describen la agresión en curso de Rusia contra Ucrania como una necesidad histórica y una cuestión de supervivencia nacional, mientras que cualquier opinión alternativa se tacha de 'hostil' o 'destructiva'”.Enseñanza uniforme de una cosmovisiónDesde 2023, el Ministerio de Educación ruso ha introducido un único conjunto obligatorio de libros de texto de historia y otros materiales educativos que describen Rusia como una “fortaleza sitiada”, niegan o reducen la identidad de Ucrania y su condición de Estado, y presentan todas las intervenciones militares soviéticas y rusas como necesarias o legítimas.Una educación concebida para privar a niños y niñas de la oportunidad de formarse sus propias opiniones y aprender a pensar de forma crítica e independiente en su etapa formativa es incompatible con las leyes y normas de derechos humanos. El enfoque de Rusia vulnera sus obligaciones en virtud de varios tratados internacionales de derechos humanos, entre ellos la Convención sobre los Derechos del Niño, que exige que la educación esté dirigida a “inculcar [...] el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales” y a preparar a los niños y niñas para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de “comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos”.Los intentos de Rusia de formar una población estudiantil obediente e incondicional se refuerzan a través de coacciones, vigilancia y el uso de perfiles.“Las autoridades rusas están adoptando medidas 'profilácticas' que conllevan no sólo la difusión de propaganda, sino también la vigilancia clandestina y constante del alumnado dentro y fuera de las aulas, incluso en Internet. Aunque en teoría se hace para prevenir el “extremismo”, el “terrorismo” y las “ideologías destructivas”, en la práctica estas directrices fomentan el control de las ideas políticas, religiosas y personales de los niños y niñas”, ha dicho Marie Struthers.De la protección a la vigilanciaSe anima a las escuelas a identificar a estudiantes y miembros del personal cuyas opiniones, actividades online y asociaciones expresen deslealtad o susceptibilidad a influencias “destructivas”; esta definición es tan amplia que se incluyen grupos de oposición pacífica y de la sociedad civil. Entre estos grupos están la Fundación Anticorrupción del fallecido Alexei Navalny, el movimiento juvenil de protesta Vesna y el inexistente “movimiento internacional LGBT” —constructo jurídico inventado para criminalizar el activismo LGBTI—, todos ellos penalizados sólo por alzar la voz en favor de los derechos humanos.Incluso ejercer la disidencia de formas que no están formalmente prohibidas en Rusia, como comentar los efectos negativos de la guerra de Ucrania en el nivel de vida, puede verse como una señal de alarma y dar lugar a que alumnos y alumnas sean clasificados como “en riesgo” y sus opiniones sobre la guerra, los “valores tradicionales” y la política del Estado sean registradas y remitidas a la dirección escolar, la policía o los servicios de seguridad.“Las autoridades rusas han demostrado no tener límites en cuanto a lo que son capaces de hacer para imponer su narrativa ideológica profundamente politizada a la siguiente generación, y para asegurarse de que se identifica y sanciona a quienes no se atienen a esa narrativa. Esto constituye una violación del derecho de la infancia a la intimidad y a la libertad de expresión y de asociación, socava la confianza en la escuela y arrebata a los niños su individualidad”, ha dicho Marie Struthers.“La mente de un niño o una niña no es propiedad del Estado. Sin embargo, las autoridades rusas parecen tratar las aulas como terreno de siembra que debe inspeccionarse en busca de los primeros brotes de disidencia cívica para poder extirparlos antes de que crezcan.”Amnistía Internacional pide a las autoridades rusas que garanticen que el programa de estudios, los libros de texto y otros materiales educativos no coarten ni impidan la libertad de expresión y el libre intercambio de ideas ni contienen desinformación o socavan el respeto a los derechos humanos. Estudiantes y docentes deben tener acceso a una amplia diversidad de fuentes y poder debatir libremente sobre acontecimientos históricos y actuales sin miedo a represalias.Las autoridades deben anular todas las leyes y normas que castigan la expresión pacífica o excluyen las voces disidentes de la educación, poner fin de inmediato a las actividades ilícitas de vigilancia y uso de perfiles sobre el alumnado y el personal educador, destruir todos los datos recopilados ilegalmente, ofrecer recursos efectivos y reparación a las personas afectadas y obligar a rendir cuentas a quienes han cometido violaciones de derechos humanos.Asimismo, Amnistía Internacional pide a la comunidad internacional que plantee estos asuntos ante las autoridades rusas en todos los foros, apoye el trabajo de la sociedad civil independiente contra la propaganda y la persecución en la educación, ayude a quienes sufren tal persecución, entre otras cosas ofreciéndoles visados si es necesario, y garantice que la ayuda al desarrollo no se utiliza para perpetuar estas violaciones de derechos humanos.

10. Estados del Golfo: Más de 1.000 personas detenidas en una represión generalizada de la libertad de expresión relacionada con la guerra

