Amnistía Internacional Sp

1. Más de 200 socios y socias de Amnistía Internacional se concentran en Lugo para pedir la protección de la población civil en Oriente Medio

   Madrid/Lugo.- Más de 200 socios y socias de Amnistía Internacional España se reunirán este fin de semana, 18 y 19 de abril, en el Pazo de Feiras e Congresos de Lugo con motivo de la 52ª Asamblea General de la organización. Durante estas jornadas se hará balance del trabajo desarrollado en el último año y se abordarán las líneas estratégicas que marcarán el próximo plan de acción.En esta edición, se pondrá especial atención en las consecuencias en materia de derechos humanos que conllevan las prácticas autoritarias de Gobiernos que  gozan de una impunidad cada vez mayor en diferentes lugares del mundo. Para ahondar en ello, Carolina Román, Responsable Internacional de Campañas de la organización intervendrá en uno de los espacios de la Asamblea; y Claudia López, hermana de la abogada y presa de conciencia salvadoreña Ruth López aportará, mediante su experiencia personal, un ejemplo del impacto que las prácticas autoritarias tienen en las personas que se oponen a ellas. También el activista y miembro de AI Venezuela, Yendri Velásques, compartirá su experiencia con los y las socias. Además, los y las socias de Amnistía Internacional llevarán a cabo un acto de calle el sábado por la tarde para pedir la protección de la población civil en Oriente Medio, mediante una marcha que partirá desde el Cubo de Mosqueira y llegará hasta la plaza de Santa María. En el acto, se realizará una performance y se leerá un manifiesto centrado en cómo la población civil en Oriente Medio está viviendo una tragedia insoportable: Israel continúa con su genocidio en Gaza, sin que la comunidad internacional ponga remedio, ataca el sur de Líbano, y añade otro frente más atacando a Irán, junto a Estados Unidos, con nefastas consecuencias en toda la región. Cientos de civiles han muerto, incluidos menores, y decenas de escuelas, hospitales y hogares han quedado destrozados, provocando que miles de personas tengan que huir de sus casas. "La violencia sigue golpeando a quienes no escogieron estas guerras. No estamos ante hechos inevitables, sino ante decisiones que vulneran las normas fundamentales del derecho internacional. Proteger a la población civil es una obligación. Atacar a civiles, bloquear la ayuda humanitaria o destruir infraestructuras esenciales no son daños colaterales: son crímenes de guerra", señalan en el manifiesto.  

2. Sudán: Después de tres años, las partes enfrentadas intensifican la brutal guerra contra la población civil

   El brutal conflicto de Sudán entre las Fuerzas Armadas de Sudán (SAF) y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) y sus respectivos aliados, que dura ya tres años, continúa intensificándose y causando daños terribles a la población civil, ha manifestado hoy Amnistía Internacional en vísperas del tercer aniversario del inicio del conflicto, que se cumple el 15 de abril.Cada cambio en la línea del frente deja tras sí un reguero de muerte y destrucción caracterizado por ataques directos e indiscriminados a la población civil, saqueos y destrucción de infraestructuras civiles, violencia sexual generalizada, restricción del acceso de la ayuda humanitaria y ataques de represalia.“Una y otra vez, las partes en el conflicto han atacado deliberada e indiscriminadamente a la población civil, especialmente durante y después de la toma de pueblos y ciudades en todo el país. Además, continúan bloqueando el acceso de la ayuda humanitaria a personas que la necesitan deseperadamente”, ha declarado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.“Las respuestas limitadas, tibias e insatisfactorias de la Unión Africana, el Consejo de Seguridad de la ONU, y otros actores internacionales y regionales no han hecho más que envalentonar a los perpetradores para continuar con estos ataques. El mundo debe dar prioridad de forma urgente a la protección de la población civil en Sudán”.Amnistía Internacional pide además que la comunidad internacional, incluida la Unión Africana, la Unión Europea y la ONU, den prioridad a la rendición de cuentas por los crímenes de derecho internacional y otros graves abusos y violaciones de derechos humanos que se están cometiendo en Sudán. El Consejo de Seguridad de la ONU debe ampliar la remisión de la situación de Darfur a la Corte Penal Internacional (CPI) para que también incluya la investigación y el procesamiento de crímenes perpetrados en el resto de Sudán.La comunidad internacional debe asimismo conseguir más financiación y presionar a las partes enfrentadas en el conflicto para que garanticen un acceso sin restricciones de la ayuda humanitaria al país, que permita hacer llegar a la población civil, incluidas las personas sobrevivientes de violencia sexual, servicios sanitarios vitales.“El de Sudán no es un conflicto olvidado, sino ignorado y relegado deliberadamente. Tras esta desatención hay innumerables seres humanos que se encuentran padeciendo un sufrimiento indescriptible mientras el mundo mira hacia otro lado. Esto tiene que acabar”, ha dicho Agnès Callamard.Una guerra contra la población civilDesde que estalló el conflicto armado, Amnistía Internacional ha documentado ataques sistemáticos contra la población civil por parte tanto de las RSF como de las SAF.Las violaciones contra la población civil incluyen homicidios ilícitos deliberados, violación, violación en grupo, esclavitud sexual y otras formas de violencia sexual, tortura, desapariciones forzadas y saqueos generalizados. Todas ellas constituyen crímenes de guerra y algunas también podrían constituir crímenes contra la humanidad.Durante y después de un ataque a gran escala sobre Zamzam —el campo para personas internamente desplazadas más grande de la provincia de Darfur Septentrional— en abril de 2025, las RSF y sus fuerzas aliadas mataron deliberadamente a civiles, tomaron rehenes y saquearon y destruyeron bienes de carácter civil. Los combatientes de las RSF también incendiaron viviendas y negocios y provocaron daños en infraestructuras civiles fundamentales, además de desplazar a más de 400.000 personas durante el proceso.Amnistía Internacional ha documentado también las atrocidades generalizadas perpetradas por las RSF en El Fasher cuando los combatientes tomaron el control de la ciudad en octubre, tras 18 meses de asedio.Las SAF han llevado a cabo ataques aéreos contra zonas civiles, como un concurrido mercado de la ciudad de Kabkabiya en Darfur Septentrional, donde murieron decenas de civiles. Las SAF y sus fuerzas aliadas también han perpetrado ataques de represalia contra civiles y defensores y defensoras de los derechos humanos considerados colaboradores de las RSF.Miembros de la red sudanesa de base Salas de Respuesta de Emergencia, activistas, periodistas, profesionales de la medicina, personal de ayuda humanitaria, defensores y defensoras de los derechos humanos, civiles que se oponen a la guerra y personas consideradas afines a las fuerzas contrarias han sufrido ataques, hostigamiento, detención arbitraria y homicidios. Los combates entre las SAF y las RSF en la región de Kordofán también se están cobrando un alto precio en vidas de civiles. La ciudad de El Obeid, en Kordofan del Norte, está actualmente bajo el asedio de las RFS.“El margen para evitar que en El Obeid y en otras partes de la región de Kordofán se repita lo que ocurrió en El Fasher se reduce rápidamente. Si no se ejerce sobre ambas partes una presión diplomática coordinada, será inevitable que se repitan las atrocidades en masa perpetradas en El Fasher”, ha afirmado Agnès Callamard.“Desde que se inició el conflicto no ha habido tregua para la población civil, atrapada en un ciclo sin fin de muerte, desplazamiento y hambre”.También existe el riesgo de que el conflicto se extienda a otras zonas, como el estado de Nilo Blanco.Embargo de armasAmnistía Internacional ya documentó la transferencia de armas fabricadas recientemente a Sudán y sus alrededores, en flagrante violación del embargo de armas a todas las partes en el conflicto de Darfur.La organización proporcionó evidencias del amplio apoyo militar de Emiratos Árabes Unidos (EAU) a las RSF, en violación del derecho internacional. Amnistía Internacional también reveló que en el campo de batalla de Sudán se estaban usando sistemas de armas de fabricación francesa,junto con armas de China, Rusia, y Turquía.Amnistía Internacional reitera sus llamamientos a Emiratos Árabes Unidos para que detengan de inmediato las transferencias de armas a las RSF. Hasta entonces, también deben detenerse todas las transferencias internacionales de armas a Emiratos Árabes Unidos”.Amnistía Internacional también insta al Consejo de Seguridad de la ONU que extienda al resto de Sudán el actual embargo de armas a Darfur.“A menos que se interrumpa el flujo y el suministro de armas a Sudán, la población civil seguirá sufriendo bajo bombardeos diarios. Es hora que el Consejo de Seguridad de la ONU extienda al resto de Sudán el embargo de armas a Darfur, y que se exijan responsabilidades a todos los países que lo han violado”, ha manifestado Agnès Callamard.

3. Italia: La suspensión de la cooperación en materia de defensa con Israel debería haberse producido hace mucho tiempo

   En respuesta a la decisión, largamente demorada, del gobierno italiano de suspender el memorándum de entendimiento entre Italia e Israel sobre cooperación en materia de defensa, Riccardo Noury, portavoz de Amnistía Internacional Italia, ha declarado:“Israel sigue desafiando el derecho internacional y los derechos humanos: el genocidio en la Franja de Gaza sigue su curso, la expansión de los asentamientos ilegales en Cisjordania sigue adelante en un contexto de escalada de violencia sin precedentes, y los ataques y desplazamientos masivos en Líbano continúan. Toda cooperación militar entre el gobierno italiano e Israel amenaza con convertir a Italia en cómplice de violaciones del derecho internacional humanitario y crímenes de derecho internacional”.“Ahora necesitamos coherencia. El gobierno italiano debe apoyar la suspensión del Acuerdo de Asociación de la Unión Europea e Israel, una demanda respaldada por más de un millón de ciudadanos y ciudadanas europeos que han firmado la Iniciativa Ciudadana Europea en tan sólo tres meses”.“Ha llegado el momento de que los Estados vayan más allá de las meras expresiones de pesar o consternación. Deben emprender acciones enérgicas para presionar a Israel para que ponga fin a su genocidio en Gaza y a la violación sistemática de los derechos humanos en todo el Territorio Palestino Ocupado y los países vecinos”.Información complementariaEstaba previsto que el memorándum expirara el 13 de abril de 2026 y, si no se decidía lo contrario, se renovara automáticamente para cinco años. La decisión de suspenderlo se ha tomado tras una presión sostenida de la sociedad civil italiana que pedía un cambio de dirección, y representa un avance inicial.

4. Cuba: Las autoridades deben liberar ya a las personas detenidas por motivos políticos y acabar con la represión

   A un mes del anuncio realizado por las autoridades cubanas sobre la excarcelación inminente de 51 personas privadas de libertad y tras el reciente anuncio de un indulto a 2.010 personas el 2 de abril de 2026, Amnistía Internacional advierte que las medidas siguen marcadas por la falta de transparencia y discrecionalidad, sin garantías de liberación plena ni de respeto efectivo de los derechos humanos. La organización reitera su llamado a la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas por motivos políticos y el cese de la represión contra quienes solamente ejercen sus derechos humanos.Hasta la fecha, las autoridades cubanas no han publicado una lista oficial completa de las personas beneficiarias de las excarcelaciones ni del indulto. La experiencia de procesos anteriores demuestra que medidas opacas y discrecionales pueden dejar a las personas bajo restricciones arbitrarias, vigilancia constante, prohibiciones de salida del país y la amenaza permanente de ser devueltas a prisión, lo que perpetúa un clima de control y miedo.“Las autoridades cubanas siguen administrando la libertad como si fuera una concesión discrecional y no una obligación del Estado. Es hora de sustituir los anuncios parciales, opacos, revocables y sin garantías con la liberación inmediata e incondicional de todas las personas encarceladas únicamente por el ejercicio de sus derechos humanos, y el cese definitivo del uso de la libertad como moneda de cambio político”, dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.Amnistía Internacional recuerda que los procesos de excarcelaciones o indultos no sustituyen la obligación del Estado de poner fin a las detenciones arbitrarias, anular condenas injustas ni reparar integralmente a las víctimas. En particular, subraya que ninguna persona debería permanecer privada de libertad, ni ver restringidos sus derechos, por expresar opiniones críticas, manifestarse pacíficamente o informar sobre la realidad del país.Hasta la fecha, ninguna de las personas reconocidas por Amnistía Internacional como presas de conciencia en Cuba- Luis Manuel Otero Alcántara, Maykel Castillo Pérez (Osorbo), Félix Navarro Rodríguez, Saily Navarro Álvarez, Roberto Pérez Fonseca, Loreto Hernández García y Donaida Pérez Paseiro- han sido liberadas.  Tras el anuncio de indulto, las organizaciones de derechos humanos que monitorean la situación del país no han podido verificar la excarcelación de ninguna persona privada de libertad por motivos políticos.  Estos nuevos anuncios se producen en un contexto de intensificación de la represión estatal. En marzo de 2026, estallaron protestas sociales en la ciudad de Morón, provincia de Ciego de Ávila, en medio de prolongados apagones, escasez de combustible y el deterioro sostenido de las condiciones de vida. De acuerdo con información documentada por la organización de derechos humanos Cubalex, al menos 85 personas fueron detenidas tras protestas durante el mes de marzo, entre ellas al menos dos adolescentes.La represión también se ha intensificado contra personas creadoras de contenido digital, así como contra sus familias. En semanas recientes, Amnistía Internacional ha documentado amenazas, vigilancia, detenciones arbitrarias y presiones contra jóvenes que utilizan las redes sociales para cuestionar a las autoridades desde dentro de la isla.Por ejemplo, miembros del medio digital El4tico, quienes fueron objeto de allanamientos sin orden judicial de la vivienda donde producían sus contenidos, permanecen detenidos arbitrariamente y enfrentan procesos penales por informar; también los jóvenes del proyecto Fuera de la Caja, cuyos familiares denunciaron intimidaciones por parte de la Seguridad del Estado; a estos, se suman las represalias y criminalización denunciada por Ana Bensi y su madre, en un contexto de hostigamiento vinculado a su actividad en redes sociales.“La represión en Cuba no se dirige únicamente contra quienes protestan o contra figuras históricas de la disidencia. Abarca también a jóvenes que informan, opinan o crean contenido, y castiga deliberadamente a sus madres, padres y familiares como forma de coerción. Este uso del entorno familiar para sembrar miedo revela la profundidad del cierre del espacio cívico en Cuba”, señaló Ana Piquer.Todo esto ocurre en medio de una crisis por el deterioro de las condiciones de vida que continúan afectando el acceso a derechos y servicios básicos como la electricidad, alimentos, medicinas, transporte y otros bienes esenciales, profundizando el sufrimiento cotidiano de la población.Amnistía Internacional reitera que ninguna medida, interna ni externa, debe agravar el sufrimiento del pueblo cubano. En ese sentido, la organización mantiene su rechazo a las medidas coercitivas unilaterales externas que empeoran las condiciones de vida en la isla, subrayando al mismo tiempo que estas no eximen al Estado cubano de su obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.El anuncio de contactos y conversaciones entre funcionarios de Cuba y Estados Unidos añade una nueva dimensión política al contexto actual. El 13 de marzo, Miguel Díaz-Canel confirmó públicamente que representantes de ambos gobiernos habían sostenido intercambios para abordar diferencias bilaterales e identificar posibles ámbitos de cooperación, sin detallar su contenido. Para Amnistía Internacional, cualquier proceso de diálogo debe colocar en el centro los derechos humanos y necesidades humanitarias de todas las personas en Cuba, sin discriminación.Los derechos humanos son innegociables: el futuro de Cuba debe acordarse y decidirse con plena rendición de cuentas, justicia y reparación a quienes viven bajo represión, escasez y falta de libertades”, concluyó Ana Piquer. 

