Amnistía Internacional Sp

1. Guatemala: Luis Pacheco y Héctor Chaclán podrán volver a casa con sus familias

   En respuesta a la decisión judicial de conceder medidas sustitutivas a la prisión preventiva a los presos de conciencia y ex autoridades ancestrales de los 48 cantones de Totonicapán, Luis Pacheco y Héctor Chaclán; Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, declaró:“Celebramos que Luis Pacheco y Héctor Chaclán puedan regresar con sus familias y comunidades después de más de un año privados injustamente de su libertad. La decisión de otorgarles una medida sustitutiva a la prisión preventiva representa un avance importante para sus derechos y un alivio para ellos, sus seres queridos y todas las personas que nunca dejaron de exigir justicia.”“Sin embargo, ambos líderes no serán liberados de manera inmediata. La medida está condicionada al pago de una fianza de 160.000 quetzales por cada uno, por lo que continuarán privados de libertad hasta que se cumpla este requisito. Una suma de esta magnitud puede convertirse, en la práctica, en un obstáculo para hacer efectiva la decisión judicial.”Luis Pacheco y Héctor Chaclán fueron encarcelados por ejercer pacíficamente sus derechos humanos y por desempeñar el papel de liderazgo que sus comunidades les confiaron. Permanecieron en prisión preventiva tras ser detenidos en abril de 2025 por cargos relacionados con las protestas nacionales de 2023. En mayo de 2026, Amnistía Internacional los declaró presos de conciencia al concluir que estaban siendo perseguidos por el ejercicio pacífico de sus derechos a la libertad de expresión y de reunión.Si bien la decisión les permitirá regresar con sus seres queridos mientras continúa el proceso, esta medida no subsana las violaciones a derechos humanos que enfrentaron durante su detención y su liberación no será inmediata. Su encarcelamiento prolongado, las demoras injustificadas en el proceso y las restricciones al ejercicio pleno de sus derechos constituyen motivos de preocupación que las autoridades deben abordar.Además, la continuación de los procesos penales en su contra mantiene vigente el riesgo de criminalización contra quienes ejercen liderazgos comunitarios, participan en protestas pacíficas o defienden los derechos de sus pueblos. Las autoridades guatemaltecas deben asegurar que el sistema de justicia no sea utilizado para castigar el ejercicio legítimo de los derechos humanos.“La liberación de Luis y Héctor debe servir para reafirmar un principio fundamental: ejercer pacíficamente los derechos humanos nunca puede ser motivo de castigo. Las autoridades guatemaltecas deben garantizar la protección de la protesta pacífica, el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y las condiciones para que las autoridades comunitarias desempeñen su labor sin temor a criminalización.” concluyó Ana Piquer.   

2. Líbano: Ataque mortal israelí contra la periodista Amal Khalil debe investigarse como crimen de guerra

   “El ataque israelí que causó la muerte de la periodista libanesa Amal Khalil y heridas de gravedad a la camarógrafa Zeinab Faraj en el sur del Líbano el 22 de abril de 2026 fue un ataque directo contra civiles que debe investigarse como crimen de guerra”, ha declarado hoy Amnistía Internacional.Los testimonios de la única sobreviviente y del personal de primera intervención —corroborados por material audiovisual, registros de coordinación e informes externos— indican que las dos periodistas, civiles ambas, se habían resguardado después de que un ataque aéreo contra el coche que iba delante hubiera matado a dos hombres. En las dos horas siguientes, en las que unos drones sobrevolaron a corta distancia sobre ellas, dos ataques aéreos más alcanzaron primero su coche, estacionado cerca de donde estaban, y después el edificio donde se habían refugiado.“La investigación de Amnistía Internacional ofrece un panorama desgarrador de un ataque directo contra dos civiles que se habían refugiado de los ataques israelíes. Después de que el primer ataque hubiera eliminado el objetivo declarado por los militares, y con dos drones volando bajo sobre ellas, el ejército israelí sabía o debía haber sabido que dos mujeres civiles estaban refugiadas en ese edificio. Pese a ello, procedieron a lo que tenemos motivos razonables para creer que constituyó un ataque directo contra civiles, mostrando un estremecedor desprecio por el derecho internacional humanitario”, afirmó Heba Morayef, directora regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.“El hecho de que las dos periodistas estuvieran en lo que Israel ha designado zona de no retorno no las convierte en objetivos legítimos. Todas las partes en un conflicto tienen la clara obligación de distinguir en todo momento entre objetivos civiles y militares, y de dirigir sus ataques únicamente contra objetivos militares. No puede haber nada que justifique atacar a unas civiles que trataban de resguardarse y ponerse a salvo. Este ataque debe ser investigado sin demora y de forma independiente e imparcial como crimen de guerra”.El 22 de abril, el ejército israelí efectuó tres ataques en la población de Al Tiri, en la gobernación de Nabatieh, situada dentro de un área que el ejército israelí ha designado unilateralmente zona de “defensa adelantada” a cuyos residentes civiles prohíbe regresar. El primer ataque alcanzó un coche a las 2.25 p.m. y causó la muerte de dos hombres. Las dos periodistas, que seguían a los dos hombres en otro coche, abandonaron su vehículo y buscaron refugio en una estructura próxima, entre otras razones porque había dos drones sobrevolando el lugar y temían que eso significase más ataques.Alrededor de una hora después, se produjo un segundo ataque dirigido contra el vehículo de las periodistas que estaba estacionado en las proximidades; estas resultaron heridas en la explosión. Aproximadamente una hora más tarde, un tercer ataque alcanzó el edificio donde ambas estaban refugiadas; este ataque causó la muerte de Amal Khalil, periodista del periódico libanés Al Akhbar, e hirió de gravedad a Zeinab Faraj.Durante las dos horas de ataques había dos drones sobrevolando el lugar. Zeinab Faraj dijo a Amnistía Internacional: “Los drones se acercaron muchísimo a través del tejado roto. A menos de un metro. Me tapé la cara, acordándome de un vídeo que había visto en el que un dron mataba a alguien así. Creía que me iba a explotar en la cara. Los drones no llevaban explosivos visibles, pero sobrevolaban el lugar y provocaban miedo constantemente”.Objetivos declarados por el ejército israelíEl hecho de que hubiera drones de vigilancia israelíes sobrevolando a poca distancia, incluso después del primer ataque aéreo y durante un periodo de unas dos horas, quería decir que el ejército israelí sabía, o debería haber sabido, que el primer ataque había matado en el acto a las dos personas a las que, según decía, tenía en el punto de mira por su presunta implicación en actividades militares de Hezbolá. En ese momento, con los objetivos previstos muertos y los drones israelíes sobrevolando el lugar donde se refugiaban las dos mujeres desarmadas vestidas de civil, las fuerzas israelíes deberían haber cancelado sus ataques y permitido a las periodistas ponerse a salvo.En una declaración publicada en árabe en la cuenta en X de su portavoz a las 8.22 de la noche, hora de Beirut, el ejército israelí dijo: “Las fuerzas de las FDI en el sur de Líbano vieron dos vehículos que salían de un edificio militar usado por el terrorista Hezbolá. Los vándalos cruzaron la línea de defensa adelantada y se acercaron a las fuerzas de tal manera que representaba una amenaza inminente. Tras determinar que estaban incumpliendo el acuerdo de alto el fuego, la Fuerza Aérea atacó uno de los vehículos y a continuación atacó un edificio donde se habían refugiado los infiltrados. Los informes indicaban que dos periodistas resultaron heridas como consecuencia de los ataques y las FDI no están impidiendo en este momento el acceso de equipos de rescate a la zona. Se están revisando los detalles del incidente. Cabe destacar que se ha publicado un mapa de la línea de defensa adelantada y la zona ha sido evacuada. Las FDI no atacan a periodistas de ninguna manera y hacen todo lo posible para reducir al mínimo los daños que puedan sufrir al mismo tiempo que mantienen la seguridad de nuestras fuerzas”.En respuesta a una carta de Amnistía Internacional enviada el 12 de junio como parte de su investigación sobre el ataque, el ejército israelí escribió el 22 de junio manifestando que el ataque del 22 de abril “en el que murió una periodista [...] ocurrió como parte de una serie de eventos durante los cuales fueron alcanzados y eliminados dos operativos militares de Hezbolá, Ali Nabil Bazi y Mohammad al Khourani”.Añadió que “el incidente fue objeto de una revisión preliminar, y se implementaron en consecuencia las lecciones pertinentes”, declarando que el ejército israelí “lamenta cualquier daño causado a periodistas. Respeta la libertad de prensa y no los ataca deliberadamente como tales. Hay que subrayar que, antes de cada ataque, se evalúan las circunstancias operativas pertinentes en ese momento, incluidos la naturaleza del objetivo, su uso militar, la inteligencia disponible en tiempo real, el daño incidental anticipado y las precauciones que se pueden adoptar para mitigarlo”. La declaración decía también que se emiten avisos con antelación cuando son viables desde el punto de vista operativo.Según el derecho internacional humanitario, las personas civiles gozan de protección y no pueden ser atacadas mientras no participen directamente en las hostilidades. La parte atacante tiene la responsabilidad de hacer todo lo posible para verificar si una persona es un combatiente que puede ser atacado. En caso de duda, la persona debe considerarse civil.Los ataques directos contra la población civil y bienes de carácter civil están prohibidos y constituyen crímenes de guerra. Según el derecho internacional humanitario, los y las periodistas son civiles y deben ser protegidos en consecuencia.Lugar del ataque: la zona de “defensa” adelantadaEl ataque se produjo en la población de Al Tiri, ubicada a unos siete kilómetros de la frontera con Israel, en el distrito de Bint Jbeil del sur de Líbano, situado dentro de la zona de “defensa” adelantada que abarca el 6% del territorio libanés. El ejército israelí está desplegado en esta zona de no retorno y viene llevando a cabo una destrucción generalizada en su interior.“Declarar una zona prohibida para la población civil no exime a Israel de sus obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional humanitario; en concreto, no le da derecho a tratar estas zonas como zonas de fuego abierto donde cada persona civil que quede o que haya retornado es considerada un objetivo militar”, dijo Heba Morayef.En todo momento y en todo lugar, incluida la zona prohibida, el ejército israelí debe distinguir entre civiles y combatientes, así como entre bienes de carácter civil y objetivos militares, y hacer todo lo posible para verificar que un objetivo previsto es un objetivo militar o un combatiente. Al atacar un objetivo militar, el ejército israelí debe adoptar todas las precauciones posible para evitar daños colaterales a civiles o reducirlos al mínimo.Desde octubre de 2023, Amnistía Internacional viene documentando una constante generalizada de ataques aéreos israelíes ilegales en Líbano, como ataques directos contra la población civil y bienes de carácter civil, incluidos periodistas y personal médico, y ataques indiscriminados. La organización ha pedido que estos ataques se investiguen como crímenes de guerra y ha advertido en reiteradas ocasiones de que la impunidad persistente por estas violaciones anima a las fuerzas israelíes a seguir llevando a cabo ataques ilegales sin temor a la rendición de cuentas.Primer ataque contra dos hombres en un vehículo en movimientoLas periodistas Amal Khalil (42 años) y Zeinab Faraj (21 años) habían estado informando desde todo el sur de Líbano, documentando el impacto del conflicto armado.Según Zeinab Faraj, tras recibir informaciones de que el ejército israelí se había retirado de la población de Al Tiri, condujeron hasta la zona para verificar este dato siguiendo otro vehículo en el que viajaban Ali Nabil Bazzi, jefe de la aldea de Bint Jbeil, y Mohammed Hourani, amigo suyo y residente desplazado que también quería confirmar de primera mano que los israelíes se habían retirado de Al Tiri.Hacia las 2.25 p.m., justo después de entrar en Al Tiri, fue atacado el vehículo en el que viajaban Ali Bazzi y Mohammed Hourani, y la Cruz Roja libanesa recibió la primera llamada pidiendo una ambulancia a las 2.38 p.m. En su respuesta a Amnistía Internacional, el ejército israelí calificó a Ali Bazzi y Mohammed Hourani de “dos operativos militares de Hezbolá” que fueron “alcanzados y eliminados”.Zeinab Faraj contó a Amnistía Internacional que ella y Amal Khalil iban detrás, en el coche de esta, cuando se produjo el ataque. Dijo que vieron que el ataque hizo explotar el coche de delante, lanzando a los hombres desde el vehículo, que se incendió.Amal Khalil llamó inmediatamente al socorrista de la Defensa Civil libanesa Moussa Chaalan a las 2.36 p.m. para informar del ataque. Moussa Chaalan dijo a Amnistía Internacional que Amal le había informado de que “dos hombres [han sido] alcanzados delante de mí en Al Tiri” y que inmediatamente empezó a llamar a sus colegas de la Defensa Civil y la Cruz Roja libanesa, y a los oficiales del ejército libanés encargados de coordinar las solicitudes para evitar incidentes entre las distintas partes a través del mecanismo de vigilancia. Cuando Moussa Chaalan se dirigía al lugar, le dieron el alto en un control militar libanés a la entrada de Al Tiri mientras el personal de rescate esperaba la autorización del ejército israelí para acceder a la localidad de forma segura a través del mecanismo de vigilancia.La autorización para acceder a los pueblos situados dentro de lo que se denomina zona de “defensa adelantada” está coordinada por el Comité Técnico Militar para Líbano (MTC4L), conocido comúnmente como el Mecanismo de Implementación y Vigilancia del Alto el Fuego, del que forma parte la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (UNIFIL), establecido para vigilar e implementar el acuerdo de alto el fuego entre Líbano e Israel de noviembre de 2024, lo que incluye coordinar rutas seguras para equipos de rescate una vez que el ejército israelí acepta dejar de disparar.Según una investigación del Washington Post: “Una representación de UNIFIL dijo que la Cruz Roja contactó primero a la agencia con la ruta planeada justo antes de las 3 p.m. UNIFIL, que facilita el paso seguro para equipos de rescate, transmitió inmediatamente la información, incluida la ubicación de las periodistas, al ejército israelí. En torno a la misma hora, el ejército libanés contactó con un comité internacional conocido como el mecanismo de alto el fuego [...] La administración de la Cruz Roja dijo que sus vehículos partieron hacia el lugar justo antes de las 5 p.m., después de que la UNIFIL confirmase una ruta segura. Las FDI acusaron recibo de la solicitud en torno a esta hora, dijo la representación de la UNIFIL, pero no había concedido aún paso seguro a los socorristas”.Segundo ataque contra el coche de las periodistas cerca de donde se habían refugiadoMientras esperaban la llegada de la Defensa Civil con los drones dando vueltas sobre ellas, las dos periodistas salieron de su coche y se refugiaron junto un muro bajo cerca de un edificio abandonado del pueblo que tenía un comercio de planta baja, debajo de un techo de hojalata dañado.El Laboratorio de Pruebas del Programa de Respuesta a las Crisis de Amnistía Internacional verificó imágenes grabadas por Zeinab Faraj entre las 2.35 p.m. y las 2.49 p.m. que muestran el coche de las periodistas en el lateral de una carretera, a unos cinco metros del vehículo destruido. Una de las imágenes muestra también el tejado bajo el que las periodistas esperaban a los equipos de rescate.Zeinab Faraj habló con Amnistía Internacional 10 días después del ataque y contó cómo los drones habían sobrevolado el lugar justo después del primer ataque contra el coche, y dijo que recordaba claramente que “los drones se acercaron muchísimo a través del tejado, a menos de un metro de mi cara y de la de Amal”.Habida cuenta de que había drones de vigilancia sobrevolando el lugar a poca distancia, el ejército israelí sabía, o debería haber sabido para entonces, que los dos hombres que según dijo habían sido atacados por su presunta afiliación a Hezbolá habían muerto en el acto en el ataque inicial. Habida cuenta de que los drones volaban a tan poca distancia, el ejército israelí debería haber podido identificar a las dos periodistas como civiles.El socorrista de la Defensa Civil Moussa Chaalan, que estaba aún en el control, llamó a Amal Khalil a las 3.31 p.m. pidiéndole que volviera al coche y saliera de la zona porque no había recibido aún autorización del mecanismo de vigilancia para entrar en el pueblo, lo que significaba que no tenía garantías de que el ejército israelí no fuera a atacar.Hacia las 3.40 p.m., un segundo ataque alcanzó al vehículo de las periodistas estacionado cerca de donde estaban refugiadas.A las 3.48 p.m., Amal Khalil llamó de nuevo a Moussa Chaalan para informarle de que la habían herido en un segundo ataque aéreo contra su coche: “No puedo hacer nada. Moussa, ven a buscarme”.Ambas mujeres resultaron heridas en la explosión. Esta lanzó hacia ellas una puerta del coche y Zeinab Faraj la usó para protegerlas de las llamas. Zeinab dijo: “Nos llovieron cristales y escombros. Sentí como si me hubiera reventado el oído. Ella [Amal Khalil] sangraba mucho por la nariz y la cabeza, y tenía heridas de metralla en el brazo y el muslo; no podía mover la pierna”.Mientras se intensificaba el fuego, las mujeres lograron entrar gateando en el edificio por su persiana metálica dañada y esconderse en una pequeña habitación.Dentro, Amal Khalil siguió haciendo llamadas pidiendo que las rescataran. Sin embargo, Zeinab Faraj dijo que todas las personas a las que llamaban decían que no podrían acceder a su ubicación porque “estaban esperando autorización” del mecanismo de vigilancia, lo que en la práctica significaría que el ejército israelí había aceptado dejar de disparar para permitir entrar a los equipos de rescate.Moussa Chaalan dijo a Amnistía Internacional: “Le dije al oficial del ejército del control que iba a entrar a pesar del riesgo. Pero me convenció de que no lo hiciera al decirme: ¿Y si te alcanzan a ti antes de que llegues a ella? Mejor espera a la autorización, por el bien de ella y el tuyo”.Finalmente, Amal Khalil se fue debilitando. Zeinab Faraj dijo: “La vi apagarse... y perdí el conocimiento”.La última llamada de teléfono que hizo Amal Khalil fue a su hermana, a las 4.22 p.m.Tercer ataque contra el edificio donde estaban refugiadasAproximadamente a las 4.25 p.m., un tercer ataque alcanzó el edificio de tres pisos donde estaban refugiadas las periodistas, que se derrumbó y enterró a ambas mujeres bajo los escombros. “Recuperé [el conocimiento] con dificultades para respirar”, recordó Zeinab Faraj.Moussa Chaalan dijo a Amnistía Internacional que, desde donde estaba, a unos dos kilómetros, fue testigo de un ataque aéreo a esa hora:“Vi el avión de la fuerza aérea elevarse y abrir fuego. Me di cuenta de que el objetivo eran ellas. La llamé [por teléfono] otra vez; sin respuesta. Me dije: ‘Se han ido’.”Una persona especialista en armas de Amnistía Internacional revisó las imágenes de vídeo del lugar del ataque y concluyó que los daños eran compatibles con los que habría causado un ataque aéreo. Las imágenes de satélite del 24 de abril también muestran una nueva marca de quemadura en el emplazamiento del edificio como la que se suele ver en zonas donde el ejército israelí ha efectuado ataques aéreos.Poco después de las 5 p.m., se concedió autorización para entrar en la zona, pero solo a la Cruz Roja libanesa. El equipo de rescate sacó a Zeinab Faraj, que había sufrido una fractura craneoencefálica, heridas graves en la pierna y el ojo derechos y el aplastamiento de una mano. No pudieron llegar hasta Amal Khalil, que siguió desaparecida bajo los escombros.Poco después de las 6 p.m., personas voluntarias de la Cruz Roja libanesa en el lugar dijeron que se tenían que retirar debido a las amenazas de otro ataque, y se llevaron con ellas a la herida Zainab Faraj y los cuerpos de los dos hombres que habían muerto en el primer ataque.Tras otra ronda de llamadas de las autoridades libanesas, incluidas la Oficina del Presidente y la Oficina del Primer Ministro, y de organismos internacionales, a las 7.20 p.m. se concedió una vez más autorización, lo que permitió volver al lugar del ataque a un equipo de la Cruz Roja, una ambulancia y una excavadora pequeña. El equipo de rescate necesitó equipos más pesados para retirar los escombros de los tres pisos colapsados. Las operaciones de recuperación, con una excavadora, empezaron en torno a las 9 p.m.Moussa Chaalan dijo que encontraron a Amal Khalil enterrada bajo una columna y un muro: “Estaba totalmente aplastada [...] le saqué con mis propias manos”, dijo.En su certificado de defunción, el patólogo forense había hecho constar como hora de la muerte las 7 p.m. y, como causa, “parada cardiaca debido a un traumatismo craneoencefálico y una hemorragia grave”.La impunidad de las fuerzas israelíesAmnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos y de periodistas han condenado en reiteradas ocasiones el homicidio de periodistas con total impunidad a manos de las fuerzas israelíes, en Líbano y en la Franja de Gaza ocupada.En 2023, Amnistía Internacional publicó una investigación exhaustiva sobre el homicidio del periodista de Reuters Issam Abdallah, y concluyó que el ataque aéreo del ejército israelí que lo mató e hirió a seis periodistas más constituyó un ataque directo contra la población civil y pidió que fuera investigado como crimen de guerra.“La impunidad de la que gozan las fuerzas israelíes por el homicidio de periodistas y otras personas civiles en Líbano en los últimos tres años permite que el ejército israelí continúe perpetrando sus ataques aéreos ilegales, incluidos ataques directos contra la población civil. La muerte de Amal Khalil debe investigarse de forma independiente e imparcial. Ya es hora de que la comunidad internacional imponga un embargo integral de armas a Israel”, concluyó Heba Morayef.“Pedimos también al gobierno libanés que acepte la jurisdicción de la Corte Penal Internacional sobre los crímenes cometidos en su territorio desde octubre de 2023 y que inicie investigaciones de ámbito nacional sobre crímenes de guerra”.Información complementariaEl 8 de octubre de 2023, Hezbolá lanzó cohetes contra Israel, acción que fue seguida de operaciones militares israelíes que se intensificaron en septiembre de 2024. Aunque el 27 de noviembre de 2024 se acordó lo que se conoce como un alto el fuego, las hostilidades han continuado junto a la frontera y escalaron una vez más el 2 de marzo de 2026, persistiendo a pesar de nuevos anuncios de alto el fuego.El 20 de abril de 2026, el ejército israelí designó lo que denominó zona de “defensa adelantada” que se extiende entre 8 y 12 kilómetros dentro de Líbano (unos 600 kilómetros cuadrados), restringiendo el acceso a decenas de pueblos y zonas situadas al sur de accidentes geográficos clave como el río Litani.Desde el 2 de marzo, han muerto en Líbano 4.333 personas según el Ministerio de Salud Pública, que no desglosa el número de muertes entre civiles y combatientes. Los ataques de Hezbolá contra Israel han causado la muerte de al menos dos civiles en Israel, mientras que los medios de comunicación israelíes indican que al menos 39 soldados israelíes han muerto en el sur de Líbano.