    Las autoridades de los Estados del Golfo han detenido a más de 1.000 personas en una represión generalizada de la libertad de expresión relacionada con la guerra, incluso por compartir contenidos online o expresar opiniones sobre la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y los ataques de Irán contra los Estados del Golfo, ha declarado hoy Amnistía Internacional. En Kuwait y Bahréin, las autoridades también han retirado la nacionalidad a algunas personas en represalia por el ejercicio de su libertad de expresión, entre otros motivos.Cuando comenzó la guerra, y alegando motivos de seguridad nacional, las autoridades de los países del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (GCC) —Kuwait, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Qatar, Arabia Saudí y Omán— emitieron advertencias de carácter general de que no se compartieran online contenidos que difundieran “rumores” o “información falsa” sobre la guerra o que procedieran de “fuentes desconocidas”. Poco después, varios Estados del Golfo comenzaron a anunciar detenciones masivas.“Si bien los Estados del Golfo pueden tomar medidas para combatir las informaciones erróneas y proteger la seguridad nacional y también pueden suspender ciertos derechos durante el conflicto armado, cualquier restricción de la libertad de expresión debe ajustarse estrictamente a las normas internacionales de derechos humanos. Estas suspensiones deben estar previstas en la ley de forma clara y precisa, perseguir un fin legítimo y ser estrictamente necesarias y proporcionadas. Las restricciones generalizadas y la criminalización indiscriminada del intercambio de información no se ajustan a estos requisitos”, ha afirmado Heba Morayef, directora regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.“Con el fin de proteger su pulcra imagen de refugios seguros, los Estados del Golfo han utilizado su habitual enfoque autoritario de mano dura para controlar la información y se han servido de disposiciones vagamente formuladas y excesivamente amplias de las leyes sobre delitos informáticos, lucha contra el terrorismo y seguridad nacional. Esto excede con creces lo que permite el derecho internacional.”Amnistía Internacional ha hablado con 16 personas —un periodista, activistas comunitarios, personas con ciudadanía o residencia en países del GCC, y familiares de personas detenidas—, la mayoría de las cuales pidieron permanecer en el anonimato por temor a represalias. La organización ha documentado ocho casos de detenciones relacionadas con la libertad de expresión.Además, Amnistía Internacional ha examinado declaraciones oficiales de autoridades de Estados del GCC, entre ellas advertencias de carácter general y anuncios de cientos de detenciones relacionadas con la libertad de expresión, y ha analizado casos denunciados por medios de comunicación locales y embajadas extranjeras y documentados por grupos locales de derechos humanos.Una represión regional de la libertad de expresión relacionada con la guerra  Las autoridades de Kuwait, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos y Qatar anunciaron oficialmente la detención de cientos de personas por grabar y compartir vídeos, hacer circular fragmentos de vídeo documentando la interceptación de misiles o publicar imágenes de los daños causados por éstos.En varios casos se ha detenido a personas por “enaltecer” a un Estado hostil y a sus líderes militares, al parecer en referencia a expresar empatía con Irán, o a compartir contenidos online expresando solidaridad con el pueblo iraní, o a expresar duelo por el difunto líder supremo y comandante en jefe de Irán, Ali Jamenei.Las autoridades de algunos Estados del GCC también han investigado o procesado a personas acusadas de hacer circular “información engañosa” o “noticias falsas, rumores o propaganda incendiaria”, incluidos contenidos o imágenes generados con inteligencia artificial en los que se afirma falsamente que se produjeron incidentes.En Kuwait y Bahréin, los tribunales de lo penal, tras juicios convocados apresuradamente, han dictado penas de prisión de entre tres y 10 años contra decenas de personas por publicar o compartir contenido relacionado con la guerra.   Tras comenzar la guerra, las autoridades de Omán, al igual que las de otros Estados del GCC, advirtieron el 3 de marzo de que las personas responsables de publicar “rumores e información no verificada” responderían ante la ley, si bien posteriormente no han comunicado ninguna detención relacionada con la libertad de expresión.“Desde que comenzó la guerra —señala Heba Morayef—, los Estados del Golfo han limitado extraordinariamente la información que transmiten, y han intentado controlar el relato sobre el impacto de los ataques iraníes en la vida cotidiana de la zona. Este control de la información, especialmente en tiempos de guerra, unido a un clima de confusión, ha hecho que a la población le cueste conseguir la información que necesita, y también que resulte más difícil documentar los daños causados por los ataques iraníes.”KuwaitEntre el 1 y el 30 de marzo, el gobierno kuwaití anunció la detención de 33 personas, una de las cuales era extranjera y al menos tres, mujeres. Según el Ministerio del Interior, desde el inicio de la guerra se ha detenido a personas acusadas de publicar contenido en el que mostraban su apoyo a “grupos terroristas”, compartir videos considerados perjudiciales para la seguridad nacional o “burlarse de las agencias de seguridad”, “difundir información falsa” o utilizar drones para realizar filmaciones sin autorización.El número de procesamientos de los que se tiene noticia en Kuwait es muy superior al de detenciones. Según medios de comunicación locales, el 23 de abril y el 1 y el 7 de mayo, un Tribunal de Seguridad del Estado de primera instancia, creado a principios de abril y con jurisdicción exclusiva sobre delitos relacionados con la seguridad del Estado, tanto interna como externa, dictó sentencia contra 204 personas acusadas de expresar su simpatía por “la agresión iraní”, “provocar conflictos sectarios” y “difundir noticias falsas”.El tribunal dictó la suspensión condicional de la mayoría de las condenas, absolvió a algunas de las personas acusadas y condenó a 23 de ellas a tres años de cárcel, a una a 5, y a otra a 10.Una de las personas detenidas y juzgadas fue el destacado periodista Ahmed Shihab-Eldin, detenido sin orden judicial por agentes sin uniformar el 3 de marzo, únicamente por reenviar imágenes relacionadas con la guerra que habían sido publicadas por medios de comunicación internacionales. Estuvo recluido 52 días y fue juzgado por difundir información falsa, poner en peligro la seguridad nacional y utilizar indebidamente su teléfono móvil. El 23 de abril fue absuelto de uno de los cargos y el tribunal dictó la suspensión condicional de la pena por los otros.Las autoridades kuwaitís detuvieron a principios de marzo a otro hombre que había publicado contenido en el que lamentaba la muerte del líder supremo y comandante en jefe de Irán Ali Jamenei. Permaneció cinco días en régimen de incomunicación en instalaciones de los Servicios de Inteligencia del Estado, cuyos agentes lo interrogaron sin la presencia de un abogado. Posteriormente, el fiscal lo investigó por “perjudicar los intereses nacionales”, “uso indebido de un teléfono móvil”, “provocar conflictos sectarios” y “socavar la unidad nacional”.Desde el inicio de la guerra, Kuwait ha introducido una serie de medidas legales y judiciales generalizadas que amplían significativamente los poderes del Estado en nombre de “la lucha contra el terrorismo” y la protección de la seguridad nacional. El 15 de marzo, el Consejo de Ministros aprobó la Ley Núm. 47 de 2026 sobre la Lucha contra el Terrorismo, en la que se utiliza una amplia definición de “actos terroristas”, que incluye aquellos cuyo objetivo es “obligar a una autoridad pública a realizar o a abstenerse de realizar cualquier acto” que pueda implicar actuaciones que respondan a motivos políticos y vayan dirigidas a influir en las decisiones del gobierno. Las penas de cadena perpetua se elevan a pena de muerte. Ese mismo día, las autoridades promulgaron la Ley Núm. 13 de 2026, que tipificaba como delito la publicación de “falsos rumores” relacionados con entidades militares, y la castigaba con hasta 10 años de cárcel.El 13 de abril, Kuwait también aprobó enmiendas a la Ley de Nacionalidad que permiten a las autoridades retirar a una persona su nacionalidad “si así lo requiere el interés supremo del Estado o su seguridad externa”, o si tienen “pruebas fehacientes de que dicha persona ha promovido principios que pueden socavar el sistema económico, social o político del país, o pertenece a una organización política extranjera”.El 26 de abril, las autoridades anunciaron que habían retirado la nacionalidad a más de 1.200 personas mediante un decreto publicado por el emir en el que no figuraban los motivos. Según dijeron a Amnistía Internacional dos personas que viven en Kuwait, estas decisiones de desnaturalización han creado un clima de temor y están disuadiendo a la gente de ejercer su derecho a la libertad de expresión.Kuwait ya había retirado la nacionalidad a varios críticos en 2024.El 7 de mayo, las autoridades retiraron la nacionalidad al padre del disidente político kuwaití radicado en Reino Unido Fawaz Al-Kathiri y a cualquier otra persona que hubiera adquirido esta nacionalidad a través de él. Antes de que le fuera retirada la nacionalidad a su padre, Fawaz Al-Kathiri había publicado vídeos en los que criticaba la respuesta de Kuwait a los ataques iraníes y las detenciones de personas que habían publicado en redes sociales contenidos relacionados con la guerra, entre otros vídeos de crítica al gobierno. En el decreto del emir no se indicaban los motivos de la retirada de la nacionalidad. En julio de 2025, las autoridades retiraron la nacionalidad al propio Fawaz Al-Kathiri y a sus hijos sin indicar los motivos.BahréinLas autoridades de Bahréin anunciaron la detención de 47 personas entre el 1 y el 14 de marzo, seis de ellas extranjeras, por contenido online relacionado con los ataques iraníes. El 1 de marzo, las autoridades habían advertido a la población que se abstuviera de publicar o extender rumores, información o noticias “cuyas fuentes no fueran las autoridades oficiales del Reino”.Según la documentación recogida por varias organizaciones y defensores y defensoras de los derechos humanos de Bahréin, como el Centro de Derechos Humanos y Justicia Al Amal y el Instituto Bahreiní para los Derechos y la Democracia (BIRD, por sus siglas en inglés), y compartida con Amnistía Internacional, el número de personas detenidas en la represión relacionada con la guerra es mucho mayor. Según esta documentación, hasta el 5 de mayo habían sido detenidas en Bahréin más de 303 personas, algunas tras las manifestaciones en memoria del líder supremo y comandante en jefe de Irán, Ali Khamenei. Posteriormente, al menos 38 quedaron en libertad, según activistas y grupos de derechos humanos.Un abogado que representaba a varias de las personas detenidas, dijo a Amnistía Internacional que al menos a seis de ellas se les había negado el acceso a asistencia letrada durante los interrogatorios y que sus abogados tenían prohibida la entrada a los edificios de la fiscalía.Una de las personas detenidas era Mansour Yassin, artista de 26 años detenido por crear una imagen de la mano del ex líder supremo y comandante en jefe de Irán, y acusado, al igual que otras cinco personas, de “expresar solidaridad” con Irán y “enaltecer los actos hostiles” cometidos por este país. Mansour Yassin quedó en libertad aproximadamente un mes después.El 28 de abril y el 12 de mayo, la Fiscalía anunció en dos declaraciones diferentes que un tribunal de lo penal había condenado a 34 personas al pago de multas y a penas de prisión de entre uno y 10 años por apoyar y respaldar “los ataques terroristas de Irán contra el Reino”, “consiguiendo y difundiendo información confidencial”, “fotografiando lugares de acceso restringido” y “difundiendo noticias falsas y rumores a través de las redes sociales”.El 27 de abril, las autoridades habían anunciado que retirarían la nacionalidad a 69 personas y a sus familias por haber expresado solidaridad y enaltecido “los criminales actos hostiles de Irán” o por “su connivencia con partes externas”. Al día siguiente, el Parlamento de Bahréin aprobó un real decreto que introducía enmiendas en la ley reguladora del poder judicial, suprimía la revisión judicial de cuestiones relacionadas con la ciudadanía y prohibía a las personas afectadas que recusaran o apelaran la decisión de revocar la nacionalidad.Amnistía Internacional documentó el caso de una persona a quien se privó de su nacionalidad, al igual que a un miembro de su familia. A ninguno de los dos se le imputaron cargos formalmente. El 18 de marzo, a Ali lo llamaron por teléfono para que se presentara en la Dirección de Policía contra la Ciberdelincuencia, sin indicarle el motivo. Se presentó allí ese mismo día y los agentes le preguntaron por un vídeo que había compartido en redes sociales el 28 de febrero, en el cual se veía un ataque iraní contra una base estadounidense en Bahréin.Según Ali, explicó a los agentes que había retirado el vídeo unas tres horas después de publicarlo y que después había compartido la advertencia del Ministerio del Interior en la que se instaba a no difundir grabaciones de los ataques. Los agentes examinaron su teléfono móvil y confirmaron su relato. Después le dijeron que se había tratado de un malentendido y que, dado que no tenía antecedentes penales, sólo debía firmar un documento afirmando su lealtad a Bahréin y prometiendo no publicar contenido que pudiera ser lesivo para el país, cosa que hizo.El 27 de abril, las autoridades de inmigración bahreiníes solicitaron la comparecencia de Ali y le pidieron que les entregara su documento nacional de identidad y los de su familia, informándole de que les había sido retirada su nacionalidad. Al día siguiente Ali entregó los documentos. Cuando preguntó los motivos de la decisión, las personas que trabajaban en el organismo le dijeron que se trataba de “decisiones soberanas” y que ellas “se limitaban a cumplir órdenes”.El 9 de mayo, las autoridades bahreiníes trasladaron a Ali y a su familia a otro país tras darles pasaportes con un año de validez marcados con la letra “R”, tal vez la inicial de “revocado”.El derecho internacional de los derechos humanos prohíbe estrictamente la privación arbitraria de la nacionalidad, y los Estados no pueden despojar de ella a una persona ni a sus familiares en castigo por expresar pacíficamente opiniones políticas o presuntas simpatías. Incluso en el caso de que las autoridades afirmen que la persona ha participado en actos de hostilidad o violencia, la revocación de la nacionalidad debe basarse en pruebas claras e individualizadas, seguir el debido proceso y cumplir las pruebas de legalidad, fin legítimo y estricta necesidad y proporcionalidad.Emiratos Árabes UnidosEl 3 de marzo, el departamento de seguridad del Estado de EAU publicó unas directivas que prohibían a las personas residentes en el país fotografiar, publicar o difundir contenido no confirmado o falso, alegando motivos de seguridad. Entre el 3 de marzo y el 8 de abril, las autoridades emiratíes anunciaron el arresto y la detención de gran número de personas, al menos 375. Según declaraciones oficiales, se las acusaba de actos como publicar y compartir vídeos u otro contenido visual, ya fuera veraz o falso, conductas no tipificadas como delito en el derecho internacional.La policía de Abu Dhabi comunicó la detención de 109 personas de distintas nacionalidades que “filmaban lugares y actos y hacían circular información falsa a través de las plataformas de redes sociales”, afirmando que su actividad podría “provocar a la opinión pública y difundir rumores”. Las declaraciones oficiales afirmaban también que se había detenido a personas por “publicar contenido enalteciendo a un Estado hostil y a su liderazgo político y militar”.Según el derecho internacional, la filmación de una zona que ha sufrido un ataque aéreo y la difusión de vídeos, informes u opiniones relativos a un conflicto generalmente está protegida por el derecho a la libertad de expresión y no puede ser motivo para una detención o un proceso penal. Cualquier arresto o procesamiento por este tipo de actividad debe cumplir los requisitos de legalidad, fin legítimo y necesidad y proporcionalidad.A finales de marzo se informó sobre la detención de decenas de personas de ciudadanía británica en EAU por tomar fotos o vídeos de los ataques iraníes, así como de las inspecciones de teléfonos realizadas puerta a puerta por la policía en zonas afectadas por ataques con drones, y de la imposibilidad de acceder a decenas de destacadas cuentas de redes sociales para las personas usuarias de EAU tras compartir vídeos de los ataques.En marzo de 2026, las autoridades de EAU solicitaron a Meta que restringiera el acceso a 18 cuentas de Facebook e Instagram por “informar sobre conflictos geopolíticos regionales y asuntos de seguridad”. La respuesta de Meta fue que los contenidos de esas cuentas no violaban sus “normas comunitarias”, pero no obstante restringió el acceso a ellas.La draconiana Ley de Delitos Informáticos Núm. 34 de 2021 de EAU, que prohíbe compartir información que se considere “engañosa” o dañina para la “reputación del Estado”, coexiste con el Código Penal y otras leyes de seguridad nacional que criminalizan las críticas a las autoridades, la difusión de información delicada y el ejercicio de la libertad de expresión que se considere que atenta contra las instituciones del Estado.QatarEl 28 de febrero, las autoridades qataríes hicieron una advertencia general a la población para que se abstuviera de participar en rumores, hacer circular fragmentos de vídeo no verificados o compartir contenido delicado. Más tarde, anunciaron que entre el 28 de febrero y el 9 de marzo habían sido detenidas 313 personas de distintas nacionalidades por grabar y compartir vídeos y hacer circular “información engañosa” y rumores que podrían “agitar a la opinión pública”, aunque nada de esto es un delito reconocible en virtud del derecho internacional. En virtud de la Ley de Delitos Informáticos de 2014, las autoridades de Qatar continúan criminalizando la creación o difusión de contenidos online considerados perjudiciales para los “valores sociales” y el “orden público”, apoyándose además en otras disposiciones excesivamente amplias y vagamente formuladas que facilitan la restricción del derecho a la libertad de expresión, incluida la disidencia pacífica.Arabia SaudíEl 2 de marzo, el Ministerio del Interior saudí hizo una advertencia general a la población para que se informara exclusivamente en fuentes oficiales. A diferencia de otros Estados del GCC, las autoridades no han anunciado posteriormente detenciones relacionadas con la libertad de expresión.Sin embargo, Amnistía Internacional documentó que al menos tres personas extranjeras en Arabia Saudí habían sido detenidas por sus publicaciones online relacionadas con la guerra. En marzo, fuentes diplomáticas informaron de la detención de nacionales de su país, en dos casos de Nepal y de Filipinas, y Amnistía Internacional documentó una detención por la libertad de expresión relacionada con la guerra.Una persona fue detenida tras compartir vídeos de ataques aéreos, y otra por compartir vídeos y otros contenidos que las autoridades consideraron “engañosos” en relación con la guerra. Una tercera persona fue detenida tras expresar su solidaridad con otras partes en el conflicto.  Según Meta, en abril de 2026 Arabia Saudí solicitó a la plataforma que restringiera el acceso a 144 cuentas y páginas de redes sociales por su contenido relacionado con “conflictos geopolíticos regionales, asuntos de seguridad y sátira política” o por “considerarse que vulnera(ba)n la sensibilidad religiosa”, citando la Ley de Delitos Informáticos. Meta eliminó o restringió el acceso.Las restricciones están alimentando un clima de temor. Por ejemplo, tras el ataque a un complejo petroquímico, un trabajador compartió fotos del impacto, borrándolas inmediatamente después por miedo. Cuando salió de su alojamiento, unos funcionarios registraron su teléfono y el de sus compañeros para asegurarse de que no habían compartido información.Un periodista radicado en Riad, que pidió que se respetara su anonimato, dijo a Amnistía Internacional que las restricciones habían mermado mucho su capacidad de identificar testigos y documentar incidentes.“Nadie habla abiertamente sobre lo que está pasando o cómo se sienten”, dijo. “No sabes cómo está afrontando la gente estas restricciones, ya que se ha impuesto un gran clima de temor que se suma a su miedo a los ataques.”Las autoridades saudíes criminalizan muchas formas de expresión online y de otro tipo, incluidas las que perciben como críticas con sus políticas y sus prácticas. Esto ha creado un entorno informativo sumamente restrictivo, donde se restringe la labor informativa independiente y dominan las fuentes de información oficiales afines al Estado.