5. Una coalición de organizaciones de la sociedad civil presenta una denuncia contra el Consejo de Administración de CAF por su implicación en el Tren Ligero de Jerusalén

   Una coalición de organizaciones de la sociedad civil ha presentado una denuncia ante la Fiscalía contra el Consejo de Administración de Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), así como contra los directivos de seis filiales, por la implicación de la empresa en la construcción, operación y mantenimiento del Tren Ligero de Jerusalén (JLR por sus siglas en inglés). La denuncia, registrada el 18 de febrero de 2026, está impulsada por NOVACT, la Comunitat Palestina de Catalunya, el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, ODESCA, Paz con Dignidad y SUDS, representadas por el Centro Guernica 37.Una implicación estructural en el proyectoSegún el escrito presentado ante la Fiscalía, la empresa vasca participa desde 2019 en el desarrollo del proyecto con un papel que va mucho más allá de una colaboración puntual: se encarga de ampliar la Línea Roja del JLR, construir la Línea Verde, suministrar y renovar trenes y desplegar sistemas de señalización, energía y comunicaciones. Además, opera y mantiene ambas líneas a través de una empresa conjunta en la que posee el 50% de participación, con contratos de entre 15 y 25 años. CAF, en consorcio con la empresa israelí Shapir, ha desempeñado un papel central en el desarrollo y la operación del Tren Ligero de Jerusalén, proporcionando servicios clave sin los cuales el proyecto no habría alcanzado su estado actual. La participación de CAF es estructural e indispensable para el funcionamiento y la expansión del sistema de tranvía, no solo por su alcance técnico. La denuncia sostiene que la infraestructura conecta los asentamientos israelíes en Jerusalén Este ocupada entre sí y con Jerusalén Oeste, reforzando su integración y crecimiento, al tiempo que profundiza la fragmentación de los barrios palestinos.Asimismo, la denuncia argumenta que las actividades de CAF en relación con el Tren Ligero de Jerusalén contribuyen presuntamente a la consolidación de la anexión ilegal por parte de Israel de Jerusalén Este ocupada; al mantenimiento y expansión de los asentamientos ilegales de Israel en el territorio palestino ocupado; y al mantenimiento de prácticas discriminatorias e inhumanas por parte de Israel contra la población palestina.La base jurídica y la responsabilidad en EspañaDesde el punto de vista jurídico, la denuncia sostiene que la actuación de CAF podría encajar en distintos preceptos del Código Penal español relativos a crímenes contra personas protegidas en conflictos armados. Entre ellos, se incluyen conductas relacionadas con la participación en el traslado de población civil de una potencia ocupante al territorio ocupado, en el mantenimiento de prácticas discriminatorias y en la vulneración de la Cuarta Convención de Ginebra. Las organizaciones denunciantes subrayan además que España tiene jurisdicción en este caso, ya que CAF es una empresa con sede en el Estado español, sus órganos de decisión están sujetos a la legislación española y los directivos denunciados poseen nacionalidad española. A su juicio, esto sitúa también en el centro la responsabilidad de las autoridades españolas a la hora de actuar ante posibles vulneraciones del derecho internacional humanitario y de investigar los delitos a los que se contribuye mediante las empresas españolas. A la espera de la Fiscalía La denuncia llega tras años de advertencias sobre los riesgos legales y reputacionales del proyecto. Pese a ello, la empresa ha mantenido su implicación, incluida la inauguración de la ampliación de la Línea Roja el 9 de marzo de 2025. Asimismo, en septiembre de 2025 CAF fue incluida en la base de datos de Naciones Unidas de empresas vinculadas a actividades en los asentamientos ilegales de Israel. La Fiscalía nos ha confirmado la recepción de la denuncia y la apertura de una investigación sobre la misma. Las organizaciones denunciantes pedimos que la Fiscalía acuerde, a la vista de las pruebas que aportamos y de los resultados de su investigación, llevar el caso a la Audiencia Nacional y denunciar los hechos ante este órgano judicial.Más información: Ver documento: Denuncia presentada contra el Consejo de Administración de CAF por su papel en el Tren Ligero de Jerusalén

6. Hungría: Oportunidad histórica para el nuevo gobierno de revertir el retroceso en materia de derechos humanos

   Ante la noticia de que el partido opositor de Péter Magyar ha ganado las elecciones nacionales de Hungría con una victoria aplastante, Dávid Vig, director de Amnistía Internacional Hungría, ha manifestado:“Hoy es un día histórico para Hungría. Tras 16 años de un gobierno empeñado en ignorar los derechos humanos y desmantelar el Estado de derecho, la mayoría de la población húngara ha votado en favor del cambio. Se trata de una oportunidad histórica para que Hungría revierta el retroceso en materia de derechos humanos que ha sufrido el país y retome una senda en la que los derechos humanos están en el centro de todas las políticas gubernamentales”.“El nuevo gobierno debe restablecer y reforzar de inmediato la independencia de las instituciones que protegen a la población húngara de los abusos de poder, poner fin a todas las campañas de odio organizadas por el gobierno contra grupos vulnerables y anular o reformar todas las leyes, políticas y prácticas que violan derechos humanos. Es asimismo fundamental que participe en un diálogo significativo con organizaciones de la sociedad civil independientes para garantizar que los derechos humanos y el Estado de derecho están en la base de la elaboración de políticas”.

7. Sudán: Los países de ingresos altos deben aprovechar la reunión de Berlín para salvar vidas cuando el conflicto cumple su tercer año

   “Los donantes internacionales que asisten a la conferencia de ayuda humanitaria para Sudán deben conseguir más financiación y presionar a las partes enfrentadas para garantizar el acceso humanitario sin trabas y permitir la entrega en el país de servicios sanitarios vitales para la población civil, incluidas las sobrevivientes de violencia sexual”, ha declarado hoy Amnistía Internacional con motivo de la celebración de la Conferencia Ministerial Internacional sobre Sudán en Berlín el 15 de abril.Tres años de conflicto entre las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) y las Fuerzas Armadas de Sudán (SAF) y sus respectivos aliados han creado una crisis humanitaria y sanitaria en Sudán, donde más de 33 millones de personas necesitan asistencia. No obstante, los actuales recortes de la ayuda internacional hacen peligrar los esfuerzos para abordar toda una serie de riesgos para la salud como la desnutrición, el cólera, los traumatismos y las lesiones.“Mientras la ayuda ha disminuido en Sudán, las necesidades no han hecho más que aumentar. Detrás de estas cifras hay vidas reales, personas reales que han perdido su hogar, a sus seres queridos y sus medios de subsistencia que luchan por sobrevivir a la guerra y a las enfermedades y el hambre que esta conlleva”, declaró Tigere Chagutah, director regional de Amnistía Internacional para África Oriental y Austral.“La reunión de Berlín no debe ser otro foro de intercambio de opiniones. Los donantes internacionales deben aprovechar esta oportunidad para prometer más financiación a las organizaciones no gubernamentales (ONG) de primera línea que trabajan en Sudán, reconocer el terrible sufrimiento de la población civil y tomar medidas significativas para aliviarlo. Esta financiación de los donantes, necesaria con tanta urgencia, debe ir acompañada de un redoblamiento de los esfuerzos diplomáticos de la comunidad internacional para proteger a la población civil —incluidos personal humanitario, sanitario, y de intervención local— y exigir responsabilidades y justicia por las violaciones cometidas en todo Sudán". Las graves consecuencias de una financiación precariaA finales de 2025, Amnistía Internacional habló con siete ONG que facilitan servicios directamente —desde entregas de combustible a hospitales a atención posterior a la violación para menores en Sudán— o vigilan las violaciones de derechos humanos. La organización también entrevistó a muchas personas que habían huido del país.Todas las ONG dijeron que la falta de financiación había interrumpido sus actividades obligándolas a cerrar o a reducir personal. Algunas carecían de medicinas básicas, como analgésicos y antibióticos. A una ONG internacional (ONGI), el suministro limitado de antibióticos la obligó a tomar decisiones difíciles sobre a quién dar prioridad.Una ONGI dijo a Amnistía Internacional que necesita con urgencia alimentos terapéuticos listos para consumir —una pasta densa de nutrientes ideada para tratar a niños y niñas con desnutrición aguda grave— y que solo puede cubrir las necesidades del 50% de los casos. CARE International calcula que han cerrado hasta el 80% de las cocinas comunitarias debido a la disminución de la ayuda, lo que empeora aún más la crisis de desnutrición.Mujeres y niños y niñas afectados desproporcionadamenteLos servicios de salud para sobrevivientes de la violencia sexual generalizada que cometen todas las partes enfrentadas se han visto afectados de forma significativa por los recortes en las ayudas.Una defensora de los derechos de las mujeres y activista dijo a Amnistía Internacional que los grupos de base ya estaban recibiendo muy poca financiación vital: “Y después, tras los recortes en la financiación y los obstáculos para los compromisos de los donantes, no están recibiendo nada. Y eso ha influido en el hecho de que cientos de mujeres y niñas de corta edad estén totalmente abandonadas”.Calificó el acceso a la atención a la salud reproductiva y sexual de “caos” y dijo que, para las sobrevivientes de violencia sexual con fístula traumática, la situación es “más que dolorosa”.La intensificación del conflicto en Sudán ha causado la huida de más de 4,5 millones de personas a los países vecinos. En febrero, la ONU emitió una petición de 1.600 millones de dólares estadounidenses para ayudar a la población refugiada en la región.Entre quienes corren mayor riesgo destacan los niños y niñas, y las personas adultas con discapacidad. Muchos que viven en campos para personas desplazadas en Chad contaron a Amnistía Internacional sus dificultades para acceder a la educación y a la atención médica, así como a sillas de ruedas y otros dispositivos que necesitan para desplazarse.Yagoub*, de 17 años, camina ahora con una muleta y tiene movilidad limitada después de que las RSF le disparasen en una pierna en su pueblo, en Darfur Septentrional. Dijo a Amnistía Internacional que no podía pagarse la operación para extraer la metralla que seguía teniendo en el cuerpo: “[El personal médico] me remitió a un hospital avanzado […] para que me hicieran una radiografía y ecografías […] Necesito mucho dinero […] Según mi consulta previa, la cirugía cuesta alrededor de cinco millones de libras sudanesas (1.470 dólares estadounidenses)”.Yagoub dijo que no podía ir a la escuela porque tardaría entre 10 y 20 minutos a pie y no tenía asistencia para ayudarle a llegar.Makawi*, un chico de 15 años que sufre aparentemente una parálisis cerebral, huyó de Darfur Septentrional a espaldas de su abuela. Sin silla de ruedas, no puede moverse por el campo de personas refugiadas de Chad donde vive ahora. No hay aseos ni duchas cerca de la tienda que comparte con su abuela: “Si necesito ir [al aseo] por la noche, es casi imposible”.Makawi sueña con ir a la escuela, pero es difícil llegar hasta ella y demasiado caro.Los compromisos políticos deben traducirse en más ayudaPara las ONG que trabajan en Sudán, proporcionar atención sanitaria en un conflicto puede ser complejo y costoso. La financiación intermitente de los donantes lo ha hecho especialmente difícil. Las ONG explicaron que los programas deben planificarse con meses de antelación debido al colapso de los sistemas bancarios, y es difícil encontrar transporte y seguridad.El panorama que describen es de escasez y violaciones generalizadas de los derechos a la salud y a la vida. Como dijo el dirigente de una ONGI: “Verán que siguen existiendo organizaciones en el terreno. Pero, si hablamos de eso, ¿se pueden conseguir suficientes suministros para mantener estas instalaciones? Mi respuesta sería que no. ¿Se pueden encontrar suficientes alimentos nutricionales para estas instalaciones sanitarias? Les diré que no. ¿Se pueden conseguir vacunas suficientes para estas instalaciones? Mi respuesta será que no… No sabemos lo que ocurrirá mañana”.Según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, la financiación de Estados Unidos al plan humanitario coordinado de Sudán se redujo a la mitad entre 2024 y 2025, y en 2025, menos del 40% del plan fue financiado por todos los donantes.En una reciente decisión muy positiva, después de un informe de la Comisión Independiente para el Impacto de la Ayuda sobre la financiación de Reino Unido en Sudán, el Ministerio de Exteriores de este país priorizó Sudán y, en especial, a las mujeres y las niñas, aunque sigue habiendo cuestiones sobre cómo se materializarán estos compromisos en un contexto de recortes drásticos de personal y de los programas para desarrollo de Reino Unido.“Es vital que se respeten los derechos humanos, incluidos los relativos a la alimentación, la salud, la vivienda, la educación y al agua de millones de civiles pese a la intensificación del conflicto. Para hacer realidad estos derechos, los donantes deben garantizar con urgencia suficiente ayuda internacional para satisfacer las necesidades inmediatas esenciales al mismo tiempo que toman otras medidas necesarias a más largo plazo, como el alivio de la deuda incluida su cancelación, para permitir que Sudán dedique más gastos a bienes y servicios públicos vitales”, concluyó Tigere Chagutah.Durante décadas, los Estados de altos ingresos han adoptado compromisos políticos a gran escala para asignar como mínimo el 0,7% de su producto interior bruto a ayuda exterior y, en virtud de las leyes y normas internacionales de derechos humanos, muchos Estados tienen también obligaciones extraterritoriales de garantizar estos derechos. Este compromiso debe traducirse en un aumento de la ayuda humanitaria destinada a las ONG sudanesas a fin de permitirles responder a las emergencias sanitarias.Sudán, como otros países muy dependientes de la ayuda en conflictos prolongados, necesita que la comunidad internacional actúe.*Los nombres se han modificado para proteger la identidad de las personas entrevistadas.Más informaciónhttps://www.amnesty.eu/news/eu-must-act-for-sudans-civilians-three-years-of-conflict/