3. China: Activista detenido en Tíbet por mostrar una foto del Dalái Lama debe quedar en libertad

   En reacción al arresto de un hombre chino de etnia han —el activista de derechos humanos Zhang Yi— en Lhasa (Tíbet), Sarah Brooks, directora regional adjunta de Amnistía Internacional, ha declarado: “El arresto de Zhang Yi tras mostrar una fotografía del Dalái Lama durante una visita a un monasterio es un escalofriante recordatorio de lo lejos que pueden llegar las autoridades chinas para controlar el ejercicio pacífico de los derechos humanos.”“Este caso es un ejemplo perfecto del uso indebido que desde hace largo tiempo hacen las autoridades chinas del delito de ‘incitación al separatismo’ para criminalizar la libertad de expresión pacífica en áreas tibetanas y en relación con la historia, la cultura y las creencias religiosas tibetanas.”“Mostrar una fotografía de un líder religioso nunca debería tratarse como una amenaza a la seguridad nacional. Las autoridades chinas deben poner en libertad de inmediato a Zhang Yi, que ha sido detenido únicamente por ejercer pacíficamente sus derechos humanos.”“Hasta entonces, deben asegurarse de que tenga acceso inmediato a sus familiares y a asistencia letrada de su elección. Además, deben protegerlo para que no sea sometido a tortura y otros malos tratos mientras esté detenido.”Información complementariaSegún una notificación de arresto recibida por su familia el 5 de agosto, a la que ha tenido acceso Amnistía Internacional, Zhang Yi fue detenido formalmente el 28 de julio de 2026 como sospechoso de “incitación al separatismo”. A su familia se le informó telefónicamente del arresto el 30 de julio.La policía detuvo a Zhang Yi en Lhasa (Tíbet) el 1 de julio de 2026, cuando visitaba con su hermano menor el Monasterio de Sera. Al no poder comunicarse verbalmente con una persona que estaba orando para pedirle que le prestara una alfombra de oración, Zhang Yi le mostró una foto del Dalái Lama en su teléfono móvil. Según sus familiares en el extranjero, dos hombres vestidos de civil observaron la interacción y al parecer grabaron a Zhang Yi cuando abandonaba la zona de oración junto con su hermano, y la policía lo detuvo antes de que saliera del monasterio.La familia de Zhang Yi recibió una Notificación de Detención Penal emitida por el Departamento de Seguridad Pública de Lhasa el 18 de julio. En ella se indicaba que Zhang Yi había sido detenido penalmente como sospechoso de “incitación al separatismo” y se encontraba recluido en el Centro de Detención de Lhasa. Las autoridades no han revelado los hechos en que se basa la acusación.Zhang Yi fue detenido el mismo día en que entró en vigor la Ley de Unidad Étnica, el 1 de julio de 2026. Esta ley contiene disposiciones excesivamente amplias y vagamente formuladas que exigen que se fomente la “unidad étnica” y la identidad nacional compartida, y crea fundamentos jurídicos adicionales para restringir el ejercicio pacífico de los derechos humanos, incluidos los derechos a la libertad de expresión, religión o creencias, y los derechos culturales.Amnistía Internacional ha documentado reiteradamente el uso indebido por parte de las autoridades chinas del delito de “incitación al separatismo” para procesar a personas tibetanas por ejercer pacíficamente sus derechos humanos, como por ejemplo defender la enseñanza en tibetano y expresar opiniones sobre la libertad religiosa y el Dalái Lama.Zhang Yi es un destacado activista chino en favor de la democracia de Wuhan (provincia de Hubei). Comenzó con su activismo político durante el movimiento en favor de la democracia de la Plaza de Tiananmen en 1989. 

4. Unión Europea: Los dirigentes europeos deben responder a la situación de Ceuta con humanidad y solidaridad

   Con motivo de la reunión mañana de Ministerios de Interior de los países europeos sobre la respuesta de la Unión Europea (UE) a la situación de Ceuta, Dinushika Dissanayake, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Europa, ha declarado: “Ahora que se preparan para reunirse, pedimos a los líderes y lideresas europeos que respondan a la situación de Ceuta de forma humana y solidaria, así como a cualquier aumento de llegadas en la frontera exterior de la UE. La respuesta inicial de muchos Estados europeos a los sucesos de Ceuta ha sido enormemente preocupante y peligrosa. Los recientes acontecimientos no deben utilizarse con fines políticos para cerrar aún más las fronteras o externalizarlas, ni como herramienta cínica para legitimar la nueva política de la UE que da prioridad a las deportaciones”.“Trágicamente, al menos 72 personas han perdido la vida cuando trataban de entrar en Europa en busca de un futuro mejor. Los dirigentes europeos deben garantizar que su respuesta a la situación de Ceuta no es discriminatoria. Debe rechazarse con firmeza la retórica desmesurada que califica la situación de Ceuta de ‘invasión’ y refuerza estereotipos racistas.”“Las escenas que vemos son resultado de los continuos intentos de Europa de cerrar y externalizar sus fronteras en lugar de invertir en vías seguras y regulares.”“Además, los esfuerzos políticos para atribuir el aumento de llegadas al proceso de regularización de España, cuyo plazo se cerró el 30 de junio, carecen de base y son un vergonzoso intento de sembrar el miedo sobre las políticas migratorias que no están centradas en la contención y la deportación. Los procesos de regularización son una herramienta importante y habitual de gestión de la migración que se usa para garantizar el acceso continuado de las personas afectadas a derechos y servicios y hace años que los implementan gobiernos de colores políticos diversos en varios países europeos.”“Los Estados tienen la responsabilidad de gestionar sus fronteras con humanidad y evitar poner a las personas en peligro. Las autoridades españolas y las marroquíes deben garantizar el acceso al sistema de asilo para quienes lo soliciten, abstenerse de hacer expulsiones colectivas —que siempre son ilegales—, proporcionar asistencia humanitaria urgente a quienes la necesitan y respetar sus derechos humanos con independencia de la forma en que hayan llegado, sin discriminación.”Información complementariaLas autoridades de Ceuta estiman que han cruzado la frontera más de 60.000 personas, de las que se calcula que han retornado a Marruecos 48.000. España ha desplegado unidades del ejército en Ceuta para apoyar a la policía y la Guardia Civil.Según la información recibida, hay miles de personas durmiendo en la calle.Amnistía Internacional continuará haciendo seguimiento de la situación para detectar cualquier indicio de violaciones de derechos humanos, como el uso excesivo de la fuerza o vulneraciones relacionadas con el principio de no devolución.

5. España: Hay que garantizar que los derechos humanos, la dignidad y la humanidad sean el eje central de la respuesta a la llegada excepcional de personas a Ceuta 

   En respuesta al cruce de decenas de miles de personas, entre ellas niños y niñas, desde Marruecos hacia el enclave español de Ceuta, y a la muerte de 43 personas —según se ha informado—, Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, ha declarado:“Estamos siguiendo muy de cerca la situación. Las autoridades españolas y marroquíes deben situar sus obligaciones en materia de derechos humanos en el centro de su respuesta a esta situación. Deben garantizar el acceso al sistema de asilo a quienes lo soliciten y respetar los derechos humanos de todas las personas migrantes, independientemente de cómo hayan llegado y sin discriminación alguna.”“El elevado número de personas que están llegando a Ceuta y las circunstancias en que se está produciendo el cruce no deben desviar la atención del hecho de que, en virtud del derecho internacional, el principio de no devolución es absoluto y las expulsiones colectivas están prohibidas en todos los casos.”“Todas las fuerzas desplegadas deben actuar de conformidad con el derecho y las normas internacionales, también en lo que respecta al uso de la fuerza. Las autoridades españolas también deben garantizar el despliegue de recursos sanitarios y de asistencia social adecuados para responder a las necesidades de estas personas, incluidas las de niños, niñas y otras personas expuestas a un mayor riesgo de sufrir violaciones de derechos humanos.”“Amnistía Internacional insta a las autoridades españolas a adoptar las medidas necesarias para evitar que su respuesta a esta situación tenga efectos discriminatorios, en particular sobre las personas racializadas y la infancia, y a condenar la difusión de discursos racistas.” Información complementariaLas autoridades de Ceuta estiman que han cruzado la frontera más de 60.000 personas. España ha desplegado unidades del ejército en Ceuta para apoyar a la policía y la Guardia Civil.Según la información recibida, miles de personas están durmiendo en la calle. Amnistía Internacional seguirá haciendo seguimiento de la situación para detectar cualquier indicio de  que se están cometiendo violaciones de derechos humanos en el control fronterizo, como  el uso excesivo de la fuerza o vulneraciones relacionadas con el principio de no devolución.

6. Global: El calor extremo pone de manifiesto el efecto letal de la combinación de cambio climático, codicia empresarial y fracaso político mientras arden los derechos

   Ante los fenómenos meteorológicos relacionados con el calor extremo en todo el mundo, como incendios forestales generalizados, sequías e inundaciones, Marta Schaaf, directora del Programa de Justicia Climática, Económica y Social y Rendición de Cuentas de las Empresas de Amnistía Internacional, ha declarado:“El calor extremo no es sólo un fenómeno meteorológico. Tiene una dimensión política. Se produce cuando el cambio climático, impulsado por la codicia empresarial y el fracaso político, choca con los derechos, las vidas y los medios de subsistencia de las personas. Se trata de una emergencia de derechos humanos que amenaza el derecho a la vida, la salud, la vivienda, el agua y el saneamiento, la alimentación, la educación y un medioambiente saludable. El calor extremo no es un desastre aislado. Multiplica el daño a los derechos humanos. Mientras muchos gobiernos y actores empresariales dan marcha atrás en sus medidas contra el cambio climático, cada vez más personas en todo el mundo sufren fenómenos extremos causados por el cambio climático, que modifican sus vidas y en muchos casos, desgraciadamente, acaban con ellas”.“Las olas de calor pueden matar directamente, y también propagan los incendios forestales, aumentan la contaminación atmosférica, resecan el suelo y alteran los regímenes pluviales, agravando la sequía en algunos lugares y haciendo que las inundaciones sean más peligrosas en otros. Estos daños se están agravando con las tácticas autoritarias que atacan a la ciencia climática, restringen las protestas, difunden desinformación respecto al clima y protegen los poderosos intereses del sector de los combustibles fósiles para que no rinda cuentas”.“Los gobiernos deben proteger inmediatamente a la población con medidas de adaptación y servicios públicos de resiliencia climática, como sistemas de alerta temprana, viviendas seguras, acceso al agua y medidas de protección contra el calor. Pero también deben hacer frente a la causa fundamental de esta crisis cada vez más grave. Gracias en parte a las generosas subvenciones públicas y al apoyo de sus aliados en el gobierno, las empresas del sector de los combustibles fósiles siguen generando beneficios, mientras las comunidades pagan el precio de los daños que estas empresas han contribuido a causar. Los Estados deben hacer pagar a quienes contaminan, defender la ciencia del clima y el espacio de la sociedad civil y conseguir una eliminación gradual completa, rápida, justa y financiada del uso de combustibles fósiles que no deje atrás a nadie”.Información complementaria:El número de personas expuestas al calor extremo aumenta exponencialmente debido al cambio climático en todas las regiones del mundo, según la Organización Mundial de la Salud. Con el aumento de las temperaturas medias debido al cambio climático, se incrementa el riesgo de que haya temperaturas extremas, olas de calor, incendios forestales y temperaturas récord.Este mes se ha informado de olas de calor extremo en Estados Unidos, Túnez, Oriente Medio, Turquía y Bangladesh, mientras que en más de la mitad de Inglaterra se ha declarado oficialmente el estado de sequía. Este año se han registrado en todo el mundo elevadas cifras de fallecimientos relacionados con las altas temperaturas, mientras enormes incendios forestales se extienden por Europa, el norte de África y Canadá.