11. Sudán del Sur: Renovación del embargo de armas de la ONU, clave para proteger a la población civil

    Ante la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU de renovar un año más el embargo de armas impuesto a Sudán del Sur, Tigere Chagutah, director de Amnistía Internacional para África Oriental y Austral, ha manifestado:“La renovación del embargo de armas, si se aplica con diligencia, es una medida importante para proteger a la población civil al frenar la entrada de armas que se vienen utilizando para cometer violaciones graves de derechos humanos y crímenes de derecho internacional”.“Sin embargo, nos consterna que varios miembros del Consejo de Seguridad sigan pidiendo el levantamiento del embargo y que algunos se hayan abstenido de votar, especialmente ante la escalada de la intensidad del conflicto armado desde principios de 2025”.“Las armas se siguen utilizando para arrebatar vidas. Por ejemplo, el 1 de marzo de 2026, un grupo de hombres armados del condado de Mayom (estado de Unity) tomó por asalto la población de Abiemnom y, en apenas unas horas, causó la muerte y heridas a centenares de personas. Poner más armas en manos de partes beligerantes y otros actores implicados en violaciones graves de derechos humanos y crímenes de derecho internacional sería irresponsable y peligroso para la población civil”.“También se vienen usando las armas para cometer la violencia sexual que sigue caracterizando el conflicto armado de Sudán del Sur pese a la existencia de acuerdos y de un plan de acción para combatirla y hacer frente a su prevalencia. Los crímenes previstos en el derecho internacional y en la legislación nacional, incluida la violencia sexual relacionada con los conflictos, siguen gozando de impunidad”. Información complementariaEn 2025, Amnistía Internacional concluyó que el despliegue de soldados ugandeses armados y equipo militar en Sudán del Sur desde el 11 de marzo de 2025, sin que hubiera una notificación o solicitud de exención al Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU, viola de forma flagrante el embargo de armas. Amnistía Internacional también ha documentado indicios del uso continuado de helicópteros de ataque por parte de las Fuerzas Populares de Defensa de Sudán del Sur (SSPDF), lo que apunta claramente a que continúa el suministro de piezas de repuesto, violación del embargo de armas que Amnistía Internacional ya había documentado con anterioridad.En 2020, Amnistía Internacional había documentado la importación reciente de armas pequeñas y munición, la ocultación ilícita de armas y el desvío de vehículos blindados para fines militares no autorizados, todo lo cual indicaba que las partes del acuerdo de paz de 2018, incluido el gobierno de Sudán del Sur, estaban violando el embargo de la ONU y no aplicaban las disposiciones pertinentes del acuerdo por las que también se comprometían a proteger los derechos humanos.

12. Estados Unidos: La cifra de muertes de la campaña de ejecuciones extrajudiciales en el mar se aproxima a las 200

    Mientras la cifra de muertes se aproxima a las 200, el Congreso de Estados Unidos y la comunidad internacional deben emprender acciones inmediatas para detener la intolerable campaña de ejecuciones extrajudiciales en el mar emprendida por el ejército estadounidense y presionar para que se rindan cuentas.Desde septiembre de 2025, el Comando Sur de Estados Unidos ha llevado a cabo casi 60 ataques aéreos contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental, y ha matado al menos a 196 personas hasta ahora. Estas acciones, cometidas contra personas que no representan una amenaza inminente para la vida, son ejecuciones extrajudiciales, una forma de asesinato, y constituyen crímenes de derecho internacional.“Con casi 200 homicidios, estas ejecuciones extrajudiciales se están normalizando”, ha declarado Amanda Klasing, directora nacional de Relaciones con el Gobierno de Amnistía Internacional Estados Unidos. “Estos homicidios no sólo son ilegales, son inmorales. Las personas con conciencia no pueden permitir que esto continúe, pero hasta el momento el Congreso no ha detenido, ni siquiera ralentizado, esta campaña letal e ilegítima.”Las primeras ejecuciones extrajudiciales de la campaña tuvieron lugar el 2 de septiembre de 2025, con un ataque aéreo contra una embarcación en el Caribe que mató al menos a 11 personas en lo que constituye el ataque más mortífero hasta la fecha.Desde entonces, Estados Unidos ha ampliado sus bombardeos hasta el Pacífico oriental, con una media de seis ataques al mes en las dos regiones. El mes con más muertes fue octubre de 2025, con 45 personas fallecidas en 11 ataques aéreos, entre ellas 15 personas en tres ataques aéreos el 27 de octubre, el día con más muertes de la campaña. Ya en este año, el ejército estadounidense ha matado a más de 70 personas, al menos nueve de ellas el mes pasado.“Las cifras por sí solas no reflejan el inimaginable coste humano de esta terrible campaña de asesinatos en el mar. Cada persona a la que Estados Unidos ha matado en el mar ha sido privada arbitrariamente de su derecho a la vida, y tanto ellas como sus familias tienen derecho a la justicia. Los miembros del poder legislativo deben hacer cuanto esté en su mano para detener esta campaña y hacer que todos los responsables rindan cuentas por su papel en estas ejecuciones extrajudiciales”, ha manifestado Amanda Klasing.Las justificaciones del gobierno para estos ataques aéreos han sido desastrosas. Las autoridades de la Casa Blanca han alegado, sin presentar prueba alguna ni dar el nombre de una sola víctima, que los objetivos eran narcotraficantes o “narcoterroristas” con los que Estados Unidos está en guerra. Pero Estados Unidos no participa en ningún conflicto armado en el hemisferio occidental que pueda justificar estos bombardeos, y el gobierno ni siquiera ha dicho quiénes son los supuestos grupos “narcoterroristas”. Cuando el senador por Virginia Tim Kaine preguntó al secretario de Defensa Pete Hegseth, en una audiencia celebrada en el Senado en abril, sobre la total ausencia de información sobre a quién está matando el ejército estadounidense, Hegseth se limitó a responder que los objetivos tenían vínculos con “organizaciones designadas como terroristas” no especificadas, pero no indicó que Estados Unidos conozca realmente las identidades de sus víctimas.Las autoridades estadounidenses han optado por no procesar tampoco a ninguna persona sobreviviente de los ataques aéreos, lo que sugiere que, en caso de que las alegaciones de tráfico de drogas sean ciertas, no tienen pruebas suficientes para ganar una causa judicial contra ellas, por lo que han preferido liberar sin cargos a las personas capturadas vivas. Cuando, en una audiencia del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, el congresista Bill Keating planteó al secretario Hegseth su preocupación por la ilegalidad de los ataques y las presuntas operaciones de interceptación de Estados Unidos, Hegseth se limitó a rechazar las preguntas calificándolas de “acusaciones falsas”.“Estamos presenciando el culmen de la ilegalidad: un gobierno que emprende acciones militares para matar a personas a las que considera unilateralmente ‘criminales’ o ‘terroristas’ y luego alardea de ello en las redes sociales y responde con evasivas a los miembros del Congreso que exigen explicaciones. Independientemente de que las víctimas hubieran cometido delitos o no, matarlas es totalmente ilegal, en virtud tanto de la legislación estadounidense como del derecho internacional. Los presuntos delincuentes deben ser tratados por cuerpos encargados de hacer cumplir la ley que estén obligados a cumplir el derecho internacional de los derechos humanos, que prohíbe el uso de fuerza letal a menos que sea absolutamente necesario a causa de una amenaza inminente a la vida”, ha declarado Amanda Klasing.Estos ataques aéreos están teniendo lugar en un contexto de aumento de la actividad militar en el hemisferio occidental sin precedentes en la historia reciente. El marco geopolítico de la “Gran Norteamérica” defendido por el secretario Hegseth que engloba todos los países y territorios soberanos al norte del ecuador dentro de un “perímetro de seguridad inmediato”, unido a los mensajes de la Casa Blanca a los y las dirigentes de la región para que hagan caso omiso del derecho internacional de los derechos humanos, suscita honda preocupación sobre las acciones que el gobierno está dispuesto a emprender en la región.“Pedimos al Congreso que utilice urgentemente todos los mecanismos legislativos y de supervisión disponibles para detener estos ataques aéreos y poner fin a la activación y la promoción de la militarización de la seguridad pública en las Américas, que sólo puede conducir a un aumento de las violaciones de derechos humanos como las documentadas en México y Ecuador. Las acciones militares de Estados Unidos en las Américas y otros lugares, independientemente de su objetivo teórico, no pueden tener lugar a expensas de los derechos humanos”, ha manifestado Daniel Noroña, director de Incidencia para las Américas de Amnistía Internacional Estados Unidos.Amnistía Internacional pide también a la comunidad internacional que haga rendir cuentas al gobierno de Estados Unidos.“Más allá de las autoridades estadounidenses, es necesaria una postura de liderazgo por parte de otros gobiernos de la región, así como de la Organización de los Estados Americanos”, ha manifestado Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional. “La comunidad internacional debe pronunciarse firmemente contra estos asesinatos, que constituyen una grave amenaza para los derechos humanos y el respeto del derecho internacional. Los gobiernos deben suspender de inmediato el intercambio de información que pueda contribuir a estas operaciones. Además, deben suspender las licencias de exportación de cualquier material de defensa que pueda ser utilizado para perpetuar estos asesinatos”.