8. Israel y el Territorio Palestino Ocupado: Los Estados deben garantizar un paso seguro para la Global Sumud Flotilla como misión civil que se opone al genocidio en curso

   El 12 de abril de 2026, la Global Sumud Flotilla zarpará una vez más en una iniciativa civil coordinada encaminada a romper el bloqueo ilegal de Israel a la Franja de Gaza ocupada. Integrada por más de 70 embarcaciones y 3.000 participantes de 100 países, la misión Primavera de 2026 incluye una flota médica especializada de 1.000 profesionales de la salud que llevan suministros vitales para ayudar al devastado sistema sanitario de Gaza. La misión tiene como objetivo llevar ayuda a la población palestina que sufre el genocidio en curso de Israel y decenios de cruel apartheid. Ante el lanzamiento de la misión Primavera de 2026, Erika Guevara Rosas, directora general de Investigación, Incidencia, Política y Campañas de Amnistía Internacional, ha declarado:“La Global Sumud Flotilla es un símbolo poderoso de solidaridad internacional con la población palestina de Gaza, que soporta un genocidio en curso y casi 19 años de bloqueo inhumano. Las autoridades de Israel deben garantizar el paso seguro de estos activistas desarmados y defensores y defensoras de los derechos humanos. No deben repetirse las interceptaciones ilegales y detenciones arbitrarias que llevó a cabo Israel en 2025, como la confiscación del Madleen y de otras embarcaciones que formaban parte de la Global Sumud Flotilla, ni los malos tratos y abusos infligidos a activistas durante su detención el pasado mes de octubre”.“Como potencia ocupante, Israel está obligada legalmente a garantizar que la población palestina de Gaza tiene acceso sin restricciones a la ayuda humanitaria, desde productos básicos hasta suministros y artículos de primera necesidad, no obstante lo cual sigue incumpliendo descaradamente sus obligaciones legales y las medidas provisionales vinculantes ordenadas por la Corte Internacional de Justicia, en violación del derecho internacional”.“El hecho de que continúen zarpando estas misiones civiles es una denuncia directa de la devastadora inacción de la comunidad internacional. Los Estados deben cumplir sus obligaciones de derecho internacional y tomar medidas concretas para contribuir a acabar con el genocidio de Israel contra la población palestina en Gaza, entre ellas, presionando a Israel para que ponga fin a su bloqueo ilegal, que continúa infligiendo un sufrimiento incesante a la población. Además, deben garantizar protección a quienes emprenden acciones para acabar con la impunidad de Israel por sus violaciones de los derechos de la población palestina en Gaza”.Información complementariaLa misión Primavera de 2026 de la Flotilla llega en medio de una grave crisis humanitaria en la que, según la ONU, más del 60% de los niños y niñas menores de dos años experimentan pobreza alimentaria y miles de mujeres embarazadas y lactantes siguen sufriendo desnutrición. Seis meses después del denominado acuerdo de alto el fuego de octubre de 2025 y pese a la disminución de la intensidad de los ataques, Israel persiste en sus actos genocidas contra la población palestina de Gaza al seguir infligiendo deliberadamente unas condiciones de vida calculadas para causar su destrucción física. Israel sigue imponiendo restricciones a la entrada en Gaza de artículos indispensables para la supervivencia de la población civil como alimentos adecuados, medicinas, material médico y dispositivos de asistencia médica, material para la construcción de refugios y equipos necesarios para la purificación del agua y la retirada de escombros, artefactos explosivos no detonados y residuos. Además, limita la distribución de ayuda humanitaria, incluso restringiendo a qué organizaciones permite entregar ayuda dentro de la Franja de Gaza.Desde el denominado alto el fuego, han muerto al menos 723 personas palestinas en Gaza, en su mayoría civiles, y la abrumadora mayoría de la población sigue desplazada, mientras las fuerzas israelíes siguen desplegadas al completo en casi el 60% de la Franja de Gaza, zona vetada de hecho para la población palestina.

9. El proyecto de resolución de la ONU sobre el cambio climático de Vanuatu podría transformar la responsabilidad climática durante décadas

   Un proyecto de resolución de la ONU sobre el cambio climático trata de convertir la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre las obligaciones de los Estados en relación con la “amenaza urgente y existencial” que representa el cambio climático en una hoja de ruta para la adopción de medidas concretas y la rendición de cuentas.Aunque no es vinculante, la histórica opinión emitida por el más alto tribunal del mundo en 2025 es considerada por la mayoría como una opinión autorizada que aclara las obligaciones de los Estados respecto del cambio climático. Y reforzará de forma significativa las iniciativas para pedir responsabilidades a los líderes mundiales, guiar la eliminación gradual justa y equitativa de los combustibles fósiles, reforzar las leyes y políticas sobre el clima y promover la justicia climática para miles de millones de personas en todo el mundo.Los Estados miembros de la ONU negocian actualmente el proyecto de resolución que expresa su pleno apoyo a la opinión de la CIJ; se prevé que voten el texto a finales de abril de 2026. Vanuatu, que ha advertido en reiteradas ocasiones de que podría desaparecer ante el aumento del nivel del mar, lidera los esfuerzos para que se apruebe la resolución. La nación insular y archipiélago del Pacífico también encabezó la ofensiva diplomática en favor de la opinión consultiva de la CIJ de 2025 mediante una campaña activa iniciada por un grupo de jóvenes estudiantes de Derecho.Contribuyó a la primera versión del “borrador cero” de la resolución un grupo principal con representación interregional de Vanuatu, Barbados, Burkina Faso, Colombia, Jamaica, Kenia, las Islas Marshall, los Estados Federados de Micronesia, el Reino de los Países Bajos, Palau, Filipinas, Singapur y Sierra Leona.¿En qué consiste la opinión consultiva de la CJI de 2025?Esta histórica opinión consultiva fue la primera vez que la CIJ examinaba el marco jurídico internacional aplicado al cambio climático. Es un hito que fue posible gracias a años de campañas en las que intervinieron gobiernos, movimientos juveniles, organizaciones de la sociedad civil y comunidades de primera línea que reclamaban una acción por el clima.Para llegar a su opinión, 15 jueces y juezas de todo el mundo trataron de responder a dos preguntas fundamentales: según el derecho internacional, ¿cuáles son las obligaciones de los Estados de proteger el clima y el medioambiente de las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por el ser humano? y ¿cuáles son las consecuencias legales para los gobiernos cuando sus actos —o su inacción— han dañado de forma significativa el clima y el medioambiente?En una poco habitual opinión unánime, la CIJ dejó claro que proteger el sistema del clima global es una obligación legal, no una opción política. No hacerlo amenaza los derechos humanos y el bienestar de las generaciones actuales y futuras. La Corte también declaró que los países deben actuar de forma conjunta para remediar los daños existentes y prevenir más estragos climáticos.Los puntos clave de la opinión consultiva de la CIJ:El objetivo principal de temperatura para todos los Estados, compatible con el Acuerdo de París, debe ser un aumento de la temperatura global inferior a 1,5 ºC respecto de los niveles preindustriales.Cuando se considere pertinente, debe aplicarse el derecho internacional de los derechos humanos para determinar la obligación de los Estados de abordar la crisis climática en lugar de limitarse a acuerdos climáticos concretos.El hecho de no eliminar gradualmente los combustibles fósiles constituye un acto ilícito que incluye continuar la exploración y la provisión de subvenciones a la industria de los combustibles fósiles.Los Estados deben cooperar para mitigar el cambio climático y adaptarse a él a fin de reducir al mínimo los daños, lo que incluye proporcionar fondos, tecnología y conocimientos.Todos los países tienen la obligación de abordar el cambio climático; sin embargo, se reconoce que sus responsabilidades y capacidades diferirán en función de sus circunstancias.Los Estados están obligados a indemnizar íntegramente cualquier pérdida o daño causado por actos ilícitos internacionales.Las personas objeto de desplazamiento forzado por el cambio climático, incluso a un país distinto del suyo, deben ser protegidas por el principio de no devolución; es decir, protegidas frente a la devolución a un país donde podrían sufrir daños graves.De ser adoptado, ¿qué exigiría a los gobiernos el proyecto de resolución sobre el cambio climático de la ONU?El borrador cero del proyecto de resolución expone las medidas que deben tomar los países para limitar un calentamiento peligroso, proteger a las comunidades y hacer justicia cuando se produce el daño.Pide a los países que:No superen los 1,5 ºC: adoptando e implementando planes nacionales de acción en materia climática alineados con mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 ºC.Adopten leyes estrictas sobre el clima: adoptando y haciendo cumplir leyes y políticas para prevenir daños medioambientales globales y proteger los derechos humanos de los efectos negativos del cambio climático.Abandonen gradualmente los combustibles fósiles: tomando medidas efectivas para proteger el sistema climático de las emisiones de gases de efecto invernadero, entre ellas actuaciones destinadas a abandonar gradualmente y de forma urgente y equitativa la producción y el uso de combustibles fósiles, y para poner fin a las subvenciones a estos combustibles.Pongan en el centro a las comunidades de primera línea: garantizando la participación plena, significativa y equitativa de las mujeres, los pueblos indígenas, la juventud y otros grupos marginados en todas las formas de acción en materia climática.Protejan a las personas desplazadas debido al clima: defendiendo los derechos de las personas desplazadas por los efectos del cambio climático y creando vías seguras, regulares y no discriminatorias para la protección transfronteriza;Paguen indemnizaciones: proporcionando indemnizaciones completas y sin demora cuando el Estado incumpla sus obligaciones, lo que incluye la creación de un Registro Internacional de Daños atribuibles al cambio climático y el consiguiente mecanismo internacional para la reparación por daños debidos al cambio climático.Estas actuaciones tienen por objeto detener los daños causados por el cambio climático en su origen y apoyar a las comunidades de primera línea más afectadas por fenómenos meteorológicos extremos, el aumento del nivel del mar, la inseguridad alimentaria y la tensión sobre los recursos hídricos causados por el cambio climático.¿Por qué es importante esta resolución para los derechos humanos?La CIJ reconoció que “el medioambiente es la base de la vida humana de la que dependen la salud y el bienestar de las generaciones presentes y futuras” y confirmó que las personas no pueden disfrutar plenamente de sus derechos humanos si los gobiernos no protegen nuestro sistema climático. Los daños al clima ya están poniendo en peligro a millones de personas.Al convertir unas normas legales globales en una guía práctica para la acción en materia climática, esta resolución refuerza las protecciones para quienes sufren la injusticia climática y la realidad de que los derechos humanos y la protección medioambiental son inseparables.¿Por qué ha presentado Vanuatu ahora esta nueva resolución sobre el cambio climático de la ONU?El cambio climático es una emergencia sin precedentes en materia de derechos humanos a nivel mundial.La quema de combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas) emite gases de efecto invernadero que retienen el calor y son la causa principal, tanto actual como histórica, del cambio climático; esto es un hecho respaldado por la ciencia desde hace décadas. El mundo va camino de superar los 1,5 °C de calentamiento en la próxima década, lo que agravará los efectos del cambio climático y llevará al límite a muchos ecosistemas y comunidades.Al mismo tiempo, las decisiones políticas de algunos líderes mundiales, como retroceder en las protecciones en materia climática o revocar normas sobre los gases de efecto invernadero, han debilitado el progreso global justo cuando necesitamos una acción más enérgica. Solamente la infraestructura de los combustibles fósiles representa riesgos para la salud y los medios de vida de al menos 2.000 millones de personas en el mundo, aproximadamente una cuarta parte de la población mundial.Esta resolución es una oportunidad para que los gobiernos demuestren que defienden la justicia climática en lugar de las demoras.¿Por qué se oponen algunos países a la nueva resolución de la ONU sobre el cambio climático?Los países de ingresos más altos —que también son, históricamente, los grandes emisores— se vienen beneficiando de décadas de uso de combustibles fósiles y han contribuido a la mayor parte de la contaminación por gases de efecto invernadero. Hoy, estos gobiernos se enfrentan a unas expectativas cada vez mayores de que lideren la reducción de emisiones mediante una transición justa a unas energías renovables accesibles para toda la población, y proporcionando apoyo tecnológico y financiación climática en forma de subvenciones para la mitigación y adaptación a países de bajos ingresos: los menos responsables pero más vulnerables a sus daños. Además, deben indemnizar por pérdidas y daños relacionados con el cambio climático en función de su nivel de responsabilidad.Algunos gobiernos poderosos se han opuesto porque temen rendir cuentas por su responsabilidad histórica y las obligaciones económicas que eso acarrearía. No obstante, sabemos que hay dinero de sobra si se obliga a pagar a quienes contaminan por los daños que han causado.¿Cuál es el siguiente paso?Se prevé que los Estados miembros de la ONU voten la resolución a finales de abril de 2026. Si los gobiernos la adoptan, transmitirán el enérgico mensaje de que el mundo está dispuesto a seguir la orientación legal de la CIJ y convertirla en medidas concretas para proteger a las personas y al planeta.En un momento en el que la fragmentación entre naciones es más visible que nunca, la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas respaldando la opinión sobre el clima de la CIJ ofrece una nueva vía para la cooperación internacional: tiene el potencial de dar forma a la responsabilidad climática global en los próximos años y, por tanto, los Estados miembros de la ONU deben participar de forma constructiva, apoyar su adopción y proteger la ambición de la resolución durante las negociaciones.¿Qué puedes hacer ahora mismo?Puedes apoyar nuestro llamamiento a los gobiernos para que:Apoyen esta resolución sin debilitar sus compromisos;dejen de demorar la acción para reducir gradualmente de forma rápida y equitativa la producción y el uso de combustibles fósiles;protejan a las personas cuya vida ya está destruyendo la crisis climática;inviertan en una transición a las energías renovables justa y centrada en los derechos humanos que no se olvide de nadie.