7. Nicaragua: Reforma constitucional busca desmantelar derecho a participar en asuntos públicos

   Ante la iniciativa de reforma constitucional impulsada por las autoridades nicaragüenses para ampliar el mandato presidencial y excluir de manera permanente de los procesos electorales a personas calificadas por el gobierno como “traidoras” o “golpistas”, Amnistía Internacional advierte que estas medidas representan un nuevo paso en el desmantelamiento del derecho de las personas nicaragüenses a participar en los asuntos públicos de su país. El derecho de todas las personas a participar en la dirección de los asuntos públicos, incluido el derecho a votar y ser elegidas sin restricciones indebidas en elecciones auténticas, está reconocido en el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Nicaragua sigue obligada por este tratado y no puede eliminar o restringir arbitrariamente estos derechos.“Esta reforma electoral es un intento por consolidar un sistema en el que el Estado arbitrariamente decide quién puede ejercer un derecho humano fundamental y quién queda excluido de él por motivos políticos.”, señaló Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.La reforma fue presentada tras las declaraciones realizadas por el copresidente Daniel Ortega durante un acto conmemorativo el 19 de julio, en donde afirmó que “aquí no volverá a haber elecciones”, marcando el inicio de un proceso para incorporar estas restricciones al ordenamiento jurídico del país. Estas medidas se suman a un proceso sostenido de concentración del poder y cierre del espacio cívico que se intensificó desde la represión de las protestas de 2018, en las que, según organizaciones de la sociedad civil y mecanismos regionales y universales de protección de derechos humanos, más de 300 personas fueron asesinadas. Desde entonces, las autoridades han cancelado la personalidad jurídica de más de 5.000 organizaciones de la sociedad civil, cerrado medios de comunicación independientes y despojado arbitrariamente de su nacionalidad a personas consideradas opositoras, periodistas y defensoras de derechos humanos, dejando a muchas en situación de apatridia y obligando a muchas otras a exiliarse.Lejos de revertir este deterioro, las autoridades han continuado el desmantelamiento del Estado de derecho e ignorando sistemáticamente las recomendaciones formuladas por los mecanismos internacionales de derechos humanos. En 2025 promovieron una reforma constitucional que eliminó la separación de poderes y subordinó los órganos legislativo, judicial y electoral a la Presidencia.Recientemente, en julio de 2026, cientos de profesionales del derecho fueron despojados de sus licencias para ejercer, en lo que expertos de la ONU calificaron como una purga de la profesión jurídica que deja a las víctimas de la represión prácticamente sin acceso a una defensa independiente.“Detrás de cada organización cancelada, cada licencia revocada y cada persona despojada de su nacionalidad hay alguien a quien el Estado le arrebató la posibilidad de expresarse, organizarse y decidir sobre el futuro de su país. Esto es lo que este anuncio pretende convertir en ley”, añadió Ana Piquer.Amnistía Internacional insta a las autoridades nicaragüenses a abstenerse de adoptar cualquier ley o reforma dirigida a eliminar o restringir indebidamente el derecho de las personas a participar en los asuntos públicos de su país.Las autoridades deben garantizar la celebración de elecciones periódicas y auténticas, mediante sufragio universal y en condiciones que aseguren la libre expresión de la voluntad del electorado, de conformidad con el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. También deben poner fin a todas las represalias contra quienes ejercen o promueven ese derecho, incluidas las restricciones a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica que imposibilitan una participación cívica y política efectiva.La organización también pide al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y a sus Estados miembros que garanticen que el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua dé seguimiento específico a las medidas legislativas presentadas y a sus impactos.Asimismo, solicita a los demás Estados que no reconozcan ni normalicen la supresión de este derecho como una decisión soberana de carácter interno, y que planteen la situación en todos los foros multilaterales pertinentes, exigiendo que Nicaragua cumpla con todas las obligaciones vinculantes que le corresponden en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, especialmente aquellas que asumió voluntariamente.Amnistía Internacional dará seguimiento y analizará las reformas propuestas y documentará sus impactos sobre los derechos de las personas nicaragüenses que viven en país y de quienes se encuentran en el exilio.

8. India: Las exportaciones de armas a Israel podrían constituir complicidad en el genocidio en curso en Gaza — nueva investigación

   “India ha seguido suministrando armas a Israel pese al riesgo sustancial de que puedan usarse en el genocidio israelí en curso de la población palestina en la Franja de Gaza ocupada”, afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe.Made in India: The Supply of Weapons and Ammunition to Israel documenta cómo el gobierno de India ha establecido una colaboración próxima y rentable con el sector de la defensa israelí y se ha convertido en una importante pieza de las cadenas de suministro que respaldan las operaciones militares de Israel.El informe usa datos comerciales a nivel de envío entre India e Israel para revelar que se han enviado armas, munición, partes y componentes de origen indio a grandes empresas israelíes proveedoras de las fuerzas armadas israelíes. En el informe se identifica asimismo a empresas propiedad del Estado de India y controladas directamente por este.“Nuestra investigación revela que India sigue apoyando al ejército y al sector de la defensa israelíes pese al genocidio en Gaza que desde hace años se retransmite a todo el mundo casi a diario”, afirmó Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.“India fabrica y suministra armas que se transfieren a Israel merced a la propiedad estatal de empresas proveedoras clave y a su control sobre ellas. No solo no ha regulado las exportaciones de armas a Israel por empresas privadas con arreglo al derecho y las normas internacionales, sino que también ha reforzado su colaboración con Israel en materia de defensa”.“Con arreglo a las órdenes de medidas provisionales de la Corte Internacional de Justicia, que reconocen un riesgo plausible de genocidio de la población palestina en Gaza, las autoridades indias no pueden argumentar de forma creíble que no sabían que seguir autorizando y facilitando transferencias de armas a Israel conlleva un riesgo sustancial de contribuir a violaciones graves del derecho internacional. Mientras el ejército israelí infligía muerte, destrucción y sufrimiento generalizados a la población palestina de Gaza, empresas indias seguían obteniendo beneficios suministrando componentes y municiones destinados al sector de la defensa de Israel”.“El gobierno indio debe dejar inmediatamente de autorizar exportaciones de armas, munición y partes a Israel. Además, debe garantizar que las empresas que operan bajo su jurisdicción no contribuyen a crímenes de derecho internacional. Todas las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos en todas sus actividades a nivel mundial, lo que conlleva adoptar medidas proactivas y firmes desde el principio para garantizar que sus productos no están implicados en violaciones graves del derecho internacional. Estas medidas deben ser proporcionales al nivel de riesgo”.El equipo de investigación de Amnistía Internacional analizó 2.596 envíos de armas, munición, partes y componentes realizados desde India a Israel desde el 7 de octubre de 2023. Según los registros, empresas indias han suministrado al menos 390.516 partes de armas pequeñas para armas de uso militar, 564.970 piezas de artefactos explosivos (como ojivas de drones, casquillos de proyectiles de artillería y otras) y 298 componentes de vehículos militares a grandes empresas israelíes que son proveedores directos del ejército israelí.Amnistía Internacional excluyó sistemáticamente los datos de envíos que podrían haberse destinado a uso civil, así como armas, partes y munición destinados probablemente a la tecnología de defensa antimisiles que se suele emplear para defender a la población civil de ataques indiscriminados.Amnistía Internacional analizó el marco legal nacional de India sobre transferencias de armas y el cumplimiento por este país del derecho y las normas internacionales. La organización encontró deficiencias estructurales críticas como la inexistencia del requisito expreso de ejercer la diligencia debida en materia de derechos humanos para prevenir que se usen productos militares en violaciones del derecho internacional de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario, así como falta de transparencia, lo que se traduce en un proceso de exportación sin control.India se abstuvo en la votación sobre la adopción del Tratado sobre el Comercio de Armas en abril de 2013. Desde entonces, ni lo ha firmado ni se ha adherido a él. Es vital que India se adhiera este tratado como primer paso para que su normativa en materia de control de las exportaciones sea compatible con el derecho internacional sobre transferencias de armas.Como parte de su obligación de respetar el derecho internacional humanitario y de garantizar que se respeta, todos los Estados tienen prohibido transferir, o permitir que actores no estatales transfieran, armas a una parte de un conflicto armado —sea un Estado o un grupo armado no estatal— cuando haya un riesgo claro de que esto contribuiría a la comisión de violaciones del derecho internacional humanitario.Los actores empresariales implicados en la transferencia de armas a Israel podrían también contribuir a violaciones del derecho internacional humanitario. Además, si las empresas y su personal conocen la probabilidad sustancial de que dichas armas se usarían para cometer crímenes de derecho internacional, podrían incurrir en responsabilidad penal.En junio y julio de 2026, Amnistía Internacional escribió al Estado de India y a las nueve empresas que se citan en el informe detallando las conclusiones del informe. En el momento de la publicación, no se había recibido respuesta. Armas identificadasA raíz de los crímenes de lesa humanidad cometidos por Hamás y otros grupos armados palestinos durante sus ataques a Israel del 7 de octubre de 2023, Israel lleva a cabo una brutal y destructiva campaña en la Franja de Gaza que constituye un genocidio en curso contra la población palestina, y continúa con sus operaciones militares y prácticas ilegítimas, como su apoyo activo a la violencia generalizada de los colonos en Cisjordania. Esto ocurre en el contexto de décadas de ocupación ilegal del territorio palestino por parte de Israel y de su sistema de apartheid contra la población palestina.Israel posibilita que se cometan estos crímenes y violaciones del derecho internacional con suministros a Israel casi ininterrumpidos de armas y municiones desde varios Estados clave, como Estados Unidos y Alemania, así como con el tránsito de armas a través de Eslovenia y de Francia, que ha documentado Amnistía Internacional.Amnistía Internacional ha identificado exportaciones de India a Israel de armas y munición, incluidos partes y accesorios, de artículos clasificados en los códigos HS 93+ y 8710+ del Sistema Armonizado (HS, por sus siglas en inglés) reconocido internacionalmente. El código HS 93+ es una categoría general que incluye la mayoría de los tipos de armas y munición, así como partes y accesorios. El código HS 8710+ incluye tanques y demás vehículos automóviles blindados de combate y sus partes.Amnistía Internacional identificó al menos 2.596 envíos de armas, partes y munición exportados desde India a Israel entre el 7 de octubre de 2023 y el 30 de noviembre de 2025 que incluyen componentes de ametralladoras para armas desplegadas por las fuerzas israelíes en Gaza; proyectiles de artillería de alto poder explosivo de 155 mm suministrados a Elbit Systems; ojivas para la munición de merodeo Skystriker similares a las identificadas entre los escombros en Jan Younis (Gaza); y componentes de vehículos blindados destinados a los principales proveedores del ejército israelí.Amnistía Internacional cree que algunas empresas indias podrían ser cómplices de crímenes de derecho internacional y de otras violaciones graves de derechos humanos cometidas por Israel merced a su relación comercial con empresas israelíes que suministran directamente material al ejército israelí.Amnistía Internacional analizó exportaciones de varias empresas indias entre ellas: PLR Systems Private Limited, que fabrica partes para ametralladoras y es una empresa conjunta de Adani Defence & Aerospace e Israel Weapon Industries; Indo MIM Private Limited, que fabrica componentes de armas de fuego; Kalyani Systems Private Limited, que fabrica proyectiles y casquillos de artillería y es subsidiaria de Bharat Forge; Munitions India Limited, de propiedad estatal, que fabrica proyectiles de artillería de alto poder explosivo; y Alpha Elsec Defence & Aerospace Systems Private Limited que fabrica ojivas y es una empresa conjunta de Alpha Design Technologies y Elbit Systems.Entre las empresas israelíes que hicieron pedidos de armas y recibieron armas figuran Elbit Systems, Rafael Advanced Defense Systems Ltd e Israel Aerospace Industries Ltd, conocidas por su contribución a las violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario por Israel. En 2025, Amnistía Internacional pidió a todos los Estados y entidades privadas que cesaran todas las actividades empresariales con estas empresas, pues “se arriesgan a ser cómplices de los crímenes de lesa humanidad de apartheid y genocidio y de otros crímenes de derecho internacional”.Amnistía Internacional lleva tiempo pidiendo un embargo total de armas a Israel que abarque el suministro directo o indirecto, la venta y la transferencia de armas y material militar, incluidas tecnologías afines, partes y componentes, asistencia técnica, formación, asistencia económica o de otra índole hasta que las empresas implicadas puedan demostrar que no están contribuyendo a la ocupación ilegal de Israel ni a sus crímenes de derecho internacional.El Estado de India —y las empresas indias que suministran armas, munición, partes o componentes— debe cesar inmediatamente todas las transferencias de armas y munición, incluidos partes y componentes, a Israel.“Al permitir a sabiendas la transferencia de armas a Israel, India viola claramente su deber de prevenir el genocidio en virtud de la Convención sobre el Genocidio y su obligación de garantizar que se respetan los Convenios de Ginebra”, concluyó Agnès Callamard.“Si una empresa determina que los productos que ha vendido podrían haber contribuido a abusos contra los derechos humanos de la población palestina en Gaza, deberá establecer un proceso de reparación para todas las personas perjudicadas como consecuencia de ello o colaborar con este”.