13. Irán: Las detenciones arbitrarias masivas y las ejecuciones políticas marcan el recrudecimiento de la represión

    “Las autoridades iraníes están usando el pretexto de lo que llaman ‘condiciones de guerra’ para intensificar su represión de la disidencia mediante detenciones arbitrarias masivas, la aceleración de actuaciones judiciales manifiestamente injustas, ejecuciones de motivación política, duras condenas de prisión y confiscaciones de bienes”, ha declarado hoy Amnistía Internacional.Desde el ataque militar ilegal lanzado por Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero de 2026, las autoridades iraníes han detenido arbitrariamente a más de 6.000 personas entre manifestantes, periodistas, profesionales de la abogacía, defensores y defensoras de los derechos humanos, disidentes y miembros de minorías étnicas y religiosas. Altos cargos judiciales han ordenado procedimientos acelerados contra las personas detenidas, incluso por cargos que conllevan la pena capital, en medio de la preocupación generalizada por las desapariciones forzadas, la tortura y otros malos tratos, así como por el uso de “confesiones” forzadas en juicios farsa manifiestamente injustos. Durante el mismo periodo, las autoridades han impuesto penas de prisión de decenas de años y han llevado a cabo al menos 39 ejecuciones políticas.Las autoridades sometieron a un aislamiento sistemático a más de 90 millones de personas, violando así su derecho a la libertad de información, con el cierre de Internet más prolongado y asfixiante del que se tiene noticia —de 88 días de duración—, al tiempo que criminalizaban la actividad online calificándola de “espionaje”, punible con la pena de muerte. Internet se restableció con restricciones el 26 de mayo de 2026.“Las autoridades iraníes están aprovechando la crisis para erosionar aún más los derechos humanos de la población en Irán, que ya está sufriendo las consecuencias devastadoras de los ataques aéreos ilegales de las fuerzas de Estados Unidos e Israel, así como de décadas de crímenes de derecho internacional a manos de la República Islámica”, ha declarado Erika Guevara Rosas, directora general de Investigación, Incidencia, Política y Campañas de Amnistía Internacional.“Para mantener su control del poder, las autoridades han desencadenado un ataque en toda regla contra la población en Irán, dirigido contra cualquier persona que se atreva a criticar la República Islámica, compartir con el mundo exterior información sobre los ataques aéreos estadounidenses o israelíes o las violaciones de derechos humanos, o simplemente tratar de eludir lo que se ha convertido en el cierre de Internet más prolongado del que se tiene constancia para comunicarse con sus seres queridos o acceder a información independiente”.“Las autoridades iraníes deben levantar todas las restricciones restantes al acceso a Internet y dejar de imponer su cierre a la población iraní. Además, deben poner en libertad a todas las personas detenidas arbitrariamente, proteger de la tortura y otros malos tratos a todas las que están privadas de libertad, revelar la suerte y el paradero de las que son víctimas de desaparición forzada, y poner fin de inmediato a todas las ejecuciones con vistas a establecer una moratoria oficial de la pena de muerte”.Las autoridades también han amenazado abiertamente con nuevos homicidios masivos de quienes expresen disidencia o defiendan la caída del sistema de la República Islámica, y han calificado a quienes las critican de “traidores” y “colaboradores del enemigo”.El cierre de Internet impuesto por las autoridades desde el 28 de febrero de 2026 dificultó gravemente la documentación pormenorizada de las violaciones de derechos humanos. Para este comunicado de prensa, Amnistía Internacional habló con 10 fuentes informadas fuera de Irán entre familiares de víctimas, defensores y defensoras de los derechos humanos, y periodistas con información sobre violaciones. La organización también ha analizado vídeos publicados en Internet, ha estudiado mensajes de texto oficiales enviados por las autoridades, ha examinado declaraciones oficiales e informaciones de medios de comunicación estatales, y ha revisado informaciones de medios de comunicación independientes y organizaciones de derechos humanos con sede fuera de Irán.Criminalización del uso de InternetLa represión generalizada se ha llevado a cabo en medio de un cierre sin precedentes en todo el país del acceso al Internet global que duró 88 días.El 25 de mayo de 2026, el presidente Masoud Pezeshkian ordenó al Ministerio de Información y Tecnología de las Comunicaciones que restableciera el acceso al Internet global. Este acceso comenzó a restablecerse al día siguiente, en medio de informaciones sobre restricciones aún vigentes al acceso a aplicaciones de redes sociales y sistemas de filtrado. Aún no está claro si se mantendrá la conectividad de Internet en un contexto de anuncios contradictorios de organismos oficiales, como el centro de medios de comunicación del poder judicial, que parecen cuestionar la legalidad de la orden presidencial que restablece Internet. Además, siguen preocupando la censura, la vigilancia y el procesamiento de personas que tratan de eludir las restricciones con el uso de redes virtuales privadas (VPN).El bloqueo de Internet sirvió de pilar central de la estrategia de represión de las autoridades al crear condiciones en las que se pueden cometer crímenes generalizados de derecho internacional con impunidad.Las autoridades introdujeron un sistema discriminatorio de acceso a Internet por niveles que permitía solo a un pequeño número de personas usuarias aprobadas previamente —como las vinculadas a instituciones del Estado y algunos sectores profesionales aprobados— acceder a un Internet global menos restringido mediante servicios de “Internet Pro” al mismo tiempo que negaban a la población en general el acceso a Internet y la conexión entre sí y el mundo exterior. Dado que el acceso a través de Internet Pro estaba ligado a tarjetas SIM registradas de las personas usuarias y a sistemas de verificación de identidad, a muchas les preocupaba que no fuera seguro frente a la vigilancia estatal.Las autoridades han criminalizado activamente los intentos de la población de acceder a Internet. La fuerza policial de Irán, conocida por su acrónimo FARAJA, el Ministerio de Inteligencia y la Guardia Revolucionaria Islámica emitieron advertencias directas a la población a través de mensajes de texto, presentando las actividades ordinarias en Internet como un asunto de seguridad nacional y amenazando a quienes accedieran al Internet global mediante VPN o conexiones por satélite con la detención, el enjuiciamiento, la confiscación de bienes y otros castigos establecidos en la Ley sobre Espionaje, que prevé la pena de muerte.Los mensajes de texto que ha leído Amnistía Internacional indican que las autoridades han enviado mensajes coercitivos a personas, identificadas mediante su actividad digital, que eluden las restricciones de Internet. Estos mensajes acusaban expresamente a las personas destinatarias de delinquir, haciendo referencia a direcciones IP, VPN o al uso de Internet vía satélite, y amenazaban con medidas como el bloqueo de servicios de teléfono móvil y tarjetas SIM, y la remisión del caso a las autoridades judiciales, al mismo tiempo que advertían de que cualquier presunta relación con “Estados hostiles” o el “régimen sionista” daría lugar al enjuiciamiento en aplicación de la Ley sobre Espionaje.Uno de estos mensajes enviados por la FARAJA y examinado por Amnistía Internacional advertía a la persona de que, si seguía accediendo a Internet, bloquearían su línea. Sendos mensajes a otras dos personas advertían de que su uso “no autorizado” e “ilegal” de Internet mediante VPN y proxis “es un delito” y que iban a bloquear todos sus servicios de comunicación. Los tres mensajes amenazaban con la remisión del caso a las autoridades judiciales, lo que conllevaría un enjuiciamiento penal en el que se podrían imponer duras condenas de prisión o la pena de muerte.Amnistía Internacional examinó otros ocho mensajes de texto enviados por las autoridades en los que se advertía de que fotografiar zonas dañadas en ataques aéreos y compartir ese tipo de contenido con medios de comunicación o plataformas de Internet se consideraría “colaborar con el enemigo” y conllevaría consecuencias legales. Los mensajes también instaban a las personas a delatarse unas a otras en caso de “actividad sospechosa”.Las autoridades han presentado el uso de tecnologías alternativas de Internet que tratan de eludir el cierre de Internet, especialmente los sistemas de satélite Starlink, como una forma de espionaje o de “colaboración con Estados hostiles”. En una declaración del 17 de marzo de 2026, el Ministerio de Inteligencia anunció que se habían incautado “cientos” de dispositivos Starlink y advertió de que adquirir o usar este tipo de sistemas era un delito punible con la muerte.Según medios de comunicación afines al Estado del interior de Irán, el prolongado cierre de Internet ha destrozado medios de subsistencia en todo el país, hundiendo pequeños negocios y acabando con los ingresos de millones de personas que dependen de la conectividad digital.Detenciones arbitrarias masivas, enjuiciamientos y bloqueo de activosLas autoridades han detenido arbitrariamente en todo el país a miles de personas, algunas de ellas menores, so pretexto de la seguridad nacional e incluso por actos pacíficos protegidos por el derecho internacional de los derechos humanos.El 17 de mayo de 2026, el jefe de la policía de Irán, Ahmadreza Radan, anunció que habían sido detenidos más de 6.500 “traidores y espías” desde el 28 de febrero de 2026. Según las autoridades iraníes y los medios de comunicación estatales, se han practicado arrestos masivos en provincias de todo el país, incluidas las de Alborz, Ardebil, Isfahán, Fars, Gilan, Golestán, Hamedán, Ilam, Kermán, Juzestán, Lorestán, Markazi, Jorasán del Norte, Qazvin, Qom, Semnán, Teherán, Azerbaiyán Occidental y Yazd.Las autoridades y los medios de comunicación estatales desacreditan sistemáticamente a las personas detenidas etiquetándolas de “traidoras”, “terroristas”, “mercenarias”, “grupos contrarrevolucionarios”, “agentes de potencias extranjeras” y “colaboradoras del enemigo”.Entre las acusaciones formuladas contra ellas, tal como anuncian las autoridades e informan los medios de comunicación estatales, figuran las de presunta colaboración con Israel y/o Estados Unidos; posesión, venta o uso