10. Rusia: Designar “extremista” y prohibir Memorial, organización ganadora del premio Nobel de la Paz, criminaliza el trabajo de derechos humanos

    En respuesta a la noticia de que las autoridades rusas han designado arbitrariamente al destacado grupo de derechos humanos Memorial como “extremista” y han prohibido su actividad en el país, Denis Krivosheev, director regional adjunto de Investigación de Amnistía Internacional para Europa Oriental y Asia Central, ha declarado:“Durante cerca de 40 años, el incansable trabajo de Memorial documentando la represión pasada y actual en Rusia ha garantizado que no caigan en el olvido las violaciones de derechos humanos cometidas contra millones de personas. Entre ellas se encuentran las víctimas del gulag de Stalin, los actos ilícitos y los abusos de derechos humanos en los conflictos en Chechenia, Georgia y Ucrania, así como la detención arbitraria de cientos de personas críticas con el Kremlin y opositoras políticas en la actualidad. Como organización de derechos humanos en primera línea, Memorial ha defendido con valentía los derechos humanos frente a terribles represalias, incluida la persecución, detención y asesinato de su personal”.“Al designar a Memorial como ‘extremista’, las autoridades no solo atacan a una de las organizaciones de la sociedad civil más antiguas de Rusia, cogalardonada con el Premio Nobel de la Paz en 2022, sino que criminalizan la propia labor de defensa de los derechos humanos. De ahora en adelante, dar ‘me gusta’ o compartir contenidos de Memorial en redes sociales y otros materiales, así como referirlos en publicaciones sin mencionar la designación de ‘extremista” de la organización, puede ser perseguido como delito. Estos intentos flagrantes del Kremlin de prohibir Memorial y borrar de la esfera pública su extenso archivo de violaciones de derechos humanos son deplorables”.“Las autoridades rusas deben revocar de inmediato esta decisión indignante y garantizar que Memorial y otras organizaciones de derechos humanos puedan operar libremente, de conformidad con las obligaciones de Rusia en virtud del derecho internacional de los derechos humanos”.Información complementariaEn una vista celebrada a puerta cerrada el 9 de abril de 2026, el Tribunal Supremo de Rusia accedió a una solicitud del Ministerio de Justicia para designar al “Movimiento público internacional Memorial” —un término genérico que el gobierno está utilizando para prohibir todas las organizaciones vinculadas a Memorial— como “extremista” y prohibir sus actividades en el país.Esta decisión culmina una campaña de varios años contra Memorial, organización fundada en el periodo final de la Unión Soviética que desde entonces se ha convertido en una comunidad de decenas de organizaciones hermanas que operan en Rusia y en el extranjero. En mayo de 2014, una de ellas, el Centro de Derechos Humanos Memorial, con sede en Rusia, fue designada como “agente extranjero”.Desde entonces, las autoridades rusas han calificado como “agentes extranjeros” a varias otras organizaciones de Memorial, así como a alrededor de 20 miembros de su personal. En diciembre de 2021, las autoridades rusas liquidaron Memorial y el Centro de Derechos Humanos Memorial por presuntos incumplimientos de la represiva ley de “agentes extranjeros”. En febrero de 2026, el Ministerio de Justicia añadió la Asociación Internacional Memorial, radicada en Suiza, y la fundación alemana Zukunft Memorial a la lista de “organizaciones indeseables”.

11. Líbano: Llamamiento urgente para proteger a la población civil ante el creciente número de muertes causadas por el brutal aumento de los ataques israelíes

    En respuesta al aumento sin precedentes de los ataques del ejército israelí, que ha dicho haber llevado a cabo hoy “la mayor ola de ataques coordinados”, con ataques contra 100 emplazamientos en todo Líbano en un periodo de 10 minutos, que se han saldado con centenares de personas muertas y heridas, Heba Morayef, directora regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, ha declarado:“Tan sólo unas horas después de que el mundo recibiera con cauto alivio la noticia de un alto el fuego entre Estados Unidos/Israel e Irán, en Líbano la pesadilla para la población civil se ha vuelto más aterradora. Hoy ha sido el día más mortal desde que comenzó la última oleada de combates el 2 de marzo: se ha lanzado un intenso aluvión de ataques aéreos en todo el sur de Líbano, el valle de la Becá y zonas civiles densamente pobladas en el centro de Beirut, muchos de ellos sin aviso previo. Los hospitales han emitido peticiones para que se done sangre, abrumados por el número de personas heridas que les llegan”.“Incluso antes del ataque de hoy, al que el ejército israelí se ha referido como ‘Oscuridad Eterna’, más de 1.500 personas habían muerto y más de un millón habían tenido que desplazarse de sus hogares en todo el país. La población civil de Líbano ya está pagando un precio insoportable con la muerte de niños y niñas, personal sanitario y periodistas; estos últimos ataques no harán más que aumentar ese devastador coste humano”.“Reiteramos la necesidad urgente de que Israel cumpla las obligaciones que ha contraído en virtud del derecho internacional humanitario y garantice la protección de la población civil. Israel tiene un escalofriante historial de llevar a cabo ataques ilícitos contra Líbano y mostrar un cruel desprecio por las vidas civiles, alimentado por la impunidad de la que las autoridades israelíes sienten que gozan”.“La reciente advertencia del portavoz del ejército israelí de que Hezbolá ha vuelto a tomar posiciones desde los suburbios del sur de Beirut hasta el norte de Beirut y zonas mixtas de la ciudad ha suscitado el temor de que se lancen nuevos ataques contra zonas civiles. Las fuerzas israelíes están vinculadas por sus obligaciones, contraídas en virtud del derecho internacional humanitario, de distinguir entre objetivos civiles y militares y abstenerse categóricamente de lanzar ataques directos contra personas y bienes civiles o ataques indiscriminados o desproporcionados. Deben tomar todas las precauciones posibles para reducir al mínimo los daños a personas e infraestructuras civiles, entre otros medios evitando el uso de armas explosivas con efecto en amplias superficies en zonas residenciales densamente pobladas. El incumplimiento de estas obligaciones constituye una grave violación del derecho internacional y pone las vidas de la población civil en grave peligro”.“Estos ataques son un recordatorio de que los Estados deben poner fin de inmediato a la transferencia de armas a Israel, habida cuenta del riesgo preponderante de que sean utilizadas para cometer violaciones graves del derecho internacional humanitario”.Fatima, testigo presencial de uno de los ataques, describió las escenas de devastación después de que fuera alcanzado el edificio que estaba frente a su casa, al otro lado de la calle, en Salim Salam, Beirut:“Agarré mi ordenador portátil y salí corriendo a la calle. Era apocalíptico. Cuerpos en el suelo. Sangre por todas partes. Vi innumerables adultos y niños heridos. Caminé un poco más, pero en otros barrios me encontraba con la misma escena. No sabía dónde ir. Me limité a caminar sin rumbo tratando de alejarme lo más posible. Era una pesadilla”.Información complementariaEl 8 de abril, el ejército israelí emitió avisos de evacuación para los suburbios del sur de Beirut y la ciudad de Tiro y reiteró las órdenes de evacuación del norte del río Zahrani.Hacia las dos y media de la tarde, en un periodo de tan sólo 10 minutos, el ejército israelí lanzó una serie de ataques contra al menos 48 zonas, incluidos barrios residenciales densamente poblados e infraestructuras civiles, en el sur de Líbano, el norte de Líbano, el Monte Líbano, Becá, suburbios de Beirut y el centro de Beirut.El ejército israelí declaró que había llevado a cabo ataques coordinados contra “100 centros de mando de Hezbolá y emplazamientos militares” ubicados “en el núcleo de la población civil”. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, describió los ataques como “el golpe concentrado más grande que Hezbolá ha sufrido desde la operación de los buscas”.Desde 2024, Amnistía Internacional ha documentado el uso por parte de Israel de fósforo blanco, y explosiones masivas indiscriminadas dirigidas a dispositivos electrónicos. Los ataques israelíes en Líbano se han cobrado un número considerable de bajas civiles y han incluido ataques aéreos ilícitos contra barrios residenciales, así como ataques contra periodistas, centros de salud, ambulancias y personal paramédico.La organización también ha destacado la destrucción y daños masivos causados por las fuerzas armadas israelíes en estructuras civiles y terrenos agrícolas del sur de Líbano entre el 1 de octubre de 2024 y el 26 de enero de 2025, y que continuaron hasta bastante después del alto el fuego de noviembre de 2024. Amnistía Internacional ha documentado asimismo disparos ilegítimos realizados por Hezbolá de cohetes no guiados contra zonas de población civil en Israel, que han causado la muerte y heridas a civiles y la destrucción de viviendas civiles.

12. Irán: Las apocalípticas amenazas del presidente Trump sobre una destrucción a gran escala de la población civil exigen una actuación global urgente para evitar crímenes atroces

    En respuesta a la afirmación del presidente de Estados Unidos Donald Trump sobre Irán en la red social Truth el 7 de abril de 2026, advirtiendo de que “esta noche morirá toda una civilización y nunca volverá”, Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, ha señalado:“El mero hecho de que el presidente Trump lance semejantes amenazas apocalípticas, incluida su advertencia de que acabará con `toda una civilización´, revela un nivel sobrecogedor de crueldad y de desprecio por la vida humana, que se vuelve más aterrador aún al ir acompañado de amenazas explícitas de atacar directamente infraestructuras civiles iraníes provocando `la total destrucción´ de las centrales eléctricas y los puentes del país.”“El derecho internacional prohíbe estrictamente los ataques contra la población civil y objetivos civiles. Con su amenaza de exterminio y de destrucción irreparable, el presidente de Estados Unidos pisotea descaradamente el derecho internacional humanitario, con consecuencias potencialmente catastróficas para más de 90 millones de personas. La declaración puede constituir una amenaza de genocidio, un crimen que la Convención sobre el Genocidio y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional definen como la comisión de uno o más actos definidos ’con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal’.”“Estamos ante una situación de máxima gravedad. La comunidad internacional, incluidos el Consejo de Seguridad de la ONU, los organismos regionales y todos los Estados, deben intervenir urgentemente para evitar una catástrofe inminente y afirmar inequívocamente que ordenar, perpetrar o incitar a la perpetración de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio implica una responsabilidad penal individual con arreglo al derecho internacional.”“Las amenazas del presidente Trump, unidas a la escalada de los ataques estadounidenses e israelíes que destruyen infraestructuras civiles, están aterrorizando a millones de personas en Irán y a sus angustiados familiares fuera del país, mientras decenas de millones de vidas penden de un hilo. Exigimos una actuación inmediata para detener unos ataques ilegítimos que sumirían a un país entero en la oscuridad y privarían a millones de personas de sus derechos humanos fundamentales a la vida, el agua, la alimentación, la atención sanitaria y un nivel de vida adecuado.“En los últimos días, las fuerzas de Estados Unidos e Israel han atacado infraestructuras civiles —centrales eléctricas, acerías, instalaciones petroquímicas— matando e hiriendo a civiles, condenando a la población a años, o incluso décadas, de profundas dificultades económicas, infligiendo graves daños a la salud de la población civil y al entorno y causando daños prolongados en las vidas y los medios de subsistencia de la población civil.”“El ataque intencionado de infraestructuras civiles constituye un crimen de guerra según el derecho internacional. Incluso en los limitados casos en que las infraestructuras civiles pueden considerarse objetivos militares, no pueden ser atacadas si esto pudiera causar daños desproporcionados a la población civil. Las centrales eléctricas, los sistemas de suministro de agua y las infraestructuras de electricidad son indispensables para la vida de la población civil, y sustentan el acceso a agua potable, la atención médica, la electricidad para los hospitales, las cadenas de suministro de alimentos y los medios de subsistencia básicos. Atacarlos sería desproporcionado y, por lo tanto, ilegítimo según el derecho internacional humanitario, y podría constituir crimen de guerra.”Información complementariaEn los últimos días, las amenazas de Trump contra las infraestructuras de energía y transporte de Irán han ido aumentando en frecuencia e intensidad, y el presidente ha advertido de que, si las autoridades iraníes no reabren el estrecho de Ormuz, Estados Unidos llevará a cabo la “total demolición” de las centrales eléctricas y los puentes del país. Trump ha amenazado también con bombardear Irán hasta “devolverlo a la Edad de Piedra”.El 5 de abril, el presidente Trump advirtió de que Irán podría “ser eliminado en una noche” y dio de plazo a las autoridades iraníes hasta las 8pm hora del este de Norteamérica del 7 de abril para acceder a sus peticiones. Además, aseguró que cada una de las centrales eléctricas y de los puentes del país serían “incendiados, volados y jamás podrán volver a utilizarse”.El 7 de abril, el ejército israelí advirtió a la población civil, sin más precisiones, que evitara los trenes y las vías ferroviarias en todo el país, afirmando que estar cerca de este tipo de infraestructuras podría “poner en peligro sus vidas”.Durante ese mismo periodo, los ataques de Estados Unidos e Israel en todo Irán alcanzaron puentes, instalaciones petroquímicas y acerías, matando e hiriendo a civiles y aumentando los temores de ataques generalizados e ilegítimos contra infraestructuras civiles esenciales.