9. Malí: Evidencia de crímenes de guerra de grupos armados en la región de Gao

   Las ejecuciones sumarias de al menos 19 soldados malienses perpetradas por miembros de grupos armados en Tabrichat, un pueblo de la región de Gao (centro de Malí) deben ser investigadas como crímenes de guerra, ha afirmado Amnistía Internacional tras analizar imágenes de vídeo del incidente, que tuvo lugar el 18 de julio tras caer los soldados en una emboscada.Amnistía Internacional analizó 12 vídeos publicados en redes sociales que ayudaron a reconstruir el incidente. En tres de ellos, un grupo de al menos 19 soldados malienses camina por el desierto con las manos tras la cabeza, en clara señal de rendición. En otro se ve a cinco hombres armados disparando sobre un grupo de hombres tendidos en el suelo. En un vídeo aparecen primeros planos de los cadáveres de los hombres que habían sido grabados rindiéndose momentos antes. Los vídeos muestran también cómo los hombres armados someten a los prisioneros a golpes y malos tratos.“En las imágenes que ha examinado Amnistía Internacional, queda claro que los soldados estaban “fuera de combate” (habían dejado de participar activamente en las actividades bélicas) antes de que los maltrataran y acabaran con su vida a sangre fría. El derecho internacional humanitario establece que cualquier persona que esté fuera de combate, incluidos los soldados que se han rendido o han sido hechos prisioneros, debe ser protegida. La evidencia de que se han cometido crímenes de guerra es irrefutable”, manifestó Ousmane Diallo, investigador sobre el Sahel de la Oficina Regional de Amnistía Internacional para África Occidental y Central.Terribles imágenes circulando en redesEn dos vídeos se veían banderas blancas en la parte delantera de los vehículos de los atacantes, características del Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (GSIM, por sus siglas en francés).Se publicaron 17 vídeos en cuentas de X y en un canal de Telegram relacionado con la empresa militar privada rusa Wagner Group, activa en Malí entre 2022 y junio de 2025.En una declaración efectuada el 18 de julio, el Frente de Liberación de Azawad (FLA) reivindicó la autoría de la emboscada tendida en Tabrichat a soldados malienses y combatientes rusos aliados miembros del Africa Corps, y afirmó que había causado “numerosas víctimas mortales y considerables daños materiales”. El GSIM también afirmó haber tendido una emboscada a un convoy conjunto de soldados malienses y combatientes del Africa Corps ruso en la zona de Tabrichat, e hizo referencia a “víctimas mortales y graves daños materiales en las filas del enemigo”.Es necesaria una investigación independiente e imparcialLas ejecuciones sumarias son una grave violación del artículo 3 de los Convenios de Ginebra y del derecho internacional humanitario, que garantiza la protección absoluta e incondicional de cualquier persona fuera de combate (que no participa directamente en las hostilidades). Cualquier ejecución, trato cruel o ataque a su dignidad constituiría crimen de guerra por el que sus autores (incluidos los mandos) serían considerados penalmente responsables a nivel individual.El 23 de julio, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitió una declaración en la que condenaba la tortura y el asesinato de soldados malienses que se habían rendido y exigía rendición de cuentas.“El derecho internacional humanitario debe ser respetado por todas las partes en el conflicto. El FLA y el GSIM deben sancionar y retirar de sus filas a todos los sospechosos de haber cometido estas violaciones del derecho internacional humanitario. Pedimos a las autoridades malienses que lleven a cabo una investigación independiente e imparcial de estos crímenes de guerra perpetrados por el FLA y el GSIM, que reivindicaron la responsabilidad del ataque. Deben establecerse las responsabilidades, y los perpetradores deben ser castigados tras un juicio con las debidas garantías. Las víctimas y supervivientes de crímenes de derecho internacional tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación”, ha declarado Ousmane Diallo.Información complementariaEl sábado 18 de julio de 2026, un convoy militar que se dirigía de Anéfis a Bourem cayó en una emboscada cerca de Tabrichat, pueblo del distrito de Bourem de la región de Gao, en el centro de Malí. En convoy se desplazaba por la carretera de Anéfis a Bourem cuando se produjo el ataque.La emboscada fue realizada conjuntamente por el Frente de Liberación de Azawad (FLA) y el GSIM, conocido también como Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), dos grupos armados no estatales aliados desde 2025 en Malí.En una declaración del 18 de julio, el Estado Mayor de las fuerzas armadas malienses afirmó que los ataques aéreos habían “permitido al convoy escapar de las emboscadas y continuar su camino”.En los últimos diez años, el conflicto entre Malí y diversos grupos armados no estatales ha causado muchas muertes de civiles y miembros de las partes en el conflicto. El país está gobernado por autoridades militares desde que tuvo lugar el golpe contra el presidente Ibrahim Boubacar Keïta en 2020.La Corte Penal Internacional (CPI) lleva investigando la situación en Malí desde 2013. La retirada del país del Estatuto de Roma no afectará a las investigaciones en curso y los procedimientos ante la CPI. La Corte también seguirá siendo competente en los delitos sujetos a su jurisdicción perpetrados antes de que la retirada se haga efectiva el 23 de junio de 2027.

10. Ecuador: las Guerreras por la Amazonía exigen eliminar los mecheros cinco años después de una sentencia histórica

    Amnistía Internacional se une al llamado de las Guerreras por la Amazonía (GxA), que cinco años después de ganar una sentencia histórica que exige a Ecuador eliminar los mecheros petroleros cercanos a centros poblados, así como reparaciones a las comunidades afectadas, siguen exigiendo su cumplimiento."Durante estos cinco años, las Guerreras por la Amazonía, la Unión de Afectados por Texaco (UDAPT), el colectivo Eliminen los Mecheros y las comunidades afectadas han encabezado una resistencia incansable por sus derechos y la justicia climática. Sin embargo, se siguen enfrentando a la indolencia de las autoridades, a acciones que simulan el cumplimiento de la sentencia, así como con actos de estigmatización e incluso ataques en su contra”, afirmó Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía InternacionalLa eliminación de los mecheros: avances parciales y simulacionesDe acuerdo con cifras del Ministerio de Ambiente y Energía (MAE) de Ecuador, para 2023 en la Amazonía Ecuatoriana existían 486 mecheros, 424 operados por la empresa estatal Petroecuador, y 62 por empresas privadas. La sentencia ordenó su eliminación progresiva hasta 2030, comenzando por aquellos cercanos a centros poblados. Estos últimos debían ser eliminados en un plazo de 18 meses, que venció el 29 de marzo de 2023. Para cumplir con esta obligación, el MAE emitió en 2022 un reglamento que considera cercanos a centros poblados únicamente a los mecheros situados a menos de 100 metros de una concentración de al menos 20 viviendas contiguas. En su informe “Arde la Amazonía, Arde el Futuro”, Amnistía Internacional documentó en agosto del 2024 al menos 52 mecheros ubicados a menos de cinco kilómetros de centros poblados, distancia hasta donde pueden llegar contaminantes. Pese a ello, las autoridades consideraron cumplido el primer plazo tras eliminar únicamente dos mecheros situados dentro del criterio restrictivo de 100 metros.Petroecuador informó en julio de 2026 que había eliminado 183 mecheros y comprometido 600 millones de dólares para continuar con el proceso de eliminación. Para finales de 2025, solo nueve de los 62 mecheros operados por empresas privadas habían sido eliminados.Según el monitoreo satelital anual del Banco Mundial que rastrea el progreso mundial hacia la meta de cero quema rutinaria de gas en mecheros para 2030, aunque el volumen de gas quemado de Ecuador cayó en 9% de 2024 a 2025, este sigue estando 34% por arriba del volumen en 2021, año en que tenía que arrancar el programa de eliminación de mecheros.Flourish: Visualisation/29822582Evolución de volumen de gas quemado en Ecuador, 2012-2025. Fuente: Banco Mundial, Global Gas Flaring Tracker, junio 2026. Valores en miles de millones de metros cúbicos (bcm).Cinco años después, los mecheros siguen afectando a las comunidadesAmnistía Internacional verificó en julio de 2026, a través de datos del Banco Mundial, documentos oficiales y entrevistas, que, al menos tres sitios de quema ubicados a menos de 5 km de las viviendas de las GxA (y en general de centros poblados), siguen activos.Dayra Shirap, de 16 años, es una de las GxA, integrante de la nacionalidad indígena shuar; vive a casi 2 km de la Estación Sur Oeste de Shushufindi. Según datos del Banco Mundial, el volumen de gas quemado en ese sitio aumentó 53% desde 2021.“Todos los días cuando voy al colegio puedo verlo [al mechero] y parece fuego forestal” relató Dayra.También, reportó que solamente una vez apagaron los mecheros de esa estación durante una visita de delegados de Ministerios que fueron a constatar el cumplimiento de la sentencia, pero luego lo volvieron a encender. Leonela Moncayo, de 15 años, Guerrera por la Amazonía, convivía con un mechero frente a su casa. Según su testimonio, este no fue eliminado: la tubería que transportaba el gas fue redireccionada hacia otra estación a casi 2 km de su casa. “No lo eliminaron. Cambiaron la dirección de la tubería, la pasaron por la entrada de mi casa y llevaron el gas a la estación que estaba cerca”, explicó Leonela.Este gas fue redireccionado a la estación Lago Norte, la cual duplicó su quema de gas entre 2024 y 2025, alcanzando un máximo histórico de 7.32 millones de metros cúbicos anuales. Los dos mecheros del sitio están incluidos en el plan de eliminación progresiva, con desmantelamiento previsto hasta el 31 de diciembre de 2027.Jamileth Jurado, de 18 años, alterna su residencia entre las casas de su padre y de su madre. La vivienda de su padre se encuentra a unos 150 metros de una plataforma petrolera afectada recurrentemente por derrames. La de su madre está en Shushufindi, una ciudad rodeada de mecheros.A poco más de 4 km de su vivienda está la Estación Norte Shushufindi, que, según los datos del Banco Mundial, registra el mayor volumen de quema de gas del país: alrededor de 69,1 millones de metros cúbicos al año.Jamileth también vive a aproximadamente 1,6 kilómetros de la Estación Shushufindi Central, donde dos mecheros permanecerán activos hasta finales de 2028 de acuerdo con un informe de Petroecuador. “Vivir cerca de los mecheros es una amenaza diaria y una preocupación. Desde que entré al Caso Mecheros, he aprendido que esto puede causarme cáncer”, afirmó JamilethEl plan oficial de Petroecuador prevé eliminar 13 mecheros en 2026, 60 en 2027, 60 en 2028, 50 en 2029 y 54 en 2030. Sin embargo, Pablo Fajardo, abogado de las accionantes e integrante de la UDAPT, advirtió que han identificado nuevos mecheros y que solo un nuevo estudio nacional permitiría determinar con claridad cuántos permanecen activos. Petroecuador ha señalado que el cumplimiento de la planificación depende de condiciones operativas y de posibles pérdidas de producción petrolera. Para Amnistía Internacional, subordinar la eliminación de los mecheros a la continuidad de la producción implica privilegiar intereses económicos de la industria petrolera por encima de los derechos humanos, manteniendo a la Amazonía ecuatoriana como una “zona de sacrificio”. Guerreras por la Amazonía, recibiendo firmas internacionales.Las reparaciones siguen pendientesLa sentencia también estableció reparaciones relacionadas con los derechos a la salud, al agua y al medio ambiente limpio, saludable y sostenible de las comunidades afectadas, que cinco años después siguen sin cumplirse. Según la UDAPT, el Ministerio de Salud Pública no ha presentado el estudio médico-científico que debía entregar a seis meses de establecida la sentencia, sobre el grado de afectación en la salud de las comunidades. Al no determinar la gravedad de esta afectación, tampoco ha implementado una Unidad Clínica Oncológica. “Yo siento que voy a seguir luchando por los derechos de los amazónicos. Seguiré luchando por los pacientes de cáncer de la Amazonía, yo sé lo que es vivir este sufrimiento en carne propia. Algún día se va a acabar esto”.  – afirmó Jamileth Jurado, hija de una de las 749 pacientes con cáncer registrados por UDAPT en las cercanías de los mecheros.Las autoridades tampoco han evaluado idóneamente la calidad del agua ni garantizado acceso a agua apta para consumo humano. Las personas de la zona tienen que usar agua de lluvia o subterránea, en muchos casos contaminada, o deben comprar agua embotellada. “No tenemos agua potable, usamos agua lluvia. Aunque intentemos hervirla, no se eliminan todas las toxinas”, – afirmó Leonela Moncayo, Guerrera por la Amazonía. Finalmente, la sentencia ordenó un sistema efectivo de monitoreo y verificación ambiental para identificar vulneraciones a los derechos de la Naturaleza. Sin embargo, la respuesta de las autoridades se resume a oficios formales.“Todos responden con reglamentos, con informes, pero maquillando, no responden el acatamiento de la sentencia, sino cosas que les permita evadir el cumplimiento de la sentencia”, señaló Pablo Fajardo, de la UDAPT.   La lucha continúaFrente al incumplimiento reiterado, las Guerreras y la UDAPT han exigido justicia ante distintas instancias, como la Asamblea Nacional del Ecuador o la Corte Constitucional. En dicha Corte han presentado dos acciones legales, una desestimada y otra en evaluación. Si bien el Estado no ha cumplido integralmente con la sentencia, según UDAPT, estos cinco años de lucha y resistencia han logrado cambios como una mayor comprensión de los efectos de los mecheros sobre la población. En 2024, la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica incorporó una disposición que prohíbe la combustión al aire libre del llamado gas “natural” mediante mecheros que pongan en riesgo a las comunidades y a los ecosistemas.A pesar de la estigmatización y ataques que han sufrido las Guerreras por la Amazonía y la UDAPT, así como la  falta de medidas de protección estatales, las niñas y jóvenes no han desistido de su lucha. En 2024, seis niñas representantes de los pueblos shuar, kichwa, siona, siekopai, waorani y cofán se incorporaron al colectivo de las Guerreras por la Amazonía. Las Guerreras han recabado solidaridad internacional en espacios como la COP30.En mayo de 2026, GxA, la UDAPT y Amnistía Internacional, entregaron al MAE 492.174 acciones de apoyo de personas de todo el mundo que piden el cumplimiento de la sentencia. Tras esa reunión, el Ministerio se comprometió a impulsar mesas técnicas interinstitucionales para avanzar en la eliminación de los mecheros y en las reparaciones. “Las Guerreras, la UDAPT y las comunidades que enfrentan los mecheros no son víctimas pasivas. Su resistencia activa está presionando al Estado ecuatoriano y se ha convertido en un referente regional e internacional de la lucha por la justicia ambiental y climática. El Estado ecuatoriano debe dejar a un lado la simulación y cumplir con su obligación de eliminar los mecheros y abandonar progresivamente los combustibles fósiles que convierten en zona de sacrificio la Amazonía ecuatoriana”. - afirmó Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

11. Nigeria: Mientras crece el escándalo de la contaminación, documentos de Shell ponen de manifiesto la existencia de un oleoducto que es “una ruina”, pozos “desaparecidos” y unos costes de desmantelamiento de 10.900 millones