de equipos Starlink; compartir contenido sobre el conflicto en redes sociales; expresar opiniones a favor de los ataques aéreos contra la República Islámica y/o celebrar la muerte de altos cargos; enviar imágenes de lugares afectados por ataques aéreos de Israel y Estados Unidos a medios de comunicación “hostiles”, incluidos medios de comunicación en lengua persa fuera de Irán; difundir noticias falsas y rumores para perturbar la opinión pública; escribir consignas en lugares públicos; cooperar con medios de comunicación “terroristas”; “insultar la independencia y la libertad de Irán y a los símbolos sagrados del islam”, y “realizar actividades de propaganda contra el país, la bandera y símbolos nacionales y religiosos”.Declaraciones oficiales, información recabada por Amnistía Internacional de familias de víctimas y de defensores y defensoras de los derechos humanos, así como informaciones de medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos de fuera de Irán, indican que las autoridades también han aprovechado la excusa de la guerra para seguir aplastando a la sociedad civil. Las autoridades han detenido arbitrariamente, amenazado y/o citado a declarar a cientos de manifestantes, defensores y defensoras de los derechos humanos, profesionales de la abogacía, periodistas y otras personas que trabajan en medios de comunicación, activistas de la sociedad civil, activistas de los derechos laborales, estudiantes, docentes, familias de manifestantes y viandantes asesinados ilegalmente o ejecutados arbitrariamente que buscan justicia, y a miembros de minorías étnicas —como la árabe ahwazí, la baluchi y la kurda— y de minorías religiosas, como la fe bahaí y la cristiana.Entre las personas perseguidas se encuentran profesionales de la abogacía que representan a personas procesadas en causas de motivación política. Por ejemplo, según grupos de derechos humanos, la fiscalía de Teherán citó a Amir Raisian y a Milad Panahipour el 29 de abril de 2026 y los acusó formalmente de “difundir mentiras” y de “difundir propaganda contra el sistema” por expresar públicamente su preocupación en relación con el debido proceso en el caso de su cliente, Ehsan Hosseinipour Hesarloo, de 18 años, que podría ser ejecutado en relación con las protestas de enero de 2026.Como parte de la represión de la disidencia, las autoridades judiciales también han dictado órdenes de carácter general de identificar, bloquear y confiscar activos como cuentas bancarias, inmuebles y otras participaciones financieras de personas acusadas de cooperar con “Estados enemigos” o “medios de comunicación hostiles”.En marzo de 2026, el poder judicial anunció el despliegue de un sistema digital denominado Saham para permitir la rápida identificación y confiscación de activos de personas a las que calificó de “terroristas y agentes mercenarios vinculados al enemigo sionista y otros países hostiles”. Desde entonces, las autoridades han anunciado la confiscación de los activos de más de 750 personas a las que se refiere como “traidores” y “agentes enemigos” que residen dentro y fuera de Irán, como periodistas de la diáspora.Desapariciones forzadas, tortura y “confesiones” forzadasLas autoridades han sometido a personas detenidas a reclusión en régimen de aislamiento, desaparición forzada, tortura y otros malos tratos, “confesiones” forzadas y denegación de acceso a un abogado.Entre las que han sido objeto de desaparición forzada está la destacada abogada y defensora de los derechos humanos Nasrin Sotoudeh, que fue detenida arbitrariamente en Teherán el 1 de abril de 2026 y permaneció desaparecida alrededor de seis semanas. Según una fuente informada, tras su detención, las autoridades negaron a la familia toda información sobre su suerte y su paradero. Nasrin quedó en libertad bajo fianza el 13 de mayo de 2026.Otras dos abogadas de derechos humanos, Astareh (Maryam) Ansari y Elham Zera’atpisheh, son asimismo víctimas de desaparición forzada desde su detención, en la provincia de Fars, el 3 y el 4 de mayo de 2026, respectivamente.La periodista y defensora de los derechos humanos Mary Mohammadi, cristiana conversa, está sometida a desaparición forzada desde finales de febrero de 2026. Según una fuente informada, había viajado desde Teherán a Ahvaz, en la provincia de Juzestán, y estuvo en contacto con su familia hasta aproximadamente el 26 de febrero de 2026, cuando cesó la comunicación. Las autoridades se han negado a revelar a su familia su suerte o su paradero, pero, según la información recabada por Amnistía Internacional, la periodista estuvo recluida inicialmente en un centro de detención del Ministerio de Inteligencia, en Ahvaz, hasta el 2 de abril, cuando fue trasladada a un lugar no revelado.En otro caso documentado por Amnistía Internacional, las autoridades sometieron a varias semanas de desaparición forzada a un familiar de una persona defensora de los derechos humanos que trabajaba en un medio de comunicación en el extranjero para presionarla a fin de que dejase de informar sobre violaciones de derechos humanos en Irán.Amnistía Internacional teme que estas y otras personas detenidas corren un grave peligro, sobre todo en el contexto de las denuncias de tortura y otros malos tratos en detención, y muertes bajo custodia en circunstancias sospechosas.Amnistía Internacional ha documentado la existencia de tortura y otros malos tratos a personas detenidas desde el 28 de febrero de 2026 tales como simulacros de ejecución con ahorcamientos simulados y la introducción de una pistola en la boca, palizas, suspensión de manos y pies, reclusión prolongada en régimen de aislamiento y denegación de comida y atención médica.Las autoridades también han usado “confesiones” forzadas como instrumento de propaganda, difundiendo vídeos en medios de comunicación estatales antes de las actuaciones judiciales. Amnistía Internacional ha examinado 18 vídeos que muestran decenas de “confesiones” forzadas de personas en estados visibles de angustia “confesando” actividades pacíficas como compartir vídeos de ataques aéreos con medios de comunicación extranjeros. Varios vídeos se emitieron los días en que fueron ejecutadas personas.También se han denunciado varias muertes bajo custodia. Un caso denunciado a Amnistía Internacional es el de Hesam Alaeddin, que murió en circunstancias sospechosas mientras estaba detenido. Según una fuente informada, Alaeddin fue detenido en Teherán en abril de 2026 cuando buscaba información sobre su hermano, que había sido detenido unas semanas antes en relación con la supuesta posesión de un dispositivo Starlink. La fuente dijo que las autoridades telefonearon a su familia varias semanas después de su detención para decirles que fueran a recoger su cadáver. Amnistía Internacional sigue sin saber con exactitud ni el momento ni las circunstancias exactas de su muerte.En otro caso, Hossein Ghavi (Silavi), de la oprimida minoría étnica árabe ahwazí, murió bajo custodia después de ser detenido por la organización de inteligencia de la Guardia Revolucionaria Islámica en Ahwaz, provincia de Juzestán, a finales de marzo de 2026. Según informes de organizaciones de derechos humanos de fuera de Irán, las autoridades lo habían acusado de filmar zonas bombardeadas y enviar imágenes a medios de comunicación fuera del país. El 2 de abril de 2026, las autoridades telefonearon a su familia y le dijeron que había muerto, aunque no informaron de la causa del fallecimiento.Juicios acelerados, ejecuciones y duras penas de prisiónLas autoridades han intensificado el uso de la pena de muerte como herramienta de opresión política, indicando abiertamente la aceleración de las actuaciones judiciales por cargos punibles con la pena capital que se siguen contra personas acusadas de presunta colaboración con Israel y/o Estados Unidos.La máxima autoridad judicial de Irán, el presidente de la Magistratura, Gholamhossein Mohseni Ejei, ha invocado en reiteradas ocasiones la seguridad nacional y las “condiciones de guerra” para amenazar a la población con castigos duros. Por ejemplo, en la primera semana de ataques de Estados Unidos e Israel, el 4 de marzo de 2026, advirtió de que las personas que “actúen conforme a los deseos e intereses ilegítimos del enemigo agresor serán tratadas de forma firme y severa”.Incluso después del anuncio del frágil alto el fuego, el 19 de abril de 2026, en una reunión con miembros del Consejo Supremo de la Magistratura y fiscales provinciales, Gholamhossein Mohseni Ejei dio instrucciones a los funcionarios para que acelerasen el enjuiciamiento de “soldados rasos y cómplices del enemigo agresor”, subrayando la necesidad de una velocidad extrema.Otras autoridades judiciales de todo el país, incluidos fiscales de Hamedán, Juzestán, Qazvin, Jorasán Razaví, Semnán y otras provincias han proferido amenazas similares.Desde el 28 de febrero de 2026, las autoridades han ejecutado arbitrariamente al menos a 39 personas por cargos de motivación política después de juicios manifiestamente injustos empañados por la tortura: 16 manifestantes, nueve disidentes, 10 personas acusadas de espionaje para Estados Unidos y/o Israel y cuatro acusadas de “rebelión armada contra el Estado” (baghi). Decenas de personas más siguen en peligro.Las autoridades también han impuesto duras condenas de prisión. Por ejemplo, el 23 de mayo de 2026, el director del departamento de justicia de la provincia de Semnán, Mohammad Sadegh Akbari, anunció que dos mujeres habían sido condenadas a 26 y 27 años de prisión, respectivamente, por “establecer contacto con redes hostiles y enviar contenido visual e información que necesita el enemigo para dirigir acciones de hostigamiento contra el honorable pueblo de Irán”, y añadió que las duras penas de prisión servirían de “lección” a otras personas.“La comunidad internacional no debe permitir que las autoridades iraníes usen el conflicto como cortina de humo para reforzar su aparato represivo y cometer crímenes de derecho internacional con impunidad. Los derechos humanos de Irán y la crisis de impunidad exigen acciones diplomáticas internacionales urgentes y sostenidas para impedir que las autoridades cometan más crímenes atroces, así como establecer vías para la justicia internacional, incluso mediante la remisión por el Consejo de Seguridad de la ONU a la Corte Penal Internacional de la situación de Irán”, concluyó Erika Guevara Rosas.Actúen para detener las ejecuciones políticas en Irán:https://www.amnesty.org/es/documents/mde13/1032/2026/es/https://www.amnesty.org/es/documents/mde13/0933/2026/es/