13. Rusia: Jóvenes activistas contra la guerra en prisión deben ser excarcelados inmediata e incondicionalmente

    Ante las draconianas condenas impuestas a varios activistas jóvenes enjuiciados por su afiliación real o supuesta al movimiento democrático juvenil ruso Vesna (Primavera), Marie Struthers, directora de Amnistía Internacional para Europa Oriental y Asia Central, ha declarado:“La sentencia de hoy revela hasta qué punto el sistema judicial ruso sigue dando luz verde a represalias de motivación política. Los cargos formulados contra estas personas eran tan extravagantes, tan descaradamente falsos, y las ‘pruebas’ presentadas tan endebles, que lo único razonable que podía haber hecho el tribunal era desestimar la causa desde mismo el principio. En cambio, el tribunal dictó penas de prisión, castigándolas por expresar sus opiniones, y por su participación cívica y su activismo contra la guerra. Esta sentencia pone al descubierto que las autoridades rusas tratan el activismo contra la guerra basado en principios como un delito, etiquetándolo de ‘extremismo’”.“Todas las personas encausadas en el caso Vesna deben ser puestas en libertad inmediata e incondicional, y la sentencia, anulada. Las autoridades rusas deben poner fin a su uso indebido de la legislación penal para silenciar la disidencia y cumplir sus obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, incluido el respeto total de los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica”.Información complementariaEl 8 de abril de 2026, el Tribunal Municipal de San Petersburgo dio a conocer su sentencia en la causa seguida contra seis jóvenes activistas a quienes las autoridades consideran miembros del movimiento democrático juvenil Vesna.El tribunal dictó penas de prisión severas: 12 años para Anna Arkhipova; 11 para Yan Ksenzhepolsky; 10 para Vasiliy Neustroev; 7,5 años para Pavel Sinelnikov, y 6 años y dos meses para Evgeniy Zateev y Valentin Khoroshenin. Además, impuso prolongadas prohibiciones posteriores a la excarcelación para participar en actos públicos y publicar en Internet. Amnistía Internacional considera que Anna Arkhipova, Vasiliy Neustroev, Yan Ksenzhepolsky, Evgeniy Zateev y Pavel Sinelnikov son presos de conciencia.Los seis activistas fueron detenidos el 6 de junio de 2023 en diferentes ciudades, trasladados a Moscú y sometidos a detención en espera de juicio. Fueron acusados de numerosos delitos, entre ellos los de organizar una “comunidad extremista” y participar en ella; “distribuir información falsa sobre las Fuerzas Armadas”, “faltar al respeto a los días de gloria militar y fecha memorables en Rusia”, “hacer llamamientos públicos para actividades consideradas una amenaza para la seguridad del Estado” e “incitar a organizar disturbios masivos” basándose en gran medida en publicaciones en redes sociales y declaraciones públicas contra la guerra en Ucrania. Valentin Khoroshenin es el único que se declaró culpable de los cargos y declaró contra los demás procesados. Al menos otros 15 presuntos miembros de Vesna se han marchado de Rusia y están en listas de “buscados” de la policía.

14. Irán: El reclutamiento de niños soldados de tan sólo 12 años constituye un crimen de guerra

    Las autoridades iraníes están pisoteando los derechos de la infancia y cometiendo una grave violación del derecho internacional humanitario, que constituye un crimen de guerra, al reclutar y movilizar a niños de tan sólo 12 años en una campaña militar encabezada por la Guardia Revolucionaria Islámica. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy.El 26 de marzo de 2026, Rahim Nadali, subcomandante del Cuerpo Mohammad Rasoul Allah de la Guardia Revolucionaria Islámica para el Gran Teherán, anunció que se ha “abierto para voluntarios” de 12 años o más una campaña de reclutamiento denominada “Combatientes por Irán para la defensa de la Patria”, y animó a que se inscribieran voluntarios en bases del Basij y en mezquitas de todo Teherán para unirse a “los combatientes que defienden la patria”. Según relatos de testigos presenciales y testimonios audiovisuales verificados, se ha desplegado a niños soldados armados, algunos con rifles tipo AK47, en controles y patrullas de la Guardia Revolucionaria.“Las autoridades iraníes están animando sin rubor a niños de tan sólo 12 años a unirse a la campaña militar dirigida por la Guardia Revolucionaria Islámica, poniéndolos así en grave peligro y violando el derecho internacional, que prohíbe el reclutamiento y el uso de menores de edad en el ejército. El reclutamiento de menores de 15 años en las fuerzas armadas constituye un crimen de guerra”, ha manifestado Erika Guevara Rosas, directora general de Investigación, Incidencia, Política y Campañas de Amnistía Internacional.“Puesto que los ataques de Estados Unidos e Israel alcanzaron miles de emplazamientos de la Guardia Revolucionaria, incluidas instalaciones del Basij, en todo el país, con medios como ataques con drones contra controles y patrullas de seguridad, el despliegue de niños soldados junto con personal de la Guardia Revolucionaria o en sus instalaciones pone a los menores de grave peligro de resultar muertos o heridos. Las autoridades iraníes deben cesar de inmediato su ataque criminal contra los derechos de la infancia y prohibir el reclutamiento en las fuerzas armadas de cualquier persona menor de 18 años.”Según declaraciones oficiales, en virtud de la campaña anunciada, los reclutas son asignados a una serie de actividades vinculadas a las actividades “operativas y de seguridad” de la Guardia Revolucionaria, tales como patrullas, controles, apoyo logístico, distribución de material y suministros, y ayuda con tareas relacionadas con los alimentos, la atención médica y la asistencia humanitaria.Amnistía Internacional ha analizado 16 fotos y vídeos que han aparecido en Internet desde el 21 de marzo de 2026 y en los que se ve a niños empuñando armas tales como rifles de asalto tipo AK, vigilando en controles junto a la Guardia Revolucionaria y otras fuerzas, patrullando y durante concentraciones militares organizadas por el gobierno en Teherán, Mashad y Kermanshah.El 29 de marzo, Alireza Jafari, de 11 años, murió mientras acompañaba a su padre, miembro del Basij de la Guardia Revolucionaria, en un control en Teherán; su muerte puso de manifiesto las devastadoras consecuencias de la presencia de niños en objetivos militares. Las autoridades han confirmado que el niño murió “mientras prestaba servicio” en un control a consecuencia de un ataque de un dron israelí.La madre del niño dijo al periódico Hamshahri que, la noche del incidente, su esposo había informado de que había “falta de personal” en los controles y se había llevado con él a sus hijos, Alireza Jafari y su hermano menor, de nueve años. La madre añadió que su esposo había dicho que Alireza “tiene que prepararse para los próximos días” y que, actualmente, es habitual que haya niños de 15 y 16 años sirviendo en los controles.Ghoncheh Habibiazad, reportero experimentado de BBC Persian Forensic, compartió con Amnistía Internacional capturas de pantalla de mensajes de texto recibidos de cuatro testigos presenciales en Teherán, Karaj y Rasht que afirmaban haber visto niños armados, algunos con rifles tipo AK47, desplegados en controles gestionados por el Basij en marzo de 2026.Uno de los testigos de Teherán escribió:“[El 25 de marzo] vi a un niño en un control cerca de nuestra casa […] Creo que tendría unos 15 años. Tenía un bigote muy incipiente. Parecía costarle respirar por el esfuerzo de levantar el arma. Apuntaba con ella hacia los automóviles”.Otro testigo de Karaj escribió:“Hoy [27 de marzo], he visto a un niño en un control. Creo que tendría unos 16 años. Ni siquiera tenía vello facial. Sostenía un rifle Kalashnikov”.Un testigo de Rasht escribió el 30 de marzo:“He visto a niños empuñando armas. Van enmascarados, pero es evidente que son niños. Ni siquiera han crecido en estatura […] algunos parecen tener 13 años como mucho […] Vi a varios de pie delante de mezquitas [en las que están ubicadas bases del Basij], por delante de las fuerzas militares. No hago más que pensar que sus cerebros no están desarrollados como los de los adultos y que, de hecho, podrían disparar al azar. Me dan a la vez miedo y pena”.En un vídeo publicado en Internet el 30 de marzo de 2026, filmado en Mashhad, en la plaza Shariati, se ve a dos niños, fácilmente identificables por su tamaño y su estatura,  vestidos con uniformes de camuflaje Basij y pasamontañas y empuñando rifles de asalto tipo AK mientras se asoman desde un automóvil blanco durante una concentración organizada por el gobierno . Uno de los niños asoma por una ventanilla lateral, mientras que el otro lo hace por la ventana superior del vehículo. En las imágenes se ve a los niños elevados por encima de la multitud mientras el auto avanza por la plaza y la gente vitorea y agita banderas. El anuncio de reclutamiento se distribuyó junto a un cartel en el que se ve a un hombre con el uniforme de los batallones del Basij de la Guardia Revolucionaria, una mujer vestida de civil, un niño y una niña. El cartel promovía la campaña bajo el lema “Basij con el pueblo, para el pueblo” e incluía una cita del difunto jefe supremo y comandante en jefe de las fuerzas armadas, Alí Jamenei, que decía: “Para que las principales virtudes de la Revolución pervivan, los basij deben permanecer en el centro del combate”.En una entrevista con medios de comunicación estatales, Rahim Nadali, subcomandante del Cuerpo Mohammad Rasoul Allah de la Guardia Revolucionaria Islámica para el Gran Teherán, habló del “gran entusiasmo” que existía entre los adolescentes por unirse a las “patrullas operativas y de inteligencia”, diciendo:“Muchos adolescentes y jóvenes se han presentado diciendo que quieren participar […] Habida cuenta de las edades de quienes formulan estas peticiones, hemos establecido la edad mínima en 12 años. Ahora hay niños de 12 y 13 años que quieren estar presentes en este espacio”.Un marco legislativo abusivo permite el alistamiento de niñosEl reciente reclutamiento de niños puede realizarse gracias a la Ley Reguladora del Reclutamiento de la Guardia Revolucionaria Islámica, que divide al personal de la Guardia en dos categorías: guardias oficiales y basij. El artículo 13 define a los basij clasificándolos en tres categorías: ordinarios, activos y especiales. Los basij ordinarios se describen como individuos “de diversos segmentos de la sociedad que creen en la Constitución de la República Islámica de Irán y en los objetivos de la Revolución Islámica”. Tras completar un adiestramiento general, se unen y organizan dentro del “ejército de los 20 millones”, término acuñado por el primer líder supremo, Ruhollah Jomeini, poco después de la Revolución de 1979 y que durante la guerra entre Irán e Irak (1980-1988) se convirtió en una referencia de las iniciativas del Estado para lograr una movilización masiva de niños y jóvenes en campañas militares.El artículo 93 permite explícitamente a menores de 15 años convertirse en basijs ordinarios, sin establecer de hecho una edad mínima.Los basij activos son basij ordinarios que “se presentan voluntarios para ser organizados” y pueden “colaborar con la Guardia Revolucionaria Islámica en la realización de misiones asignadas” tras completar un adiestramiento. El artículo 94 permite que los niños de 15 años o más se conviertan en basij activos.Los basij especiales, descritos también como “guardias honorarios”, son aquellos que “poseen las cualificaciones de un guardia [oficial] y, tras completar el adiestramiento dispuesto en esta ley, se organizan y se comprometen a estar disponibles en cualquier momento en que la Guardia Revolucionaria Islámica los necesite”. El artículo 16 permite que niños de 16 años se conviertan en basij especiales.Aunque las autoridades describen a menudo a los basij como “fuerzas populares” o “las fuerzas del pueblo” de la Guardia Revolucionaria Islámica, en realidad estas unidades no son voluntarias. Los miembros del Basij reciben una remuneración económica. Además, existen diversas leyes y políticas que requieren al gobierno que proporcione a los miembros del Basij acceso preferente a oportunidades de empleo, viviendas y préstamos, así como ventajas en la admisión en instituciones de educación pública, todo lo cual acrecienta el riesgo de que se reclute a niños de comunidades empobrecidas, especialmente en un contexto caracterizado por una difícil situación económica.Las autoridades iraníes deben dar inmediatamente instrucciones explícitas para prohibir que las fuerzas militares de Irán, incluidas las estructuras del Basij en la Guardia Revolucionaria, alisten a niños menores de 18 años y para que se aseguren de que los basij existentes y otros miembros de las fuerzas armadas que sean menores de 18 años sean inmediatamente dados de baja del servicio.Irán es Estado Parte en la Convención sobre los Derechos del Niño, que prohíbe el reclutamiento de menores de 15 años. El Protocolo Facultativo de la Convención, que Irán ha firmado pero no ratificado, prohíbe a los Estados el reclutamiento obligatorio de menores de 18 años, así como su uso en las hostilidades. En virtud del derecho internacional humanitario consuetudinario, jurídicamente vinculante para Irán, reclutar o alistar a menores de 15 años en fuerzas o grupos armados, o usarlos para que participen activamente en hostilidades, constituye un crimen de guerra.Información complementariaSegún las autoridades iraníes, los ataques de Israel y Estados Unidos han matado a más de 1.900 personas, entre ellas 249 mujeres y 216 niños y niñas. En un atroz incidente, un ataque estadounidense contra una escuela en Minab mató a 168 personas, entre ellas más de un centenar de menores. La investigación llevada a cabo por Amnistía Internacional al respecto concluyó que la escuela fue blanco de un ataque directo con munición guiada de precisión y que las fuerzas estadounidenses no hicieron todo lo posible para verificar que el blanco seleccionado era un objetivo militar.Los ataques lanzados por la República Islámica de Irán han matado al menos a 16 personas en Israel, cuatro en Cisjordania y 23 en Estados del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo.Las autoridades iraníes tienen un historial de violar el derecho internacional humanitario mediante el reclutamiento de niños, especialmente durante la década de 1980, cuando, según ellas mismas admitieron,, más de 550.000 niños fueron enviados como niños soldados a la guerra entre Irán e Irak, y al menos 36.000 de ellos murieron.