    Shell debe responder por decenios de contaminación en el delta del Níger después de que unos documentos internos de la empresa hayan revelado infracciones de las normas, infraestructuras defectuosas y costes de limpieza no satisfechos que amenazan con hacer que las comunidades afectadas tengan que pagar el precio. Así lo ha manifestado hoy en un nuevo informe una coalición de organizaciones medioambientales y de derechos humanos, de la que forma parte Amnistía Internacional.El informe, titulado Nigeria: Lifting the Lid, analiza correos electrónicos internos, informes de auditoría y exámenes confidenciales de Shell hechos públicos en unos procedimientos judiciales en Reino Unido que revelan un escándalo de derechos humanos mucho mayor de lo que se había informado. Aunque Shell presentó sus operaciones haciendo ver que cumplían las normas internacionales, el documento señala las preocupaciones planteadas por el ejército nigeriano respecto a presunta complicidad en robo de petróleo, sospechas de connivencia entre personal y contratistas, exenciones de las normas de seguridad, descuido crónico de riesgos conocidos en la integridad del oleoducto, falta de datos relativos a los pozos, una débil detección de las fugas y monitoreos defectuosos de los vertidos.Shell conocía los riesgos de una estructura envejecida y con fugas, incluido un antiguo oleoducto descrito como “una ruina”, pero aun así mantuvo el flujo de petróleo. Más tarde decidió desviar sus negocios en tierra en lugar de enfrentarse al enorme coste de limpiar y desmantelar, que incluía la cifra interna estimada de desmantelamiento de 10.900 millones de dólares estadounidenses. Otra presentación diferente manifestaba que la contaminación había dañado 375 km² de bosque de manglar.Amnistía Internacional escribió a Shell el 3 de julio de 2026 para hacerle partícipe de sus conclusiones respecto a los documentos desvelados. En respuesta al informe de Amnistía, Shell escribió: “No reconocemos la caracterización y la imagen que dan de Shell en su carta. Shell mantiene un compromiso con la honradez, la integridad y el respeto por la gente, y con la realización ética y transparente de actividades empresariales”. Según Shell, las conclusiones no reflejan el “difícil entorno operativo en el delta del Níger en esa época”. Su respuesta completa se incluye en el informe.“Shell lleva mucho tiempo culpando de la contaminación del delta del Níger al robo de petróleo y los sabotajes. Sin embargo, estos documentos echan por tierra años de negaciones y suscitan serias dudas sobre lo que Shell conocía, lo que permitió que continuara sucediendo, y si entonces intentó desentenderse de los costes de su legado tóxico”, ha manifestado Isa Sanusi, director de Amnistía Internacional Nigeria.“El escándalo no era simplemente de ‘bunkering’ ilegal o robo de petróleo. El escándalo real es el intento de Shell de beneficiarse a expensas de los derechos de la población. Shell estaba dispuesta a aceptar en Nigeria daños medioambientales adicionales que no se habrían tolerado en ningún otro lugar, y ahora sus propios documentos rebaten años de negación pública.”El informe ha sido publicado por Amnistía Internacional junto con The Corner House, Hawkmoth, HEDA Resource Centre, Kebetkache Women Development & Resource Centre, Miideekor Environmental Development Initiative (MEDI), Recommon y Social Action. Para las comunidades afectadas, las conclusiones confirman lo que muchos llevan decenios diciendo: la contaminación por petróleo ha dañado agua, tierras de cultivo, lugares de pesca, la salud y los medios de sustento, mientras las empresas seguían obteniendo beneficios y negando su responsabilidad.“No puede permitirse que Shell se lleve el petróleo, se lleve los beneficios y deje tras de sí la contaminación. Las comunidades del delta del Níger merecen verdad, justicia, limpieza y una reparación completa”, ha manifestado Olanrewaju Suraju, presidente de HEDA Resource Centre, una ONG nigeriana que trabaja sobre la gobernanza y la justicia medioambiental.Preocupación respecto al papel en el robo de petróleo, la infracción de normas y las infraestructuras defectuosasLos documentos muestran que, aunque Shell culpó a bandas delictivas del robo de petróleo, altos cargos de la compañía permitieron que los grifos ilegales en el oleoducto continuaran porque eliminarlos supondría “una suspensión considerable del sistema”, lo que significaba la suspensión temporal del beneficioso flujo de crudo. Un alto directivo de Shell escribió en 2013 que esto había provocado que las fuerzas de seguridad nigerianas responsables de la seguridad del oleoducto acusaran a Shell de ser “cómplice” del robo de petróleo “porque no estamos eliminando los puntos de bunkering”. Una presentación realizada por Shell ese año, que hacía referencia a los efectos de la instalación de grifos ilegales, preguntaba: “¿Nos sentimos cómodos al seguir con la producción, SABIENDO que SE PRODUCIRÁN más daños medioambientales?”El informe revela también que Shell eximió a su filial nigeriana, Shell Petroleum Development Company (SPDC), de elementos clave de sus normas internacionales sobre salud y seguridad para que pudiera seguir fluyendo el petróleo por oleoductos saboteados, a pesar de que no se considerara seguro según las normas de seguridad de la propia Shell. Este es un enfoque que un alto ejecutivo de Shell pareció reconocer que no se habría tolerado en otros lugares. Los documentos internos muestran además que los ejecutivos de Shell sospechaban que en el robo de petróleo podían estar implicados personal y contratistas; un correo electrónico advierte: “tenemos que trabajar bajo el supuesto de que los saboteadores tienen buen acceso a los datos de planificación de SPDC”.Las auditorías internas sacaron asimismo a la luz graves debilidades en la gestión del oleoducto por parte de Shell, entre ellas un importante retraso en el mantenimiento, unos sistemas de supervisión débiles y registros deficientes de las abrazaderas de los oleoductos que Shell había permitido que se convirtieran en reparaciones permanentes de fugas. Se registraron más de 1.600 abrazaderas, entre ellas algunas antiguas cuya ubicación se desconocía.Una revisión técnica realizada en 2012 concluyó también que se suponía que las líneas de flujo de SPDC se reemplazaban cada 15 años, pero esto “no se está cumpliendo” y sólo se estaba realizando un “mantenimiento de reparación”.Pozos de petróleo “desaparecidos”, escasa supervisión y deficiente monitoreo de los vertidosUn informe interno de 2014 al entonces consejero delegado de Shell decía que había “cientos” de pozos de SPDC en tierra que estaban desaparecidos de su sistema electrónico de seguimiento de pozos o cuya condición no podía verificarse. Shell realizó más tarde una “campaña de búsqueda de pozos” que identificó 750 tareas de mantenimiento no realizadas y que contribuyó a una clasificación de “insatisfactorio” en la auditoría. Un informe de 2013 concluyó también que los oleoductos de SPDC no contaban con un sistema de supervisión en tiempo real, pese al hecho de que la rápida detección de los vertidos y la limitación de la contaminación son elementos clave para reducir la contaminación de los emplazamientos. Sin esa supervisión, todo lo que no sea una gran rotura puede pasar inadvertido.“Un gigante de los combustibles fósiles que no podía verificar la ubicación e integridad de cientos de pozos y abrazaderas de oleoducto, y que carecía de una detección efectiva de fugas, no puede afirmar con credibilidad que tiene la contaminación bajo control. Shell debe dejar de desviar las culpas”, ha declarado la Dra. Emem Okon, de Kebetkache Women Development & Resource Centre, grupo radicado en Nigeria que promueve los derechos de las mujeres y la justicia medioambiental.La afirmación de Shell de que el robo de petróleo provoca la mayor parte de la contaminación se ve debilitada por sus propios documentos, que muestran que su personal no estaba adecuadamente equipado para determinar su los vertidos estaban causados por la corrosión o por la interferencia de terceros. Esto es importante porque, aunque las empresas deben limpiar los vertidos independientemente de su causa, en virtud de las leyes nigerianas las comunidades afectadas sólo tienen derecho a indemnización cuando los vertidos se clasifiquen como operativos, no como consecuencia de sabotaje o robo.“Para las comunidades que buscan justicia, los deficientes monitoreos de los vertidos por parte de Shell podían significar la diferencia entre la indemnización y el abandono”, ha declarado Celestine Akpobari, de MEDI, ONG dedicada a la lucha de los ogonis que promueve la justicia y la restauración medioambiental.Un oleoducto que es “una ruina”, abandonado lleno de crudoEl informe concluye asimismo que Shell no desmanteló debidamente el viejo oleoducto Nembe Creek Trunk Line tras sustituirlo en 2010. Un correo electrónico interno de 2014 decía que unos 80 km del antiguo oleoducto seguían llenos de crudo estancado, con seis vertidos operativos desde 2010, y que no podía desmantelarse a causa de la falta de presupuesto. El correo describía el oleoducto como “una ruina” y advertía de que, si no se emprendían acciones urgentemente, habría más vertidos. La respuesta parecía confirmar que la falta de desmantelamiento se debía principalmente a motivos económicos, aunque reconocía que se necesitaban acciones para reducir el impacto medioambiental y la responsabilidad.“Shell sabía que sus viejas infraestructuras tenían fugas y debían ser desmanteladas, pero los documentos sugieren que las acciones se demoraron por motivos económicos. Las comunidades no deberían haberse visto obligadas a sufrir la contaminación porque una empresa no quería pagar para limpiar su propio desastre”, ha declarado Simon Taylor, cofundador de Hawkmoth, ONG radicada en Países Bajos que promueve una transición justa y en la que se rindan cuentas para abandonar los combustibles fósiles, y que tiene experiencia en luchar contra los abusos relativos al petróleo y el gas, incluidos los cometidos en Nigeria.Desinversión y unos costes de desmantelamiento de 10.900 millones de dólares no satisfechosUn informe interno enviado al entonces consejero delegado de Shell en 2014 calculaba que el desmantelamiento de todos los bienes existentes de SPDC podía llevar decenios y costar 10.900 millones de dólares, equivalentes a 14.000 millones en la actualidad, al parecer excluyendo los costes de limpieza. Otra presentación interna sobre vertidos de petróleo ocurridos en el pasado identificó 375 km² de bosque de manglar afectados y preguntaba si Shell estaba “dispuesta” a asumir ese “problema sin final a la vista”. Shell vendió SPDC a Renaissance Africa Energy en 2025, a pesar de las preocupaciones sobre la capacidad de la nueva empresa, la limitada información económica pública y la necesidad de préstamos de hasta 1.200 millones de dólares garantizados por Shell para respaldar la adquisición en sí.“La desinversión de Shell no puede convertirse en una vía de escape empresarial. Tras decenios de beneficiarse del petróleo del delta del Níger, Shell no debe transferir los riesgos de unas infraestructuras envejecidas y un legado de contaminación a un comprador cuya capacidad está seriamente en duda. Shell debe pagar su parte correspondiente esté o no dispuesta a responsabilizarse de ella”, ha manifestado Isaac Osuoka, director de Social Action, organización que promueve la justicia medioambiental, los derechos comunitarios y la rendición de cuentas en el delta del Níger.Limpieza, remedio y reformaAmnistía Internacional y las organizaciones asociadas piden a las autoridades nigerianas que reformen su supervisión del sector del petróleo, exijan auditorías accesibles de todas las infraestructuras tanto operativas como desmanteladas y establezcan un superfondo dotado de los recursos necesarios para una limpieza del delta del Níger.“Es una de las empresas del sector de los combustibles fósiles que más invierte del mundo. Ahora sus documentos han salido a la luz. La cuestión es si el gobierno va a hacer algo al respecto”, ha declarado Isa Sanusi. “Además de vivir con una contaminación por petróleo inaceptable, la población de Nigeria está sufriendo calor extremo, inundaciones mortales y otros fenómenos meteorológicos extremos vinculados al calentamiento global provocado por el uso del producto principal de Shell: los combustibles fósiles. Nigeria debe reformar la supervisión del sector del petróleo, mientras que las autoridades de Reino Unido y Países Bajos deben investigar si Shell dio información engañosa a los accionistas, los reguladores y las comunidades afectadas sobre el estado real de sus operaciones y sus pasivos. Shell debe dejar de esconderse detrás de la desinversión, desvelar la verdad, financiar la limpieza y el remedio y garantizar que las comunidades afectadas finalmente reciben justicia.”Información complementariaEn 2015, las comunidades de Ogale y Bille presentaron acciones legales en Reino Unido contra Shell Plc y SPDC por grave contaminación por petróleo. El caso de Bille se verá en marzo de 2027.Nigeria: Lifting the Lid analiza los documentos de Shell de 2008 a 2014; entre ellos hay 27 documentos ocultos hechos públicos en abril de 2026 después de que las ONG Hawkmoth, Heda Resource Centre y Oil Change International – UK pidieran su publicación por interés público; también analiza detalles adicionales de un expediente judicial de mayo de 2026.

12. Irán: Pongan fin a la campaña intensificada de ejecuciones arbitrarias y condenas a muerte contra manifestantes

    La ejecución pública de dos manifestantes hoy, que sucede a la ejecución arbitraria de al menos otros tres manifestantes la semana pasada, marca una nueva escalada en el uso de la pena de muerte por las autoridades para aplastar la disidencia; así lo ha manifestado Amnistía Internacional. La organización sospecha que al menos 60 más, incluidas tres personas arrestadas cuando eran menores de edad, continúan en peligro de ejecución tras haber sido condenadas a muerte, y que muchas más se enfrentan a enjuiciamiento por cargos de pena de muerte en relación con las protestas. En la primera mitad de 2026, las autoridades iraníes han recurrido cada vez más al uso de cargos de seguridad nacional de amplia definición, como espionaje y colaboración con Estados hostiles, para declarar culpables y condenar a muerte a personas arrestadas en el contexto de las protestas de enero de 2026. Desde principios de año han ejecutado arbitrariamente a al menos 26 personas declaradas culpables de delitos en relación con las protestas de enero de 2026, después de juicios manifiestamente injustos y empañados por tortura ante tribunales revolucionarios. Además de las personas perseguidas en el contexto de las protestas, las autoridades han ejecutado arbitrariamente a otras 26 como mínimo por cargos de motivación política, y continúan llevando a cabo cientos de ejecuciones por delitos relacionados con drogas y de otra índole.“Las autoridades iraníes han desatado una ola terrorífica de ejecuciones y condenas de muerte para castigar y reprimir la disidencia, y así proyectar una imagen de fuerza y control absoluto tras el levantamiento popular de enero y en pleno ataque de las fuerzas estadounidenses e israelíes”, ha manifestado Heba Morayef, directora regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.“La titubeante reacción de la comunidad internacional anima a las autoridades iraníes a continuar con sus ataques letales. Los Estados miembros de la ONU deben adoptar medidas diplomáticas urgentes y coordinadas para presionar a las autoridades iraníes a fin de que se abstengan de llevar a cabo más ejecuciones. Deben situar la crisis de derechos humanos e impunidad de Irán en un lugar prioritario de su agenda, apoyar la creación de un mecanismo de justicia internacional independiente para Irán y pedir al Consejo de Seguridad de la ONU que remita la situación de Irán a la Corte Penal Internacional”.Amnistía Internacional ha hablado con 10 fuentes informadas, incluidos familiares de víctimas fuera de irán y profesionales de la abogacía dentro de Irán. La organización también ha examinado declaraciones oficiales de las autoridades iraníes, así como informes de medios de comunicación estatales y de organizaciones de derechos humanos radicadas fuera de Irán.En los casos documentados, personas ejecutadas arbitrariamente o condenadas a muerte fueron declaradas culpables de los cargos excesivamente generales e imprecisos de “enemistad con Dios” (moharebeh) y “corrupción en la tierra” (efsad-e fel-arz). Entre ellas hay personas ejecutadas por presunta participación en incendio premeditado, daños a la propiedad, bloqueo de carreteras o alteración del orden público, actos que no alcanzan el umbral necesario para la aplicación de la pena de muerte según el derecho y las normas internacionales, que restringen su uso a los “más graves delitos” que implican homicidio intencional.Otras han sido enjuiciadas en aplicación de la Ley para Intensificar la Pena por Espionaje y Colaboración con el Régimen Sionista y Estados Hostiles contra la Seguridad y los Intereses Nacionales (Ley de Espionaje), promulgada tras la guerra de los 12 días en junio de 2025. La ley penaliza actos protegidos por el derecho internacional de los derechos humanos, como la participación pacífica en protestas y la difusión de información a organizaciones de medios de comunicación.Dado que miles de manifestantes fueron arrestados en el contexto de las protestas de enero de 2026 y que los familiares a menudo se abstienen de denunciar públicamente las condenas de muerte por miedo a represalias, Amnistía Internacional cree que muchos más corren peligro de ser condenados de muerte.Ejecuciones arbitrarias vinculadas a las protestas de enero de 2026Desde que Israel y Estados Unidos atacaron ilegalmente a Irán el 28 de febrero de 2026, las autoridades iraníes han intensificado su uso de la pena de muerte contra personas arrestadas en el contexto del levantamiento de enero de 2026.El 28 de julio de 2026, las autoridades ejecutaron arbitrariamente y en público a Amir Hossein Safari y a Abolfazl Sepahi. Ambos fueron arrestados durante las protestas en Isfahán el 8 de enero de 2026 y condenados a muerte tras un juicio colectivo manifiestamente injusto con decenas de personas acusadas. El juicio colectivo se refería al homicidio de cuatro agentes de policía durante las protestas de la plaza Alikhani (Isfahán) y a denuncias según las cuales los acusados poseían armas y habían incendiado edificios y causado daños en bienes públicos. Días antes, el 19 de julio, otros dos manifestantes procesados en la misma causa, Erfan Esfandiari y Gol-Mohammad Mohammadi, fueron ejecutados arbitrariamente. La agencia de noticias Mizan informó de que sus “confesiones” bajo custodia habían servido para declararlos culpables.Otros ocho individuos condenados a muerte en la misma causa corren peligro inminente de ejecución. Se trata de Ali Dashti, Alireza Raisi, Abolfazl Ebrahimi, Alireza Sepahi, Amirhossein Ebrahimi, Amirhossein Maleki, Ghaem Hosseini y Shervin Bagherian. Una fuente informada contó a Amnistía Internacional que uno de los jóvenes —Shervin Bagherian— había sufrido desaparición forzada durante 21 días así como tortura y otros malos tratos, incluidas palizas. Su “confesión” forzada fue difundida en un vídeo propagandístico el 25 de enero de 2026, antes del juicio, y se le negó el derecho a asistencia letrada durante toda la fase de investigación. Mehdi Khaneki, Mohammad Amini Dehaghani, Javad Zamani, Abolfazl Saedi, Ashkan Maleki y Mehrdad Mohammadinia están entre las personas ejecutadas arbitrariamente tras ser declaradas culpables de delitos que no conllevaban “homicidio intencional”, en contravención del derecho y las normas internacionales.La agencia de noticias Mizan de la judicatura anunció la ejecución de Mehdi Khaneki en Karaj (provincia de Alborz) el 22 de julio de 2026. Según informó, Khaneki había sido condenado a muerte en aplicación de la Ley de Espionaje tras ser declarado culpable sobre la base de “confesiones” que había hecho bajo custodia. Las autoridades lo habían acusado de vinculación a un grupo de oposición prohibido, posesión de armas y explosivos, y “acciones operativas” en nombre de Israel, Estados Unidos y “grupos hostiles”.El 15 de julio de 2026, las autoridades ejecutaron arbitrariamente a Mohammad Amini Dehaghani después de que un tribunal revolucionario de la provincia de Isfahán lo declarara culpable de “enemistad con Dios” (moharebeh) y “corrupción en la tierra” (efsad-e fel-arz) en relación con las protestas en la ciudad de Isfahán el 9 de enero de 2026. Según la agencia de noticias Mizan, también fue declarado culpable sobre la base de “confesiones” que había hecho cuando estaba detenido. La agencia afirmaba que las condenas de muerte se basaron en múltiples actos, entre ellos “perturbar la opinión pública”, “intentar establecer contacto con cuentas online asociadas a grupos contrarrevolucionarios”, bloquear carreteras y causar daños en bienes públicos.El 16 de junio de 2026, las autoridades ejecutaron arbitrariamente a Javad Zamani y a Abolfazl Saedi tras sendos fallos condenatorios por “enemistad con Dios” (moharebeh) y “corrupción en la tierra” (efsad-e fel-arz) mediante “ alteración del orden público”, “reunión y colusión para cometer delitos contra la seguridad nacional” e incendio premeditado en relación con las protestas en Shahrud (provincia de Semnán). La judicatura difundió sus “confesiones” forzadas el día de sus ejecuciones.Ashkan Maleki y Mehrdad Mohammadinia, de la minoría kurda oprimida de Irán, fueron ejecutados arbitrariamente y en secreto el 1 de junio de 2026 en la provincia de Alborz, sin previa notificación a familiares ni abogados. La Sección 15 del Tribunal Revolucionario de Teherán los condenó a muerte por “enemistad con Dios” (moharebeh) por incendiar una mezquita y un seminario en Teherán. Según la agencia de noticias Mizan, fueron declarados culpables y condenados a muerte en aplicación de la Ley de Espionaje, y las “confesiones” que hicieron bajo custodia —difundidas en la televisión estatal antes de su juicio, lo que constituye una violación de su derecho a la presunción de inocencia— se utilizaron para declararlos culpables. Arman Marefati, acusado junto a ellos, corre peligro inminente de ejecución en la prisión de Ghezel Hesar en Karaj (provincia de Alborz).Jueces y medios de comunicación estatales han calificado reiteradamente a los manifestantes ejecutados de “soldados de infantería enemigos”, “asesinos armados con espadas vinculados al Mosad” y “agentes enemigos disfrazados de manifestantes”.Aumento de las condenas de muerte arbitrarias vinculadas a las protestas de enero de 2026Desde que se restableció el acceso a Internet en Irán el 26 de mayo de 2026, tras un apagón nacional que duró tres meses, Amnistía Internacional ha documentado una escalada del uso de la pena de muerte en relación con las protestas de enero de 2026. Desde entonces se han recibido informes de al menos 15 condenas de muerte dictadas por tribunales revolucionarios y 13 condenas de muerte confirmadas por el Tribunal Supremo en las provincias de Alborz, Isfahán, Fars, Hamedán, Qazvin, Markazi, Semnán, Teherán y Yazd.Amnistía Internacional cree que el número real de condenas de muerte vinculadas a las protestas de enero de 2026 es muy superior. Según Iran Human Rights, organización de derechos humanos con sede fuera de Irán, sólo en una prisión de la provincia de Isfahán han sido condenadas a muerte más de 70 personas arrestadas en relación con las protestas de enero de 2026.Este aumento del uso de la pena capital llega en plena proliferación de declaraciones oficiales e informes publicados en medios de comunicación estatales que califican sistemáticamente las protestas de enero de 2026 de “conspiración terrorista sionista-estadounidense” o de “golpe de Estado”. Además, altos cargos judiciales y otras autoridades siguen comprometiéndose públicamente a acelerar los procesamientos y amenazan con la imposición de duras penas a manifestantes.Amnistía Internacional ha documentado casos de manifestantes condenados a muerte tras juicios manifiestamente injustos y procedimientos a puerta cerrada caracterizados por desaparición forzada, tortura y otros malos tratos, negación del acceso a representación letrada durante la fase de instrucción, negación del derecho a un abogado de su elección en el juicio y uso de “confesiones” forzadas, que atentan contra el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a recibir protección frente a la tortura y otros malos tratos, el derecho a no inculparse y el derecho a no ser privado arbitrariamente de la vida. El Tribunal Supremo, además, ha ratificado condenas de muerte sin una revisión significativa, privando a las personas acusadas de su derecho a un recurso justo y efectivo.Las autoridades han generado también un clima de miedo al recurrir cada vez más a la Ley de Espionaje, que penaliza actividades pacíficas protegidas por el derecho internacional de los derechos humanos, como difundir información sobre protestas y violaciones de derechos humanos a medios de comunicación extranjeros, si las autoridades consideran esas actividades contrarias a la seguridad nacional e impone la pena de muerte por actos definidos como “actividad de inteligencia” o espionaje en nombre de Israel, Estados Unidos u otro Estado o grupo calificado de “hostil”.En otra escalada de la represión, el Ministerio de Inteligencia publicó el 14 de julio de 2026 una lista con más de 400 personas y entidades, incluidas organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación independientes radicados fuera de Irán, a las que califica de “hostiles” según la Ley de Espionaje. Quien esté en Irán y se comunique con los individuos o entidades incluidos en la lista se arriesga a su procesamiento y posible condena a muerte si las autoridades califican sus actos de “actividad de inteligencia” o espionaje.Entre las personas en peligro de ejecución está el atleta de artes marciales Benyamin Naghdi, arrestado durante las protestas en Shiraz (provincia de Fars) el 3 de enero de 2026 y acusado de accionar un extintor contra las fuerzas de seguridad. Estuvo más de 50 días sometido a desaparición forzada y su “confesión” forzada fue emitida en la televisión estatal al día siguiente del arresto y antes del juicio. Según la información recopilada por Amnistía Internacional, la Sección 1 del Tribunal Revolucionario de Shiraz lo condenó a muerte por “corrupción en la tierra” (efsad-e fel-arz) en mayo de 2026 tras un juicio manifiestamente injusto, aunque Naghdi no fue informado de su condena hasta julio de 2026.Peyman Ganji también corre peligro de ejecución. Las fuerzas de seguridad lo arrestaron en Teherán a principios de febrero de 2026. La Sección 26 del Tribunal Revolucionario de Teherán lo condenó a muerte en mayo de 2026, y la sentencia se le notificó formalmente el 26 de julio. Fue declarado culpable de “enemistad con Dios” (moharebeh) en relación con su presunta implicación en el incendio de una mezquita y la fabricación de cócteles Molotov, acusaciones que él negó rotundamente. Según una fuente informada, “confesó” bajo tortura y otros malos tratos y se retractó de su “confesión” en el juicio.Ni Peyman Ganji ni Benyamin Naghdi se enfrentan a acusaciones de implicación en muertes de miembros de las fuerzas de seguridad.Al menos tres individuos —Erfan Amiri, Mansour Jafari y Matin Mohammadi— que eran menores de edad en el momento de los presuntos delitos también corren peligro de ejecución. El derecho internacional de los derechos humanos prohíbe estrictamente imponer la pena de muerte a personas que tuvieran menos de 18 años en el momento del presunto delito.Las autoridades iraníes deben suspender de inmediato todas las ejecuciones previstas y declarar una suspensión oficial de todas las ejecuciones con vistas a la abolición total de la pena de muerte.Información complementariaLa respuesta de las autoridades iraníes ante las protestas que estallaron en todo el país el 28 de diciembre de 2025 fue una campaña de represión militarizada sin precedentes. Utilizando ilegalmente armas de fuego y otros medios letales a escala masiva, mataron a miles de manifestantes y transeúntes los días 8 y 9 de enero de 2026 y arrestaron a decenas de miles. Tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero de 2026, el Estado iraní intensificó la represión interna con el pretexto de las “condiciones de guerra” y ejecutó a al menos 52 personas, entre las que había manifestantes y disidentes, por cargos de motivación política.Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte incondicionalmente, en todos los casos y circunstancias. Esta pena viola el derecho a la vida y es el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante.