14. Vivienda: España sigue muy lejos de Europa, Amnistía Internacional reclama regular el alquiler y ampliar la vivienda social

    Esta mañana, Amnistía Internacional ha lanzado en la puerta del Congreso la campaña “Es más fácil entrar en la casa de Benito que conseguir una vivienda digna”, en el marco de la visita de Bad Bunny a España, para presentar su nuevo documento de valoración de las medidas políticas propuestas en materia de vivienda, precisamente, cuando se cumple el tercer aniversario de la entrada en vigor de la ley de vivienda.Amnistía Internacional llama, en cumplimiento con las obligaciones jurídicas internacionales, a aumentar el parque de vivienda asequible, regular el mercado del alquiler mediante control de precios y poner fin a los desalojos sin alternativa habitacional de personas vulnerables.En España existe una crisis estructural del derecho a la vivienda que afecta a millones de personas basada en varios factores:Escasez del parque social de alquiler: un 1,71% frente a la media del 9% de la UE. Incluso considerando el parque de alquiler asequible en sentido amplio, la cifra solo alcanza el 3,5%.Insuficiente inversión pública: representa el 0,5% del PIB frente al 1,2% de la media de la UE.Crisis de desalojos: 600.000 de 2013 a 2025 (CGPJ) y más de un millón desde 2008 (PAH).Crisis de asequibilidad de los precios: duplicándose en 10 años sin igual crecimiento salarial. Se han disparado los alquileres de temporada (un 232% entre 2019 y 2024, suponiendo el 13% de la oferta total) y turísticos (suponiendo el 10%) y existe un gran retraso emancipatorio, superior a los 30 años frente a los 26 de la UE.Desprotección de los derechos de las personas inquilinas: las personas con contratos de habitación están entre las más desprotegidas al quedar excluidas de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Este tipo de contrato aumentó un 22% en el primer trimestre de 2026 respecto al mismo período anterior.Discriminación residencial: el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica subraya que la situación en la que más personas sienten discriminación es en el ámbito de la vivienda (un 27,5%).Déficit en la protección jurídica de la vivienda como derecho humano: España ha priorizado la vivienda como un activo financiero en detrimento de su condición de derecho humano. La mayoría de administraciones no han implementado las obligaciones contenidas en tratados internacionales ratificados por España y, aunque la Ley de Vivienda de 2023 fue un primer paso importante, el desarrollo legislativo posterior ha resultado insuficiente.Estos datos ponen de manifiesto una vulneración del derecho a la vivienda en España. Amnistía Internacional recuerda que los Estados tienen la obligación de destinar el máximo de los recursos disponibles para garantizarlo, asegurar la asequibilidad, garantizar la seguridad de las personas inquilinas y protegerlas frente a desalojos, evitando situaciones de sinhogarismo. Y estas obligaciones incumben a todas las administraciones públicas con competencias. La situación de especial desprotección es de tal gravedad que exige la adopción de medidas legislativas y de políticas públicas ambiciosas y urgentes.Algunos avances, preocupantes retrocesosPlan de ViviendaEn este contexto, Amnistía Internacional ha analizado iniciativas recientemente aprobadas, en concreto, el Plan de Vivienda 2026-2030 del Gobierno. Aunque si bien mejora el anterior, es aún poco ambicioso en materia de financiación, establece criterios discriminatorios de acceso, obligando a la posesión de nacionalidad, residencia legal o empadronamiento, y no incluye como condición de la firma de los convenios con las Comunidades Autónomas que estas no vendan vivienda social ya existente. Sí refleja algunos avances, como una mayor inversión en políticas de vivienda, la apuesta por el incremento del parque de vivienda social en alquiler -principal línea de actuación del Plan, a la que se destina el 40% de la financiación- y su protección permanente, así como el refuerzo de las ayudas dirigidas a colectivos vulnerables y personas jóvenes.Propuesta de regulación de alquileres y otras medidas legislativas en discusión parlamentariaEs positiva también la tramitación de la Proposición de Ley relativa a la regulación de los alquileres de temporada y de habitación para proteger especialmente los derechos de las personas inquilinas que residen en habitaciones.Sin embargo, son preocupantes las recientes votaciones en el Congreso que no han convalidado ni la moratoria de desahucios, que pone en riesgo a aproximadamente 70.000 familias vulnerables según la Coalición NiUnDesahucioMás, ni la prórroga de los contratos de alquiler, ni las limitaciones a las subidas de rentas interanuales.Amnistía Internacional también muestra preocupación por la posible aprobación de las Proposiciones de Ley relativas a vivienda y suelo y a ocupación del Partido Popular, que pretenden reducir los plazos de suspensión de los desalojos, derogar la declaración de zonas tensionadas y los límites a los precios de alquiler, eliminar las prórrogas extraordinarias de los contratos, ejecutar desalojos sin garantías de protección de derechos humanos en 24 horas aún en los casos que afecten a personas en situación de vulnerabilidad y la prohibición o baja del padrón municipal a las personas que ocupen ilegalmente.Medidas urgentesLa escasez de vivienda social obliga a los gobiernos a depender únicamente del mercado privado. Los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos han enfatizado la importancia de contar con un parque que asegure el acceso a la vivienda, especialmente de las personas más vulnerables. Así, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de Naciones Unidas (ONU) ha subrayado la necesidad de aumentar la oferta de vivienda social para la población con ingresos bajos y medios.Asimismo, Amnistía Internacional recuerda que garantizar la asequibilidad de la vivienda no es una opción política, es una obligación jurídica de los Estados. El Comité DESC ha definido la asequibilidad como la condición en la que “los gastos asociados a la vivienda se sitúen en un nivel tal que la satisfacción de otras necesidades básicas no se vea amenazada”. Sin embargo, España presenta una de las tasas más elevadas de riesgo de pobreza relacionada con la vivienda en la eurozona.En efecto, España ha recibido recomendaciones de mecanismos internacionales de protección de derechos humanos orientadas a la regulación de los precios de alquiler desde hace años. Sin ir más lejos, en 2020, el Relator Especial ONU sobre pobreza extrema recomendó “introducir sistemas para controlar los alquileres en las principales ciudades” y adoptar medidas para desalentar la “manipulación de los mercados de la vivienda” por los fondos de inversión.España también ha firmado tratados internacionales adquiriendo obligaciones durante los procesos de desalojo: el Estado debe asegurar que ninguna persona quedará sin hogar involuntariamente demostrando que “ha realizado todos los pasos indispensables, hasta el máximo de sus recursos disponibles, para que las personas desalojadas tengan una vivienda alternativa”.Las ocho recomendaciones de Amnistía InternacionalAmnistía Internacional presenta un programa de ocho recomendaciones a todas las administraciones y autoridades para contribuir, con medidas urgentes y estructurales, a superar la crisis de vivienda en España:Firmar los convenios del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 con la finalidad de que la financiación se pueda ejecutar de la manera más rápida posible.Aprobar un nuevo Real Decreto Ley que garantice la prórroga extraordinaria de contratos de alquiler y estipule una limitación temporal a la subida interanual de los contratos.Inclusión de los contratos de alquiler de habitaciones en la Ley de Arrendamientos Urbanos y tramitar de forma ágil la Propuesta de Ley para la regulación de alquileres temporales y de habitaciones, paralizada en el Congreso, para endurecer las condiciones de los mismos.Aprobar en el Congreso el Real Decreto Ley de prórroga extraordinaria de contratos de alquiler en caso de que el Gobierno lo relance.Incrementar las ayudas de emergencia para vivienda y, prioritariamente, a personas en procesos de desalojo para impedirlos.Incrementar la financiación para ampliar el parque de vivienda social.Aplicar fórmulas más ágiles que nueva construcción, priorizando la adquisición de viviendas ya existentes, usando el tanteo y retracto y primando la compra en zonas tensionadas.Al poder judicial: Asegurar que los desalojos no den lugar a sinhogarismo, condicionando la ejecución de los lanzamientos a una alternativa habitacional adecuada o a la garantía de ayudas públicas que permitan conservar la vivienda actual o acceder a otra.Link al documento completo: https://doc.es.amnesty.org/ms-opac/permalink/1@000037212 

15. Global: Los enormes flujos de datos que alimentan los principales sistemas de inteligencia artificial generativa se basan, por diseño, en la invasión masiva de la privacidad