15. Unión Europea/Israel: La adopción de la ley de pena de muerte por la Knéset israelí exige medidas urgentes de la UE – Declaración conjunta

    Como organizaciones humanitarias y de derechos humanos que trabajamos desde hace años en Israel y el Territorio Palestino Ocupado, estamos consternadas por la decisión de la Knéset israelí de aprobar un proyecto de ley que hace efectivamente preceptiva la pena de muerte en Cisjordania y que, de hecho, se aplicará exclusivamente a las personas palestinas.El 30 de marzo, la Knéset aprobó un proyecto de ley, presentado por el partido del ministro de Seguridad Nacional, Ben-Gvir, que amplía el uso de la pena de muerte tanto en los tribunales militares como en los civiles. Aunque la legislación israelí prevé desde hace tiempo la pena de muerte para casos de genocidio y espionaje en tiempo de guerra, Israel no ha llevado a cabo ejecuciones ni impuesto condenas a muerte desde 1962. Esta nueva ley no sólo representa un retroceso significativo, sino que, además, lo hace imponiendo la pena capital por motivos étnicos o nacionales de facto y debilitando garantías jurídicas fundamentales.En Cisjordania —excluida Jerusalén Oriental—, la ley impone la pena de muerte como pena por defecto para las personas condenadas por homicidio intencional —clasificado como acto de terrorismo en la legislación israelí— y la de cadena perpetua únicamente en “circunstancias especiales” que no se especifican en la ley. Los tribunales militares podrían imponer la pena capital por mayoría simple, incluso sin que medie una petición de la fiscalía. Las penas no pueden ser conmutadas, la persona condenada no puede indultada, y deben ejecutarse en el plazo de 90 días. Cabe destacar que los colonos israelíes en Cisjordania están expresamente excluidos del ámbito de esta disposición.Dentro de Israel, los tribunales civiles podrían imponer la pena de muerte o de cadena perpetua por un homicidio intencional si se comete con el fin de “negar la existencia del Estado de Israel”.Por tanto, aunque la ley no hace referencia expresa a la etnia ni a la nacionalidad, está concebida de hecho exclusivamente para las personas palestinas. Además, introduce un régimen de ejecución excepcional mediante la horca, caracterizado por el secretismo y el acceso limitado a asesoramiento jurídico y supervisión externa.La Unión Europea viene sosteniendo sistemáticamente que la pena capital es cruel, inhumana e incompatible con la dignidad humana en todas las circunstancias. Pero, incluso más allá de esta postura basada en principios, la nueva ley israelí vulnera salvaguardias fundamentales reconocidas por la comunidad internacional para proteger los derechos de las personas condenadas a muerte. Su naturaleza discriminatoria y la ausencia de garantías procesales violan el derecho a la vida y las protecciones consagradas en el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos como el IV Convenio de Ginebra, el Reglamento de La Haya, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención contra la Tortura.Hasta ahora, las gestiones diplomáticas de la UE y sus Estados Miembros para instar a Israel a dar marcha atrás han sido ineficaces. Este lamentable hecho se produce en medio de la catástrofe humanitaria de origen humano que se está desarrollando en Gaza y que una Comisión de Investigación de la ONU, múltiples organizaciones palestinas, israelíes e internacionales, y expertos y expertas independientes han calificado de genocidio, y sobre un telón de fondo de aceleración de la anexión de facto de Cisjordania, como reconoció la Corte Internacional de Justicia en su opinión consultiva de 19 de julio de 2024. La adopción de la ley de pena de muerte es, por tanto, parte de un patrón de políticas y prácticas discriminatorias contra la población palestina que, en la misma opinión consultiva, la Corte Internacional de Justicia declaró que violaba el artículo 3 de la Convención contra el Racismo, que prohíbe la segregación racial y el apartheid.En aplicación de estas políticas, Israel ya ha cruzado líneas rojas establecidas por la UE: la promoción de la construcción de asentamientos en la zona E1, que rompe la contigüidad territorial de Cisjordania, con la intención de impedir un futuro Estado palestino; la prohibición de la UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, y los ataques a sus instalaciones, incluidas escuelas y clínicas construidas y gestionadas con contribuciones de la UE; la expulsión de ONG internacionales mediante procedimientos restrictivos de inscripción en registro; los desalojos forzosos de residentes palestinos en Jerusalén Oriental; el desplazamiento forzado de decenas de miles de personas palestinas y la demolición generalizada de viviendas e infraestructura palestinas en Cisjordania, incluidos proyectos financiados por la UE; la persistente impunidad para abusos de las fuerzas de seguridad israelíes y la violencia de los colonos respaldada por el Estado; informes de torturas y malos tratos generalizados y sistémicos de presos y presas palestinas; restricciones a la libertad religiosa; ataques contra periodistas, y denegación de acceso a funcionarios de la UE.Como también recordó la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores Kallas en su declaración de 31 de marzo, el Acuerdo de Asociación de la Unión Europea e Israel establece el respeto por los principios democráticos como elemento esencial de las relaciones entre la Unión Europea e Israel. Una revisión realizada por la UE en junio de 2025 basada en el artículo 2 del Acuerdo concluyó que Israel incumplía sus obligaciones en materia de derechos humanos por abusos graves contra la población palestina y violaba las leyes de la guerra, tanto en Gaza como en Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental.Han transcurrido nueve meses: hace tiempo que se debía haber actuado. La Unión Europea debe respetar sus principios declarados y obligaciones legales suspendiendo finalmente, como medida inmediata mínima, el elemento comercial del Acuerdo de Asociación de la Unión Europea e Israel y adoptando otras medidas, como propuso la presidenta von der Leyen en septiembre de 2025. Firmantes:11.11.11ACT Alianza UEAct Church of Sweden ActionAid InternationalAmnistía InternacionalAmerican Friends Service Committee (AFSC)Bystanders No MoreCaritas EuropaCaritas MONA (Middle East and North Africa)Child Rights International Network (CRIN)Children Not NumbersChristian AidCIDSE – International family of Catholic social justice organisationsCNCD-11.11.11Cooperazione Internazionale Sud-Sud (CISS)DanChurchAid80:20 Educating and Acting for a Better WorldEuroMed RightsFinn Church AidGlobal Centre for the Responsibility to Protect (GCR2P)Human Rights WatchInsecurity InsightInternational Federation for Human Rights (FIDH)Lebanese Center for Human Rights (CLDH)Norwegian Church AidOxfamPax Christi InternationalPublic Commitee Against Torture in IsraelTrócaireUnited Against InhumanityWomen’s Centre for Legal Aid and Counselling (WCLAC) 

16. Líbano: Denuncia civil en Francia, rara oportunidad para exigir responsabilidades a Israel por ataque letal contra edificio civil

    Ante la denuncia civil presentada ante la Unidad de Crímenes de Guerra de Francia por el artista y cineasta francolibanés Ali Cherri y la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) en relación con un ataque militar israelí cometido en noviembre de 2024 contra un edificio civil en el centro de Beirut que causó la muerte de siete civiles, Heba Morayef, directora regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, ha declarado:“En medio de una prolongada constante de violaciones graves del derecho internacional humanitario a manos de las fuerzas israelíes en Líbano y cuando Israel intensifica, una vez más, sus ataques, la apertura de una investigación sobre esta denuncia por la fiscalía de la Unidad de Crímenes de Guerra ofrecería una rara oportunidad para examinar las acciones de Israel en un tribunal europeo dada la impunidad general de que este país goza habitualmente. Este caso podría ofrecer alguna forma de rendición de cuentas y reparación a las víctimas de este ataque letal contra un edificio residencial que causó la muerte de siete civiles y destruyó varias viviendas. La investigación de Amnistía Internacional sobre el ataque no halló indicios de que hubiera un objetivo militar en las proximidades en el momento del ataque y concluyó que debía investigarse como crimen de guerra”.“Desde octubre de 2023, Amnistía Internacional ha documentado violaciones graves y reiteradas del derecho internacional humanitario por las partes en el conflicto de Líbano que incluyen numerosos ataques aéreos israelíes contra edificios de viviendas que causaron la muerte de decenas de civiles. Más de un año después, ninguna de las víctimas de estos ataques ha recibido justicia ni una reparación y, con el recrudecimiento de las hostilidades, la población de Líbano es obligada de nuevo a presenciar la muerte de sus familiares y la destrucción de sus viviendas, y a ver su seguridad amenazada”.“Habida cuenta de la escalada de los ataques y de la impunidad de que goza desde hace tiempo Israel, los Estados deben recurrir a la jurisdicción universal o extraterritorial para investigar violaciones graves del derecho internacional humanitario y, cuando las pruebas lo permitan, procesar a los responsables de crímenes de guerra en tribunales nacionales”.“El gobierno libanés debe cooperar con las actuaciones y tomar otras medidas para exigir cuentas a Israel por las graves violaciones del derecho internacional humanitario en Líbano, lo que incluye aceptar la jurisdicción de la Corte Penal Internacional para garantizar unas investigaciones creíbles y una reparación significativa para las víctimas”.Información complementariaEn febrero de 2026, Amnistía Internacional publicó una investigación sobre el ataque, el 26 de noviembre de 2024, contra el edificio Cherri, en el barrio de Nouweiri de Beirut, efectuado apenas horas antes de la entrada en vigor de un alto el fuego entre Israel y Hezbolá. Este ataque causó la muerte de los padres de Ali Cherri: Nadira Hayek (78 años) y Mahmoud Naim Cherri (de 88), y de la trabajadora doméstica que vivía con ellos, Birki Negesa, junto con la de al menos otras cuatro personas civiles, residentes todas ellas del mismo edificio.La organización halló que no se habían emitido avisos efectivos por adelantado, que Israel no identificó ningún objetivo militar ni antes ni después del ataque y que no había objetivos militares presentes en las proximidades en aquel momento. Estos hallazgos ofrecen motivos razonables para concluir que el ataque violó el derecho internacional humanitario y debe ser investigado como crimen de guerra.Desde el 2 de marzo de 2026, las hostilidades entre Israel y Hezbolá se han intensificado de forma significativa en todo Líbano, con ataques aéreos continuados, la invasión por tierra y órdenes de evacuación masiva por parte de Israel.Según el Ministerio de Salud Pública de Líbano el 1 de abril, 1.318 personas habían muerto desde entonces —125 niños y niñas, y 91 mujeres entre ellas—, otras 3.935 habían resultado heridas y había más de 1,2 millones de nuevas personas desplazadas.

17. Irán: Siete manifestantes y disidentes en peligro de ejecución inminente tras la ejecución arbitraria en secreto de cuatro hombres en un plazo de 24 horas