13. Israel y el Territorio Palestino Ocupado: Dejen que las personas residentes en Zanuta regresen a su pueblo

    La comunidad palestina de Zanuta, situada en las colinas del sur de Hebrón, en la Cisjordania ocupada, y que se compone de 250 personas, entre ellas 100 niños y niñas, lleva siendo objeto de desplazamiento forzado desde 2023, a causa de la violencia de los colonos respaldados por el Estado. La policía y el ejército israelíes han eludido de forma reiterada y deliberada facilitar el regreso seguro de las personas residentes o protegerlas de la violencia de los colonos, con lo que han incumplido tanto sus obligaciones de derecho internacional como dos sentencias del Tribunal Supremo de Israel.Entre el 27 de octubre y el 1 de noviembre de 2023, a consecuencia de los constantes asaltos y ataques violentos de colonos israelíes desde un puesto de avanzada ilegal cercano, toda la comunidad de Zanuta se vio obligada a empaquetar sus pertenencias y huir del pueblo en el que sus antepasados habían vivido desde el siglo XIX. Casi tres años después, la comunidad permanece desplazada y fragmentada, sin poder regresar a sus hogares, a pesar de los numerosos intentos de hacerlo."Las autoridades israelíes deben garantizar sin más demora el retorno rápido y seguro de la población palestina de Zanuta a su comunidad, protegerla frente a nueva violencia de los colonos y ayudarla a reconstruir sus casas y sus infraestructuras comunitarias. Las autoridades israelíes deben eliminar rápidamente los puestos de avanzada de colonos ilegales establecidos en las tierras de Zanuta", señala Amnistía Internacional.El caso de Zanuta ilustra la política de limpieza étnica seguida por el actual gobierno israelí, conforme concluyó Amnistía Internacional en su reciente informe sobre el desplazamiento forzado, a manos de Israel, de las comunidades ganaderas y beduinas del Área C de la Cisjordania ocupada.Información complementariaEl pasado 19 de julio se cumplieron dos años de la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia que concluyó que la presencia militar de Israel en territorio palestino, la anexión de ese territorio y el régimen discriminatorio impuesto violan el derecho internacional, y ordenó a Israel que ponga fin a su ocupación ilícita y desmantele los asentamientos ilegales. Además, este miércoles 29 de junio se cumplen otros dos años desde que el Tribunal Supremo de Israel ordenara a la policía y el ejército israelíes que facilitaran el retorno seguro de la población residente de Zanuta. Más información aquí. 

14. Reino Unido: La sentencia del Tribunal Supremo sobre la causa del software espía de Bahréin envía un mensaje claro contra la represión transnacional

    Hoy, el Tribunal Supremo de Reino Unido ha desestimado el recurso presentado por Bahréin, que alega inmunidad del Estado frente a una demanda de larga duración presentada por los activistas políticos Saeed Shehabi y Moosa Mohammed por los daños psicológicos sufridos presuntamente tras ver infectados sus ordenadores portátiles con el software espía FinSpy mientras estaban en Reino Unido, en una operación que creen que fue autorizada y dirigida por el gobierno bahreiní.Ante la noticia, Stanley Kwenda, asesor de Comunicaciones Estratégicas de Amnistía Internacional, ha manifestado:“Al establecer que la infección remota de dispositivos desde el extranjero constituye un ‘acto en Reino Unido’, esta sentencia abre nuevas vías para impartir justicia y envía el mensaje de que la represión transnacional facilitada por la tecnología ya no será tolerada.Es un paso importante para ambos demandantes y otras víctimas del uso de software espía tanto en Reino Unido como internacionalmente que llevan tiempo luchando para que haya rendición de cuentas. Esta sentencia les ofrece claridad y una vía judicial clara para intentar que se haga justicia ante tribunales británicos. Es posible que los gobiernos ya no puedan esconderse tras la inmunidad del Estado.Esperemos que sirva de seria advertencia de que el uso transfronterizo ilícito de tecnologías de vigilancia masiva para actuar contra defensores y defensoras de los derechos humanos tendrá consecuencias penales.”Información complementaria Saeed Shehabi y Moosa Mohammed, destacados activistas bahreiníes que viven en Londres, afirman que sus ordenadores fueron infectados con FinSpy por agentes que actuaban en nombre del gobierno bahreiní en septiembre de 2011.FinSpy es un software espía comercial producido por la empresa radicada en Múnich FinFisher GMBH, ya desaparecida. Se ha utilizado contra periodistas y activistas en varios países de todo el mundo.Bahréin ya había impugnado la causa ante el Tribunal Superior y el Tribunal de Apelación, alegando que sus actos como Estado soberano gozaban de inmunidad frente a la jurisdicción de los tribunales británicos. Ambos tribunales resolvieron en contra de Bahréin, posición que ahora ha confirmado el Tribunal Supremo. Está previsto que la causa sea remitida de nuevo al Tribunal Superior, donde se celebrará un juicio completo.