    “Las empresas están recopilando enormes cantidades de datos en Internet, mediante prácticas, en muchos casos ilegales, de extracción masiva de contenidos, para desarrollar sus productos de inteligencia artificial (IA) generativa. Este modelo propicia violaciones generalizadas de la privacidad, lo que hace que estos sistemas sean ilegales desde su diseño”, afirma Amnistía Internacional en un nuevo documento de investigación.El informe Unlawful by Design:Exposing the Human Rights Costs of Generative AI documenta los graves riesgos asociados al uso de la extracción y el procesamiento masivo de datos para desarrollar y entrenar estos sistemas. Entre ellos figuran violaciones del derecho a la privacidad desde el propio diseño y consecuencias negativas para el medioambiente y comunidades históricamente marginadas.“Empresas de todo el mundo suministran productos de IA generativa bajo una apariencia de eficiencia y sofisticación cuando, en realidad, estos sistemas perpetúan violaciones masivas de la privacidad mediante la extracción ilegal de datos de la web con procesos automatizados de recopilación de datos —incluidos datos personales—, como imágenes y actividad en redes sociales, destinados a entrenar modelos de IA”, declaró Likhita Banerji, directora del Laboratorio de Rendición de Cuentas sobre el Uso de Algoritmos de Amnistía Internacional.“La cadena extractiva de datos, las decisiones de diseño inherentes tomadas por las empresas tecnológicas y las cadenas de suministro explotadoras para construir sistemas de IA generativa han propiciado un paradigma de desarrollo tecnológico que conlleva el riesgo de abusos masivos contra los derechos humanos”.Amnistía Internacional ha investigado los modelos que sustentan algunas de las herramientas autónomas de IA generativa disponibles públicamente más populares, como GPT 3, de Open AI; Gemini, de Google; Llama, de Meta; DeepSeek y herramientas de Midjourney y Stable Diffusion.Este tipo de sistemas se basan en extraer información de miles de millones de posts e imágenes de carácter público en Internet, a menudo sin el consentimiento expreso de las personas que aparecen en ellos o que los han creado. Esto no sólo vulnera la privacidad desde la propia concepción del diseño, sino que, a medida que aumentan de escala los conjuntos de datos que alimentan los modelos de IA, se amplifica también en sus resultados la presencia de contenidos que incitan al odio y a la discriminación, junto con estereotipos negativos y prejuicios, especialmente en relación con la raza y el género.Los sesgos raciales, culturales y de género son características comunes de los sistemas de las IA generativas, producto de datos de entrenamiento extraídos en gran parte de la web y que, por tanto, están contaminados con prejuicios del mundo real que dañan a comunidades históricamente marginadas. Además, los sistemas de IA generativa plantean riesgos al derecho a la libertad de pensamiento, pues pueden influir en las ideas de las personas usuarias y determinar sus creencias personales mediante sugerencias predictivas, especialmente para modelos de mayor tamaño que se basan en un gran volumen de datos de entrenamiento.“Estas decisiones no son inevitables. Debemos cuestionar las decisiones de diseño adoptadas por empresas que crean sistemas de IA generativa basándose en datos de entrenamiento, incluidos datos personales, que se extraen sin consentimiento y en gran escala”, dijo Likhita Banerji.“Esta es una de las prácticas más atroces entre las empresas de IA que operan con desprecio por los derechos humanos y debe abordarse urgentemente. Es posible una trayectoria diferente del desarrollo tecnológico si las autoridades actúan con urgencia para corregir el rumbo”.Graves costes medioambientalesA medida que han ido aumentando en las empresas de IA generativa la magnitud y el ritmo del desarrollo, han aumentado las necesidades de infraestructura y los costes medioambientales asociados.Las mayores necesidades de procesamiento de los modelos de más tamaño exigen microprocesadores que consumen mucha más energía, centros de datos más grandes y, en consecuencia, más energía y agua para su funcionamiento. La producción de IA generativa tiene a menudo un impacto negativo en comunidades históricamente marginadas, pues se explotan tierras y recursos que les pertenecen para construir centros de datos y cubrir necesidades de procesamiento.El propio informe de sostenibilidad de Google de 2024 indicaba un alarmante aumento del 48% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la empresa desde 2019, atribuible a las emisiones de los centros de datos y de la cadena de suministro. Del mismo modo, las de Microsoft aumentaron un 29% entre 2020 y 2024, atribuibles a las emisiones de los centros de datos que realizan procesos de apoyo a la IA.El uso intensivo de recursos en la producción de IA generativa ha hecho que comunidades de lugares que van desde Cerrillos, en Chile, y Querétaro, en México, hasta Arizona, en Estados Unidos, se estén oponiendo a la instalación de centros de datos en zonas ya gravemente afectadas por sequías y la escasez de electricidad.Como parte de su proceso de investigación, Amnistía Internacional escribió a Google, OpenAI, Meta, Stability AI, Midjourney y DeepSeek ofreciéndoles la oportunidad de responder a las conclusiones del informe, que establece que sus modelos se basan en la extracción ilegal de datos de la web, entre muchos otros motivos de preocupación en relación con los derechos humanos.Amnistía Internacional también escribió a Intel y VMware en relación, concretamente, con los riesgos de discriminación, y a Google, Microsoft y Amazon sobre los daños medioambientales asociados a sus sistemas de IA generativa e infraestructuras relacionadas. Cuando se publican estas líneas, solo han respondido a la organización Microsoft, Amazon, Intel, OpenAI y Meta. El documento de investigación incluye un resumen de sus respuestas.Amnistía Internacional pide a los Estados que prohíban los sistemas autónomos de IA generativa basados en la extracción ilegal de datos de la web, definida como la recopilación masiva y en gran escala de datos de entrenamiento a través de Internet. Las empresas deben poner fin de inmediato a la extracción ilegal de datos personales sin consentimiento en la web con fines de entrenamiento de la IA, y los Estados deben exigir responsabilidades a las empresas por su participación en cualquier abuso contra los derechos humanos relacionado con sus decisiones de diseño y empresariales.Información generalEl documento de investigación ofrece un análisis desde la perspectiva de los derechos humanos de la “canalización de datos” que alimenta los productos de IA generativa, incluidas las fases críticas de captura, análisis y procesamiento de datos para el funcionamiento general de estos sistemas. En concreto, esto supone analizar en detalle los parámetros y las implicaciones de las decisiones de diseño adoptadas en relación con los datos de entrenamiento de los modelos de IA generativa, prestando especial atención a métodos y fuentes de la extracción de datos, el procesamiento de datos, el escalado de modelos y los resultados generados.Amnistía Internacional define las herramientas autónomas de IA generativa como productos desarrollados, desplegados y comercializados específicamente por sus capacidades de IA generativa, como chatbots y generadores de imágenes, vídeos, audios o texto basados en IA. Esta definición excluye los productos donde la IA generativa es una característica o función añadida en un paquete más amplio de productos, por ejemplo, un programa de procesamiento de textos con características optativas de IA generativa.

16. Mahmoud Khalil debe ser liberado: La libertad de expresión y de reunión son derechos humanos

    Ante la decisión de la Corte de Apelación del Tercer Circuito de no revisar el caso de Mahmoud Khalil, lo que abre la puerta a su deportación, Justin Mazzola, director adjunto de Investigación de Amnistía Internacional Estados Unidos, ha declarado:“Mahmoud Khalil nunca debía haber sido detenido en ningún caso, y menos aún enfrentarse al riesgo de ser deportado por su activismo y sus opiniones”.“La decisión de hoy no sólo causará daño y angustia indebidos a Mahmoud y a su familia, sino que además transmite un mensaje estremecedor: que la administración Trump someterá a cualquier persona que ejerza su derecho a la libertad de expresión a arresto arbitrario, detención y deportación”. “La libertad de expresión y de reunión son derechos humanos fundamentales y no pueden negociarse ni denegarse. Mahmoud Khalil podría ser deportado exclusivamente por protestar contra el genocidio de Israel en Gaza y defender los derechos de la población palestina”. “La administración Trump debe acabar con esta farsa política archivando totalmente el expediente sobre inmigración contra Mahmoud y respetando su derecho a la libertad de expresión y de protesta pacífica”.

17. Nueva resolución de la ONU sobre rendición de cuentas en materia climática: un importante paso adelante para progresar hacia la justicia climática

    En respuesta a la adopción de la resolución sobre rendición de cuentas en materia climática aprobada hoy en la Asamblea General de las Naciones Unidas por abrumador consenso, Camile Cortez, directora de campañas sobre Justicia Climática de Amnistía Internacional, ha declarado:“La votación de hoy constituye un importante paso adelante para progresar hacia la justicia climática. Al adoptar esta resolución, los Estados han reconocido que tienen el deber legal de abordar la profunda crisis de derechos humanos generada por el cambio climático, tal como se expuso en la opinión consultiva emitida en 2025 por la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Esta resolución da un nuevo impulso para garantizar la rendición de cuentas por los daños causados a los derechos humanos por cambio climático, y para proteger a las generaciones actuales y futuras”.En un momento en el que la fragmentación entre naciones es más visible que nunca, la resolución de la ONU respaldando la opinión de la CIJ sobre el clima ofrece una nueva vía para la cooperación internacional. Las decisiones políticas y autoritarias de algunos dirigentes mundiales, como la de dar marcha atrás a protecciones climáticas y revocar normativas sobre la eliminación gradual de los elementos que provocan el cambio climático, han debilitado el progreso global justo cuando necesitamos una acción climática más enérgica. Solamente la infraestructura de los combustibles fósiles representa riesgos para la salud y los medios de vida de al menos 2.000 millones de personas en el mundo, aproximadamente una cuarta parte de la población mundial.“Esta nueva resolución de la ONU allana el camino para que los gobiernos muestren que defienden la justicia climática, y tiene el potencial de moldear la rendición de cuentas global en materia climática en los años venideros.”Información complementariaLa resolución de la ONU sobre rendición de cuentas en materia climática trata de convertir la opinión consultiva de la CIJ sobre las obligaciones de los Estados en relación con la “amenaza urgente y existencial” que representa el cambio climático en una hoja de ruta para la adopción de medidas concretas y la rendición de cuentas.Vanuatu, que ha advertido en reiteradas ocasiones de que podría desaparecer ante el aumento del nivel del mar, lideró los esfuerzos para que se aprobara la resolución. La nación insular y archipiélago del Pacífico también había encabezado anteriormente la ofensiva diplomática en favor de la opinión consultiva de la CIJ de 2025 mediante una campaña activa iniciada por un grupo de jóvenes estudiantes de Derecho. En una poco habitual opinión unánime, la CIJ dejó claro que proteger el sistema del clima global es una obligación legal, no una opción política. No hacerlo amenaza los derechos humanos y el bienestar de las generaciones actuales y futuras. La CIJ también declaró que los países deben actuar de forma conjunta para remediar los daños existentes y prevenir más estragos climáticos.En un intento de “poner en funcionamiento” esta opinión consultiva de la CIJ, un grupo principal de Estados, con representación interregional de Vanuatu, Barbados, Burkina Faso, Colombia, Jamaica, Kenia, las Islas Marshall, los Estados Federados de Micronesia, el Reino de los Países Bajos, Palau, Filipinas, Singapur y Sierra Leona, contribuyó a la primera versión del “borrador cero” de la resolución adoptada hoy. Pueden consultar nuestro documento explicativo sobre la resolución de la ONU en materia climática aquí.