    Ante la ejecución arbitraria y secreta de cuatro disidentes en Irán desde ayer, mientras al menos otros siete manifestantes y disidentes están en inminente peligro de ejecución, Diana Eltahawy, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, ha declarado:“Las autoridades iraníes deben detener de inmediato cualquier plan de ejecutar a los disidentes Vahid Bani Amerian y Abolhassan Montazer, y a los manifestantes Mohammad Amin Biglari, Ali Fahim, Abolfazl Salehi Siavashani, Amirhossein Hatami y Shahin Vahedparast Kolo, detenidos en la prisión de Ghezel Hesar, en la provincia de Alborz".“Es inconcebible que, mientras la población trata de sobrellevar a duras penas el conflicto y las innumerables muertes en medio de los continuos bombardeos aéreos de Israel y Estados Unidos, las autoridades de la República Islámica de Irán sigan utilizando la pena de muerte para erradicar las voces disidentes y aterrorizar aún más a la gente”.“Esta mañana, las autoridades ejecutaron en secreto a Babak Alipour y Pouya Ghobadi, y ayer a Akbar (Shahrokh) Daneshvarkar y Mohammad Taghavi Sangdehi. Según la información de que dispone Amnistía Internacional, las autoridades llevaron a cabo las cuatro ejecuciones arbitrarias sin avisar previamente ni a ellos ni a sus familiares y abogados ni permitir que se despidieran. Según una fuente informada, las autoridades no han entregado los cuerpos de al menos tres de los ejecutados —Babak Alipour, Pouya Ghobadi y Akbar (Shahrokh) Daneshvarkar— a sus familias, lo que incrementa su angustia y su sufrimiento”.“Ahora aumenta el temor por la suerte de Vahid Bani Amerian y Abolhassan Montazer, declarados culpables en la misma causa tras un juicio manifiestamente injusto y empañado por denuncias de tortura. Las autoridades se han negado a dar a sus familias o abogados información alguna sobre su suerte y su paradero desde que el 30 de marzo fueron trasladados a un lugar no identificado”.“Otro incidente preocupante es el traslado esta mañana de cinco jóvenes manifestantes —Mohammad Amin Biglari, Ali Fahim, Abolfazl Salehi Siavashani, Amirhossein Hatami y Shahin Vahedparast Kolo—, condenados a muerte en una causa distinta por presuntos delitos perpetrados en el marco de las protestas de enero de 2026, desde la cárcel de Ghezel Hesar a un lugar no identificado, lo que también hace temer que serán ejecutados inminentemente”.“Estos 11 hombres han dicho que fueron sometidos a tortura y otros malos tratos —palizas, azotes, reclusión prolongada en régimen de aislamiento y amenazas de muerte a punta de pistola— antes de ser declarados culpables en juicios manifiestamente injustos que se basaron en “confesiones” conseguidas bajo tortura y que duraron apenas unas horas”.“La pena de muerte viola el derecho a la vida y es la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante. Llevar a efecto una condena a muerte impuesta tras graves violaciones de las garantías procesales convierte la ejecución en arbitraria. Todos los Estados deben instar urgentemente a las autoridades iraníes a que detengan de inmediato todas las ejecuciones y establezcan una moratoria en el uso de la pena de muerte con vistas a su abolición”. Información general:Vahid Bani Amerian, Abolhassan Montazer, Babak Alipour, Pouya Ghobadi, Akbar (Shahrokh) Daneshvarkar y Mohammad Taghavi Sangdehi fueron condenados a muerte en octubre de 2024 tras juicios manifiestamente injustos ante un Tribunal Revolucionario en Teherán, que los declaró culpables de “rebelión armada contra el Estado” (baghi) por su presunta pertenencia al grupo de oposición prohibido Organización Muyahidín del Pueblo de Irán. Ellos negaron reiteradamente todas las acusaciones de haber tomado las armas contra el Estado.Según fuentes informadas, la noche del 29 de marzo de 2026, Akbar (Shahrokh) Daneshvarkar y Mohammad Taghavi Sangdehi fueron trasladados repentinamente del Pabellón 4 de la cárcel de Ghezel Hesar a un lugar sin identificar. A la mañana siguiente, 30 de marzo, las autoridades anunciaron que habían sido ejecutados. A continuación se llevaron a otros cuatro hombres, Babak Alipour, Pouya Ghobadi, Vahid Bani Amerian y Abolhassan Montazer, junto con otros 14 disidentes, también recluidos en el Pabellón 4, a un lugar sin identificar.El 30 de marzo por la mañana, las autoridades cortaron todas las líneas telefónicas de los disidentes políticos encarcelados en el Pabellón 4 de la cárcel de Ghezel Hesar, que desde entonces están incomunicados.El 31 de marzo, las autoridades anunciaron que Babak Alipour y Pouya Ghobadi habían sido ejecutados.Las ejecuciones del 30 y el 31 de marzo de 2026 fueron precedidas por las de otros cuatro hombres, Saleh Mohammadi, Mehdi Ghasemi y Saeed Davoudi, detenidos en relación con las protestas de enero de 2026 y ejecutados el 19 de marzo, y por la presunta ejecución de Kouroush Keyvani por cargos de espionaje el 18 de marzo.Saleh Mohammadi fue condenado a muerte por el Tribunal Penal Uno de Qom el 4 de febrero, menos de tres semanas después de haber sido detenido el 15 de enero de 2026 en relación con la muerte de un agente de seguridad durante las protestas que tuvieron lugar en Qom el 8 de enero de 2026, una acusación que él niega. La sentencia, que fue analizada por Amnistía Internacional, muestra que Saleh Mohammadi se retractó ante el tribunal de sus “confesiones” alegando que le habían sido extraídas mediante tortura, pero el tribunal desestimó su retractación sin investigarla. Una fuente informada afirma que el joven tenía fracturas en la mano a causa de los golpes.Siete hombres, Mohammad Amin Biglari, Ali Fahim, Abolfazl Salehi Siavashani, Amirhossein Hatami, Shahin Vahedparast Kolor, Shahab Zohdi y Yaser Rajaifar, fueron condenados a muerte por “enemistad con Dios” (moharebeh) por la Sección 15 del Tribunal Revolucionario de Teherán, por incendiar presuntamente una base del Basij en Teherán. Las penas se impusieron el 9 de febrero de 2026, menos de un mes después de que fueran arrestados, en enero de 2026.Según una fuente informada, Mohammad Amin Biglari estuvo sometido a desaparición forzada durante varias semanas antes de ser trasladado a la prisión de Ghezel Hesar. Las autoridades le negaron el acceso a un abogado durante las investigaciones, y después le asignaron un abogado nombrado por el Estado que no representó sus intereses durante un juicio acelerado en el que el tribunal se basó en “confesiones” forzadas para declararlo culpable. Posteriormente, negaron a un abogado independiente, designado por su familia, el acceso a su expediente, lo que le impidió presentar un recurso ante el Tribunal Supremo.Desde el levantamiento “Mujer Vida Libertad” de 2022, las autoridades iraníes se han embarcado en una campaña de ejecuciones que se ha cobrado la vida de miles de personas tras juicios manifiestamente injustos, cuyo ritmo se aceleró tras la guerra de los 12 días de 2025 y que ha alcanzado una magnitud nunca vista en más de 40 años.

18. Israel: El ataque con misil de Irán que mató a nueve civiles “debe investigarse como crimen de guerra”

    El ataque con misil perpetrado por las autoridades de la República Islámica de Irán contra la ciudad israelí de Bet Shemesh que mató a nueve civiles, incluidos cuatro adolescentes, debe ser investigado como crimen de guerra; así lo afirma Amnistía Internacional en una nueva investigación.El ataque, sucedido justo antes de las dos de la tarde (hora local) del 1 de marzo en el barrio de Ramat Lehi, destruyó la sinagoga Tiferet Yisrael y causó graves daños en el refugio antiaéreo situado debajo de ella. También causó lesiones a unas 46 personas, según cálculos. Amnistía Internacional analizó material digital verificado publicado en redes sociales, con fotografías y vídeos recopilados por la organización en el lugar del impacto, y concluyó que se había utilizado un misil balístico iraní en el ataque.Fotografía del lugar tras el impacto del misil.“El arma empleada por Irán en su ataque al barrio de Ramat Lehi, en Israel, es tremendamente inexacta y contiene una ojiva de gran potencia, por lo que su uso era totalmente inapropiado en una zona civil densamente poblada”, ha manifestado Erika Guevara Rosas, directora general de Investigación, Incidencia, Política y Campañas de Amnistía Internacional.En su investigación, Amnistía Internacional no encontró pruebas de la presencia de objetivos militares legítimos en las inmediaciones del lugar del ataque. El objetivo militar más próximo es, al parecer, una base militar israelí cerca de la localidad de Sdot Micha, situada unos 3,5 kilómetros al oeste del lugar del impacto.“Este ataque destruyó una sinagoga y un refugio antiaéreo, dos lugares que debían ser seguros y servir de refugio a la población civil. Nueve civiles perdieron la vida en el ataque, incluidos cuatro menores de edad. El ataque debe investigarse como crimen de guerra”, ha dicho Erika Guevara Rosas.“El uso de un misil balístico en este ataque lo convierte en indiscriminado y, por tanto, en una violación del derecho internacional humanitario. Lanzar un ataque indiscriminado que cause la muerte o lesiones a civiles, o daños en bienes civiles, constituye un crimen de guerra. Debe llevarse a cabo una investigación independiente e imparcial, y toda persona contra la que existan indicios suficientes de responsabilidad debe ser procesada y juzgada con las debidas garantías”.Amnistía Internacional verificó imágenes publicadas en redes sociales que mostraban la munición cayendo en la ciudad de Bet Shemesh. La trayectoria de la munición y el alcance de los daños en el lugar del impacto son compatibles con el uso de un misil balístico con una ojiva de gran potencia, no un misil de crucero o una munición más pequeña lanzada desde un dron. Imágenes captadas de los momentos posteriores muestran la sinagoga completamente arrasada y daños generalizados en un radio de unos 500 metros.Medios de comunicación israelíes informaron de que la ojiva pesaba unos 500 kilos. Amnistía Internacional no ha podido confirmar la carga útil del arma. Según un análisis de la precisión de los misiles balísticos iraníes realizado en 2024, éstos habitualmente se desviaban al menos medio kilómetro de su objetivo.Del 16 al 19 de marzo, Amnistía Internacional entrevistó a cuatro sobrevivientes del ataque y a una persona de los servicios de salvamento que había llegado poco después del ataque. La organización analizó también imágenes de satélite del lugar antes y después del ataque para confirmar la magnitud de la destrucción.“Estamos todos desesperados. Estamos rotos”Nueve civiles perdieron la vida en el ataque: los hermanos Sara Biton (13 años), Avigail Biton (15) y Yaakov Biton (17); Gabriel Revah (16); Oren Katz (46); Sara Elimelech (67) y su hija, Ronit Elimelech (45), Bruria Cohen (76) y su hijo, Yossi Cohen (41).Sara y Avigail BitonRabbi Yitzak Biton perdió a tres de sus hijos. La mañana del ataque dio una clase a estudiantes de la Torá. Sus dos hijas, Sara y Avigail, convencieron a su hijo, Yaakov, de que fuera con ellas al refugio antiaéreo mientras que él, su esposa, Tamar, y su hija de cuatro años, Rachel, se quedaron en su casa, situada a una manzana de la sinagoga.Contó lo siguiente a Amnistía Internacional: “El tejado y el techo [de su casa] se derrumbaron [...] miré por la ventana y vi que la zona donde estaba la sinagoga ardía en llamas, y el cielo lleno de un humo negro. Tuve miedo de ir [...] Cuando reuní el valor para hacerlo, vi que la sinagoga estaba completamente destruida y el refugio [antiaéreo] totalmente reventado. El refugio no era un lugar seguro. No ofrecía protección. Perdí, no uno ni dos, sino tres hijos [...] Un día, de repente, la mitad de mi familia ha desaparecido”.Rabbi Yitzak Biton y su hijo Yaakov.Sarah Fanny Amar, de 53 años, estaba en el refugio antiaéreo cuando la sinagoga sufrió el ataque. Contó lo siguiente a Amnistía Internacional: “Se oyó una explosión enorme [...] Quedé colgando de una estructura metálica, y con metal encima. Antes de la explosión estaba sentada; la onda expansiva me había lanzado por los aires. A mi alrededor todo estaba oscuro y lleno de polvo [...] Me cayó el techo encima [...] Empecé a caminar pero casi no veía nada, iba tanteando con las manos para avanzar. Pisaba sobre escombros y cuerpos [...] Afuera había fuego [...] Coches en llamas [...] Conseguí llegar a la hierba y me desplomé. Abrí los ojos en una ambulancia.Estas bombas te dejan sin ganas de vivir, de dormir, de comer [...] No puedo vivir así [...] Ni siquiera en el refugio estás a salvo [...] Conocía a todos los que murieron”.Sarah Fanny Amar.Nissim Edery, de 71 años, estaba sentado con su vecino a unos cien metros del lugar del ataque. Contó lo siguiente a Amnistía Internacional: “En el momento de la explosión salí despedido unos cuatro o cinco metros debido a la onda expansiva [...] Comprendí que había caído un misil en nuestra zona [...] Me dirigí hacia el lugar de la explosión, había un gran incendio y mucho humo [...] Era impactante ver todo el destrozo que había hecho el misil.“Conocía a tres de las víctimas, un chico y sus dos hermanas. Me partió el corazón [...] Estamos todos desesperados. Estamos rotos”.Reuven Harow, de 56 años, es médico jefe del servicio médico de urgencias Magen David Adom. Llegó al lugar unos 10 minutos después del ataque. Contó lo siguiente a Amnistía Internacional: “Empezó a salir gente totalmente ensangrentada y magullada [...] Nadie sabía dónde había impactado el misil [...] había daños por todas partes [...].Los cadáveres estaban desmembrados [...] Hubo partes de cuerpos esparcidas por la zona durante horas. Lo principal era salvar a todo el que hubiera sobrevivido [...] Las personas que estaban prestando asistencia médica en el lugar estaban atendiendo a familiares y a amistades de toda la vida. Aquí todo el mundo se conoce [...] Yo no dejaba de repetir: 'Esto no es real' [...] Era como estar viendo una película”.Reuven Harow.Información complementariaEl 28 de febrero, Estados Unidos e Israel lanzaron ataques conjuntos contra Irán; desde entonces, ha habido miles de ellos en todo el país. Las autoridades iraníes han lanzado ataques de represalia en toda la región. El conflicto armado se ha extendido rápidamente y ha dado lugar a hostilidades regionales en todo Oriente Medio. Además, ha provocado una pérdida significativa de vidas civiles y la destrucción de infraestructuras civiles. Israel también ha intensificado sus ataques contra Líbano en respuesta a los ataques de Hezbolá.Según varios medios de comunicación, las fuerzas iraníes han utilizado municiones de racimo en múltiples ataques cometidos en Israel desde el 28 de febrero, como el ataque perpetrado el 18 de marzo cerca de Tel Aviv, que causó la muerte de dos civiles. Las municiones de racimo son, por naturaleza, armas de efectos indiscriminados y su uso está prohibido por el derecho internacional humanitario. En 2025, Amnistía Internacional documentó cómo el uso de municiones de racimo por las fuerzas iraníes durante la “Guerra de los 12 días” con Israel violaba el derecho internacional humanitario.A fecha de 27 de marzo, según informes, al menos 1.900 personas, entre ellas 100 escolares de Minab, habían perdido la vida en Irán y más de 1.116 en Líbano como consecuencia de los ataques de Israel y Estados Unidos. Los ataques de Irán hasta el momento han causado la muerte de al menos 16 civiles en Israel y cuatro más en la Cisjordania ocupada, y de al menos 23 en el conjunto de los países del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo en la región.