15. Siria: Suspendan el uso de la Ley de Delitos Informáticos de la época de Al Asad hasta que sea reformada

    “Las autoridades sirias deben suspender la aplicación de la Ley núm. 20 de 2022 para Combatir los Delitos Informáticos, promulgada por el anterior gobierno —de Bachar al Asad—, y reformarla sustancialmente para hacerla compatible con las obligaciones contraídas por Siria en virtud del derecho internacional de los derechos humanos”, ha declarado hoy Amnistía Internacional. A pesar de que, en junio de 2026, el Ministerio de Justicia sirio anunció una revisión de la Ley sobre Delitos Informáticos e introdujo algunas limitaciones a su uso, la Ley sigue aplicándose para restringir el derecho a la libertad de expresión.Amnistía Internacional ha documentado cinco casos de periodistas y activistas que, entre enero y junio de 2026, permanecieron detenidos durante periodos de hasta siete días por sus opiniones expresadas en Internet en aplicación de la Ley de Delitos Informáticos de 2022. Estas cinco personas fueron arrestadas en virtud de disposiciones contenidas en la Ley que criminalizan la expresión pacífica en Internet a través de delitos definidos de forma general y poco precisa como “menoscabar el prestigio del Estado”, “menoscabar la posición económica del Estado” y “difamación electrónica”. Dos de ellas se enfrentan a un proceso penal que podría acarrearles severas penas de prisión.“Desde la caída del gobierno de Asad, la sociedad civil siria ha abierto un espacio para la libertad de expresión y de asociación a pesar del represivo marco legal vigente. Es alarmante que las autoridades de transición hayan seguido usando la represiva Ley de Delitos Informáticos de la época de Asad contra quienes critican a las autoridades sirias. Aunque la Declaración Constitucional de 2025 garantiza el derecho a la libertad de expresión, el hecho de que se siga aplicando la Ley de Delitos Informáticos hace que quienes critican a las autoridades corran el riesgo de ser objeto de arrestos y enjuiciamientos por la mera expresión de sus opiniones en Internet”, dijo Heba Morayef, directora regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.“Las autoridades han declarado en reiteradas ocasiones su intención de construir una nueva Siria y han tomado varias medidas positivas para romper con ese pasado represivo, pero el uso de leyes antiguas y abusivas para inhibir y restringir el diálogo, el debate y la crítica socava gravemente ese camino. Ahora que ya hay un Parlamento, hay que dar prioridad a la reforma del represivo marco legislativo heredado para hacer que sea compatible con las normas internacionales de derechos humanos, empezando con las abusivas disposiciones contenidas en la Ley de Delitos Informáticos de 2022 y el Código Penal. Ninguna persona debería ser arrestada, enjuiciada ni castigada solo por expresar pacíficamente sus opiniones en Internet”.El 21 de junio de 2026, el Ministerio de Justicia anunció la creación de comités jurídicos y técnicos para revisar varias leyes, incluida la Ley de Delitos Informáticos.Amnistía Internacional entrevistó a seis personas: dos arrestadas por ejercer su derecho a la libertad de expresión, dos que tenían información sobre casos adicionales de arresto y dos profesionales de la abogacía con información sobre casos. Además, la organización estudió resúmenes de documentos judiciales; informes de organizaciones locales y nacionales de derechos humanos, y de medios de comunicación creíbles, así como declaraciones y circulares de las autoridades.Nuevos límites a la detención previa al juicio y otras salvaguardiasLas autoridades han anunciado algunas salvaguardias de procedimiento que afectan a la aplicación de la Ley de Delitos Informáticos. El 26 de junio, el Ministerio de Justicia emitió una circular que exigía que la investigación de delitos informáticos obtuviera autorización judicial antes de que se iniciaran investigaciones especializadas y prohibía la detención previa al juicio salvo en circunstancias excepcionales como “preservar pruebas, impedir que se influya a testigos o a la víctima, o prevenir un peligro para la sociedad o la persona sospechosa”.La circular también limita los anuncios de búsqueda de personas y las medidas de búsqueda a circunstancias excepcionales, y establece una revisión de los anuncios de búsqueda emitidos con anterioridad. Sin embargo, incluso con estas salvaguardias de procedimiento, la Ley de Delitos Informáticos permite la injerencia en el derecho a la privacidad y prevé penas de prisión por delitos relacionados con la libertad de expresión que están amparados por esta.Aunque la circular establece los límites adecuados a la remisión a la policía judicial especializada de ciertos delitos relacionados con la expresión de opiniones en Internet, no garantiza que la investigación y el enjuiciamiento de delitos relacionados con la expresión de opiniones en Internet —como la difamación, los insultos y el libelo— sigan siendo del todo compatibles con las protecciones conferidas al derecho a la libertad de expresión. Amnistía Internacional pide, por tanto, la suspensión total de la aplicación de la Ley hasta que sea reformada.El 21 de julio, Mazen Arja, activista de la ciudad de Idlib, fue arrestado al presentarse en la División de Delitos Informáticos de Damasco, donde había sido citado. Basándose en la información disponible públicamente, su arresto podría tener relación con su anuncio público de su intención de presentarse como candidato presidencial. El arresto de Mazen Arja es incompatible con la circular del Ministerio de Justicia, puesto que no cumple los criterios que justifican la detención excepcional.Amnistía Internacional había documentado un arresto arbitrario anterior de Mazen Arja por orden de la Fiscalía de Idlib, en julio de 2025, a raíz de publicar en Facebook un texto sobre el trato que le había dado el sistema de justicia. Estuvo detenido 63 días acusado de “menoscabar el prestigio del poder judicial”. En abril de 2026 fue detenido de nuevo tras una denuncia presentada por el ex ministro de Salud, acusado de “menoscabar el prestigio del Estado, la Oficina de la Presidencia y la Oficina de la Secretaría Presidencial dirigida por Maher al Sharaa” por un post en Facebook que describía la relación entre el ex ministro de Salud y Maher al Sharaa, en enero de 2025.En virtud del derecho internacional, las autoridades podrían mantener en detención preventiva a una persona sometida investigación penal o en espera de juicio, solo como medida excepcional y estrictamente necesaria basada en una evaluación individualizada.Las autoridades deben presentar pruebas que demuestren que la detención es necesaria y proporcional debido a un riesgo sustancial de fuga, de daño grave a otros, de reincidencia o de injerencia en las pruebas o en la investigación. Si no hay ninguna de estas pruebas, la persona en detención previa al juicio debe ser puesta en libertad.Personas arrestadas por expresar su opinión en InternetLa organización ha documentado tres casos —los de dos periodistas y un activista— de personas arrestadas y acusadas de “menoscabar la reputación y el prestigio del Estado” y de “difamación e insultos electrónicos”, delitos tipificados en la Ley de Delitos Informáticos. La organización recibió información sobre otros dos activistas más, arrestados y acusados de “difundir noticias falsas” y de difamación e “insultos”. Los cinco fueron puestos en libertad tras periodos de detención e investigación de entre 24 horas y siete días.La fiscalía acusó formalmente a tres de ellos —un periodista y dos activistas—, mientras que los otros dos —periodista y activista— fueron objeto de sendas demandas de particulares. Las dos demandas de particulares fueron retiradas posteriormente debido a la presión pública. En los casos en los que la acusación fue formulada por el Estado, el periodista sigue corriendo el riesgo de ser procesado, mientras las actuaciones judiciales seguidas contra los dos activistas siguen pendientes de juicio.Amnistía Internacional revisó el contenido en Internet sobre el que se basaban las acusaciones o los cargos de los cinco casos y no halló ninguna indicación de que incitaran a la violencia o al odio, ni ninguna de las circunstancias que podrían constituir una limitación de la libertad de expresión que pudiera conllevar arresto o enjuiciamiento penal. Por tanto, sus expresiones estaban protegidas por el derecho a la libertad de expresión y la organización pide a las autoridades que retiren inmediatamente todos los cargos formulados contra los tres por derivarse exclusivamente del ejercicio pacífico de los derechos humanos.En un destacado caso reciente, las fuerzas de seguridad arrestaron al artista y director Hassan Akkad sin orden judicial, en un café del barrio de Al Malki, de Damasco, el 17 de junio de 2026. Practicaron la detención ocho hombres vestidos de civil, dos de ellos enmascarados y portando rifles, que posteriormente se identificaron como miembros del Departamento de Seguridad Criminal.Hassan Akkad había lanzado la campaña “Hato El Flous” (Paguen) en abril de 2026 para pedir responsabilidades a particulares, figuras del mundo empresarial y autoridades por compromisos económicos que habían asumido en apoyo de iniciativas de asistencia humanitaria, proyectos de reconstrucción y servicios públicos, y que no habían cumplido.Fue arrestado a raíz de que, en junio de 2026, un ciudadano particular lo denunciara acusándolo de difamación e “insultos”, delitos tipificados en la legislación siria; la denuncia fue remitida a la fiscalía. Según un abogado, el arresto se basó en los artículos 23 y 24 de la Ley de Delitos Informáticos de 2022. Tras importantes protestas públicas, fue puesto en libertad cinco días después de que el denunciante retirase la denuncia.“La transición desde un marco legislativo enormemente represivo nunca es fácil. Sin embargo, como medida inmediata y mientras se desarrolla el proceso de reforma, el Ministerio de Justicia y la Fiscalía pueden dictar instrucciones para poner fin a todos los arrestos y detenciones en espera de juicio por delitos relacionados con la libertad de expresión que en ningún caso reunirían los criterios que establece el derecho internacional para justificar la detención previa al juicio”, concluyó Heba Morayef.La Ley de Delitos Informáticos de 2022 incumple las normas internacionales de derechos humanosLa Ley de Delitos Informáticos de 2022 penaliza varias formas de expresión protegidas que Siria, como parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) desde 1969, tiene la obligación de proteger.La Ley de Delitos Informáticos de 2022 de Siria penaliza varias formas de expresión protegidas en el derecho internacional de los derechos humanos. Los artículos 24, 25, 27 a 29 y 31 prevén duras penas por delitos que no son reconocidos como tales en el derecho internacional, como los de “cometer insultos o falta de respeto”, “crímenes contra la Constitución”, “menoscabar el prestigio del Estado”, “socavar la confianza en la moneda o el sistema financiero nacional” e “insultar religiones, símbolos sagrados, rituales religiosos o incitar al odio o la violencia”. También criminaliza la difamación que, en virtud de las normas internacionales de derechos humanos vigentes, debería tratarse como infracción civil y no como delito.En virtud de sus disposiciones generales y poco precisas, una persona podría ser arrestada y enjuiciada por la expresión en Internet de opiniones que las autoridades perciban como críticas al gobierno.La Ley confiere asimismo amplias atribuciones en materia de aplicación. Los artículos 34 y 35 clasifican la mayoría de las publicaciones y republicaciones en Internet como difusión pública, extendiendo la responsabilidad penal a quienes comparten contenido incluso cuando no son sus autores.También permite una censura de amplio alcance. El artículo 37 autoriza a los tribunales el bloqueo de sitios web o sistemas de información durante periodos de entre tres meses y la clausura permanente cuando se usen para cometer delitos tipificados en la Ley. Además, el artículo 43 permite restricciones al acceso a sitios web mediante órdenes judiciales o medidas administrativas de la autoridad reguladora.El artículo 19 del PIDCP garantiza a todas las personas el derecho a la libertad de expresión, que incluye la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas por cualquier medio. En virtud de su artículo 19.3, están permitidas las restricciones al derecho a la libertad de expresión únicamente en ciertas circunstancias estrictamente definidas, y las sanciones penales solo se consideran una limitación legítima cuando la expresión constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia.Toda restricción de este derecho debe estar prescrita por la ley, perseguir un objetivo legítimo y ser necesaria y proporcionada. Es responsabilidad del Estado demostrar que la restricción persigue un objetivo legítimo y que es tanto necesaria como proporcionada para alcanzar dicho objetivo.En sus observaciones finales sobre Siria de julio de 2024, el Comité de Derechos Humanos señaló que la ley impone penas severas para ciertas formas de expresión y cuestionó su compatibilidad con el artículo 19 del PIDCP, recomendando que Siria reformase la ley para eliminar disposiciones de redacción imprecisa y garantizar que toda restricción de la expresión cumple los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.“En 2025, la Comisión Nacional de Justicia Transicional y el Ministerio de Justicia dijeron a Amnistía Internacional que la reforma legislativa era una prioridad. Ahora que hay un Parlamento, la Comisión y el Ministerio de Justicia tienen la oportunidad de indicar que están dando prioridad a las libertades políticas acelerando el trámite de reforma de las leyes represivas que socavan la protección de los derechos humanos y haciéndolas compatibles con el derecho internacional de los derechos humanos”, concluyó Heba Morayef.

16. Cuba: El exilio del artista afrocubano Luis Manuel Otero Alcántara reafirma años de injusticia

    Tras la llegada a Estados Unidos del artista plástico afrocubano y preso de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara, luego de casi cinco años privado de libertad injustamente en Cuba, Amnistía Internacional declaró: “La llegada de Luis Manuel Otero Alcántara a Estados Unidos pone fin a años de prisión injusta y ratifica el daño causado por las autoridades cubanas y la responsabilidad del Estado por haberlo encarcelado únicamente por ejercer sus derechos humanos. Luis Manuel nunca debió haber pasado un solo día en prisión. Lo que vivió seguirá siendo un símbolo de cómo el gobierno cubano ha utilizado el sistema penal para castigar el arte, la disidencia y la libertad de expresión”, señaló Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional. Luis Manuel Otero Alcántara fue condenado el 24 de junio de 2022 a cinco años de prisión por cargos como “desacato”, “desórdenes públicos” y “ultraje a los símbolos patrios”, en un proceso vinculado a sus expresiones artísticas, publicaciones en redes sociales, críticas al gobierno cubano y participación en protestas pacíficas. Amnistía Internacional lo declaró preso de conciencia y exigió reiteradamente su liberación inmediata e incondicional. “Si bien es un alivio que Luis Manuel esté libre, es indispensable recordar que su destierro es una extensión del castigo contra quienes se atreven a pensar distinto, crear libremente o denunciar violaciones de derechos humanos en Cuba. Toda persona debe poder vivir en libertad, expresarse y participar en la vida pública sin verse forzada a abandonar su país”, agregó Ana Piquer. “Luis Manuel Otero Alcántara deja Cuba después de años de persecución, encarcelamiento arbitrario y deterioro de su salud bajo custodia estatal. Su salida del país debe ir acompañada de garantías plenas para su seguridad, su dignidad y su derecho a continuar creando, denunciando y defendiendo derechos humanos sin amenazas ni represalias contra él, su familia o su entorno”, continuó Ana Piquer. “Las autoridades cubanas deben liberar de inmediato y sin condiciones a todas las personas presas de conciencia, incluido Maykel Castillo Pérez ‘Osorbo’, así como Sayli Navarro Álvarez, Félix Navarro Rodríguez, Loreto Hernández García, Donaida Pérez Paseiro, Roberto Pérez Fonseca y todas las personas detenidas injustamente por motivos políticos en Cuba. La comunidad internacional debe mantener la presión hasta que ninguna persona en Cuba sea encarcelada, vigilada, amenazada o forzada al exilio por ejercer sus derechos humanos”, concluyó Ana Piquer. 

17. Francia: La protección de la infancia online empieza con el diseño de las plataformas, no con prohibiciones

    En respuesta a la aprobación de un proyecto de ley en el Parlamento francés que prohíbe a menores de 15 años acceder a redes sociales y restringe el uso de teléfonos en las escuelas, Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, ha declarado:“No cabe duda de que en nuestros tiempos es imperativo regular las plataformas para proteger a la infancia. Encomiamos a los Estados por tomarse en serio los daños causados por las redes sociales, pero en lugar de imponer prohibiciones generales, las iniciativas deberían centrarse en obligar a las plataformas a abandonar su búsqueda implacable de beneficios en detrimento de los derechos humanos”.“La construcción de plataformas seguras requiere una respuesta firme. Para garantizar que las plataformas son lugares en los que los niños y las niñas pueden acceder a relaciones comunitarias, contactos y conocimiento de manera sana y segura, los gobiernos deberían centrarse en primer lugar en prohibir las funciones que provocan daños, incluidos los algoritmos basados en la interacción que, según ha demostrado la investigación de Amnistía Internacional, pueden arrastrar a niños y niñas a agujeros de contenido depresivo y suicida. Cualquier solución que se proponga debe abordar además proactivamente los crecientes riesgos que plantean los chatbots de inteligencia artificial para los derechos y la seguridad de la infancia.”“Animamos a los legisladores y legisladoras de Francia y a otras instancias que consideren prohibir las redes sociales que tomen nota de las recientes recomendaciones del Panel Especial de la UE sobre Seguridad Infantil Online que aconseja a los reguladores que tomen medidas constructivas para abordar el nocivo diseño de las redes sociales, en lugar de recurrir por defecto a prohibiciones generales.”“El Panel declaró, acertadamente, que el derecho de los niños y las niñas a participar en un entorno online seguro es la base sobre la que los gobiernos deben enfocar este debate. En los lugares en los que se han implantado prohibiciones a las redes sociales, éstas deben ser una medida temporal implementada como parte de la construcción de unas redes sociales diferentes cuyo diseño se base en principios centrados en la seguridad de la infancia.”Información complementariaEl martes, el Parlamento francés aprobará una ley que prohibirá a los niños y las niñas menores de 15 años acceder a las redes sociales; con ello, Francia se convertirá en el primer país de la UE que adopte esta medida. La prohibición entrará en vigor en septiembre, cuando los menores de 15 años tendrán bloqueada la creación de cuentas de redes sociales. Esta prohibición se aplicará después a las cuentas existentes a partir de enero de 2027.Las recomendaciones detalladas de Amnistía Internacional para la protección de la infancia frente a los daños online pueden encontrarse en nuestros informes conexos: Empujados a la oscuridad: El feed “Para ti” de TikTok fomenta la autolesión y la ideación suicida y “Siento que no se me protege”: Emboscada en la red de vigilancia de TikTok – Amnistía Internacional.

18. Afganistán/Pakistán: Los mortíferos ataques aéreos contra un centro de desintoxicación de Kabul deben investigarse como posible crimen de guerra