18. Sudán: El comandante de las RSF “Abu Lulu”, acusado de crímenes de guerra, debe ser retirado del campo de batalla inmediatamente

    El comandante de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) conocido como “Abu Lulu” — quien según informes ha regresado al campo de batalla en Sudán—, debe ser retirado inmediatamente de las filas del grupo, ha dicho hoy Amnistía Internacional.Según los informes, el comandante de las RSF Al-Fatih Abdallah Idris, conocido como “Abu Lulu”, fue detenido por la dirección de las RSF en octubre de 2025, tras aparecer en muchos vídeos de Internet ejecutando a personas cautivas vestidas de civil.Una reciente investigación de Reuters, que cita numerosas fuentes, ha revelado que «Abu Lulu» regresó al campo de batalla en Kordofán en marzo de 2026.“El comandante de las RSF conocido como «Abu Lulu» había sido acusado de crímenes de guerra perpetrados durante los ataques que el año pasado provocaron la caída de El Fasher”, ha dicho Tigere Chagutah, director de la Oficina Regional para el África Oriental y Austral de Amnistía Internacional.“Resulta alarmante saber que ha vuelto al combate sin que se halla realizado ninguna investigación sobre las denuncias. La dirección de las RSF debe retirarlo del campo de batalla y expulsarlo de sus filas inmediatamente, y debe ser investigado por el crimen de guerra de homicidio intencional.“La dirección de las RSF debe asegurarse de que «Abu Lulu» rinde cuentas de sus actos ante mecanismos judiciales competentes y fiables que garanticen las normas más estrictas sobre juicios justos sin recurrir a la pena de muerte. Es fundamental que «Abu Lulu» y todos los soldados de las RSF que hayan perpetrado crímenes sean objeto de una investigación independiente por crímenes de derecho internacional.Amnistía Internacional reitera su llamamiento para que las RSF pongan fin de inmediato a sus ataques contra la población civil e infraestructuras civiles. También deben garantizar una salida segura a la población civil que intenta huir de la actual violencia.Información complementariaEl actual conflicto de Sudán, que comenzó en abril de 2023, se ha cobrado la vida de miles de personas y ha desplazado a más de 12 millones, lo que lo convierte en la mayor crisis humanitaria del mundo.Amnistía Internacional ha documentado crímenes de guerra cometidos por las RSF y milicias árabes aliadas, que llevaron a cabo conjuntamente ataques por motivos étnicos contra la comunidad masalit y otras comunidades no árabes en Darfur Occidental.

19. Rusia: El periodista Ivan Safronov, condenado a 22 años de prisión por cargos falsos de traición, es preso de conciencia

    En relación con la designación de Ivan Safronov —experiodista de Rusia condenado a 22 años de prisión por “alta traición”— como preso de conciencia por Amnistía Internacional, Marie Struthers, directora para Europa Oriental y Asia Central de la organización, ha comentado:“Las autoridades rusas no han presentado pruebas verosímiles de que Ivan Safronov cometiera alta traición. Celebraron un juicio injusto a puerta cerrada y dictaron una escalofriante condena a 22 años, aparentemente motivada por su deseo de castigarlo por su labor periodística.”“El caso de Ivan Safronov es representativo del ataque de las autoridades rusas al periodismo independiente y la libertad de expresión. Las represalias contra su equipo defensor y la presión continua ejercida sobre él para que revele sus fuentes pone de manifiesto un sistema decidido a amordazar a los periodistas y castigar a quienes defienden sus derechos.”“Ivan Safronov es preso de conciencia, encarcelado únicamente por ejercer su profesión de periodista y su derecho a la libertad de expresión. Las autoridades rusas deben ponerlo en libertad de inmediato y sin condiciones, anular su sentencia condenatoria y garantizar que periodistas y abogados pueden hacer su trabajo sin miedo a represalias.”Información complementariaIvan Safronov trabajaba para los periódicos Kommersant y Vedomosti, informando sobre la cooperación militar y técnica de Rusia con Estados extranjeros, las industrias espacial y de defensa de Rusia, la corrupción y la política. Poco antes de su arresto se había convertido en asesor del director general de la Agencia Espacial Rusa (Roskosmos).Fue detenido por agentes del Servicio Federal de Seguridad en Moscú el 7 de julio de 2020 y acusado de “alta traición” en aplicación del artículo 275 del Código Penal ruso. Las autoridades lo acusaron de haber filtrado información clasificada sobre la defensa y la seguridad de Rusia a un representante del servicio de inteligencia de un país de la OTAN.Las autoridades no presentaron pruebas verosímiles que sustanciaran las acusaciones y el juicio contra Safronov se vio empañado por el secreto, unas pruebas cuestionables y violaciones graves del derecho a un juicio justo. Medios de comunicación independientes han informado sobre estas conclusiones.El 5 de septiembre de 2022, el Tribunal Municipal de Moscú condenó a Ivan Safronov a 22 años de prisión. Actualmente cumple su condena en una colonia penitenciaria de alta seguridad en Krasnoyarsk, a más de 4.000 kilómetros de su domicilio en Moscú.Los abogados de Ivan Safronov —Ivan Pavlov, Evgueny Smirnov y Dmitry Talantov— también fueron objeto de procesamiento y otras represalias.

20. Las ejecuciones aumentaron hasta alcanzar la cifra más alta registrada en 44 años

    En 2025, las ejecuciones aumentaron hasta alcanzar la cifra más alta registrada por Amnistía Internacional desde 1981, con 2.707 personas ejecutadas en 17 países. Así lo ha revelado el informe anual más reciente elaborado por la organización de derechos humanos sobre el uso global de la pena de muerte.El impresionante aumento documentado en el informe Condenas a muerte y ejecuciones 2025 se debió a unos pocos gobiernos decididos a ejercer su poder mediante el miedo. Las autoridades iraníes, principales impulsoras de este incremento, ejecutaron al menos a 2.159 personas, más del doble que en 2024. En otros lugares, Arabia Saudí elevó su recuento de ejecuciones hasta al menos 356, y utilizó ampliamente la pena de muerte para delitos relacionados con las drogas. En Kuwait, las ejecuciones casi se triplicaron (de seis a 17), mientras que casi se duplicaron en Egipto (de 13 a 23), Estados Unidos de América (de 25 a 47) y Singapur (de nueve a 17). En general, las ejecuciones aumentaron en un 78%, después de que en 2024 se registraran al menos 1.518. El total de 2025 no incluye los miles de ejecuciones que Amnistía Internacional considera que siguieron llevándose a cabo en China, que continuó siendo el país con más ejecuciones en el mundo.“Este alarmante aumento del uso de la pena de muerte se debe a un grupo reducido y aislado de Estados dispuestos a llevar a cabo ejecuciones a toda costa, pese a la tendencia global continuada hacia la abolición. Desde China, Irán o Corea del Norte, pasando por Arabia Saudí y Yemen, hasta Kuwait, Singapur y Estados Unidos, esta vergonzosa minoría está utilizando la pena de muerte como arma para infundir temor, sofocar la disidencia y mostrar la fuerza que las instituciones estatales tienen sobre personas desfavorecidas y comunidades marginadas”, ha manifestado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.El recrudecimiento de enfoques sumamente punitivos de la “guerra contra las drogas” impulsó los esfuerzos por ampliar el uso de la pena de muerte. Esto se reflejó en el número de ejecuciones, pues casi la mitad (1.257 o el 46%) de todas las que se registraron fueron por delitos relacionados con las drogas: en China (+), Irán (998), Kuwait (2), Arabia Saudí (240) y Singapur (15). Argelia, Kuwait y las Maldivas emprendieron iniciativas legislativas para ampliar el ámbito de aplicación de la pena capital con el fin de incluir este tipo de delitos.El gobierno de Burkina Faso aprobó un proyecto de ley que incluía la reinstauración de la pena de muerte para delitos como “alta traición”, “terrorismo” y “actos de espionaje”, mientras que las autoridades de Chad establecieron una comisión para revisar cuestiones relacionadas con la pena capital, incluida su reinstauración.Las ejecuciones las llevaron a cabo una puñado de paísesAunque las ejecuciones aumentaron, los países que las llevaron a cabo siguieron siendo una minoría aislada. Arabia Saudí, Corea del Norte, China, Egipto, Estados Unidos, Irak, Irán, Somalia, Vietnam y Yemen son los mismos 10 países de los que se supo que habían llevado a cabo ejecuciones todos los años en el último quinquenio y que habían mostrado un desprecio sistemático hacia las salvaguardias establecidas en virtud del derecho y las normas internacionales de derechos humanos.Cuatro países reanudaron las ejecuciones el año pasado (Japón, Emiratos Árabes Unidos, Sudán del Sur y Taiwán), con lo que el total de países que ejecutaron a personas ascendió a 17.En el resto del mundo se hicieron progresos que demostraron que la esperanza es más fuerte que el miedo.No se tuvo constancia de ejecuciones ni de condenas a muerte en Europa y Asia Central. Por decimoséptimo año consecutivo, Estados Unidos fue el único país de las Américas que llevó a cabo ejecuciones, y casi la mitad de ellas tuvieron lugar en Florida. En el África subsahariana, las ejecuciones se limitaron a Somalia y Sudán del Sur. Afganistán fue el único país de Asia meridional que ejecutó a personas, mientras que Singapur y Vietnam fueron los únicos de los que se tuvo constancia de que lo hicieran en el sureste asiático. Tonga era el único país de Oceanía que mantenía la pena de muerte en la ley.“Es hora de que los países que llevan a cabo ejecuciones se unan al resto del mundo y conviertan esta práctica abominable en cosa del pasado. La pena de muerte no nos ofrece mayor seguridad. Al contrario: constituye una afrenta irreversible contra la humanidad, impulsada por el miedo y que muestra un desprecio absoluto por el derecho internacional de los derechos humanos”, ha declarado Agnès Callamard.La llama de la abolición sigue ardiendoCuando Amnistía Internacional comenzó su trabajo contra la pena de muerte en 1977, sólo 16 países la habían abolido. Hoy, esa cifra ha subido a 113, más de la mitad de los países del mundo, mientras que más de dos tercios son abolicionistas en la ley o en la práctica.Ante un telón de fondo de conductas depredadoras, miedo y odio, algunos países tomaron medidas que demostraban que, con determinación y una presión continuada, la abolición mundial está al alcance de la mano. Las autoridades de Vietnam abolieron la pena de muerte para ocho delitos, entre ellos transporte de drogas, soborno y malversación, mientras que Gambia la abolió para el asesinato, la traición y otros delitos contra el Estado. En una decisión histórica, la gobernadora de Alabama, Kay Ivey, concedió el indulto a Rocky Myers: el primer indulto que se concedía a una persona de raza negra condenada a muerte en el estado.En Líbano y Nigeria se presentaron proyectos de ley para abolir la pena capital, mientras que el Tribunal Constitucional de Kirguistán declaró inconstitucionales las iniciativas para reintroducir la pena de muerte.“Con los derechos humanos amenazados en todo el mundo, millones de personas siguen luchando contra la pena de muerte todos los años, en una potente demostración de nuestra humanidad compartida”, ha declarado Agnès Callamard. “La abolición total es posible si nos unimos para mantenernos firmes contra los pocos países aislados. Debemos mantener encendida, brillando con fuerza, la llama de la abolición hasta que el mundo quede totalmente libre de las tinieblas de los patíbulos.”