19. Israel y Territorio Palestino Ocupado: La ley de pena de muerte recién aprobada debe ser derogada

    Las autoridades israelíes deben derogar con carácter urgente las modificaciones legislativas que amplían el uso de la pena de muerte en Israel, aprobadas hoy por una mayoría de 62 miembros del Parlamento israelí; así lo ha manifestado Amnistía Internacional.“Hoy, el Parlamento israelí (Knesset) ha aprobado la primera de una previsible serie de leyes para facilitar el uso de la pena de muerte, en una exhibición pública de crueldad, discriminación y desprecio absoluto de los derechos humanos. Esta reforma del Código Penal de Israel, con la introducción de la “pena de muerte para los terroristas”, amplía el ámbito de aplicación de la pena capital y facilita su uso, en un momento en que la tendencia mundial es hacia su abolición. Asimismo elimina garantías fundamentales para prevenir la privación arbitraria de la vida y proteger el derecho a un juicio justo, y refuerza aún más el sistema israelí de apartheid, mantenido mediante decenas de leyes discriminatorias contra la población palestina”, ha manifestado Erika Guevara Rosas, directora general de Investigación, Incidencia, Política y Campañas de Amnistía Internacional.“El hecho de que esta ley se haya aprobado el mismo mes en que la fiscalía general militar de Israel ha retirado todos los cargos contra los soldados israelíes acusados de agresión sexual a una persona palestina detenida (una decisión celebrada por el primer ministro y varios ministros) dice mucho del alcance de la deshumanización de la población palestina por parte de Israel. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, buscado por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, estuvo entre quienes votaron a favor de la ley. Durante años hemos visto un alarmante patrón de aparentes ejecuciones extrajudiciales y otros homicidios ilegítimos de personas palestinas, cuyos perpetradores también disfrutan de una impunidad casi total. Esta nueva ley que permite las ejecuciones sancionadas por el Estado es la culminación de esas políticas.”La nueva ley crea explícitamente dos marcos jurídicos para el uso de la pena de muerte en la Cisjordania ocupada —con exclusión de Jerusalén Oriental, anexado ilegalmente— y en Israel. Los tribunales militares de la Cisjordania ocupada serán competentes para imponer la pena capital a personas palestinas declaradas culpables de homicidios deliberados en acciones definidas como actos terroristas conforme a la discriminatoria ley antiterrorista de Israel. Sólo en circunstancias especiales que el proyecto de ley no especifica, los tribunales podrán imponer cadena perpetua —y sólo cadena perpetua— en su lugar. El ministro de Defensa está autorizado a determinar si las personas acusadas de Cisjordania serán juzgadas ante tribunales militares o civiles. Las personas condenadas a muerte no tienen derecho a solicitar el indulto, lo que convierte a esta ley de pena capital en una de las más radicales del mundo.“Al autorizar a los tribunales militares —tristemente célebres por no respetar el debido proceso y las garantías de un juicio justo, y cuya tasa de sentencias condenatorias supera el 99% cuando las personas acusadas son palestinas— a imponer la pena de muerte preceptiva y ordenar la ejecución en un plazo de sólo 90 días a partir de la sentencia definitiva, Israel se está otorgando descaradamente carta blanca para ejecutar a personas palestinas al tiempo que elimina las garantías elementales de un juicio justo”, ha dicho Erika Guevara-Rosas.En virtud del segundo marco jurídico aplicable en Israel y en Jerusalén Oriental (anexado ilegalmente), la autoridad de los tribunales civiles para dictar condenas a muerte se ampliaría para incluir a toda persona declarada culpable de matar deliberadamente a otra con la “intención de negar la existencia del Estado de Israel”. Este requisito ideológico de la intencionalidad viene a significar que la ley ha sido concebida para actuar contra personas palestinas. “A pesar de unas cuantas modificaciones de los borradores anteriores, toda condena de muerte impuesta en aplicación de esta ley constituiría una violación del derecho a la vida y, si se impone a personas palestinas del Territorio Palestino Ocupado, también puede constituir un crimen de guerra. La comunidad internacional debe presionar al máximo a las autoridades israelíes para que deroguen de inmediato esta ley, tomen medidas enfocadas a la abolición completa de la pena de muerte e invaliden todas las leyes y prácticas que contribuyen al sistema de apartheid impuesto a la población palestina”, ha dicho Erika Guevara Rosas.Información complementariaAdemás de la reforma de la pena de muerte, el 24 de marzo, la comisión parlamentaria de Constitución, Ley y Justicia remitió a segunda y tercera lectura el proyecto de Ley de Tribunales (“Procesamiento de participantes en las masacres del 7 de octubre”), que dispone el establecimiento de un tribunal especial —que en la práctica funcionaría como un tribunal militar— para juzgar a las personas acusadas de participar en los ataques del 7 de octubre. Según el proyecto de ley, el tribunal será competente para imponer la pena de muerte a las personas declaradas culpables y podrá desviarse considerablemente de las normas procesales y leyes probatorias establecidas si se “considera necesario para esclarecer la verdad y hacer justicia”.Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte incondicionalmente, en todas las circunstancias. El artículo 6.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), en el que Israel es Estado Parte, protege frente a la privación arbitraria de la vida, que, junto con la tortura y otros malos tratos y castigos, está absolutamente prohibida en virtud del derecho internacional consuetudinario, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.En el contexto israelí, donde el sistema de justicia —y, en particular, el sistema de justicia militar— es tristemente conocido por su carácter intrínsecamente discriminatorio contra la población palestina, y donde las declaraciones de culpabilidad se basan habitualmente en pruebas obtenidas mediante tortura y otros malos tratos, el uso de la pena de muerte en virtud de tales leyes constituiría una violación del derecho a la vida y de la prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

20. La FIFA y los países anfitriones del Mundial deben impedir que el torneo se convierta en una amenaza para la afición y las comunidades

    Millones de personas aficionadas al fútbol que asistirán a la Copa Mundial masculina de la FIFA 2026 en Canadá, México y Estados Unidos corren peligro de encontrarse con inquietantes ataques contra los derechos humanos, sobre todo los derivados de las mortales y abusivas políticas estadounidenses de inmigración. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy. La organización de derechos humanos ha advertido de que las severas restricciones a la libertad de expresión y protesta pacífica amenazan el torneo “seguro, acogedor e inclusivo” prometido por la FIFA.En su nuevo informe La humanidad debe triunfar: Defender los derechos y abordar la represión en la Copa Mundial de la FIFA 2026, Amnistía Internacional expone con detalle los importantes riesgos que pueden correr, y cuyas repercusiones pueden sufrir, la afición, los jugadores, los periodistas, los trabajadores y trabajadoras y las comunidades locales en los tres países anfitriones. Bajo el mandato del presidente Trump, Estados Unidos —donde se disputan tres cuartas partes de los partidos de la Copa Mundial— se enfrenta a una emergencia de derechos humanos caracterizada por las políticas de inmigración discriminatorias y por las detenciones arbitrarias y en masa llevadas a cabo por agentes enmascarados y armados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y otras agencias.“El gobierno estadounidense ha deportado a más de 500.000 personas desde Estados Unidos en 2025: más de seis veces el número de personas que asistirán a la final de la Copa Mundial en el Estadio MetLife”, ha declarado Steve Cockburn, director de Justicia Económica y Social de Amnistía Internacional.“La oleada de detenciones y deportaciones ilegítimas, que ha batido récords, sólo ha sido posible mediante la erosión de las salvaguardias de debido proceso, y ha socavado los derechos a la libertad y la seguridad de cientos de miles de personas migrantes y refugiadas. Estas políticas han destrozado comunidades y han creado un clima de temor en todo Estados Unidos. El país está viviendo unos tiempos profundamente inciertos, que sin duda se extenderán a la afición que desee participar en las celebraciones de la Copa Mundial.”Las ciudades anfitrionas de la Copa se han visto afectadas por la represión de los derechos ejercida por el gobierno estadounidense. El presidente Trump federalizó y desplegó unos 4.000 efectivos californianos de la Guardia Nacional en Los Ángeles en junio de 2025, en respuesta a las protestas contra las redadas de inmigración. Dallas, Houston y Miami, ciudades anfitrionas, han firmado todas ellas acuerdos problemáticos para que los cuerpos locales encargados de hacer cumplir la ley colaboren con el ICE, lo que incrementa el uso de perfiles raciales y los ataques contra inmigrantes, y erosiona la confianza entre las comunidades y las fuerzas del orden locales, lo que da lugar a una reducción de la seguridad pública.Respecto a los otros países anfitriones, México ha movilizado 100.000 agentes de seguridad, incluidos militares, en respuesta a los elevados niveles de violencia, lo que aumenta el peligro para las personas que protestan. Entre esas personas se encuentran las mujeres activistas que están planeando una protesta pacífica para el partido de inauguración en el Estadio Azteca de Ciudad de México, en la que pedirán verdad, justicia y reparación por la desaparición de sus seres queridos. En Canadá, el impacto de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2010 en Vancouver y una creciente crisis de vivienda han despertado el temor de que las personas sin hogar vuelvan a ser desplazadas y empujadas aún más a los márgenes. El 15 de marzo, las autoridades de Toronto cerraron un centro de acogida contra el frío invernal que proporcionaba cobijo a personas sin hogar, ya que el lugar donde se ubicaba había sido reservado para su uso por la FIFA.Las restricciones de viaje impuestas por Estados Unidos y sus abusivas políticas de inmigración empañan la belleza del juegoSólo en 2025, el gobierno estadounidense deportó a más de 500.000 personas, 230.000 de ellas detenidas dentro del país y 270.000 en las fronteras, según un análisis de los datos oficiales del gobierno realizado por The New York Times. Muchas han sido deportadas violando el principio de no devolución (non-refoulement) a terceros países con los que no tienen relación, para enfrentarse a detención arbitraria y prolongada.En todo Estados Unidos, agentes federales, que se comportan al estilo de los paramilitares, han atacado repetidamente a comunidades hispanas, negras, asiáticas y otras comunidades de color y han detenido de manera violenta y arbitraria a personas, incluidos menores de edad, cerca de sus casas, escuelas y lugares de trabajo.Puesto que probablemente muchas comunidades inmigrantes de Estados Unidos querrán reunirse para ver los partidos de la Copa Mundial, y millones de aficionados y aficionadas viajarán al país desde todos los lugares del mundo, el ICE y otras agencias constituyen una escalofriante amenaza para quienes viven en Estados Unidos, para quienes viajan allí para asistir a un partido y para los propios jugadores.Debido a las prohibiciones de viajar dictadas por el gobierno de Trump, los aficionados y aficionadas de Costa de Marfil, Haití, Irán y Senegal no podrán viajar y entrar en el país para animar a sus equipos a menos que tuvieran un visado válido antes del 1 de enero de 2026. Otros aficionados y aficionadas se enfrentan a vigilancia invasiva y a propuestas de obligar a los y las visitantes a hacer públicas sus cuentas en redes sociales para someterlas a examen y hacer una selección en busca de personas con sentimientos contrarios a Estados Unidos.“A pesar de la increíble cifra de detenciones y deportaciones, ni la FIFA ni las autoridades estadounidenses han dado garantías de que la afición y las comunidades locales estarán a salvo de la utilización de perfiles raciales y étnicos, las redadas indiscriminadas o la detención y deportación ilegítimas”, ha manifestado Steve Cockburn.“Sólo cuatro de las 16 ciudades anfitrionas han publicado hasta ahora sus planes respecto a los derechos humanos, y ninguna de las que lo han hecho hasta la fecha dice nada sobre la protección frente a la actuación abusiva contra la inmigración. Esta Copa Mundial ya no es el torneo de ‘riesgo medio’ que la FIFA determinó en tiempos que era: ya sea para proteger a la gente frente al ICE, para garantizar el derecho a la protesta o para prevenir la falta de hogar, es preciso emprender acciones urgentes para asegurar que la realidad de esta Copa Mundial coincide con su promesa original.”El derecho a la protesta y la libertad de expresión, amenazadosLa Copa Mundial suele ser un foco de protestas, y existe el riesgo de que las manifestaciones sean reprimidas.En todo Estados Unidos, Canadá y México ha habido restricciones de los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica. El gobierno de Trump ha atacado en particular a estudiantes de procedencia extranjera que protestaban contra el genocidio que Israel está llevando a cabo en Gaza, mientras que agentes federales han matado a personas de ciudadanía estadounidense que vigilaban las agresivas acciones de control de la inmigración y protestaban contra ellas.Canadá ha sido escenario de una oleada de protestas contra el genocidio en Gaza, incluidas grandes manifestaciones pacíficas y acampadas de estudiantes que han sido dispersadas y disueltas indebidamente por la policía.En México también se han celebrado una serie de protestas relacionadas con la Copa Mundial, organizadas por residentes enfurecidos por las alteraciones del suministro de agua, los problemas de acceso a la tierra, el aumento de los precios y la gentrificación vinculados a la construcción de infraestructuras en las ciudades anfitrionas. La militarización de la movilización de seguridad en México para el torneo entraña el riesgo de que puedan reprimirse nuevas protestas.Los derechos humanos deben ocupar un lugar central en el torneoCuando sólo quedan algo más de 10 semanas hasta el inicio de la Copa Mundial, el compromiso de la FIFA respecto a un torneo en el que todo el mundo “se sienta seguro, incluido y libre de ejercer sus derechos” requiere acciones urgentes para garantizar que la belleza del juego no corre el riesgo de tener un feo resultado. Los miembros de grupos LGBTQI+ en Reino Unido y toda Europa han declarado que para ellos no es seguro tener una presencia visible en el torneo.“Mientras la FIFA genera ingentes ingresos con la Copa Mundial de 2026, no se puede hacer pagar el precio a la afición, las comunidades, los jugadores, los periodistas y los trabajadores y trabajadoras. Es a estas personas —no a los gobiernos, los patrocinadores o la FIFA— a quienes pertenece el fútbol, y sus derechos deben ocupar un lugar central en el torneo”, ha manifestado Steve Cockburn.Información complementariaAmnistía Internacional forma parte de Sports & Rights Alliance, un movimiento de aficionados y aficionadas, atletas, trabajadores y trabajadoras, miembros de comunidades locales y organizaciones de derechos humanos que pide a la FIFA que trabaje con los países anfitriones para proteger a las personas residentes y las comunidades de las ciudades anfitrionas.