    Cuatro meses después de pedir a las autoridades paquistaníes que explicaran cómo y por qué atacaron el 16 de marzo un centro de desintoxicación de Kabul, matando al menos a 269 civiles, Amnistía Internacional publica una nueva investigación en la que exige que el ataque sea investigado como posible crimen de guerra.La organización no halló pruebas que sustentaran las afirmaciones del ejército paquistaní de que el Centro de Rehabilitación y Tratamiento de Drogodependencias Omid se utilizaba para almacenar armas y munición ni para otros fines militares en el momento del ataque. El ataque aéreo violó las medidas especiales de protección que establece el derecho internacional humanitario (DIH) para los centros sanitarios, así como los principios de distinción, precaución y proporcionalidad concebidos para proteger a la población civil.“El ataque al Centro Omid es una grave violación del derecho internacional humanitario, que probablemente constituya crimen de guerra. Teniendo en cuenta la existencia de información ampliamente disponible de que el lugar llevaba más de diez años utilizándose como centro médico, el acto refleja un grave fallo de planificación militar por parte de Pakistán, que ocasionó una importante pérdida de vidas civiles”, ha declarado Isabelle Lassee, directora regional en funciones de Amnistía Internacional para Asia Meridional.“Fue un incumplimiento por parte de Pakistán de su obligación de hacer todo lo posible para verificar si el objetivo era un objetivo militar, que tuvo consecuencias letales. Pakistán debe llevar a cabo una investigación transparente, minuciosa, independiente e imparcial sobre el ataque, —especialmente sobre el proceso de toma de decisiones que condujo a establecer como objetivo el centro de desintoxicación— y debe hacer públicos los resultados.“Cuando existan pruebas suficientes, las autoridades competentes deben procesar a cualquier persona sospechosa de responsabilidad penal, incluida la derivada de la doctrina de la responsabilidad de mando.”La operación formó parte de una serie de ataques aéreos que llevó a cabo el ejército de Pakistán en el interior de Afganistán desde el incremento de las hostilidades transfronterizas con los talibanes en octubre de 2025. Sólo entre enero y marzo de 2026, la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) documentó más de 750 casos de víctimas civiles en Afganistán, 372 de ellas mortales y 392 con heridas. En los ataques aéreos del 28 de junio en las provincias de Paktya , Paktika y Kunar murieron al menos 28 civiles, según la UNAMA. Si bien no hay una cifra conjunta de víctimas civiles en Pakistán, los medios de comunicación informan de que los proyectiles de mortero lanzados desde territorio afgano mataron al menos a siete civiles.“Todas las partes en conflicto deben respetar el derecho internacional humanitario y tomar todas las precauciones posibles para proteger a la población civil y los bienes de carácter civil, con especial atención en caso de centros médicos y otros lugares especialmente protegidos. El hecho de que no se investiguen violaciones graves como el ataque contra el Centro Omid demuestra un alarmante desprecio por el derecho internacional y conlleva el peligro de que la impunidad se afiance, provocando más operaciones ilegales y pérdidas de vidas civiles”, ha señalado Isabelle Lassee.Amnistía Internacional analizó y verificó más de 60 fotografías y vídeos, la mayoría tomados justo después del ataque contra el Centro Omid, entre los que había vídeos publicados por el ejército de Pakistán para fundamentar su afirmación de que el lugar se estaba utilizando para almacenar armas y munición. La organización también examinó más de 30 imágenes satelitales de la zona, así como vídeos verificados que documentan las operaciones que se realizaban en el Centro Omid antes del ataque.Fueron entrevistadas 11 personas que trabajaban o habían trabajado en el Centro Omid y en el vecino Hospital Ibn-e-Sina, y también personas que habían estado en el centro inmediatamente después del ataque y a familiares de víctimas. Algunas habían sido testigos de los ataques, y algunas también habían participado en las tareas de evacuación.El 9 de julio, Amnistía Internacional se puso en contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán para solicitar información detallada sobre las medidas tomadas por el gobierno para investigar un posible fallo al seleccionar el objetivo de los ataques y sobre si se había pedido a las personas implicadas en el proceso que rindieran cuentas, incluida cualquier información que respaldara su afirmación de que el lugar bombardeado era “un almacén de armas y munición”. En el momento de publicar este comunicado, no se había recibido respuesta.Prohibición de atacar instalaciones médicasEl principio de distinción del derecho internacional humanitario exige que las partes distingan entre civiles y combatientes, y entre bienes de carácter civil y objetivos militares. Los ataques deliberados contra instalaciones médicas y su personal están expresamente prohibidos, salvo que a estas instalaciones se les esté dando un uso diferente de su función humanitaria. Cuando existan dudas respecto a si una instalación médica se está utilizando para cometer actos “dañinos para el enemigo” —único caso en el que podrían perder su protección— debe presuponerse que no es así.El día siguiente al ataque, el ministro federal de Información y Radiodifusión de Pakistán afirmó en una publicación de X que el ejército paquistaní había atacado “infraestructura de apoyo técnico e instalaciones de almacenamiento de munición” en dos lugares de Kabul (uno de ellos el Centro Omid). También aseguró que las detonaciones posteriores que se habían escuchado indicaban que el ataque había alcanzado grandes depósitos de munición.Especialistas en armamento de Amnistía Internacional analizaron los vídeos y fotos de los restos de bombas y concluyeron que al menos una de las municiones utilizadas era una bomba guiada de precisión Takbir . Este hallazgo concuerda con las declaraciones del ejército paquistaní según las cuales en el ataque se emplearon municiones guiadas de precisión, lo que sugiere que la operación fue resultado de una decisión deliberada de elegir un objetivo.El Centro Omid se estableció en 2016 en el lugar donde había estado una base de la OTAN. Inicialmente funcionaba como centro de formación profesional para personas drogodependientes en tratamiento. Al regresar los talibanes al poder en 2021, el lugar se amplió, convirtiéndose en un centro de tratamiento de drogodependencias con 2.000 camas. En el mismo recinto se encuentra el Hospital Ibn-e-Sina, que proporcionaba servicios sanitarios esenciales a los pacientes del Centro Omid.Hay mucha información disponible públicamente sobre la labor del Centro Omid, incluido un documental de 2023 de Al Jazeera que muestra a pacientes que reciben tratamiento en el centro.Amnistía Internacional identificó al menos dos grandes carteles situados sobre la puerta principal y dentro del complejo que indican claramente en el idioma local que se trata de un centro de rehabilitación y tratamiento. La organización verificó también un vídeo grabado en 2025 y hallado dentro del centro en el que se muestran algunas de las naves donde se alojaban los pacientes, y analizó imágenes satelitales del Centro Omid entre abril de 2023 y el 15 de marzo de 2026. El 13 de marzo, justo tres días antes del ataque, las imágenes muestran grandes grupos de gente en el lugar.“Las autoridades paquistaníes deberían haber sabido que se trataba de un bien de carácter civil y que un ataque aéreo podría provocar gran número de víctimas civiles. Incluso en el caso de que el ejército paquistaní tuviera información fiable del uso militar del centro, estaba claro que los daños a la población civil serían excesivos”, ha declarado Isabelle Lassee.Sin pruebas de armas ni municiónSegún personas con las que habló la organización, los ataques tuvieron lugar a eso de las 9 pm, justo al acabar la oración vespertina ( tarawih ) del mes de Ramadán. La noche del ataque había en el centro más de mil pacientes, según varias personas entrevistadas que trabajaban en él.En virtud del derecho internacional humanitario, las fuerzas atacantes tienen la obligación de hacer todo lo posible para verificar si su objetivo previsto es un objetivo militar y, si existen dudas al respecto, abstenerse de lanzar un ataque contra él o cancelar o suspender dicho ataque. Incluso en el caso de que una instalación médica se esté utilizando con fines no humanitarios, sólo estaría justificado atacarla tras haberse emitido una advertencia efectiva y que ésta haya sido ignorada. Amnistía Internacional no encontró ningún indicio de que se hubiera efectuado advertencia alguna, y el hecho de que el ataque coincidiera con la oración vespertina aseguraba que hubiera civiles y no permitía ninguna oportunidad de evacuación.En su publicación de X, Attaulah Tarar adjuntaba varios vídeos que, según decía, confirmaban que el lugar se utilizaba para almacenar armas y munición, como afirmaba el ejército paquistaní.Especialistas en armas y en investigación basada en fuentes de acceso público de Amnistía Internacional analizaron estos vídeos, así como pruebas recibidas directamente de fuentes locales y online. Los vídeos consisten en imágenes en blanco y negro de drones y aviones de combate que muestran los ataques aéreos desde varios ángulos. Ninguno de ellos, ni tampoco las imágenes recogidas en tierra, permiten la identificación de pruebas concluyentes de armas, munición u otros materiales explosivos almacenados en la zona. Las imágenes no muestran explosiones secundarias inmediatamente después de los ataques, que constituirían una prueba del almacenamiento de munición.“Nuestra investigación indica claramente que no se trataba de un objetivo militar con arreglo al derecho internacional humanitario. Las ‘pruebas’ que Pakistán ha dado a conocer públicamente hasta ahora no invalidan la conclusión de que se trató de un ataque ilegítimo que causó daños a civiles y bienes de carácter civil”, ha declarado Isabelle Lassee.Lugares sobre los que impactaron los ataquesLas pruebas digitales y los testimonios de personas presentes indican que al menos hubo tres lugares en el centro que resultaron gravemente dañados o destruidos como consecuencia de los ataques aéreos.Las imágenes satelitales del 13 de marzo muestran el Centro Omid tres días antes de los ataques. Los lados este y oeste del complejo están separadas por una verja de control. Las imágenes muestran a muchas personas en el lado oriental de la verja, que según los testimonios es la principal zona de estancia de los pacientes.El 23 de marzo, las imágenes satelitales muestran tres zonas sumamente dañadas e incendiadas. En el vídeo publicado por Attaulah Tarar se ve cómo son alcanzados tres de los edificios: el gran edificio situado en el nordeste y dos edificios situados en la zona noroeste. Las imágenes satelitales muestran también incendios y señales de destrucción en el suroeste.En uno de estos lugares, también quedó destruida una gran nave situada en el nordeste. Varias de las personas entrevistadas afirmaron que el lugar albergaba pacientes en tratamiento, así como la cocina y el comedor del centro. Vídeos y fotos tomados justo después del ataque y durante el proceso de evacuación indican que la mayoría de los cadáveres se rescataron en esta zona.Una segunda ubicación, situada en el noroeste del centro, era utilizada por personal de seguridad talibán y para almacenar alimentos, según varias personas entrevistadas. La tercera ubicación, en el suroeste del centro se utilizaba, según varias fuentes, para almacenar artículos como carbón, leña y objetos esenciales, como prendas de vestir, y en él había un taller de sastrería.Una de las personas entrevistadas que visitó el Centro Omid tras el ataque, declaró: “Uno de los edificios alcanzados se utilizaba para almacenar leña y carbón. Cuando lo visité, vi restos de ambas cosas. También había mucha ropa, y muchos zapatos. No era calzado militar.”“Dondequiera que pisaba había un cadáver”Poco después del ataque, los talibanes dijeron que más de 400 civiles habían muerto y más de 250 habían resultado con heridas. En mayo, la UNAMA verificó de manera independiente que habían muerto al menos 269 civiles y 122 habían sufrido heridas.Según varias personas entrevistadas, es probable que el número real de muertes sea más alto, pues el nivel de destrucción hacía imposible la identificación de algunos restos.Amnistía Internacional habló con un familiar de una víctima cuya familia no había podido localizarla tras buscarla en hospitales y centros de rehabilitación de drogodependientes donde se había trasladado a los pacientes. “La familia vive en la incertidumbre. La nave que albergaba a las personas recién ingresadas resultó alcanzada. Sin embargo, no hemos encontrado restos suyos. La familia ha examinado todas las fotos recogidas por el Laboratorio Forense para identificarlo. Pero no ha podido.”Una persona, profesional sanitario que participó en la evacuación de las víctimas tras el ataque, dijo: “Iba corriendo hacia donde oía ruidos y personas pidiendo auxilio. Al cabo de un tiempo, ya no oía a nadie... Dondequiera que pisaba, había un cadáver.” 

19. Rusia: El proyecto de ley que impone amplias restricciones a las personas críticas con el gobierno que viven el extranjero utiliza el castigo para silenciar la disidencia

    En reacción a la legislación propuesta en la cámara baja del Parlamento ruso (Duma) que impondría amplias restricciones —como la negación de servicios consulares y el bloqueo de los derechos bancarios y patrimoniales— a personas críticas con el gobierno que viven en el extranjero y están afectadas por leyes problemáticas en Rusia, Marie Struthers, directora de Amnistía Internacional para Europa Oriental y Asia Central, ha declarado:“Esta legislación es un terrible intento de castigar a personas que se han ido de Rusia pero siguen criticando a sus autoridades. Al negarles el acceso a sus cuentas bancarias, bloquear sus transacciones patrimoniales y denegarles los servicios consulares, las autoridades rusas están intentando acosar y penalizar a sus opositores por todos los medios posibles”.“Muchas de las personas a las que afecta esta legislación huyeron de Rusia escapando de la intimidación y de la amenaza constante de ser condenadas a largas penas de cárcel por alzar la voz. Ahora el Estado ruso está diseñando nuevas formas de hacerles daño más allá de sus fronteras”.“Es poco probable que los llamamientos al Parlamento para que rechace estas draconianas propuestas legislativas detengan su aprobación. Los gobiernos de los países que acogen a estas personas deben desarrollar urgentemente mecanismos eficaces para contrarrestar esta extralimitación represiva del gobierno de Rusia y garantizar que las personas afectadas por estas medidas puedan tener acceso a servicios básicos como los bancarios, y obtener documentos esenciales como el pasaporte”.Información complementariaEl 20 de julio, una comisión de la cámara baja del Parlamento ruso (Duma) aprobó las enmiendas al borrador del proyecto de ley “Sobre medidas restrictivas provisionales que afectan a personas que se encuentran fuera de la Federación Rusa y eluden el cumplimiento de penas”. La segunda lectura del proyecto de ley está prevista para el 22 de julio.La legislación propuesta establecería un registro de personas que viven fuera de Rusia y están evadiendo sanciones penales o administrativas impuestas por las autoridades de este país, incluidas las dictadas en virtud de leyes problemáticas que violan los derechos humanos. El registro sería gestionado por el Ministerio de Justicia. Esta legislación problemática incluye las leyes sobre “agentes extranjeros” y “organizaciones indeseables”, y penaliza actos como “desacreditar” a las Fuerzas Armadas rusas, solicitar sanciones y otros delitos “contra los intereses de la Federación Rusa.”Las personas incluidas en el registro se verían privadas de la mayoría de los servicios consulares y de administración electrónica, se les negaría el acceso a los servicios de banca móvil y online, no podrían efectuar transferencias bancarias desde el extranjero ni vender o registrar propiedades inmobiliarias, y estarían sometidas a diversas restricciones en la gestión de otros activos. Además, se congelarían sus cuentas bancarias y se les retiraría el permiso de conducir y otras licencias. 

20. Europa/Israel y el Territorio Palestino Ocupado: Los Estados de la UE que permiten la venta de bonos del Estado israelí en Europa se arriesgan a ser cómplices de la continuación del genocidio en Gaza

    Luxemburgo, Irlanda y todos los Estados miembros de la Unión Europea (UE) deben suspender la venta de bonos de Israel en la UE si no quieren arriesgarse a ser cómplices del genocidio en curso de Israel contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza; así lo afirma Amnistía Internacional en una declaración pública emitida hoy.“Israel depende cada vez más de la inversión extranjera para financiar su genocidio, apartheid y ocupación ilegal así como sus crímenes contra la población palestina. Los bonos israelíes incrementan los fondos a disposición del gobierno y por tanto contribuyen a financiar el genocidio de Israel contra la población palestina de la Franja de Gaza ocupada, que ha aniquilado familias enteras, destruido infraestructuras civiles, como hospitales y escuelas, y causado el desplazamiento del 90% de la población al dejar sus viviendas en ruinas”, ha dicho Steve Cockburn, director regional de Amnistía Internacional para Europa.“Permitir la venta de estos bonos en los mercados de la UE tiene un coste ético y legal descomunal. El derecho internacional es inequívoco: todos los Estados tienen la obligación de no colaborar ni contribuir al genocidio, y la obligación de prevenirlo.”Según el gobierno, Israel aumentó drásticamente la emisión de bonos del Estado —un instrumento financiero empleado por el gobierno para recaudar dinero de particulares y pequeños inversores— a partir del 7 de octubre de 2023 “debido a la situación de seguridad de Israel” en la Franja de Gaza. Los ingresos procedentes de los bonos se destinan al presupuesto general del Estado israelí y, como publicitan las autoridades, ayudan a sostener su capacidad militar.La aprobación de los bonos de Israel por cualquier Estado miembro de la UE para su venta en los mercados financieros europeos es un claro ejemplo de facilitación financiera, que puede constituir un incumplimiento de la obligación de prevenir el genocidio en virtud del derecho internacional y que incluso conlleva el riesgo de asistencia o colaboración en la comisión de un genocidio.Para comercializar estos bonos en Europa, Israel necesita que un Estado miembro de la UE asuma el programa de emisión. Desde 2021 y tras la salida de Reino Unido de la UE, el Banco Central de Irlanda actúa como “Estado miembro de origen” que permite a Israel acceder al mercado de la UE. En 2025, tras las protestas y la presión pública en Irlanda por el genocidio israelí contra la población palestina en la Franja de Gaza, Israel solicitó la transferencia de los bonos a Luxemburgo, que aprobó el prospecto o documento jurídico que permite vender estos bonos a personas de la UE durante otro año.Desde septiembre de 2025, los bonos israelíes están regulados en la UE por la autoridad reguladora financiera de Luxemburgo (Comisión de Vigilancia del Sector Financiero, CSSF), y están a disposición del público en Alemania, Austria, Francia, Luxemburgo y Países Bajos.El 31 de agosto expira el prospecto de Luxemburgo. Amnistía Internacional pide al Estado luxemburgués que rechace un nuevo prospecto sobre los bonos israelíes. Irlanda, como Estado de la UE emisor de los bonos, también debe declinar la transferencia y rechazar la aprobación de un nuevo prospecto. La organización pide asimismo a todos los Estados miembros de la UE que se abstengan de aceptar la transferencia o de aprobar un nuevo prospecto.“Permitir que estos bonos se vendan en Europa es una decisión política. Una de las maneras más evidentes y eficaces de poner fin al genocidio de Israel contra la población palestina de la Franja de Gaza es dejar de financiarlo. Al seguir facilitando la venta de estos bonos, los Estados miembros de la UE se arriesgan a ser cómplices en los crímenes de derecho internacional cometidos por Israel contra el pueblo palestino”, ha dicho Steve Cockburn.Información complementariaDe 2022 a 2024, el presupuesto militar israelí creció del 4,2% al 8,3% de su producto interior bruto (PIB), con una subida media de los bonos israelíes de 2.400 millones de dólares estadounidenses al año de 2023 a 2025. A partir del 7 de octubre de 2023, el gobierno israelí incrementó la financiación de sus actividades militares. Los bonos israelíes se presentaron como una oportunidad de “apoyar a Israel en guerra” en 2023.En enero de 2024, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) determinó que existía un riesgo plausible de genocidio contra la población palestina en la Franja de Gaza ocupada y ordenó a Israel que adoptara medidas efectivas para impedirlo. Posteriormente, la CIJ dictó órdenes cautelares en marzo y mayo de ese año, reafirmando estas medidas entre otras cosas. A la luz de la sentencia de la CIJ, los Estados Partes en la Convención sobre el Genocidio tienen obligaciones más estrictas, según las cuales todo actor de la UE —u otro Estado Parte— que facilite flujos financieros que permitan reforzar la capacidad militar del país debe evaluar su papel en el marco de la obligación de prevenir el genocidio.Desde que Luxemburgo aprobó el comercio de bonos de Israel en 2025, tanto especialistas legales como la sociedad civil se han movilizado en contra de la medida y han publicado investigaciones que respaldan su llamamiento a las autoridades para que suspendan los bonos.